El 2019 está por terminar y es momento para que empresarios y emprendedores hagan un balance. Es tiempo de revisar las metas logradas, los objetivos incumplidos y los desafíos que han enfrentado en un año marcado por el estancamiento de la economía, las protestas de octubre y los planes económicos del actual Gobierno que todavía no se consolidan como se esperaba.
Empresarios y emprendedores son pilares de este país. Ellos invierten tiempo y recursos, arriesgan capital, generan empleo, fracasan en algunos casos, aprenden de sus errores y no dejan de creer en un Ecuador mejor para todos.
Diciembre será un momento especial para los sectores productivos. En el último mes del año se revisarán las cifras de los negocios y, al mismo tiempo, se trazarán nuevos proyectos.
El trabajo de los empresarios es retador, más aún cuando las perspectivas económicas no son las más favorables para el 2020, y cuando las sensaciones que deja este año son negativas para sectores como los servicios o el comercio, entre otros. Los retos para empresarios y emprendedores continúan.
Víctor Anchundia, superintendente de Compañías menciona que el financiamiento de organismos multilaterales influirá positivamente en el sector societario. Destaca que en época de crisis las actividades comerciales se desenvuelven mejor que otras.
¿Cómo ha evolucionado el sector societario en Ecuador? Se ha ido profesionalizando. Hemos avanzado de menos a más. Hemos pasado de una productividad agrícola-comercial. Hoy en día estamos ya en una etapa industrial bastante desarrollada. Ha ido evolucionando hacia la globalización, gracias a las inversiones. Cada vez tenemos empresarios profesionales y que se encuentran conectados con el mundo.
¿En qué consiste esa profesionalización?
Por ejemplo, ha incrementado la participación en el mercado de valores. Tenemos empresas que han pasado de ser solo comerciales a industrias con financiamiento a través de este mercado. Hemos visto empresarios cada vez más sofisticados en el uso de papeles comerciales, mediante la emisión de obligaciones.
¿Cuáles son las cifras que respaldan la evolución societaria en el país?
En 2018, el monto negociado a través del mercado de valores fue de USD 7 474 millones en efectivo. Es un incremento del 13% en comparación al 2017, cuando se negociaron USD 6 616 millones. En el sector privado hubo un crecimiento del 51,7%; pasó de USD 2 432 millones en 2017 a 3 688 millones en 2018. El sector público, en cambio, redujo sus montos cerrados en un 9,5%. Los Títulos del Banco Central disminuyeron el 75% el año pasado y los Bonos del Estado se redujeron un 45%.
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de las compañías? Desde que tenemos Ley de Compañías se han vuelto más profesionales. La fortaleza de nuestros empresarios es que su profesionalización no está nada lejos de grandes lugares de comercio y de negociación. Han evolucionado de forma adecuada. Una debilidad siempre será conseguir un financiamiento adecuado, oportuno y que no sea caro. ¿La burocracia y tramitología no son debilidades?
Indiscutiblemente siempre serán un obstáculo para los empresarios. Pero a pesar de eso nuestros empresarios han evolucionado, porque han sido capaces de buscar medios para sortear la tramitología. Uno de mis objetivos es reducir los trámites. Muchos empresarios me han dicho que tienen que crear departamentos dentro de sus compañías, con cinco o seis personas, solamente para dar información al sector público, lo cual es un costo adicional para ellos. Pese a esto, han crecido positivamente. ¿Qué sectores productivos son los más dinámicos?
El sector agrícola se ha especializado y eso ha derivado en que, en la actualidad, comiencen a surgir, de forma consolidada, nuevas industrias. No solamente se diversifica sino que invierte en tecnología, ya no es la hacienda del siglo pasado. Los modos de producción han evolucionado. Por otro lado, el comercio siempre va a estar latente en las zonas portuarias. ¿Cuáles son las cifras de constitución de empresas?
Se ha tenido un repunte importante. La tendencia es usar cada vez más la constitución electrónica, que es mucho más ágil. Desde su implementación, en el 2014, hasta el 2018 presenta una tendencia del 14% de crecimiento. Sin embargo, la constitución física supera, porque la digital, lamentablemente, no abarca a todo el país. En el 2018 se constituyeron 3 625 firmas por vía electrónica y 5 255 por el canal físico.
¿Por qué la constitución electrónica no es más alta si resulta ser más ágil que la física?
Lo que conspira en contra de la constitución electrónica es que no todos los notarios ni todos los registradores mercantiles tienen acceso a firmas electrónicas, acceso a Internet, etc. Entonces, los empresarios tienen que acudir personalmente. Fuera de eso, cualquier compañía, sin importar el monto del capital, puede constituirse electrónicamente.
¿Qué lectura se puede dar a los balances de las empresas de los últimos dos años?
Cada vez más compañías cumplen con la obligación de presentar balances. La Superintendencia tiene registradas 170 000 empresas, aproximadamente, de las cuales hay 70 000 que quieren trabajar con la institución, esas son las que presentan balances. La diferencia, 100 000, son compañías que están en disolución, en causal de disolución o están por cancelarse y ya no presentan balances, o han sido declaradas como inactivas.Por otra parte, la presentación de balances y estados financieros de forma virtual ha sido un gran avance para la Superintendencia.
¿Por qué son más las empresas que no presentan sus balances?
La cifra que doy abarca desde la creación de la Superintendencia, en 1964. Hay muchas compañías de aquella época que ya no están operando y se han ido acumulando. Nosotros tenemos la labor de ir depurando e ir cancelando las empresas. Por eso, la distorsión puede llamar la atención. Hay que tener en cuenta que constituir una compañía es sumamente ágil y rápido, pero liquidar no es tan fácil. La Superintendencia no puede cancelar una compañía antes de verificar el cumplimiento de todas las obligaciones.
En cuanto a rendimiento económico, ¿qué denotan los balances?
Como en toda época que requiere ajustes, las que resaltan más son las compañías que se dedican a la actividad comercial. Esas son las más dinámicas en época de crisis, porque requieren vender sus activos, los que tienen en ‘stock’. Así que vamos a ver que tienen un repunte y una actividad bastante dinámica respecto de otras. ¿Qué impacto se puede esperar en el sector societario con los recursos que están llegando al país por el financiamiento de los organismos multilaterales? Indiscutiblemente esos recursos van a dinamizar la economía del país, en la medida que el sector público cancelará a sus proveedores y, a su vez, ellos podrán incrementar el consumo a través del pago a sus trabajadores e iniciar nuevos proyectos. El empresario común, para desarrollar sus planes, toca las puertas de los bancos o puede acudir al mercado de valores. El financiamiento de los multilaterales claro que va a ayudar al sector societario, ya sea en constitución de empresas o aumentando capital para nuevos emprendimientos.
¿Cuáles son los principales ejes que marcarán su gestión?
Son tres pilares. El primero es de organización y reestructuración de la normativa interna, a fin de que sea simple, sencilla y eficiente. Con eso podremos hacer un control más eficaz. El segundo elemento importante es de transparencia de la información. El último pilar con el que cuento es la integración internacional. Para esto homologaremos y adecuaremos la normativa del país con la de los vecinos. Para el segundo semestre de este año se presentarán a la Asamblea y a la Junta Monetaria reformas a la Ley del Mercado de Valores. Hoja de Vida
Formación. Abogado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Posee un posgrado en Mediación Avanzada. También cuenta con formación en la Fundación Libra y la Universidad de Ciencias Empresariales de Buenos Aires (Argentina). Posee otro posgrado en Manejo de Conflictos Internacionales, de la Universidad Federico Santa María de Chile.
Cargos anteriores. Fungió como Intendente Nacional de Compañías. También fue director Jurídico de la Superintendencia de Compañías.
Cargo actual. Es superintendente de Compañías, Valores y Seguros.
Víctor Anchundia, superintendente de Compañías. Foto: cortesía Superintendencia de Compañías
Mantener el balance de una pequeña empresa con saldo positivo no es el principal problema de las pequeñas y medianas empresas. Su verdadero dolor de cabeza es contar con la liquidez suficiente a fin de mes para pagar los salarios de los empleados, las obligaciones tributarias y más rubros.
Centuria, una empresa de consultoría enfocada en las pymes, desarrolló una metodología que les permite a las pequeñas empresas mejorar su liquidez.
«El contador le dice a la empresa que tiene utilidad, pero solo en el papel porque al mirar la cuenta bancaria observábamos que estaba sobregirada, con serios problemas de liquidez, atrasos al IESS o a los proveedores», comenta Wilson Mariño, gerente de la firma.
Mariño empezó hace cinco años un estudio en más de 200 empresas y, a partir de allí, desarrolló la teoría que después se plasmó en el libro «Modelo de Gestión de Liquidez Centuria», que se publicó en mayo del año pasado.
El estudio, que tuvo el apoyo de Verónica Ayala y Carina Dávila, evidenció una necesidad de mercado que se convirtió en un emprendimiento: Centuria. La firma empezó con tres clientes y una facturación de USD 1 500 al mes en el 2010. Hoy tiene de 280 clientes y factura USD 40 000 al mes.
La asesoría empieza con un diagnóstico de la liquidez de la empresa. Una vez que se detectan los problemas, se generan técnicas y metodologías para que el cliente pague a tiempo sus cuentas; por ejemplo, para manejar el inventario, el pago de créditos, de proveedores, etc.
Santiago Dávalos, gerente financiero de Arista, que fabrica vidrio templado y que contrata los servicios de Centuria desde hace tres años, dice que la metodología es útil. La firma no tenía problemas de liquidez, pero quería asegurarse cumplir a tiempo con el pago de un préstamo que realizó para nueva maquinaria. «Nos han ayudado y no tenemos problemas».
El Tecnológico de Monterrey comentó positivamente el estudio. Verónica Baldeón, representante de esta entidad en Ecuador, dijo que la metodología es un aporte importante y riguroso para el segmento de las pymes.
Mariño dice que a futuro la meta es difundir en el ámbito local e internacional la metodología.
40 000 dólares es la facturación mensual actual de la consultora Centuria.
Atrás quedaron las largas filas, de última hora, para presentar los estados financieros de las actividades del año pasado de las compañías ecuatorianas. Durante los primeros cuatro meses de este año, las 75 330 compañías activas del país deben presentar estos balances al órgano de control.
Por ello, ante el poco tiempo para que se cierre el período de recepción (el próximo 30 de abril), Felipe Oleas, secretario General de la Intendencia de Compañías de Quito, hace un llamado para que las sociedades cumplan con esta obligación legal y eviten sanciones.
La diferencia este año es que se recibe la documentación a través de la página electrónica de la Superintendencia de Compañías (www.supercias.gob.ec). Eso ha borrado este año de la memoria todo ese proceso largo que se vivía en otros ejercicios fiscales, cuando se agolpaban decenas de personas en las oficinas de la entidad de control societario.
Oleas explica que no se cuenta con un cronograma, ya que la recepción está abierta a través del portal. «Si hasta el 30 de abril, las compañías no alcanzan a entregar esta documentación, existe la posibilidad de solicitar una prórroga de 30 días. Esta solicitud debe estar sustentada con la justificación del representante legal, explicando por qué hubo la imposibilidad de presentar la información».
Alrededor del 10% de las compañías no cumple con la presentación de sus resultados económicos, aunque esto es variable debido a que cada año, voluntariamente o de oficio, se disuelven empresas. De hecho, si una organización bajo el paraguas de la Superintendencia no cumple con esta obligación en dos años, se declara su inactividad. La empresa notificada tiene 30 días para negar dicha inactividad. En el caso de no obtener respuesta, se declara la disolución.
Por último, si la compañía no presenta los balances hasta el 30 de abril, y no pide prórroga, la Ley impone una multa de hasta un total de 12 salarios mínimos vitales, explicó el funcionario.