Mayra Pacheco
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Entrevista a Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador desde 2017 hasta la actualidad.
¿Cuál es la postura del sector frente al nuevo pedido de consulta popular sobre el futuro de la minería en cuatro parroquias de las provincias de Imbabura y Carchi?
Luego de la postura del presidente Lenín Moreno durante el Informe a la Nación el 24 de mayo, que fue bastante clara, el sector finalmente se siente respaldado. Creemos que el Gobierno está dando señales respecto a que quiere apalancar el desarrollo del país a través del impulso a la minería industrial responsable. Hay que resaltar también el pedido que hizo el Presidente a la Corte Constitucional respecto a la consulta que hubo en el cantón Girón.
Pese a este respaldo hay iniciativas ciudadanas que pretenden frenar la minería.
Evidentemente. El nuevo pedido de consulta popular, que se tramita en la Corte, nos preocupa mucho, porque esto podría abrir la posibilidad de que se pueda llevar a cabo consultas locales en cualquier tema de interés nacional. Esto no es un tema exclusivamente minero. Lo que se discute es que comunidades locales puedan pronunciarse y detener proyectos estratégicos del sector petrolero, minero, hidroeléctrico, cuando esto es de competencia exclusiva del Gobierno central.
Luego de la consulta popular del Girón sobre minería, en marzo pasado, ya se advertía que los resultados podían generar un precedente. ¿Por qué llama ahora la atención esta nueva iniciativa?
La Corte Constitucional tiene la labor histórica de finalmente propender a que se cumpla la Ley y la Constitución. Lo que pasó con la consulta popular del Girón, en Azuay, es diferente.
¿Por qué?
El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó en el 2012 a la Corte Constitucional una pregunta sobre el futuro de la minería en Girón. Entonces, la Corte tenía 20 días para pronunciarse, pero el organismo de ese entonces no respondió. Por esto, en noviembre del 2018 el CNE dijo que al no haber sido contestado el pedido en el plazo establecido se entendía como una aprobación tácita de la Corte a la pregunta realizada. Y así se dio paso a la consulta en Girón. La Corte actual no se pronunció, porque el plazo había vencido, pero tampoco hizo un análisis sobre el fondo de la pregunta.
¿Qué expectativa tienen ahora sobre el tratamiento de esta nueva iniciativa?
Esperamos que esta Corte se pronuncie considerando que los recursos naturales son de todos los ecuatorianos y por lo tanto su manejo es competencia exclusiva del Gobierno central. Estamos conscientes de que la opinión de las comunidades es válida y fundamental para el desarrollo de un proyecto, pero esta debe manifestarse de la manera que establece la Constitución y la Ley. Y la consulta popular no es una de esas formas.
Los proponentes de la nueva iniciativa argumentan que no se ha hecho una consulta previa para el desarrollo de los proyectos mineros.
El tema de la consulta previa es bastante difuso. Se debe entender que esto nace del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual Ecuador es suscriptor. La consulta cabe donde existen comunidades ancestrales aborígenes e indígenas. No cabe en cualquier parte del territorio nacional. Además, según este convenio, la posición de las comunidades no es vinculante.
La Constitución establece también que los ciudadanos pueden impulsar consultas populares de los temas que consideren pertinentes.
Totalmente correcto, nosotros respetamos ese derecho. Pero la Constitución dice que se llevarán consultas populares locales de temas que competan exclusivamente a esa circunscripción territorial. En temas de interés nacional, porque los recursos naturales son de todos los ecuatorianos, no cabe consultar localmente si se desarrolla o no cierto proyecto.
Finalmente, esos ingresos que recibe el Estado irán al Gobierno central y ahí se decidirá a dónde van esos fondos. Pero si se frena la ejecución de estos proyectos, por una sentencia de la Corte, el Estado deberá responder a demandas internacionales, por no cumplir con los acuerdos establecidos.
¿Qué mensaje recibirían los inversionistas en el caso eventual que se concrete esta nueva iniciativa de consulta?
Que no hay seguridad jurídica, no solo en el sector minero, sino en cualquier proyecto estratégico, porque pese a la buena disposición del Gobierno para traer inversión se generarían dudas.
¿Qué han señalado los representantes de las empresas mineras respecto a este tema?
El sector y las empresas están nerviosos por lo que pueda pasar ante una eventual resolución negativa de la Corte Constitucional, pero también consideramos que este organismo se pronunciará de manera adecuada, en beneficio del país. No se está discutiendo si me gusta o no la minería, sino el cumplimiento de la norma Constitucional y de las leyes.
El prefecto de Azuay, Yaku Pérez, ha manifestado que quiere promover una consulta popular provincial para prohibir la minería. ¿Cómo ven este posible escenario?
La resolución sobre la iniciativa de consulta popular en cuatro parroquias de Carchi e Imbabura dará la pauta sobre si se puede o no realizar una consulta popular local, provincial, cantonal, en temas restrictivos del Estado.
¿Por qué no se permite que los ciudadanos de una localidad se pronuncien sobre estos temas?
En Colombia, en cuatro años, hubo más de 130 consultas populares locales sobre temas de interés nacional como proyectos mineros, petroleros. Y, finalmente, hace cinco meses, la Corte Constitucional determinó que estas iniciativas no son los mecanismos adecuados a través de los cuales la comunidad puede pronunciarse sobre temas de interés nacional. No hay que caer en el mismo error. Hay que evitar que se tergiverse la Constitución y que el Estado pierda el ingreso de recursos.
¿Qué representa la actividad minera en el país, en términos económicos?
Desde el 2017 hasta el 2021, Ecuador tendrá alrededor de USD 10 000 millones de ingresos, por inversión extranjera directa, impuestos y otros.
Se puede justificar estas iniciativas de consulta, porque para los ecuatorianos la minería industrial es relativamente nueva.
La minería no es nueva en el país, los proyectos que están por empezar la fase de producción Fruta del Norte y Mirador fueron descubiertos en 2006 y los 90, respectivamente. Esto quiere decir que las compañías, con un justo título, han venido trabajando e invirtiendo de manera permanente y no puede ser que al final, al pretender entrar ya a la etapa de explotación de minerales, se deslegitime el proceso y declare que no se va a avanzar con el mismo.
Aparte de respaldo, ¿qué más se requiere para promover esta actividad?
Creemos que existe un respaldo del Gobierno, que más allá de las palabras debe traducirse en acciones para propender a la protección de las inversiones y que los proyectos Río Blanco y Loma Larga puedan continuar su operación, emitir una regulación sobre la consulta previa en temas mineros y la reapertura del catastro serían señales muy importantes.
Hoja de vida
Cargos. Presidente de la Cámara de Minería del Ecuador desde 2017 hasta la actualidad. Es fundador y presidente de Gomine S. C. Entre 2013 y 2014 fue gerente de la Empresa Nacional Minera.
Trayectoria. Se ha desempeñado como abogado, gerente de estudios jurídicos, ha ejercido la docencia. Tiene experiencia en la empresa privada y pública. Y, en consultoría de empresas dedicadas a los recursos naturales.
Formación. Es doctor en Jurisprudencia, tiene masterados y posgrados en Derecho Internacional y Negocios, en Ciencias Financieras, en Derecho Internacional Privado, Curso de Negociación y otros.
