Avianca Holdings SA recibió la aprobación por parte del Tribunal de Bancarrotas de EE.UU. en el Distrito Sur de Nueva York, para la restructuración del financiamiento bajo la figura de Deudor en Posesión (DIP) por USD 2 000 millones.
Según el chief Financial Officer de Avianca, Adrian Neuhauser, la aprobación del paquete de financiamiento DIP es un hito significativo y un importante paso hacia adelante para la compañía. “Continuamos enfocados en nuestro plan de avance operativo, para emerger de este proceso como una aerolínea más fuerte y eficiente. Seguiremos avanzando en el proceso de Capítulo 11, con miras a presentar nuestro plan de reestructuración a la Corte en EE.UU., en el mediano plazo”.
El financiamiento del DIP incluye aproximadamente USD 1 217 millones de recursos frescos, distribuidos en 881 millones en el Tramo A y de 336 millones en el Tramo B.
El 28 de agosto de 2020, como parte de la sindicación del Tramo A del DIP, Avianca celebró un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (Restructuring Support Agreement, o “RSA”) con un Grupo Ad Hoc de tenedores que representan la mayoría de los bonos senior de Avianca garantizados con vencimiento al 2023.
Estos últimos proporcionarán USD 290 millones de recursos frescos y refinanciarán, en el Tramo A, USD 220 millones de sus bonos pre-existentes.
Avianca es la marca comercial para el grupo de aerolíneas de pasajeros y aerolíneas de carga bajo el holding Avianca Holdings. Hasta diciembre de 2019 tenía una flota de 158 aviones y operaba a 76 destinos en 27 países dentro de América y Europa. En 2019 tuvo más de 21 000 empleados. Tuvo ingresos por USD 4 600 millones y transportó 30,5 millones de pasajeros.
Anko van der Werff, presidente y CEO de Avianca Holdings, agrega que con la aprobación de la Corte de los EE.UU. del financiamiento DIP, “Avianca aumenta su liquidez financiera, otorgando respaldo a nuestras operaciones mientras continuamos volando y sirviendo a nuestros clientes”.
Él agrega que con el comienzo del levantamiento de las restricciones por covid-19 han reanudado los vuelos de pasajeros a 21 ciudades en Colombia y 14 destinos internacionales.
Aviones de Avianca permanecen en el aeropuerto de Bogotá, Colombia. Foto: Reuters
Entrevista a Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador desde 2017 hasta la actualidad.
¿Cuál es la postura del sector frente al nuevo pedido de consulta popular sobre el futuro de la minería en cuatro parroquias de las provincias de Imbabura y Carchi?
Luego de la postura del presidente Lenín Moreno durante el Informe a la Nación el 24 de mayo, que fue bastante clara, el sector finalmente se siente respaldado. Creemos que el Gobierno está dando señales respecto a que quiere apalancar el desarrollo del país a través del impulso a la minería industrial responsable. Hay que resaltar también el pedido que hizo el Presidente a la Corte Constitucional respecto a la consulta que hubo en el cantón Girón.
Pese a este respaldo hay iniciativas ciudadanas que pretenden frenar la minería.
Evidentemente. El nuevo pedido de consulta popular, que se tramita en la Corte, nos preocupa mucho, porque esto podría abrir la posibilidad de que se pueda llevar a cabo consultas locales en cualquier tema de interés nacional. Esto no es un tema exclusivamente minero. Lo que se discute es que comunidades locales puedan pronunciarse y detener proyectos estratégicos del sector petrolero, minero, hidroeléctrico, cuando esto es de competencia exclusiva del Gobierno central.
Luego de la consulta popular del Girón sobre minería, en marzo pasado, ya se advertía que los resultados podían generar un precedente. ¿Por qué llama ahora la atención esta nueva iniciativa?
La Corte Constitucional tiene la labor histórica de finalmente propender a que se cumpla la Ley y la Constitución. Lo que pasó con la consulta popular del Girón, en Azuay, es diferente.
¿Por qué?
El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó en el 2012 a la Corte Constitucional una pregunta sobre el futuro de la minería en Girón. Entonces, la Corte tenía 20 días para pronunciarse, pero el organismo de ese entonces no respondió. Por esto, en noviembre del 2018 el CNE dijo que al no haber sido contestado el pedido en el plazo establecido se entendía como una aprobación tácita de la Corte a la pregunta realizada. Y así se dio paso a la consulta en Girón. La Corte actual no se pronunció, porque el plazo había vencido, pero tampoco hizo un análisis sobre el fondo de la pregunta.
¿Qué expectativa tienen ahora sobre el tratamiento de esta nueva iniciativa?
Esperamos que esta Corte se pronuncie considerando que los recursos naturales son de todos los ecuatorianos y por lo tanto su manejo es competencia exclusiva del Gobierno central. Estamos conscientes de que la opinión de las comunidades es válida y fundamental para el desarrollo de un proyecto, pero esta debe manifestarse de la manera que establece la Constitución y la Ley. Y la consulta popular no es una de esas formas.
Los proponentes de la nueva iniciativa argumentan que no se ha hecho una consulta previa para el desarrollo de los proyectos mineros.
El tema de la consulta previa es bastante difuso. Se debe entender que esto nace del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual Ecuador es suscriptor. La consulta cabe donde existen comunidades ancestrales aborígenes e indígenas. No cabe en cualquier parte del territorio nacional. Además, según este convenio, la posición de las comunidades no es vinculante.
La Constitución establece también que los ciudadanos pueden impulsar consultas populares de los temas que consideren pertinentes.
Totalmente correcto, nosotros respetamos ese derecho. Pero la Constitución dice que se llevarán consultas populares locales de temas que competan exclusivamente a esa circunscripción territorial. En temas de interés nacional, porque los recursos naturales son de todos los ecuatorianos, no cabe consultar localmente si se desarrolla o no cierto proyecto.
Finalmente, esos ingresos que recibe el Estado irán al Gobierno central y ahí se decidirá a dónde van esos fondos. Pero si se frena la ejecución de estos proyectos, por una sentencia de la Corte, el Estado deberá responder a demandas internacionales, por no cumplir con los acuerdos establecidos.
¿Qué mensaje recibirían los inversionistas en el caso eventual que se concrete esta nueva iniciativa de consulta?
Que no hay seguridad jurídica, no solo en el sector minero, sino en cualquier proyecto estratégico, porque pese a la buena disposición del Gobierno para traer inversión se generarían dudas.
¿Qué han señalado los representantes de las empresas mineras respecto a este tema?
El sector y las empresas están nerviosos por lo que pueda pasar ante una eventual resolución negativa de la Corte Constitucional, pero también consideramos que este organismo se pronunciará de manera adecuada, en beneficio del país. No se está discutiendo si me gusta o no la minería, sino el cumplimiento de la norma Constitucional y de las leyes.
El prefecto de Azuay, Yaku Pérez, ha manifestado que quiere promover una consulta popular provincial para prohibir la minería. ¿Cómo ven este posible escenario?
La resolución sobre la iniciativa de consulta popular en cuatro parroquias de Carchi e Imbabura dará la pauta sobre si se puede o no realizar una consulta popular local, provincial, cantonal, en temas restrictivos del Estado.
¿Por qué no se permite que los ciudadanos de una localidad se pronuncien sobre estos temas?
En Colombia, en cuatro años, hubo más de 130 consultas populares locales sobre temas de interés nacional como proyectos mineros, petroleros. Y, finalmente, hace cinco meses, la Corte Constitucional determinó que estas iniciativas no son los mecanismos adecuados a través de los cuales la comunidad puede pronunciarse sobre temas de interés nacional. No hay que caer en el mismo error. Hay que evitar que se tergiverse la Constitución y que el Estado pierda el ingreso de recursos.
¿Qué representa la actividad minera en el país, en términos económicos?
Desde el 2017 hasta el 2021, Ecuador tendrá alrededor de USD 10 000 millones de ingresos, por inversión extranjera directa, impuestos y otros.
Se puede justificar estas iniciativas de consulta, porque para los ecuatorianos la minería industrial es relativamente nueva.
La minería no es nueva en el país, los proyectos que están por empezar la fase de producción Fruta del Norte y Mirador fueron descubiertos en 2006 y los 90, respectivamente. Esto quiere decir que las compañías, con un justo título, han venido trabajando e invirtiendo de manera permanente y no puede ser que al final, al pretender entrar ya a la etapa de explotación de minerales, se deslegitime el proceso y declare que no se va a avanzar con el mismo.
Aparte de respaldo, ¿qué más se requiere para promover esta actividad?
Creemos que existe un respaldo del Gobierno, que más allá de las palabras debe traducirse en acciones para propender a la protección de las inversiones y que los proyectos Río Blanco y Loma Larga puedan continuar su operación, emitir una regulación sobre la consulta previa en temas mineros y la reapertura del catastro serían señales muy importantes.
Hoja de vida Cargos. Presidente de la Cámara de Minería del Ecuador desde 2017 hasta la actualidad. Es fundador y presidente de Gomine S. C. Entre 2013 y 2014 fue gerente de la Empresa Nacional Minera.
Trayectoria. Se ha desempeñado como abogado, gerente de estudios jurídicos, ha ejercido la docencia. Tiene experiencia en la empresa privada y pública. Y, en consultoría de empresas dedicadas a los recursos naturales.
Formación. Es doctor en Jurisprudencia, tiene masterados y posgrados en Derecho Internacional y Negocios, en Ciencias Financieras, en Derecho Internacional Privado, Curso de Negociación y otros.
La Sala Especializada de los Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia calificó, este jueves 8 de febrero del 2018, la demanda de acción de impugnación de la tasa de servicio de control aduanero interpuesta el pasado viernes (2 de febrero) por la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) y la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador.
En el acta de juicio, el organismo señala que la demanda es “clara y completa”, fue presentada oportunamente y reúne los requisitos previstos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).
Por esta razón, la Corte la acepta a trámite y “se dispone sustanciarla en juicio ordinario”.
Conforme con el COGEP, se citará al director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), Mauro Andino, y al procurador general del Estado, Rafael Parreño Navas, para que contesten la demanda en un lapso de 30 días hábiles. Se analizarán las pruebas presentadas.
Gabriela Uquillas, asesora aduanera de la CCG, asegura que se espera un pronunciamiento formal de la Corte para finales del mes de mayo.
Si el fallo favorece a la CCG, la tasa aduanera –vigente desde el 13 de noviembre del 2017– quedará sin efecto y Aduana estará en la obligación de devolver el dinero a los importadores.
Si ocurre lo contrario, se ratificaría la legalidad de la resolución aduanera.
No obstante, Uquillas afirmó que en ese caso evaluarán el fallo y estudiarán interponer un recurso legal de otra naturaleza.
La tasa aduanera está vigente desde el 13 de noviembre del 2017. Foto: Archivo / LÍDERES
La Corte Provincial de Justicia de Guayas ratificó, hoy 24 de enero del 2017, la decisión de que la marca de cerveza Club no se venda. Cervecería Nacional (AB InBev) es la propietaria de la marca, que tiene el 1,5% del mercado.
La marca está en el centro de una suerte de disputa que arrancó en mayo del 2016 y subió de escala en noviembre pasado. En mayo, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) fijó 11 condiciones con fin de mejorar el mercado cervecero, liderado por Cervecería Nacional. Entre las condiciones estaban la venta de una planta de producción de Guayaquil y de las marcas como Zenda, Biela, Dorada y Maltín. En estas condiciones no se incluyó a la marca Club.
Luego, en noviembre del año pasado, la SCPM expidió una resolución en la que dispuso -de oficio y de manera adicional- la desinversión obligatoria de la marca Club a fin de mejorar las condiciones para el ingreso de un nuevo competidor. El organismo argumentó que se tomó esta decisión, con el afán de que un nuevo competidor ingrese al país con todos los elementos para generar la presión competitiva necesaria, con miras a prevenir prácticas contrarias a la competencia y beneficiando al consumidor.
El 2 de diciembre del 2016, el juez José Luis Tapia Franco, de la Unidad Judicial de lo Civil de Guayaquil, declaró nula la orden de la autoridad antimonopolio, en la que ordenaba de manera obligatoria la venta de la marca Club, como parte de las 11 condiciones que se debía cumplir para dar el aval a la fusión entre AB InBev y SABMiller en el país.
Ahora, tas el fallo de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la SCPM podría presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.
La marca está en el centro de una suerte de disputa que arrancó en mayo del 2016 y subió de escala en noviembre pasado. Foto: LÍDERES
La emblemática cadena de grandes almacenes española El Corte Inglés ha dado entrada en su accionariado a Catar buscando un nuevo impulso tras unos años muy difíciles. Se trata de una revolución para este grupo familiar fundado en Madrid en 1935, que no cotiza en bolsa y sigue controlado por la familia fundadora.
El grupo anunció en la noche del lunes 13 de julio del 2015, que un antiguo primer ministro de ese rico emirato del Golfo ha comprado un 10% de su capital. La operación, valorada en 1 000 millones de euros, se llevará a cabo a lo largo de tres años y el jeque Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani tendrá un puesto en el consejo de admnistración de El Corte Inglés, convirtiéndose en su único miembro no español.
«El nuevo accionista nos va a acompañar en nuestro crecimiento y expansión en un ambiente de cooperación», explicó Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés, en un comunicado.
El Corte Inglés se considera la primera gran cadena de grandes almacenes europea, con 88 centros a finales de 2014, pese a que solo está presente en España y en Portugal, en las ciudades de Lisboa y Oporto. «En España cuentan con una imagen de marca muy fuerte, todo el mundo conoce El Corte Inglés, y se habla de si no lo tienen en El Corte Inglés, no lo hay en ningún sitio», comenta Ángel Pérez, analista de Renta 4.
Dirección conservadora
Durante mucho tiempo bastó con esta imagen, ya que el grupo basó su crecimiento en el mercado nacional hasta el punto que diversificó su actividad con supermercados, Hipercor, o una marca de ropa, Sfera, presente en Perú, Chile, México, Grecia, Filipinas, Portugal o, incluso, Arabia Saudí. También tiene ópticas (Optica 2000), una marca de bricolaje (Bricor) o una importante agencia de viajes.
Su falta de presencia en el exterior se explica por el hecho de que «la dirección tiene un perfil un poco conservador», explica Pérez. El Corte Inglés está dirigido desde septiembre de 2014 por Dimas Gimeno, que sucedió a su tío Isidoro Álvarez, muerto a los 79 años, de los que pasó 25 al frente a la cadena de grandes almacenes.
La familia no solo controla el grupo sino también su capital. Su primer accionista es la Fundación Ramón Areces, nombre del segundo presidente muerto en 1989. El porcentaje de su participación no se conoce oficialmente, pero ronda el 35% del capital, según la prensa.
Dimas Gimeno y las hijas de Isidoro Álvarez, Marta y Cristina, también detentan una parte del capital. Pero, la profunda crisis económica que golpeó España entre 2009 y 2013, hundiendo el consumo, llevó al grupo revisar su estrategia. Tuvo que bajar un 20% los precios de 5 000 de sus productos en 2012, refinanció la pesada deuda de 3 800 millones de euros y vendió una parte mayoritaria de sus actividades financieras al banco Santander al año siguiente, lo que permitió volver a ver subir sus beneficios.
Internacionalización
La llegada de este inversor catarí le permitirá desarrollarse fuera de España, considera Tomás Guerrero, de la escuela de negocios Esade: «la entrada del inversor agilizará una internacionalización de la compañía».
«La vocación de internacionalización ha sido desde hace mucho tiempo (…) pero, en este tiempo no ha habido ningún plan concreto», afirmó una portavoz del grupo. Para los analistas de Bankinter, este paso podría suponer incluso la antesala de una entrada en bolsa, tal vez en 2016. «Después de reestructurar su elevada deuda parece que era la evolución lógica para consolidar su crecimiento», afirman en una nota.
La cadena de supermercados El Corte Inglés ha vendido parte de su paquete accionario a Catar. Foto: Pixabay.com
Una corte de apelaciones de Nueva York confirmó hoy un fallo contra Apple que encontró culpable a la empresa de conspirar con varias editoriales para subir el precio de los libros electrónicos en violación de las leyes antimonopolio.
Por dos votos a favor y uno en contra, la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Manhattan puso fin a tres años de litigios al confirmar la sentencia en primera estancia de la juez federal Denise Cote en 2013. «Hemos concluido que la juez de distrito decidió correctamente que Apple orquestó una conspiración con varias editoriales para subir el precio de los libros electrónicos», escribió la jueza Debra Ann Livingston en la sentencia.
La empresa ya llegó a un acuerdo extrajudicial el año pasado para poner fin a la demanda civil presentada por consumidores y varios estados y hoy se conoció que Apple deberá pagar una multa de unos USD 450 millones.
Una vez conocida la decisión de la corte de apelaciones, ahora la empresa californiana tiene la posibilidad de trasladar el caso a la Corte Suprema, entre otras opciones legales. «No conspiramos para fijar el precio de los libros electrónicos (…) Sabemos que no hicimos nada malo en 2010 y estamos sopesando los siguientes pasos», dijo un portavoz de la empresa a la revista Fortune.
El fallo supone una nueva victoria para Amazon, que arrasaba en el mercado con sus libros electrónicos a USD 9,99 y que vio cómo el precio de algunos ciberlibros llegó a subir a USD 14,99 con la entrada del gigante tecnológico en el sector.
La demanda, presentada en 2012 por el Departamento de Justicia, acusó a Apple y a varias editoriales de provocar con su supuesta conspiración que los consumidores pagasen «decenas de millones de dólares más» por sus libros electrónicos.
Las editoriales empezaron a decidir el precio de los libros electrónicos y se confabularon para subir el importe, con lo que impidieron que Amazon pudiera seguir vendiendo sus «gangas» a USD 9,99, según el Departamento de Justicia.
La tienda por Internet puso en marcha esa táctica en 2007 para atraer consumidores a su lector Kindle y gracias a ella se convirtió en líder indiscutible del mercado, pero las editoriales temieron que provocara también una caída en los precios de las obras impresas.
Ante la salida al mercado del iPad en 2010 y su tienda de libros electrónicos iBookstore, las editoriales «se unieron con Apple, que compartía el mismo objetivo de limitar la competencia en la comercialización de libros electrónicos».
El pacto surtió el efecto deseado ya que los éxitos de ventas pasaron de venderse en su edición digital a USD 9,99 dólares a entre 12,99 y 16,99, lo que provocó que la cuota de mercado de Amazon bajase notablemente.
La alianza de Apple con las casas editoras hizo que mercado de Amazon bajase notablemente, junto con su lector Kindle. Foto: AFP
La plataforma de películas y series por internet Netflix sufrió hoy un ‘apagón’ que dejó sin servicio durante aproximadamente una hora a la mayoría de sus clientes en el continente americano y, en menor medida, en Europa, indicó la compañía.
«Un corte en el servicio afectó a la mayoría de aparatos suscritos a Netflix en América del Norte y América de Sur, con menores efectos en Europa. El servicio se recuperó a la mayoría de miembros de Netflix en una hora», explicó la compañía californiana en un comunicado.
El ‘apagón’ de Netflix se produjo a las 23:40 GMT del martes y la empresa aseguró que sus ingenieros están ‘nvestigando’ qué fue lo que lo causó. Netflix ha experimentado un gran crecimiento durante los últimos años, y sólo en 2014 sumó trece millones de abonados que le situaron con una cartera total de suscriptores en todo el mundo de 57,4 millones.
Creada por Reed Hastings y Marc Randolph en 1997 como una plataforma de vídeo a través de internet y por correo postal, proporciona al suscriptor las producciones cinematográficas y televisivas y también produce sus propios contenidos audiovisuales, con los que ha logrado grandes éxitos, como las series ‘Orange is the New Black’ y ‘House of Cards’.
Netflix sufrió un ‘apagón’ que dejó sin servicio durante aproximadamente una hora a la mayoría de sus clientes. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
