Redacción Quito (I)
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Esteban Ortiz Mena, intendente de Compañías de Quito, explica cómo las Normas ecuatorianas de Buen Gobierno Corporativo apuntalan el desempeño empresarial, minimizan el riesgo para el inversionista y pueden contribuir a evitar actos de corrupción
El mercado de valores está en el ojo de las críticas, porque a raíz de inversiones efectuadas por Isspol se habla de estafas, inversiones sin respaldo y hasta operaciones ilegales. ¿Qué lectura se puede hacer sobre este momento del mercado bursátil?
Es un momento delicado. Sin embargo, son hechos puntuales que se deben aclarar y no se puede estigmatizar al sector bursátil. El mercado de valores es esencial en la economía de los países y es un aliado fundamental de los inversionistas de buena fe, que lo utilizan para fines adecuados. Es un pilar más del mercado de capitales y, como tal, debe ser desarrollado.
Agentes económicos creen que ante esta situación se deben impulsar reformas en el mercado de valores. ¿Qué reformas debieran aplicarse?
Sin duda. Es sumamente necesario. Como Superintendencia planteamos y entregamos a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en noviembre del 2018, un proyecto de Ley de Fortalecimiento al Mercado de Valores que, lamentablemente, no ha tenido impulso. No sabemos qué pasó; sin embargo el proyecto está ahí y se lo puede retomar para beneficio del mercado de valores.
Un aspecto que surge por este caso es la necesidad de promover la transparencia corporativa. Ese principio se recoge en las recientemente aprobadas Normas de Buen Gobierno Corporativo. ¿Cómo llevarlas a la práctica?
Entre varios aspectos, las normas de gobierno corporativo, elaboradas por un equipo técnico de la Superintendencia de Compañías, determinan que la transparencia es un pilar de un adecuado régimen de conducción y monitoreo empresarial. La intención de las normas es empoderar a los socios o accionistas para que estos, sobre la base de toda la información relevante a la que tuvieren acceso, puedan tomar decisiones informadas.
¿Cómo estas normas permiten dar seguridad al inversionista y al empresario?
Las normas buscan establecer un adecuado sistema de control y dirección de las compañías a través de la profesionalización de la administración. El corazón del gobierno corporativo está en los administradores. En este contexto, entre otras cosas, las normas reconocen los deberes fiduciarios de lealtad y debida diligencia de los administradores. Estos deberes responden a estándares internacionales que buscan asegurar que ellos desempeñen, de manera diligente y de buena fe, sus funciones en el mejor interés de la compañía, para asegurar su perdurabilidad operacional. La transparencia juega un papel fundamental para estos fines.
Las normas permiten al sector empresarial trabajar, autorregularse y prepararse para evitar que ciertas malas prácticas se susciten. ¿Cuáles malas prácticas se corrigen?
Las normas tienen dos objetivos esenciales. Mitigar los problemas de agencia que existen en el ámbito societario del Ecuador, y combatir prácticas de corrupción empresarial. Considerando el patrón de concentración de capital, propio del sistema societario ecuatoriano e iberoamericano, las normas buscan mitigar los problemas de agencia que existen entre los asociados controladores y los no controladores; y entre los socios con la administración. Para resumir, existe un problema de agencia cuando el bienestar y la propiedad de una persona dependen de actuaciones de terceros. En ese contexto, el derecho societario debe asegurarse que los agentes, que tienen gran influencia sobre el bienestar de terceros actúen en procura de los intereses de sus principales, en lugar de buscar su propio beneficio. Las normas buscan reducir tanto el riesgo de expropiación de los accionistas minoritarios por una mayoría abusiva, así como el riesgo de abuso de los administradores sociales, quienes podrían verse abocados a abusar de los recursos sociales en su provecho.
¿El segundo objetivo?
Es algo inédito entre los códigos de gobierno corporativo contemporáneos: es el establecimiento de medidas para combatir la corrupción empresarial. Estas normas buscan asistir a las compañías a establecer estructuras de ‘compliance’ corporativo, que les permita identificar prácticas indebidas y aplicar controles para evitarlas; además de adoptar medidas para mitigar o remediar eventuales daños que se deriven de actos indebidos. En este contexto, la implementación de los programas de integridad resultará positivo para lograr este objetivo.
¿Por qué las normas que dan más seguridad a inversionistas y empresarios son de cumplimiento voluntario?
En una primera fase, las normas son de cumplimiento voluntario. La voluntariedad, en el ámbito del gobierno corporativo, es tendencia internacional. Por ejemplo, el Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido se fundamenta en el principio ‘comply or explain’, en virtud del cual las compañías listadas tienen la opción de cumplir sus disposiciones o explicar los motivos por los cuales se apartan de ellas. En el caso ecuatoriano, la principal consideración para determinar el carácter voluntario fue la imposibilidad de estandarización de la regulación en esta materia, frente a la gran variedad de realidades operacionales de las compañías. No se podría medir a todas las sociedades mercantiles con una misma vara. En todo caso, cabe señalar que si uno, algunos o todos los lineamientos de gobierno corporativo son incluidos en el estatuto social de una compañía, estos devendrán en obligatorios.
¿Cómo cuajar estas normas en un entorno empresarial en el cual una buena parte de empresas son familiares?
Las normas tienen un capítulo que se refiere al gobierno familiar. Las prácticas de gobierno corporativo podrían ser canalizadas en las pequeñas empresas a través de un protocolo familiar, que podrá comprender los derechos de acceso a la información contable de los miembros de la familia, planes de sucesión, eventuales programas de pensiones para familiares que se retiren del negocio… Este capítulo busca establecer estándares que regulen la relación familia-compañía, bajo una vocación de continuidad empresarial.
Hoja de vida
Su formación. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), con estudios de posgrado realizados en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) y en la Universidad de Salamanca.
Su experiencia. Es abogado especializado en asuntos corporativos y en particular; experto en derecho societario, derecho concursal y gobierno corporativo. También se desempeñó como profesor universitario de derecho mercantil.
Sus funciones. Actualmente, ocupa el cargo de Intendente de Compañías de Quito.
