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  • La Comisión Anti Corrupción denuncia supuesto sobreprecio en compra de terreno de la Refinería del Pacífico

    Alberto Araujo

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    La Comisión Anti Corrupción presentó hoy, 18 de febrero del 2016, una denuncia ante el Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, por supuestas irregularidades cometidas en la adquisición del terreno de la Refinería del Pacífico.

    De acuerdo con los miembros de la Comisión, encabezada por el jurista Julio César Trujillo y el economista Jorge Rodríguez, el terreno para la Refinería ubicado en El Aromo, zona rural de Manta, habría sido adquirido a USD 6,7 millones en diciembre del 2009 cuando el avalúo del terreno habría sido de USD 121 275.

    Es decir que habría habido un presunto sobreprecio de 50 veces respecto al valor real de este terreno.

    La Refinería del Pacífico es un proyecto impulsado por el Gobierno desde el 2008, que busca procesar alrededor de 200 000 barriles de crudo al día para que el Ecuador deje de importar combustibles.

    Para ello, ese año se conformó la empresa Refinería del Pacífico con la participación accionaria en un 51% de Petroecuador y en un 49% de Pdvsa.

    Aunque en los últimos siete años el proyecto ha registrado avances en cuanto a estudios, al movimiento de tierras y a la construcción del acueducto, aún se espera conseguir el financiamiento para comenzar la construcción de la planta.

    Según la Comisión Anticorrupción, el 29 de diciembre del 2009, la empresa mixta Refinería del Pacífico adquirió una propiedad de 1255 hectáreas por USD 6,7 millones.

    Esto, pese a que el propietario del terreno habría pagado por concepto de impuestos prediales, el valor de USD 115,21 calculados sobre un avalúo de USD 121 275 para los años 2008 y 2009.

    Es decir, el valor final adquirido superaría supuestamente en 50 veces al valor real del terreno.
    Adicionalmente, la Comisión indicó que el estudio de línea base ambiental realizado por SK de Corea del Sur, recomendó la adquisición de ese terreno pese a que un estudio previo del Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) cuestionaba la idoneidad de ese espacio.

    Ese estudio, que data del 2007, advirtió que “la zona era altamente poblada, y la construcción de una refinería constituye una bomba de tiempo, por el impacto ambiental que esta generaría en la población”, según indicó la Comisión.

    Por ello, la comisión pidió que se investigue a la entonces ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, al ex alcalde de Montectristi, Washington Arteaga; al entonces presidente del Directorio de la Refinería del Pacífico, Contralmirante Luis Jaramillo, y al exgerente de la Refinería, Carlos Proaño, entre otros funcionarios.

    Este Diario buscó la versión de la actual vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, pero no ha tenido aún respuesta.

    En entrevista telefónica a este Diario, el exgerente de la Refinería del Pacífico, Carlos Proaño, indicó que hay un error en la denuncia de la Comisión Anticorrupción porque él fue posesionado el 18 de enero del 2010 como gerente. Es decir, semanas después de que se adquiriera el terreno.

    No obstante, el exfuncionario dijo que la superficie para la refinería superaba las 6000 hectáreas y que no se puede comparar el costo del metro de un terreno pequeño con el costo de un terreno tan grande como el que se adquirió para la Refinería.

    Proaño añadió que pese a que Pdvsa tenía en su presupuesto un monto de USD 13 millones para comprar el terreno, el Contralmirante Jaramillo negoció para que este monto se redujera a la mitad.

    Finalmente, Proaño destacó que en ningún momento pudo haber habido algún acuerdo irregular entre el Gobierno y la persona propietaria del terreno.

    Esto porque en aquella época había una clara controversia entre el Gobierno y esa persona por la expropiación de una central hidroeléctrica.

    El secretario de la Comisión Anti Corrupción, Jorge Rodríguez, dijo que el fiscal Galo Chiriboga ha pedido a la Corte Nacional de Justicia que se archive la denuncia de la comisión en el caso Manduriacu.

    Dentro de este pedido, los miembros de la Comisión asistirán a la Corte Nacional el próximo lunes 22 de febrero del 2016.

    La Comisión Anticorrupción presentó la denuncia hoy en Quito. En el centro Ramiro Román, Julio César Trujillo y Jorge Rodríguez. Foto: Alberto Araujo / EL COMERCIO
    La Comisión Anticorrupción presentó la denuncia hoy en Quito. En el centro Ramiro Román, Julio César Trujillo y Jorge Rodríguez. Foto: Alberto Araujo / EL COMERCIO
  • Comisión Anti Corrupción presentó denuncia por caso Manduriacu

    Sofía Ramírez y Alberto Araujo (I)

    Los representantes de la Comisión Anti Corrupción llegaron la mañana del miércoles 7 de octubre del 2015 a las dependencias de la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia por el caso Manduriacu.

    La Comisión señaló que en la construcción de la central Manduriacu hubo un presunto perjuicio de USD 102 millones contra el Estado ecuatoriano ya que el contrato para la obra se adjudicó a la brasileña Odebrecht por USD 124,8 millones pero el costo total de proyecto alcanzó los USD 227,3 millones.

    Antes de ingresar al edificio ubicado en la Patria y 12 de Octubre, el representante de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, indicó que la denuncia se presentó en la Fiscalía por la jerarquía de los funcionarios presuntamente involucrados.

    Insistió en señalar que la Fiscalía debe establecer responsabilidades respecto a las empresas o los funcionarios que habrían actuado incorrectamente para que el precio del proyecto se eleve de esa manera.

    Particularmente, la Comisión Anticorrupción ha señalado que los estudios de factibilidad realizados por Caminosca estuvieron mal o no fueron necesarios los tres contratos complementarios de Odebrecht por USD 45 millones que cambiaron los diseños y especificaciones técnicas establecidas en los primeros estudios.

    La Comisión estableció estas presuntas anomalías en base a informes de auditoría de la Contraloría General del Estado. También dijo que otros USD 57,4 millones por ajustes de obra no han sido auditados.

    En respuesta, el vicepresidente, Jorge Glas, y el Ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, indicaron en semanas pasadas que interpondrían demandas penales contra la Comisión Anticorrupción al señalar que no se puede acusar de un sobreprecio, porque en el valor final del proyecto se consideran otros rubros como la fiscalización, las obras de compensación para las comunidades, entre otras.

    Rodríguez insistió en que se debe investigar también a los fiscalizadores de la obra así como a Celec, la entidad contratante. Dijo que espera que la justicia se pronuncie de manera imparcial e indicó que esperaba que existan retaliaciones en su contra.

    La mañana del 7 de octubre del 2015, los miembros de la Comisión Anti Corrupción presentaron una denuncia en la Fiscalía por el caso Manduriacu. Foto: Paúl Rivas/ LÍDERES.
    La mañana del 7 de octubre del 2015, los miembros de la Comisión Anti Corrupción presentaron una denuncia en la Fiscalía por el caso Manduriacu. Foto: Paúl Rivas/ LÍDERES.
  • Comisión parlamentaria europea dio luz verde al acuerdo comercial de Ecuador con la UE

    Carolina Enríquez (I)

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    La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA, por sus siglas en inglés) resolvió favorablemente sobre la adhesión de Ecuador al acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea (UE), Colombia y Perú.

    La resolución fue aprobada el pasado 22 de septiembre del 2015 en Bruselas y contó con 31 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones. El anuncio lo hizo el Ministerio de Comercio Exterior la tarde de este 25 de septiembre del 2015.

    La resolución del INTA corresponde a una primera etapa legislativa en la que se reconocen los beneficios comerciales, sociales y de inversión para las partes. El texto de la resolución será elevado a conocimiento del pleno del Parlamento Europeo, «que en su momento deberá también ratificar el protocolo de adhesión de Ecuador al acuerdo comercial».

    Sin embargo, el país todavía no suscribe dicho protocolo. Para ello es necesario que acepte Colombia y Perú. Estos países todavía no lo han hecho.

    El Gobierno, en repetidas ocasiones, ha indicado que no hay retraso en el proceso y que espera -al terminar este año- haber cumplido dicha etapa.

    La negociación entre Ecuador y la UE, para sumarse al acuerdo, terminó en diciembre del 2014 con la rúbrica del mismo.

    La resolución del INTA, informó el Ministerio, «consigna los beneficios comerciales que el acuerdo significará para Ecuador y señala los importantes logros que el Gobierno ecuatoriano ha alcanzado en desarrollo social, reducción de la pobreza, inversión educativa, seguridad social y salud, entre otros».

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