Carolina Enriquez
(I)
redaccion@revistalideres.ec
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Llegaba cansada, a veces sin dormir y con los nervios destrozados. A veces no recordaba las tareas que tenía que hacer, otras las realizaba a menor velocidad; también, por la profunda pena, indicaba que estaba enferma y se ausentaba por varios días.
Esa era la rutina que llevaba María (nombre protegido) en su trabajo durante la época que fue víctima de violencia por parte de su pareja. Según la Encuesta de relaciones familiares y violencia de género del 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 65 de cada 100 mujeres en Ecuador han experimentado por lo menos un hecho de violencia en toda su vida.
El documento explica que entre las víctimas de violencia dentro del ámbito familiar y de pareja están mujeres que trabajan.
El estudio
Los costos empresariales de la violencia de género contra la mujeres de Ecuador, elaborado por la Universidad San Martín de Porres de Perú, explica que en las empresas también coexisten los agresores y los colaboradores testigos.
Este último informe detalla que 31 de cada 100 trabajadores, de 35 empresas que participaron en el análisis, estuvieron involucrados directamente en situaciones de violencia contra la mujer.
Ausentismo, tardanza, baja producción, etc., tal y como se describe en el caso de María, son los principales impactos para una firma. Esto se traduce, a su vez, en días y dinero perdido; 10,5 días hábiles al año por trabajadora agredida, 12,5 por agresor y USD 1 800 millones en pérdidas económicas en empresas ecuatorianas.
Violencia implica agresiones físicas, psicológicas y económicas que han sido “normalizadas”.
Los impactos económicos para las empresas también se generan por los problemas que viven las los agresores: faltan al trabajo, se distraen mucho, tienen mal rendimiento, tienen celos, etc.
La Cámara de Industrias y Producción conoció estos resultados y considera que es fundamental que el sector privado tome acciones ante esta situación. Las empresas que participaron en el estudio ya han desarrollado políticas una vez que conocieron cuál era la situación de agredidos y agresores en sus firmas.
“Tenemos una línea base que es alarmante, por lo que decidimos intervenir inmediatamente”, dijo Nidian Rodríguez, jefa de responsabilidad social de Pharmabrand.
La empresa, que tiene 1 000 empleados, cuenta con talleres de sensibilización desde este año. A través de esta experiencia la firma ha logrado que ciertas personas se acerquen para consultar dónde pedir ayuda; en estos procesos participa el área de trabajo social.
Asimismo, desarrollará trabajos preventivos e impulsará la iniciativa de la ‘píldora’ Desaprendol. Se trata de un símbolo para que la gente se dé cuenta que se deben desaprender conductas violentas que están normalizadas.
En Holcim, con 960 empleados, se busca atacar, principalmente, la violencia normalizada.
“Hemos empezado con entender qué significa violencia contra la mujer. También contamos talleres de grupos pequeños para que las mujeres puedan abrirse, contar sus experiencias y darse cuenta que no están solas”, indica María Dolores Franco, directora de recursos humanos de la empresa.
Esta firma del sector constructor también tiene un programa de tolerancia cero en casos de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Como parte de su estrategia de diversidad e inclusión cuenta, además, con programa de empoderamiento y desarrollo de liderazgo femenino.
Estas acciones se toman en todos los niveles de la firma, desde el comité directivo hasta la parte operativa. “Si mujeres en mandos medios, en gerencias, direcciones, han dicho basta todas pueden hacerlo”, dice Franco.
En Endesa Botrosa, maderera con 2 000 colaboradores, también se trabaja en cambios de política institucional desde la directiva. A través de grupos multiplican el mensaje de la no violencia.
problema está presente en todo sector
Redacción Quito (I)
redaccion@revistalideres.ec
Las trabajadoras que sufren violencia presentan una serie de secuelas y situaciones que inciden en sus tareas. Estas personas tienden a faltar más, sufren dolencias o se sienten indispuestas. Además, deben atender gastos para atender su salud mental, resolver temas legales o financieros.
Así lo advierte el estudio Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en Ecuador. El documento añade que el personal que vive situaciones de violencia contra las mujeres (sean las agredidas o los agresores) tiende a sufrir más distracciones, cero productividad, siniestralidad, preocupaciones y agotamiento. Todo lo anterior se conoce como presentismo.
Otro dato indica que la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja está presente en todos los sectores productivos, siendo ligeramente mayor en las industrias manufactureras (33,6%), seguido de servicios (31,9%) y comercio (28,1%). Esto demuestra que, sin importar a qué se dedique la empresa, la violencia contra la mujer está presente en todas ellas. De las 35 empresas participantes en el estudio, ninguna ha estado libre de este problema.
El lugar de la agresión también fue analizado. Según el reporte, el 12,9% de las mujeres ha sido agredida por su pareja o expareja mientras trabajaba. En el caso de los hombres, el 9,7% expresó haber agredido en el ambiente laboral a su pareja o expareja.
En las pérdidas económicas y de días de trabajo en las empresas también cuentan los testigos. Estos son todos aquellos colegas que escuchan las historias de los agredidos o agresores, quienes conocen los casos o brindan algún apoyo. Al estar inmersos en estos problemas también pueden llegar a descuidarse en su trabajo. El estudio de la Universidad San Martín de Porres revela que el 16% del personal atestigua las situaciones de violencia dentro de las firmas analizadas.
Daniela es una empleada privada de 36 años. Hace seis conoció del caso de una colega que recibía maltrato psicológico por parte de su expareja. “Generó en mí: tristeza, frustración e indignación, ya que en el medio en que nos desenvolvemos debemos enfrentar estrés, mucha presión y, en sí, muchas emociones, porque tratamos todo el día con muchas personas. Yo considero que siempre hay que ayudarnos unas otras”.
Según el estudio, entre los principales impactos de la violencia que enfrentan los testigos, las agredidas y los agresores se cuentan ansiedad, estrés postraumático, dolores físicos, problemas gastrointestinales, falta de sueño, irritabilidad, entre otros.
Paula Yánez, coordinadora de la carrera de psicología de la Universidad de las Américas, explica que se debe pensar también en la violencia de género en el ámbito laboral porque impacta en la salud física y mental de las personas.
El trabajo interno de las empresas es fundamental
Una vez que existe un diagnóstico sobre este problema social y económico, el siguiente paso es tomar acciones para frenar y controlar los ataques.
Viviana Maldonado, coordinadora del programa PreviMujer, de la GIZ, se anima a pronosticar que con el estudio las empresas del país tomarán conciencia, “porque saben que están impactadas”.
Esta experta tiene algunos planteamientos para los sectores productivos. Lo primero es trabajar en prevención. “Si se hace un trabajo sostenido, visibilizando el tema, la tarea será más sencilla”.
Maldonado hace notar que existe un gran porcentaje de empresas y actividades que aún no sufren por la violencia. Por eso cree que es necesario contar con políticas de cero tolerancia y trabajar muy de cerca con los empleados.
La Cámara de Industrias y Producción también tiene un plan para desarrollarlo con sus agremiados. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara, detalla que existen tres acciones concretas: generar conciencia del problema, organizar al sector privado para que se aborde la problemática y desarrollar acciones como talleres de sensibilidad o campañas de prevención.
Para esto, el gremio replicará los buenos ejemplos de otros países, así como de multinacionales que operan en el país y tienen una política muy clara respecto de la violencia de género.
Zambrano reconoce que existen desafíos en el camino. Uno es la vergüenza, en especial la del agresor. Por eso existen empresas que participan en el estudio, pero de manera anónima, con el objetivo de que las víctimas no sean victimizadas nuevamente.
“Necesitamos elevar la conciencia y elevar el perfil del problema para combatirlo desde distintos ámbitos”. Uno de los puntos de partida, según Zambrano, son los reglamentos internos que deben abordar claramente el tema.
El estudio también tiene recomendaciones. “Para una prevención efectiva, se requiere que la alta gerencia se comprometa con la implementación de una política empresarial de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja, en primer lugar porque vulnera los derechos humanos universales y, en segundo, porque destruye la productividad de la organización”.
Para los casos de personal que sufre o ejerce violencia extrema, se requerirá articular una red de servicios especializados para tratar psicológica, física y legalmente cada situación. Hay que crear un canal efectivo y brindar las facilidades del caso para atender al personal afectado.
