Redacciónes Quito, Cuenca y Guayaquil (I)
Con cuatro años de vigencia, el Código de la Producción no ha traído los resultados esperados. Así lo reconocen funcionarios del Gobierno y empresarios del sector privado. Ahora está en marcha una reforma a esta Ley, que se enfoca en áreas como la producción, el empleo, la regulación, el comercio exterior…
El pasado 28 de noviembre, el presidente de la República, Rafael Correa, remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Incentivos Productivos y Prevención del Fraude Fiscal.
El documento quiere reformar 11 leyes, entre las que se incluye el Código de la Producción. Los cambios propuestos se dan, principalmente, en los aspectos vinculados con los incentivos tributarios.
El texto, según el sector privado, no estaría cumpliendo su objetivo original; es decir, promover el desarrollo de las industrias ya que, en su mayoría, los incentivos están orientados para las inversiones nuevas o en aquellas ubicadas en zonas ‘deprimidas’.
El Código de la Producción se elaboró entre el 2009 y el 2010, cuando Nathalie Cely, hoy embajadora de Ecuador en EE.UU., era ministra Coordinadora de la Producción. En su momento, ella indicó que el documento tenía como finalidad promover y atraer inversiones, ofrecer seguridad jurídica, impulsar el desarrollo de la matriz productiva, etc.
Sin embargo, dos años después de la vigencia de la Ley, las críticas comenzaron en el interior del mismo Gobierno. En noviembre del 2012 se indicó desde Senplades que el Código no había sido suficiente para la transformación productiva pensada por las autoridades.
El ministro de Industrias, Ramiro González, indicó la semana pasada en una entrevista en Ecuadoradio, que el Código no cubrió las expectativas que se tenían. «Ha habido errores, errores de buena fe. Es un Código muy dado a la empresa, pero con temas que no son muy prácticos y eso se está solucionando».
Un estudio de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) con estadística del Banco Central del Ecuador muestra que en el 2013 la inversión pública alcanzó un 55% y la privada 44%, superándola por primera ocasión.
El director ejecutivo de Fedexpor, Felipe Ribadeneira, considera que el Código no funcionó por cuatro razones: los incentivos no estuvieron bien estructurados; firmar los contratos de inversión no marcaban una diferencia; en el 2010 se vivía un cambio de legislación muy fuerte; y no existía una buena visión sobre el comercio exterior.
El dirigente aclara que esto no quiere decir que el sector productivo o el exportador no hayan crecido. Tampoco significa que la economía no haya crecido. «Es una herramienta, pero para tener inversión se necesitan más herramientas. Falta coordinación entre las autoridades para fomentar la producción».
Desde EE.UU., Cely reconoce la disminución de la inversión privada en el 2013. Sin embargo, explica, vía correo, que el Código ha mejorado la inversión y que eso se muestra en que en el 2012 se alcanzó la cifra más alta de inversión frente al Producto Interno Bruto (PIB).
La Embajadora sostiene que durante la redacción del Código hubo una reacción positiva de los empresarios. Pero también admite que sí se dieron quejas con relación a la exclusión de determinados incentivos en las empresas ya existentes y las ubicadas en Quito y Guayaquil.
Precisamente, el sector privado pide que se realicen reformas con relación a estos últimos planteamientos. Para Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, el Código no arrojó los resultados que esperaban.
«Estamos proponiendo que las reformas, que ya se señalaron en el proyecto de Ley del Ejecutivo, sean ajustadas porque sí hay algunos temas que podrían no incentivar la producción», indicó.
Cely asegura que las reformas planteadas por el Presidente no sustituyen los incentivos productivos que existen, actualmente, sino que los amplían.
Para Cristian Cisneros, director de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (Capeipi), en las reformas deben constar la creación de parques industriales o dar más agilidad en los trámites para la instalación de compañías.
Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zedes) constituyen otro tema pendiente. Hasta la fecha solo se conoce de dos: la Refinería Eloy Alfaro, en Manabí, y la ciudad del conocimiento Yachay, en Imbabura; ambas están en proceso. El ministro González sostiene que es complejo manejar el tema. «Es un trámite, hay que dotarles de la infraestructura necesaria».
Cisneros agrega que el concepto es innovador, pero no funciona porque es necesario primero fortalecer el tema de desarrollo local endógeno.
BALANCE
Cuatro indicadores que plantea el código
El Código de la Producción gira alrededor de cuatro ejes: producción, empleo, comercio exterior y regulación. Cada uno de estos abarca temas como productividad, inversión, innovación, emprendimiento, investigación, generación de empleo, control estatal, política comercial, etc.
Actores de la economía ecuatoriana revisan lo alcanzado por el Código de la Producción en estos cuatro años y establecen cuáles son los temas pendientes. La mayoría reconoce las buenas intenciones de la ley, pero también existen voces que reclaman mayor articulación entre las propias autoridades del Gobierno.
La atracción de inversiones extranjeras es uno de los puntos flacos, al igual que la generación de empleo de calidad.
La regulación estatal también genera debate. En lo que es comercio exterior existen avances, así como desafíos. En lo que la mayoría coincide es en que la productividad no mejora por una ley.
APOYO A LA INDUSTRIA
La ley todavía no atrae más a los inversionistas
Transformar la matriz productiva, democratizar el acceso a los factores de producción, incentivar toda forma de inversión privada son algunos de los fines que persigue el vigente Código de la Producción.
Para el vicepresidente técnico de la Cámara de Industrias de Cuenca, Andrés Robalino, su gremio hizo recomendaciones al Gobierno sobre el Código que está en vigencia, pero no todas fueron incluidas. «Siempre dijimos que el Código podría ser inaplicable, por los grandes y largos procesos que deben seguir las industrias para obtener los diferentes beneficios o apoyos».
Según Robalino, hay empresarios que han buscando beneficiarse de incentivos impositivos, pero «han tenido que pasar de Ministerio en Ministerio» antes de llegar al Servicio de Rentas Internas, en un trámite que ha durado dos años.
Tampoco existe articulación en las instancias públicas, «porque una cosa es lo que le diga el Ministerio de la Producción y otra lo que responda el Servicio de Rentas Internas». Si el Código de la Producción hubiese sido efectivo, Robalino se pregunta: «¿por qué al país llegó mucho menos inversión extranjera directa que a Colombia o Perú?».
Richard Martínez, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, coincide con Robalino. El dirigente sostiene que en términos de atracción de inversiones, tanto local como extranjera, entre el 2013 y lo que va del año se firmaron 10 contratos de inversión por un total de USD 2 533 millones, cuyo 80% corresponde a una sola empresa. «El proyecto de reformas a este cuerpo legal requiere de más precisiones para neutralizar la complejidad con la que se viene en el 2015».
EMPLEO Y COMPETENCIAS
Formalidad y calidad son asuntos pendientes
El Código de la Producción también apunta a la generación de trabajo y empleo de calidad y la promoción profesional basada en competencias.
Hace cuatro años, cuando surgió la ley, el desempleo en Ecuador cerró en el 2010 con 6,1%. En la actualidad la tasa se ubica en 3,9%, lo que deja ver que una reducción del desempleo de 2,2 puntos en cuatro años. Pero la tasa de lo que hoy se conoce como empleo inadecuado se ubica hoy en el 48%.
Andrés Robalino, de la Cámara de Industrias de Cuenca, dice que en los últimos años se ha reducido el desempleo en porcentajes importantes, pero paralelamente ha aumentado el subempleo y no el empleo formal que genera impuestos, estabilidad, seguridad social. «Hay que preocuparse en buscar la forma de cómo pasar la parte informal a la formal».
Para Pedro Romero, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), se suponía que el empleo aumentaría en cantidad y en calidad, pero esto no ha ocurrido. «Las cifras de subempleo han crecido en estos cuatro años y eso significa que la calidad de los empleos no ha mejorado».
Romero añade que no basta con tener muchas pequeñas empresas, sino lograr un salto cualitativo en la productividad. «Eso genera empleo de calidad».
Otra opinión la tiene Cristian Cisneros, director de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. «Tener más y mejor empleo no se logra con una Ley».
También reconoce que en este año, por lo menos, creció el empleo en sectores como el de alimentos y el gráfico por la sustitución de importaciones. «Pero hay pendientes en la capacitación sobre temas del cambio de matriz productiva».
REGULACIÓN DEL MERCADO
La producción nacional es un objetivo prioritario
El Código de la Producción busca la regulación de todas las formas de inversión privada en actividades productivas y de servicios. En ese sentido, el documento plantea que el cambio de la matriz productiva se desarrollará bajo un modelo orientado hacia la producción, consumo doméstico, empleo y la diversificación de exportaciones.
Otro objetivo era el fortalecimiento del control estatal, para asegurar que las actividades productivas no se afecten por prácticas de abuso del poder del mercado. En el ámbito de la regulación al consumo, en noviembre pasado la Superintendencia de Control de Poder de Mercado emitió el Manual de Buenas Prácticas entre Supermercados y Proveedores, que persigue sancionar acciones monopólicas y aplica normas de etiquetado y calidad de productos.
Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), considera que se requieren reglas más claras que faciliten su cumplimiento. «Reglas aplicables para todos para estimular un crecimiento sostenible de todos los sectores, sin favoritismos o discriminación».
El dirigente empresarial también cree que los incentivos a la producción, para que funcionen, deben atraer a todos los inversionistas sin discriminar su actividad económica.
La regulación también se materializó en el control de las importaciones. Con base en la Resolución 116 del Consejo de Comercio Exterior se establecieron nuevos requisitos para el ingreso de productos, lo que en la práctica llevó a una restricción. Eso dio paso a que las empresas locales canalicen su producción al mercado interno. Unas 550 empresas se sumaron a esa iniciativa.
COMERCIO EXTERIOR
El país importó menos productos en este año
Otro de los fines de Código es potenciar la sustitución de las importaciones, fomentar la diversificación de las exportaciones y facilitar las operaciones de comercio exterior. También busca impulsar los mecanismos para alcanzar «un comercio justo y un mercado transparente». El Gobierno considera que esa meta se cumplió.
Según el Ministerio de Industrias y Producción, entre enero y octubre del 2014 se sustituyeron importaciones por USD 900 millones. La cifra supera la meta proyectada por para el 2014, que era de USD 840 millones.
La banca pública jugó un papel protagónico, con la entrega de créditos destinados principalmente a la adquisición de maquinaria para la manufactura local de materia prima. Jorge Areiza, gerente general de Industrial Papelera Ecuatoriana, menciona que un préstamo de la CFN les permitió instalar su fábrica de elaboración de papel tisú de aseo personal en Babahoyo. «Somos un buen ejemplo de lo que persigue el Gobierno: la sustitución de las importaciones. Nosotros ahora podemos entregar localmente 8 400 toneladas , que equivale a USD 25 millones en reducción de importaciones», señala.
El sector exportador, por su lado, considera necesario un mayor apoyo a la apertura de nuevos mercados. El camaronero, un sector que compite este año en volúmenes de ventas con las exportaciones de banano, espera abarcar más mercados fuera de Europa y Estados Unidos, sus principales compradores. «Nuestro valor agregado está, más que en el valor agregado del producto, en la mejora del uso de recursos, y desarrollo de la investigación», indica José Antonio Camposano, presidente del gremio acuícola.
