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  • Mónica Villagómez: ‘una bolsa pública tendrá un evidente conflicto de interés’

    Redacción Quito

    Hace dos semanas, la Asamblea aprobó la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, un proyecto enviado por el Ejecutivo para fortalecer el mercado de valores en el país. Tras varios intentos, durante los últimos seis años, por formular una legislación en torno a este sector, finalmente se cuenta con un documento con el cual, desde el punto de vista de varios actores, era necesario. Sin embargo, la presidenta del Directorio de la Bolsa de Valores de Quito, Mónica Villagómez, tiene su propia visión sobre el futuro que se viene para las actividades bursátiles.

    ¿Cuál es su balance de la ley aprobada por la Asamblea el 13 de marzo del 2014?

    Lo más rescatable de todo esto es que después de un proceso de prácticamente seis años tenemos reglas claras, porque pasaron demasiados proyectos, con demasiadas expectativas y eso creó nerviosismo en el mercado. Y eso, de alguna manera se vio reflejado en las negociaciones -bajamos un poco- en el mercado nacional. Entonces, más que tener una nueva ley, es tener una ley con reglas claras. Tener el tablero mejor trazado ayudará. Eso sí, tenemos que estar muy pendientes de todo lo que se refiere a la regulación secundaria.

    ¿Esta ley en vigencia derivará en un mayor número y monto de operaciones?

    Me han hecho muchas veces esta misma pregunta. Las leyes no crean mercado y este es un concepto que hay que llevarlo en la cabeza. Las leyes son herramientas que crean un entorno apropiado para que, junto con otros factores como la política macroeconómica, las políticas públicas, las alianzas público-privadas y el mejoramiento profesional privado y público, se vaya concertando un mercado y se lo vaya haciendo surgir.

    La anterior pregunta se ha repetido porque desde el Gobierno, quien planteó el proyecto de ley, se dijo que con la aprobación se vienen días mejores para el mercado bursátil, con mayores operaciones…

    Tengo que disentir. Esto es un proceso. Lo mismo se pensó con la primera ley de 1993, luego con la de 1998. Y ahora con esta. Lo que se da son las mejores herramientas para que el mercado surja, pero es un proceso que incluye también un proceso cultural.

    ¿De quién o de quiénes?

    De las empresas, de los ciudadanos, de los mismos partícipes del mercado. Esta ley no crea mercado de la noche a la mañana, crea herramientas para que, junto con otros factores, creen, en realidad, un mercado.

    El primer paso es que las bolsas se reinventen. Ahora serán sociedades anónimas. ¿Les beneficia o les perjudica?

    Esto es bueno. Hasta ahora éramos corporaciones sin fines de lucro, es decir fundaciones. Y ser fundaciones es un limitante, con muchas deficiencias, porque era como una contradicción decir: «corporaciones civiles sin fines de lucro». Ahora seremos sociedades anónimas, propuesta hecha por la Bolsa de Quito hace más de 12 años. Ser sociedades anónimas nos abre las puertas para mejorar nuestra capacidad de reacción en el caso de necesidades financieras de la institución.

    ¿Financiamiento externo?

    Aquí mismo, con accionistas. La posibilidad de abrir el capital de la Bolsa a cualquier persona, hasta por un porcentaje máximo. Que el ciudadano sea parte de la Bolsa. Ahora habrá un proceso, primero de transformación y, después de unos dos o tres años, vendrá una apertura de capital, y esto es un buen mensaje. Con ello se facilitará cualquier alianza de integración local o internacional y, siendo casi todas las bolsas de la región sociedades anónimas, podremos trabajar con pares y que el día de mañana no nos digan «qué pena, ustedes no pueden repartir superávit».

    ¿O podrían venderse las bolsas de Quito y Guayaquil a otras de la región?

    Es una posibilidad. Pero, más que venderse -que suena a venderse todo-, que participen en el capital, con las reglas que están.

    Durante el tratamiento del proyecto a ustedes les preocupaba mucho la posibilidad de que se cree una bolsa de valores pública. Esto, finalmente, procedió. ¿Todavía les preocupa esa decisión?

    La posibilidad de crear una bolsa pública está aprobada en el contexto original del proyecto y no en el contexto que lo discutimos en octubre, que era supremamente amenazante. Allí se determinaba que o las bolsas nos fusionáramos, yéndonos contra todos los principios constitucionales, o nos creaban la bolsa pública. Ahora no, lo que dice la ley es que si las bolsas no cumplimos con nuestras facultades (no dice obligaciones, sino facultades), nos crearán una bolsa pública, si así lo justifican las necesidades particulares y generales del mercado. ¿Cuáles son?, no las conozco. Pero creo que, bien lleguemos a ser una sola institución, bien sigamos siendo las dos de manera competitiva o bien tengamos algún modelo de integración, el que sea, los insumos que tienen las bolsas de valores ecuatorianas, al momento, son muy grandes, tenemos fortaleza, altos estándares, sabemos del negocio. Lo que nos toca es cumplir el reto de una manera mucho más agresiva, usando la palabra ‘agresiva’ en el buen sentido, de abrir la mente, de ser mejores profesionales; entonces, no veo por qué las necesidades individuales o particulares que existan puedan hacer que se cree una bolsa pública, cuando la nuestra puede dar el servicio completo.

    ¿Tienen temor a un tercer competidor?

    La bolsa pública tiene un conflicto de interés de raíz. Primero, el Estado es el regulador del mercado, por eso se crea con esta ley la Junta de Regulación. En segundo lugar, el Estado ejerce el control del mercado, la supervisión, la fiscalización, a través de la Superintendencia de Compañías y de Valores. Y, si se crea una bolsa pública, estaría de gestor del negocio. ¿Cómo va a resolver este conflicto de interés tan evidente? A las bolsas nos llega información que, por ley, no la podemos difundir, puede ser privilegiada, pero hay otra información que la tenemos que difundir y tenemos que jugar con las mismas reglas de juego. Entonces, ¿cómo se van a manejar los conflictos de interés en una bolsa pública? Hacia allá hay que enfocar el tema, no a que venga una competencia más, la competencia es buena, siempre que sea con una base legal igualitaria. Entonces, repito, no enfocaría la pregunta hacia un miedo a la competencia, sino a cómo se va a manejar un conflicto de intereses tan evidente como que el Estado sea regulador, controlador y gestor del negocio.

    ¿Se fusionarán las bolsas privadas?

    No hay un consenso, ha habido varias propuestas, pero son los dueños, como siempre he dicho, de las bolsas de valores, que son las casas de valores, quienes deberán definirlo. Y ahora es el momento de hacerlo, porque ahora tendremos que llamar a una junta general para la transformación a sociedades anónimas y tendremos que ver nuevos modelos para ver cómo sería la integración. Esta ley lo que está proponiendo es la integración a través del sistema transaccional que ya existe, defectuosamente, entonces, tranquilamente podríamos trabajar en el mismo modelo que esta ley propone, mejorándolo.

    UN VISTAZO A SU GESTIÓN

    Estudios. Doctora en Jurisprudencia por la Universidad Católica de Cuenca). Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

    Experiencia. Ex Vicepresidenta de Autorregulación de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ). Presidenta del Subcomité de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB). Ex Presidenta Ejecutiva de la Bolsa de Valores. Catedrática en varias universidades como la Dos Hemisferios y la Universidad de las Américas (UDLA).

    «calculo que en alrededor de un año deberíamos estar evaluando resultados de la aplicación de esta ley. creo que Hacerlo antes me parecería un poquito tierno todavía».

  • «El proyecto de Código Penal es un arma de persecución»

    César Augusto Sosa, Redacción Quito / LÍDERES

    El proyecto de un nuevo Código Penal está en trámite en la Asamblea Nacional. El plazo que se puso el bloque oficialista de Alianza País para aprobar este cuerpo legal, con alrededor de 800 artículos, vences este martes 15 de octubre. El debate empezó la tarde del miércoles pasado, pero se estancó a raíz de protestas de varios grupos que defienden la despenalización del aborto. Asimismo, médicos reclaman por la penalización de la mala práctica profesional. En el campo económico también aparecen nuevos delitos que pudieran tener varios impactos, tanto en empresas como en personas naturales.

    ¿Cuál es el escenario para el sector empresarial con el proyecto de Código Penal?
    En el campo económico lo más notorio está en tres áreas. Una es la tributaria, otra es la penalización por la falta de afiliación al IESS y una tercera tiene que ver con el sector financiero, producto del denominado pánico económico.

    ¿Y el lavado de activos?
    En realidad no es un capítulo nuevo, porque ya había una Ley de Lavado de Activos. Lo que se ha hecho es retocarla, pero en un sentido atentatorio.

    ¿Por qué atentatorio?
    Porque con este proyecto se revierte la carga de la prueba. Se rompe el principio de inocencia y ahora resulta que yo tengo que justificar el origen de los activos. Tomando en cuenta que estamos en la mitad de Colombia y Perú, que estamos con una punta más salida al Océano Pacífico y que somos un país dolarizado, decir que el dinero que tenemos en el bolsillo no pasó en algún momento por alguna actividad ilícita es difícil, si cabe la analogía.

    ¿Estas normas contra el lavado de activos permiten cumplir las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), para la lucha contra el lavado de dinero?
    Creo que las cumplen en exceso. De lo que entiendo, el Gafi pide que exista un control sobre el lavado de activos, pero control no quiere decir represión. En las esferas administrativas, el control es una cosa y la parte penal es otra. Y cuando se mezclan las cosas hay que cumplir al menos ciertas reglas básicas, como la presunción de inocencia.

    ¿Qué se busca en materia tributaria?
    Que una persona natural o jurídica, que no haya cumplido una disposición administrativa sea perseguida penalmente. Es decir, se está considerando un descuido administrativo como una falta penal. Y eso es básicamente una herramienta de persecución.

    ¿Cómo se maneja este tema en otros países?
    La mayoría de países agotan las instancias administrativas antes de ir al campo penal. Es decir, primero ejecutan los bienes del gerente o del contribuyente. Llevar el tema al campo penal desde el inicio es una exageración.

    Pero hay muchos procesos administrativos que pudieran terminar diluyendo las responsabilidades o dejar impunes los delitos tributarios. ¿No hacía falta romper con eso?
    La salida no está en la parte penal. Lo que se necesita es eficiencia en el control, no eficiencia en la persecución.

    ¿Hay un impacto en los contribuyentes particulares o personas naturales?
    Por supuesto. Nuestra sociedad tiene poca cultura tributaria. Y enseñarle a una persona a entregar una factura, privándola de la libertad, es extremadamente exagerado.

    ¿Quiénes son los más afectados con esto?
    Los que van a ser perseguidos serán el dueño de una tienda, el que vende informalmente o abre algún negocio pequeño. Se va a perseguir al que menos cultura tributaria tiene, es decir, a los más pobres. Eso rompe con la finalidad de este Código penal, que busca la igualdad.

    ¿Se puede formalizar a la economía con represión de este tipo?
    Es inconsistente. Me pregunto: ¿Hasta qué punto se puede exigir cultura tributaria a una sociedad cuando las normas tributarias han tenido unas 14 reformas? Ni siquiera los expertos saben cuál es la última normativa vigente, peor el común de la gente. Y perder al libertad por eso es exagerado.

    ¿Cómo debieran manejarse las empresas grandes, medianas o pequeñas frente a una posible aprobación de este Código Penal?
    Lo aceptable sería hacer una masiva socialización sobre los deberes tributarios para las personas jurídicas, no para las grandes, que ya lo saben, sino para las más pequeñas. El gran empresario o gran contribuyente se va a cuidar mucho de estar al día en el pago de sus impuestos. El problema es que con esta legislación, los más proclives a cometer delitos serán la gran masa de contribuyentes, que ignora sus deberes.

    ¿Ahí está la fuente de recursos que necesita el Fisco para mantener su modelo?
    Es probable. El grueso de evasión está en los pequeños contribuyentes. Los grandes están muy vigilados. Los pequeños tienen muchos retrasos.

    ¿Por qué es necesario penalizar los delitos tributarios? ¿Qué se busca con eso?
    Es un arma de poder, que no es nueva. Cuando a los grandes «criminales» se les intentaba demostrar sus crímenes y no había forma de hacerlo, se lo hacía a través del Fisco. Este Código se va a constituir en un arma de poder donde se podrá decir: no he podido demostrar tus crímenes pero voy a ver si estás al día en tus impuestos. Y resulta que tal vez los «crímenes» de una persona pudieran tener penas privativas de su libertad mucho más pequeñas que la evasión tributaria. El fin es reprimir y tener una excelente herramienta de persecución para amigos y enemigos.

    ¿Qué pasa con la penalización por la no afiliación al IESS?
    En realidad se crean dos formas penales: un delito y otra contravención. Pero la redacción es extremadamente ambigua y peligrosa. Si una empresa no afilia a un trabajador será sancionada con una multa pecuniaria. Pero una persona natural no afilia a un trabajador comete una contravención y puede estar preso 30 días. Es decir, a una empresa le ponen una multa y a una persona le mandan preso. Eso es inconsistente.

    Hoja de vida

    Estudios. Doctor en Jurisprudencia, Universidad Central del Ecuador. Criminal Justice Studies, Iowa State University. Profesor a tiempo parcial en la Universidad San Francisco.

    Experiencia. Fue juez de lo penal por siete años. Trabaja actualmente en un consultorio jurídico privado.