Xavier Basantes. Editor del Semanario LÍDERES
La Cámara de Industrias y Producción (CIP) renovó su dirigencia. Su nuevo titular explica la posición de los afiliados al gremio, en el proceso del cambio de la Matriz Productiva que impulsa el Gobierno.
El Gobierno está empeñado en el cambio de la Matriz Productiva. ¿Cómo se alinea el sector privado frente a esta iniciativa oficial?
Hay dos componentes de respuesta. La primera es que una economía, que busca cambiar su patrón de especialización a otra que incluya más servicios y más industria, es algo que se debe rescatar. Lo importante es que el cambio de Matriz Productiva tenga como actor principal al sector privado.
¿Cuál es el otro componente de respuesta?
Reconocemos que ha habido cambios importantes en infraestructura, pero aún tenemos mucho por hacer, como el institucionalizar un diálogo público-privado, que permita generar previsibilidad, para elaborar en conjunto las normas. Tenemos total disposición de fomentar la inversión privada, pero es importante que el sector privado también participe en la construcción de las normas. El dato que tenemos, es que en el 2013 se emitieron 2 000 normas relacionadas con el sector productivo y que inciden en su desempeño empresarial.
¿El Gobierno dice que a través de los consejos consultivos hay un acercamiento permanente y que su política es fomentar la producción?
Sí. Los acercamientos ha habido, pero tenemos experiencias en las que pudimos haber construido una mejor relación, por ejemplo, en el etiquetado de alimentos. Ahí podíamos haber dado una señal de que se puede trabajar en conjunto, pero lamentablemente la discusión se centró en la etiqueta, cuando el tema de fondo es sobre hábitos de consumo.
Otro caso que pudo haber tenido mayor acercamiento para garantizar previsibilidad y alertar problemas es la Resolución 116 del Comex. Esta generó problemas en abastecimiento de materias primas y si hubiese habido una norma construida de manera conjunta, hubiésemos tenido mejores resultados.
Ahora, qué pasa con otros temas que inquietan, como el Código Laboral o la situación económica, que conducen a nuevos endeudamientos. ¿Cómo los está procesando la Cámara?
El tema laboral es una oportunidad para institucionalizar el diálogo público y privado, bajo el mecanismo del Consejo Nacional del Trabajo, porque allí podemos definir las grandes líneas de un pacto por el empleo productivo, con algunas bases. Primero, cómo estará el Ecuador en su estructura productiva de aquí a 20, 30 años.
Tenemos que proyectarnos allá. Segundo, reconocer que el nivel de conflictividad ha disminuido y esto es importante, porque hay una mejor relación entre el empleador y el trabajador.
Estos bienes tenemos que conservar y nos parece que hay temas como la sindicalización por rama de actividad económica, que puede ir en contrasentido del cambio de Matriz Productiva, sino fomenta esta buena convivencia entre trabajadores y empleadores. Ahí no tenemos la claridad de cuáles van a ser las competencias. Lo otro es la jubilación patronal; nos preocupa que se genere una bonificación por terminación de contrato, porque puede terminar incrementando los costos laborales.
¿Cuál es la percepción que tiene el sector privado sobre la situación económica del país?
El Presidente (Correa) anunció que el 2014 y el 2015 van hacer años duros. Ahí creemos que hay que tener todo listo para que el sector privado sea el motor de la economía, porque hay recursos que el Estado destina a otros gastos, y que pudieran ser complementados con inversión privada y que pueden generar una tasa de retorno social muy elevada.
Creemos que lo más importante este momento es precautelar las actividades económicas y que los ecuatorianos no vean afectada su economía.
¿Cómo está la relación de la inversión pública frente a la inversión privada?
En términos de proporción, en el 2003, el 22% del total de inversión era pública y, el 78%, privada. En el 2012, tuvimos un 44% de inversión pública y un 56%, privada. El mensaje es que la inversión privada tiene que acompañar a la pública, pero la inversión privada no ha despuntado en los últimos años: creció a 1 200 millones en el último año y la inversión extranjera directa todavía es baja.
Si la observación se refiere al ambiente para invertir en el país, ¿cuánto pudo haber invertido el sector privado, en ‘mejores condiciones’?
Es muy complejo cuantificar. Pero tenemos un reto público y privado que es fomentar el nivel de inversiones. En el 2013 las inversiones societarias alcanzaron unos 1 200 millones de dólares, de eso, cerca del 90%, fueron aumentos de capital y solo el 10% fue a constituciones de nuevas compañías. Esta es una cifra que refleja que la inversión de nuevos emprendimientos, no está despuntando en el país.
El Ejecutivo sostiene -como han dicho el vicepresidente Jorge Glas y el ministro Ramiro González, en entrevistas con LÍDERES- que los empresarios ‘están felices’ con este Gobierno, porque han ganado como nunca antes…
Lo que pasa es que el empresario por principio tiene que buscar la forma de ser más rentable y competitivo. El empresario ha tenido un espacio para generar un mayor margen en estos años, pero hay que analizar si es que eso responde a la política pública. En alguna parte puede responder, pero en otra parte responde sobre todo, a la actitud del empresario en buscar más eficiencia. Lo que tenemos que hacer es proyectar en el largo plazo cómo generar más inversión que a todos nos interesa.
¿Qué es lo que inquieta al empresario?
Hemos hecho una encuesta entre nuestros afiliados para entender la problemática y encontramos que para el 76% de las empresas encuestadas este tema de seguridad normativa es lo que más les preocupa en términos de competitividad. Nosotros aspiramos a que en esta fase de construcción del cambio de Matriz Productiva, podamos tener este espacio mucho más dinámico con el sector público.
Un resumen de su hoja de vida
La formación. Economista graduado de la PUCE; Maestría en el IDE Business School y Posgrado en la U. de Barcelona.
Las funciones. Desde el 2012 ejerció la Vicepresidencia de la CIP. Anteriormente fue Director del área Económica y de Comercio Exterior de la Cámara.
