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  • Los bancos analizan el efecto de las reformas

    EL COMERCIO / Quito

    El impacto de la Ley de Redistribución del Gasto Social (Reforma Tributaria) en el sector financiero llega a USD 214 millones, según cálculos de Marcos López, ex director del Banco Central (BCE). López hizo un análisis de los impactos del proyecto de ley, en el marco de un taller organizado por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, en Quito.

    Las recaudaciones del sector bancario servirían para sostener el incremento del Bono de Desarrollo Humano (BDH) de USD 35 a 50 desde enero. Precisamente, el Gobierno requiere USD 240 millones para el caso.

    El presidente Rafael Correa indicó que el financiamiento del BDH saldría de las utilidades de la banca, pese a que el sector pagó impuestos por (USD 309 millones, según la ABPE.

    Pero, López dijo que esto resultaría peligroso. “Si se retiran las utilidades se vuelve difícil el negocio… Las utilidades sirven para que el patrimonio de un negocio en marcha crezca. Si un negocio no es capaz de crecer de esa forma algo pasa con las operaciones de este”.

    Con las utilidades aumenta el patrimonio y se facilita la entrega de créditos (por cada crédito que se entrega se debe tener patrimonio y una provisión que sustente la entrega del dinero).

    César Robalino, presidente de la ABPE, aseguró que para este año se prevé que las utilidades sean de USD 300 millones y, si las medidas oficiales pasan en la Asamblea Nacional, la rentabilidad pudiera caer al 5%.

    De no contar con utilidades que capitalicen el patrimonio, el efecto inmediato será frenar la entrega de créditos. El impacto sería para los clientes y para el país, ya que habría menos préstamos que financien el desarrollo del país.

    Con ello coincide Wilson Araque, director del Área de Gestión de la Universidad Andina. Lo que le queda a las entidades, dijo, es mejorar su productividad reduciendo costos de funcionamiento. Eso compensaría la disminución de las utilidades de las entidades y se evitaría la reducción de los créditos en el país.

  • El memo de la semana: Otra reforma tributaria

    Los sectores productivos y gremios empresariales del país han expresado sus dudas respecto de las bondades del denominado proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social. Esta propuesta legal, que tiene un alto componente tributario, fue enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con el carácter de económico y urgente, con el propósito de viabilizar el incremento del Bono de Desarrollo Humano en USD 15.

    En síntesis, la propuesta busca la elevación del 1 al 3% del anticipo del Impuesto a la Renta, el tributo de 0,25% para los depósitos de la banca ‘off shore’ y la eliminación de las exenciones tributarias a los servicios financieros.

    Desde la perspectiva empresarial, las afectaciones que generaría una eventual aplicación de la ley se concentran en una reducción del crédito productivo, debilidad institucional en el ámbito jurídico, desmotivación para invertir en el país e inconvenientes en las actividades y transacciones en el comercio internacional. A esto se añade la evidente preocupación de las entidades financieras privadas, frente a un debilitamiento del sector y del patrimonio bancario.

    Entre los argumentos del Ejecutivo para canalizar su ofrecimiento está el profuso crecimiento económico alcanzado por el sistema financiero en los últimos dos años. Además, sostiene que es el momento de compartir las ganancias de un sector que, durante el ‘crack’ bancario de 1999, se benefició de los recursos de todos los depositantes.

    El debate de este proyecto, que prevé arrancar esta semana en la Asamblea, amerita un profundo análisis, que marque distancias con el entorno electoral que comienza a tomar fuerza en el último bimestre del año.

  • El memo de la semana: Ofrecimientos con responsabilidad

    Tras la convocatoria del Consejo Nacional Electoral para las elecciones del próximo año se viene una etapa en la cual el electorado recibirá un sinnúmero de anuncios para captar su voto. En ese contexto, es indispensable abordar los temas que sean parte de esa oferta desde una perspectiva responsable y que no generen dudas y, peor aún, que generen intranquilidad.

    La última experiencia derivada del ofrecimiento de incrementar el Bono de Desarrollo Humano, a más de uno ha preocupado, por el mecanismo -que ha dicho el Ejecutivo-, pondrá en marcha para financiarlo: echar mano de las utilidades que generan los bancos privados. Si bien el equipo de ministros trata de minimizar y contextualizar el efecto de un anuncio sorpresivo, los agentes económicos miran con seria preocupación el escenario de una posible nacionalización de la banca en Ecuador.

    Los fantasmas del crack financiero y del congelamiento de los depósitos producido a finales de los noventa todavía no desaparecen de la memoria ciudadana. Durante más de una década, la sociedad trata de fortalecer nuevamente esa relación de confianza con su sistema financiero y en la medida en que se tope el tema del dinero de los ecuatorianos, es un asunto que impulsa a despertar ansiedades.

    Desde la perspectiva del manejo de las finanzas públicas, también es fundamental tener en cuenta lo que establece la Constitución en su artículo 286: los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Por lo tanto, cualquier consideración o propuesta electoral que implique el manejo y el futuro de los recursos de todos los ecuatorianos se debe hacerlo con responsabilidad.