La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera decidió ampliar a 18 meses el plazo para que las compañías de seguros, reaseguros, asesoras, productoras de seguros, inspectoras de riesgos y ajustadoras de siniestros e intermediarias de reaseguros, se ajusten a las reformas a la Ley General de Seguros dispuestas en el Código Orgánico Monetario y Financiero.
Así lo resolvió la Junta mediante un acuerdo publicado en el Registro Oficial, con fecha del 11 de marzo de este año y firmado por el presidente de la Junta, Patricio Rivera, también ministro coordinador de la Política Económica.
Ahora, tras lo dispuesto por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera la tarea recae en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La resolución establece que la Superintendencia establecerá los requisitos y el cronograma para que las compañías del sector de seguros, se ajusten a las reformas a la Ley General de Seguros y controlará su cumplimiento.
La resolución añade que las compañías de seguros y empresas de reaseguros deberán cumplir con el capital mínimo establecido en el artículo 14 de la Ley General de Seguros. Este señala que las compañías de seguros deberán contar con un capital mínimo de USD 8 millones; y para las de reaseguros será de USD 13 millones.
También se establece que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, determinará los requisitos y el cronograma para que las compañías de seguros y empresas de reaseguros alcancen los niveles de capital mínimo y controlará su cumplimiento. Y cualquier duda que se genere será resuelta por la Superintendencia.
Julio Dobronsky, director ejecutivo de la Asociación de Mutualistas del Ecuador, explica cómo se realiza el traspaso de las mutualistas a la economía popular y solidaria. Este proceso es coordinado con las Superintendencias de Bancos y de la Economía Popular.
Con la nueva reglamentación y las resoluciones del Código Monetario y Financiero, ¿qué camino les queda a las sociedades financieras?
Con la expedición del Código Monetario a fines del 2014, el sector financiero quedó dividido en tres sistemas: privado, público y de economía popular y solidaria. A las sociedades financieras, no sé si por tamaño, se les daba poco tiempo de vida. Entonces, expusimos argumentos a las autoridades para que no desaparezcan, pero no encontramos eco. Con el Código Monetario y Financiero las financieras quedaron en el limbo, porque se les daba 18 meses de plazo para que se fusionen, transformen o liquiden. Las tres posibilidades eran ciertas, pero el problema es que había cierta dedicatoria, porque estas entidades trabajaban normalmente con indicadores suficientes en liquidez, rentabilidad, solvencia compitiendo con grandes entidades. Según la normativa, las sociedades financieras debían elevar su capital…
El requisito básico para transformarse en banco era tener un capital de 11 millones de dólares, cuando el promedio de medianas y pequeñas financieras era un capital de cinco o seis millones de dólares. En las condiciones actuales, cuando la inversión extranjera tiene recelos de traer capitales al país, no fue tarea fácil conseguir esos 11 millones. Dos financieras emprendieron la liquidación (Vazcorp y Leasing Corp) y otras dos o tres solicitaron convertirse en bancos; estas tendrán 18 meses adicionales según la resolución 219. Hasta el 15 de abril deben presentar un cronograma, entregar información financiera, entre otras condiciones.
Usted menciona que los inversionistas que desean invertir no lo hacen por las condiciones del país. ¿La resolución llegó tal vez en un mal momento, en el que la economía ecuatoriana empezaba a complicarse?
Evidentemente las condiciones no son las más favorables, en especial para el sector financiero, donde las reglas de juego son demasiado exigentes. Por ejemplo, un accionista no puede acceder a crédito en su propio banco, además se fijaron límites a los sueldos de ejecutivos. Hay restricciones que de alguna manera han ido ahuyentando el ingreso de capitales al sistema financiero, a lo que se suma que la rentabilidad viene decayendo. No solo es la coyuntura la que ocasiona el problema, son diversos factores como los que menciono.
¿Esta coyuntura o bache que no se sabe cuánto durará seguirá afectando al sector financiero?
Las autoridades y los organismos de control han reflexionado sobre el verdadero rol del sistema financiero en su conjunto. Se han dado cuenta de que el mejor aliado del Gobierno es el sector financiero, porque inyecta recursos a la economía; entonces, han habido ciertos cambios en la normativa como el cobro de 17 servicios que antes tenían tarifa cero. Estas y otras acciones incentivan al sector financiero. Ahora analicemos a las mutualistas. ¿Qué perspectivas tienen estas entidades?
Para las mutualistas cabe un lema: pequeñas en tamaño, grandes en obra. Por 50 años han trabajado en el sector de vivienda dirigida a los segmentos de más bajos recursos. Con el Código Monetario y Financiero las mutualistas dejan de ser controladas por la Superintendencia de Bancos y pasan a manos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), con algunos cambios por cumplir. Ante eso, presentamos algunas sugerencias, porque había vacíos y dejaban en el limbo a las mutualistas. Este sector es especial y diferente, y no merece un trato igual al de los bancos. Entonces, las mutualistas tenían 18 meses para convertirse en bancos o pasarse a la economía popular y solidaria, y todas decidieron pasar a la economía popular y solidaria. El 12 de marzo se cumplió el plazo, pero aún no es realidad el traspaso, porque hay disposiciones y un control dual, por decirlo de alguna manera, de la Súper de Bancos y de la SEPS. Nos reunimos con las autoridades de esta última entidad y nos manifestaron que el tema es algo complejo por falta de legislación, falta de personal capacitado y porque había que trabajar en conjunto. Nos ofrecimos para colaborar y quedamos en hacer reuniones de trabajo, todo esto porque nos interesa pasar al control de la SEPS. ¿Qué se acordó con la SEPS?
A efectos de facilitar y coadyuvar el proceso de cambio, planteamos crear una comisión conjunta para abordar los puntos técnicos. En esencia, las mutualistas son diferentes a otras entidades financieras en aspectos como gobierno corporativo, constitución de patrimonio y de activos. Esto conlleva un cambio en la legislación. En los próximos 14 meses, que es un período de transición, vamos a trabajar activamente para hacer el traspaso de información en el menor tiempo posible, para preparar un catálogo de cuentas adecuado, preparar resoluciones que tengan que ver estrictamente con las mutualistas…
¿Entonces, se esperaría que para el segundo semestre del 2017 esté listo el traspaso?
Así es, trabajando activamente y poniendo interés de parte de las dos Superintendencias. De la ‘Súper’ de Bancos ha habido total apertura, han entregado la información, pero hay aspectos que aún deben trabajarse.
En este contexto, ¿qué balance puede hacer del desempeño de las mutualistas?
Cuando se expidió el Código, las mutualistas tenían indicadores muy buenos y lo siguen teniendo. Estos indicadores permiten haber capeado el temporal, si cabe el término, en la actual situación que atraviesa el país. A pesar de una contracción en la construcción, las mutualistas no han dejado de cumplir su rol y atienden al segmento medio y medio bajo, financiando vivienda. Ahora estamos por ratificar la decisión de pasar a la economía popular y solidaria con una junta de accionistas que se cumplirá en abril.
Y ahora, ¿cómo queda configurado el mapa del sector financiero?
El mapa quedó definido a finales del 2014 con la llegada del Código Monetario y Financiero, nos guste o no. Van a haber bancos grandes y entidades pequeñas y muy pequeñas, como las cooperativas. Aquí cabe una reflexión: una entidad financiera no es grande por su tamaño de capital sino por su solvencia. Las mutualistas son muy solventes y las financieras tuvieron indicadores satisfactorios, pero lamentablemente se decidió ubicar a las entidades financieras por su capital y no por su solvencia. ¿Por qué cree que se decidió de esa manera?
La idea en esencia fue hacer un sistema financiero mucho más fuerte. Cinco o seis bancos siguen siendo el eje principal del sistema, pero se perjudicó al sector de financieras, porque atendía a sectores no atendidos tradicionalmente por la banca, con servicio personalizado y créditos ágiles y pequeños. Ahora se perdió ese nicho que pasará a los bancos. Hoja de vida
El cargo actual. Se desempeña como Director ejecutivo de la Asociación de Mutualistas del Ecuador.
La formación. Licenciado en banca y finanzas, con diplomado en Banamex, de México. También, obtuvo una diplomatura en el Incae.
Trayectoria. Entre otros cargos, fue representante del sector financiero en la Corporación Financiera Nacional. Trabajó 27 años en la Superintendencia de Bancos; allí fue, entre otras funciones, intendente de bancos y sociedades financieras. En total lleva cerca de 45 años en el sector financiero, en el sector público y en el privado.
Julio Dobronsky, director ejecutivo de la Asociación de Mutualistas del Ecuador. Foto: Galo Paguay / LÍDERES
La actividad del sector asegurador tiene por delante al menos cuatro desafíos en el corto y mediano plazos. El Código Monetario y Financiero; las reformas fijadas en la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal; la eliminación del SOAT; y las regulaciones que están por venir de la Junta de Regulación Monetaria son los retos que enfrentan las 35 compañías de seguros que participan hoy en día en el mercado ecuatoriano.
El sector registra un crecimiento sostenido en los últimos cinco años. En el 2010 la prima neta emitida fue de USD 1 107 millones y para el 2014 la cifra subió a USD 1 702 millones, según cifras de la Superintendencia de Bancos. La prima neta se refiere a los ingresos que una compañía de seguros recibe por asumir el riesgo mediante un contrato de seguro.
Patricio Salas, representante de la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador (Acose), explica que el sector creció el año pasado un 2,6% frente al movimiento del 2013. “Tuvimos una utilidad aceptable. La gestión de las compañías de seguros permitió adaptarse a los cambios”.
El Código Monetario trae el primer reto. Este cuerpo legal, vigente desde el año pasado, establece que “los fondos para atender los gastos del órgano de control del área de seguros privados y los aportes al Fondo de Seguros Privados se obtendrán de la contribución del 3,5% sobre el valor de las primas netas de seguros directos, las que podrán aumentarse hasta el 5%, por resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y a petición del titular de este órgano de control”. Además, establece que el capital para constituir una compañía de seguros debe ser mínimo de USD 8 millones y en el caso de una empresa de reaseguros, el capital será de USD 13 millones.
Las compañías tienen plazo hasta marzo del próximo año para elevar su capital. Esta condición, según Salas, tendrá un efecto en la liquidez de las aseguradoras, por lo que las empresas tendrán que analizar su estrategia financiera. Además, modificará el mercado. “Algunas empresas, posiblemente, decidirían no capitalizar y buscarían alternativas como fusiones o ventas. Me anticipo a pensar que se va a reducir el número de compañías. Más certezas tendremos a finales de marzo, luego de las juntas de accionistas de las compañías del sector”.
Para Andrés Cordovez, gerente de Seguros Equinoccial, el aumento de capital es el desafío principal. Luego están las normativas de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. “Aún no se han emitido, pero tendremos que conocerlas y asumirlas”.
Este ejecutivo también habla de la reforma tributaria que llegó a finales del año pasado con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción. Allí se establece un entorno que llevará a las compañías a una mayor retención de riesgos, eliminando cierta capacidad de reaseguros.
El titular de Seguros Equinoccial añade que las normas llegaron cuando ya había acuerdos con empresas de reaseguros (que funcionan como un seguro de la aseguradora), de otros países y continentes. “Fueron normas elaboradas con desconocimiento de la dinámica del sector”.
La eliminación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), como parte de las reformas a la Ley de Tránsito, es parte de los retos de las aseguradoras.
Según cifras de la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador, el SOAT representaba el 3,6% del mercado (cerca de USD 60 millones anuales). Salas dice que ahora las compañías tendrán que impulsar otros productos para llenar ese vacío.
A finales del 2014, la prima neta emitida representó el 1,67% del PIB ecuatoriano, según la Superintendencia de Bancos. Además, la prima per cápita llegó a USD 105, similar a la registrada el 2013.
Para Pablo Cevallos, catedrático universitario y abogado especializado en seguros, la actividad tiene otro desafío: universalizarse y llegar a más segmentos de la población, sin ir en contra de los principios de la seguridad social.
Las empresas tienen la tarea de trabajar para que la gente entienda su función de auxilio ante riesgos que toda persona enfrenta desde que empieza su día. Ante las nuevas normas, Cevallos cree que se quedarán las aseguradoras más transparentes y las que puedan, conforme capital y patrimonio, ofrecer un adecuado servicio.
Aseguradoras asimilan la pérdida del SOAT Redacción Quito
En las reformas aprobadas en la Ley de Tránsito, en diciembre del 2014, se determinó la sustitución del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), por el Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito (Sppat).
Esta tasa vehicular entró en vigencia el 2 de febrero del 2015 y, según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), operaría en forma idéntica al anterior. Es decir, las víctimas de accidentes de tránsito mantienen el derecho de ser atendidas en los centros de salud, y se garantiza la protección por fallecimiento, gastos funerarios, gastos médicos, discapacidad y movilización de víctimas.
El pago de estos valores se efectúa en el momento en el que se cancela el valor de la matrícula vehicular, en las entidades autorizadas y que se encuentran publicadas en el portal de la ANT.
Estos rubros ahora serán destinados directamente a la Agencia Metropolitana de Tránsito, que se encargará de generar ingresos al Fonsat. Esta es la institución pública que protege a las víctimas de accidentes de tránsito en el caso de que el vehículo no responda o desaparezca.
Anteriormente, el sistema del SOAT estaba conformado por 16 empresas de seguros privados y el Fonsat era la única aseguradora del Estado, indica Sandra Delgado, directora técnica del Fonsat.
Sin embargo, las empresas percibían el 75% del valor del seguro, mientras que el Fonsat solo el 25%. Por esta razón, señala Delgado, el objetivo de la transición es utilizar esos recursos para mejorar los puntos de emergencia en las carreteras. “Se analizará la posibilidad de incrementar los valores de las indemnizaciones”.
Este proceso de transición al nuevo sistema de cobro genera inconvenientes en las agencias aseguradoras autorizadas para la emisión de este documento.
Para las aseguradoras privadas, el SOAT representó el año pasado el 3,6% del mercado y representaba cerca de USD 60 millones anuales, en un negocio que movió 1 702 millones en el 2014 en primas, comenta Patricio Salas, director de Acose.
El año pasado, el SOAT creció al mismo ritmo que el sector. “Fue un crecimiento inercial, que guarda relación con el estancamiento que sufrió el parque automotor”.
Según Salas, las compañías tendrán que suplir esa diferencia y lo tendrán que hacer con el impulso de otras líneas de negocio, promoviendo seguros hacia personas, familias, pequeños negocios… donde hay gran potencial”.
Andrés Cordovez, gerente de Seguros Equinoccial, indica que la eliminación del SOAT es una mala noticia. “Es terrible para el sector asegurador que se haya cambiado el concepto de seguros de accidentes de tránsito por un impuesto vehicular. Ahora cada empresa sabrá cómo maneja la desaparición de este seguro”.
Dentro de su oferta de productos, esta aseguradora brinda cobertura vehicular mediante el plan EquiSmart para protección de vehículos por daños a terceros, pérdida parcial o total del vehículo por daños o robos, así como accidentes personales y gastos médicos de los ocupantes, que se muestran en su página web.
De igual manera Julio Moreno, gerente de Seguros Oriente, señala que este seguro representa un rubro importante en los ingresos totales de la aseguradora, pero cuentan con otros planes y ofertas para sus clientes que compensan estos rubros.
Esta aseguradora brinda actualmente cobertura para vehículos livianos por pérdidas totales o parciales en Ecuador, Colombia y Perú. De igual manera protege por caída de objetos, robo, incendio, fenómenos naturales, entre otros. “Por gastos médicos se cubre hasta USD 2 000, por muerte accidental de ocupante USD 5 000 y por muerte del titular hasta USD 10 000”, señala Moreno.
QBE Seguros Colonial aseguró que la entidad seguirá cubriendo los rubros por accidentes de tránsito debidamente justificados correspondientes al SOAT en un comunicado en su pagina web. Asimismo, oferta seguros para accidentes de tránsito en su portal.
Latina de Seguros a su vez oferta en su página seguros para vehículos livianos, pesados y vehículos vip. Entre estos se cubre la pérdida parcial o total del auto.
Hasta el 2013 las compañías aseguradoras pagaron por indemnizaciones cerca de USD 108 millones; el Fonsat USD 87 millones.
Datos Vigencia. El SOAT entró al mercado en el 2008. 16 empresas aseguradoras lo emitían. Cifras. El 75% del valor del seguro lo percibían las empresas, mientras que el Fonsat, el 25%. Tarifario. El SOAT cubríahastaUSD5000por muerte y discapacidad, 3 000 por gastos médicos, 400 por gastos funerarios y 200 en movilización.
Con las nuevas regulaciones se redujo el sector Redaccción Guayaquil
El Código Monetario y Financiero y la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal introdujeron cambios en el negocio de los seguros y reaseguros en Ecuador.
La primera normativa, por ejemplo, aprobada en julio del 2014, obliga a las firmas aseguradoras a tener un capital mínimo de USD 8 millones para permanecer en el mercado; y de USD 13 millones para las compañías reaseguradoras.
Sobre la segunda norma, y en particular en relación con los artículos 12 y 17, que modifican el manejo de las empresas de reaseguros, el catedrático Pablo Cevallos considera que hay un encarecimiento del reaseguro, por la retención del Impuesto a la Renta que deberán practicar las aseguradoras que contraten reaseguros con empresas del exterior. “Penosamente, el costo será cargado al asegurador final”, manifiesta.
Para el experto, lo que se ha logrado con esto es que los pagos al exterior, por contratación de reaseguros tengan un impacto impositivo más grave del que existía.
Hasta antes de la aprobación del Código Monetario y Financiero existían 45 firmas de seguros en el país. En la actualidad quedan 35.
Una de las aseguradoras que salió del sistema, porque cerró, fue Seguros Bolívar, una firma que tenía 56 años en el mercado.
En julio del 2014 se declaró la liquidación forzosa de la compañía, que se especializaba en comercializar seguros para vehículos a través de concesionarias.
Ejecutivos del negocio, como Alejandro Arosemena, gerente de la aseguradora Ecuatoriano-Suiza, consideran que el sector cambió mucho con la nueva normativa. Él recuerda que para crear una empresa aseguradora se necesitaban USD 460 000. “Llegará un momento en que habrá compañías que se concentren. Esto puede ser bueno de cierta forma, porque para el mercado ecuatoriano éramos muchas compañías. Ahora puede ser un mercado más sólido”, comenta Arosemena.
En el caso de Ecuatoriano- Suiza, la firma ahora apunta con fuerza al segmento del aseguramiento de las viviendas contra siniestros, como incendios, terremotos e inundaciones. Según datos de Acose, el mayor peso del negocio del sector lo tiene el seguro de vehículos, que absorbe el 26%. Le sigue, siempre según la misma fuente, el seguro de vida en grupos, con el 15%; el aseguramiento contra incendios, terremotos y otras catástrofes naturales, con el 10%. Mientras, el seguro de accidentes capta el 6%, y el de asistencia médica, el 4%. “Frente a los vecinos, en Ecuador hay espacio para crecer, y eso es responsabilidad de las compañías del sector en crear un ambiente y cultura”, menciona Salas.
Un empleado de Seguros Equinoccial atiende a un cliente en las oficinas de la compañía, en el norte de Quito. La empresa es parte de las 35 aseguradoras que operan en el país. Foto: Julio Estrella / LÍDERES.
Tras la aprobación en la Asamblea Nacional del Código Monetario y Financiero, y una vez que exista el pronunciamiento presidencial sobre si cabe o no un veto al proyecto, viene una etapa compleja para su aplicación. Los banqueros han rechazado aspectos del nuevo Código y se muestran incómodos ante la normativa, que intensificará el control para garantizar los depósitos que se encuentran en manos de la banca privada, de la banca pública, las cooperativas de ahorro y crédito, y todo el sistema financiero.
El Gobierno, en cambio, asegura que con esta nueva ley se cumplen sus objetivos de precautelar los recursos de los depositantes, otorga más instrumentos para atraer inversión privada, eleva los estándares de solvencia y seguridad del sistema financiero y fortalece la dolarización. Además, se impulsará desde la banca privada un mayor apoyo al cambio de la matriz productiva.
En medio de estas posiciones diversas y aunque el Ejecutivo explica que el Código no era una proyecto para captar recursos privados y que no hay inconvenientes de liquidez, y presenta cifras, nuevas iniciativas de orden legislativo apuntan a tener más presencia estatal en otras fuentes de recursos. Tal es el caso del proyecto de Ley del Fondo de Cesantía del Magisterio, para que el Biess asuma ese fondo, y la reforma a Ley de Telecomunicaciones, para reducir las utilidades de los trabajadores de las empresas de telecomunicaciones. Sin duda son otros proyectos que merecen profundas reflexiones técnicas.
La frase: »Debido a las amplias facultades que tendrá la Junta, sería un desacierto total que el Gobierno se atreva por necesidades fiscales a tomar un fondo de liquidez». César Robalino / Pdte. Aso. Bancos
