Redacción Guayaquil y Quito
Un mes de debates, reuniones, propuestas, críticas y sugerencias comenzó a correr desde el 25 de junio pasado. En esa fecha, el Ejecutivo envió con carácter de económico urgente a la Asamblea Nacional el Proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero para ser debatido y aprobado.
En ese escenario y en el plazo previsto, el proyecto se aprobó el jueves 24 de julio, con 91 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones. Ahora está en el Ejecutivo para su aprobación o su veto.
Buena parte del debate surgió desde el gremio bancario en torno a la creación de la «súper» Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que se encargará de la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. Pero el sector empresarial no financiero también trató de ser parte de la discusión.
Lo hizo a través de los representantes de las cámaras de Comercio, Industrias y de comités empresariales del país, que redactaron propuestas, enviaron cartas o pidieron reuniones con la Comisión Legislativa de lo Económico para dar a conocer sus reparos.
Según Roberto Aspiazu, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), el documento que comenzó con 516 y terminó con 520 artículos, recibió muy pocos cambios, y ahora, en este sector hay dudas sobre la salud con la que pueda desarrollarse la actividad económica en el país.
Pero, ¿por qué se preocupan los empresarios? Porque la cadena productiva es indivisible. «La banca, la industria, el comercio y servicios son eslabones que forman esa cadena», responde Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil.
Cuando se rompe uno de esos eslabones, como la banca, por ejemplo, se afecta a toda la cadena, explica.
Comerciantes, industriales, catedráticos y especialistas siguieron el proceso de aprobación del proyecto y coincidieron en los puntos que podrían ser peligrosos para la cadena productiva: la orientación del crédito, del que se habla en el artículo 209, y las facultades de la Junta, detalladas en el artículo 14.
En el numeral 18 del artículo 14 se enuncia que la Junta de Política y Regulación puede establecer para las personas jurídicas no financieras que realicen operaciones de crédito por sobre los límites que determine la junta, requisitos de reservas mínimas, patrimoniales y de liquidez y otros que garanticen su gestión y solvencia.
Estos dos temas, dice el analista Andrés Vergara, podrían generar inconvenientes para las personas que acceden a créditos en casas comerciales.
«El problema para el ciudadano es que si no es sujeto de crédito o no encaja en los sectores que el gobierno dice se les debe prestar, va a ser complicado conseguir los productos que normalmente se compran en casas comerciales. Así desestimulan y complican el crédito», explica.
Las casas comerciales que otorgan crédito directo, que por lo general comercializan electrodomésticos, ropa, muebles y otros artículos, han evitado pronunciarse sobre el tema. Aunque sí están analizando las repercusiones que podría tener en sus actividades.
Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, considera que es importante que se estimule a ciertos sectores de la economía, pero no direccionando hacia dónde va el crédito, o estableciendo límites a la capacidad de endeudamiento de estas empresas que otorgan crédito.
«No se puede dirigir los créditos a un sector determinado ni dirigido por una junta», afirma. El Gobierno debe incentivar a los sectores para que se vuelvan más productivos y que, como consecuencia, se vuelvan sujetos de crédito confiables para la banca, añade Yumibanda.
Kronfle también sostiene esta postura y sugiere que los cambios debieron enfocarse en el Código Orgánico de la Producción. «El desarrollo no es consecuencia de un direccionamiento político, sino de las condiciones de apertura comercial, previsibilidad y certeza jurídica, la competitividad bancaria e industrial y los incentivos y fomentos a los diferentes sectores de la economía», señala.
La circulación de moneda electrónica, en el artículo 98; el manejo de la liquidez, en el artículo 121; la inversión extranjera que se aborda en el artículo 181 y los balances del Banco Central del Ecuador (BCE), en el artículo 33; son otros temas que también preocupan a gremios y empresarios.
Los miembros de la Cámara de Industrias sugirieron a la Comisión Legislativa de lo Económico, que a este último artículo, en el que se determina que la junta debe establecer políticas orientadas a velar la calidad y liquidez de los activos del balance del Banco Central del Ecuador, se le añada que la entidad debe divulgar semanalmente sus balances.
LA VISIÓN GREMIAL
La banca juega un papel clave en las actividades comerciales
El Código Monetario es tan importante para las entidades financieras como para las empresas del sector comercial e industrial. Así lo dice Roberto Aspiazu, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. «La banca depende de los sectores reales de la economía, ellos son los prestadores de servicios para los sectores productivos«, indica Aspiazu. Por eso, todo lo que le afecte a la banca, le afecta a las empresas, asegura.
La importancia de la bancarización fue una de las posturas presentadas por estos gremios, que sugerían que con el Código se fomente la competencia bancaria nacional con la internacional.
En la Cámara de Comercio de Guayaquil se manifestó que esta sería una buena alternativa para conseguir financiamiento de largo plazo para el cambio de matriz productiva. En un comunicado de este gremio se sugería a los miembros de la Comisión Legislativa de lo Económico, que se creen las condiciones necesarias para que aumente la competencia en el sector financiero, disminuyendo las barreras de entrada al sector bancario.
«Queremos trabajar en un ambiente de confianza y con posibilidades de hacer crecer nuestros emprendimientos, para atraer capitales internacionales, fomentar una sana competencia en el sector y bajar el costo del crédito en el país», dice Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Desde el sector industrial también se resaltó la incidencia de la bancarización. Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias, cree que con el artículo 181 se desincentiva a la banca extranjera.
En este artículo se detallan los requisitos para que las entidades financieras del extranjero abran sucursales en el país, y en el numeral 7 se determina, entre otras cosas, que las empresas financieras deben renunciar a la reclamación por vía diplomática y que los derechos establecidos en tratados comerciales o de protección de inversiones no limitan de ninguna manera el ejercicio de las facultades regulatorias del Estado.
«No se está generando condiciones para que venga la banca internacional. La inversión extranjera de banca en el Ecuador tiene que estar atada a la política de comercio exterior de apertura de mercados«, señala Kronfle.
Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y la Producción, con sede en Quito, en cambio, hace énfasis en otro punto, uno de los que más se ha debatido desde la perspectiva empresarial: la orientación del crédito y las limitaciones a las operaciones crediticias.
En el artículo 209 del documento se establece que la Junta podrá regular mediante normas la orientación, direccionamiento de las operaciones de crédito de las entidades del sistema financiero nacional y de la entidades no financieras que concedan créditos por sobre los límites establecidos por la Junta.
Y en el artículo 198 se enuncia que las ventas a largo plazo o las operaciones de crédito que hagan las entidades no financieras por sobre los límites que establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera serán controladas por la Superintendencia de Compañías.
«Las limitaciones a las operaciones crediticias de empresas no financieras generarán un impacto nocivo en la actividad productiva puesto que el apalancamiento es indispensable para un adecuado manejo de las finanzas corporativas», expresa Martínez.
La afectación a los clientes se podría dar cuando estos no puedan realizar compras a crédito en los productos en los que están acostumbrados a hacerlo, añade el dirigente gremial.
EL CONTROL
La mirada va hacia el crédito directo
[[OBJECT]]
Algunos expertos consideran que un mes de debate para un proyecto de ley importante en materia económica y financiera, con 520 artículos, es poco. El debate del Código, según los analistas consultados, debió tratarse con más tiempo, más voces y criterios, debido a que involucra a un amplio sector de la economía, no solo al gremio bancario.
Para Marco López, exmiembro del Directorio del Banco Central del Ecuador, las preocupaciones que tienen los empresarios se alinean con las que tienen los banqueros. Uno de los puntos que inquieta a los dos sectores es la «direccionalidad de la ley«, dice López.
«Es una junta que tiene un poco más de 50 funciones, desde la capacidad de emitir dinero hasta poder direccionar el crédito pasando por fijación de tasas de interés«. Añade que otra preocupación para el gremio es que la «súper» Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que se establece en el artículo 13 del Código, «tiene grandes poderes y no tiene ninguna delimitación».
Wilson Araque, director del Área de Gestión de la Universidad Andina de Quito, en cambio, cree que el espíritu detrás del Código es bueno, ya que establece mecanismos para prevenir crisis financieras. «Este Código ayudaría para establecer un control sobre los límites de financiamientos, lo que ayudaría a controlar el sobre endeudamiento de los clientes«, menciona.
Con él coincide Carlos Morlás, director académico de la Universidad Ecotec, en Guayaquil. «Lo que se hace es decir, que si una persona quiere endeudarse existe un límite, la banca no lo ha cumplido», dice este catedrático.
Morlás menciona el escenario de la crisis bancaria de 1999, y explica que con este Código se busca evitar que los bancos excedan su capacidad de otorgamiento de créditos a empresas que podrían no tener capacidad de pago.
Para el analista económico Andrés Vergara, el control sobre la banca podría ser justificado, no así el control sobre los créditos de las entidades no financieras.
Esto porque en el artículo 14 numeral 18 se señala que la Junta puede solicitar a las empresas no financieras que otorgan crédito, requisitos de reservas mínimas, requerimientos de liquidez, y otros que garanticen su gestión.
«Está bien regular a las empresas que reciben inversión, para evitar estafas, pero con las entidades no financieras que dan crédito directo se desestimula y complica el crédito», indica. Añade que este tipo de negocios son una alternativa viable para peronas que por diversos motivos no pueden tener tarjetas de crédito.
Luis Pástor, especialista en retail, cree que en el artículo 14 que establece las funciones de la Junta se busca restringir las ventas a crédito, «ya que muchas veces la ganancia es más en la venta a crédito».
Pástor considera que esta medida ayudaría a que las empresas se enfoquen más en la venta en minoría y menos en las ventas por créditos, lo que derivaría en un endeudamiento menor de los clientes.
Fausto Ortiz, exministro de Finanzas del país, cree que el impacto que dejará el Código, va a depender del criterio que tenga la Junta al momento de poner los límites a las empresas. Pero en todo caso, piensa que con estos artículos se terminará perjudicando a los consumidores. «Ya que mientras menos oferta, menos consumidores hay, y en efecto menos créditos«, señala el exministro.
