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  • Ecuador respaldará decisión de OPEP para mantener los recortes de crudo

    Agencia EFE

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    El ministro ecuatoriano de Hidrocarburos, Carlos Pérez, aseguró hoy 16 de noviembre que su país respaldará la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de mantener los recortes en la producción del crudo.

    En una rueda de prensa, informó de que Ecuador continúa «apoyando los planteamientos» de la OPEP y aseguró que en la cita de ministros de la organización a la que asistirá a fin de mes, se va a «respaldar lo que la OPEP decida».

    «El planteamiento de la OPEP continúa siendo mantener las restricciones de la producción para que el suministro esté dentro de números razonables, de tal manera que mejore el precio del petróleo», recordó.

    El ministro reconoció que el porcentaje de reducción de la cuota establecida para Ecuador (25.650 barriles) oscila entre el 60 y el 70 por ciento y señaló que, con respecto a los ingresos para la nación, el recorte de la producción se ha compensado con la subida del precio del crudo en el mercado internacional.

    «Las medidas que ha tomado la OPEP sí nos han beneficiado como país», aseguró el funcionario, al expresar su esperanza de que el precio del petróleo mantenga una tendencia al alza.

    Por otra parte, en un informe sobre el avance de su sector indicó que empresas estadounidenses, chinas, rusas e inglesas han mostrado interés en la Refinería del Pacífico, proyecto insignia del anterior gobierno ecuatoriano, en el que se han hecho millonarias inversiones y que no termina de arrancar.

    Aunque no mencionó nombres, aseguró que se trata de empresas «serias» y recalcó que el país no busca financistas para esa refinería sino inversionistas.

    Al referirse a la deuda con la empresa francesa Schlumberger, indicó que este mes, Ecuador pagará en efectivo y en papeles, los 300 millones de dólares pendientes.

    En julio pasado, el Gobierno ecuatoriano alcanzó un acuerdo para la reestructuración de una deuda que entonces tenía pendiente por 850 millones de dólares con la petrolera francesa.
    Tras el acuerdo alcanzado, hasta la fecha, la empresa pública Petroamazonas EP ha pagado 550 millones de dólares de valor pendiente con la compañía, lo que representa el 64,70 % del monto total adeudado, según el Ministerio.

    De acuerdo con esa institución, los pagos realizados fueron 150 millones de dólares en efectivo, 100 millones en Títulos del Banco Central (TBC) y 300 millones mediante un Acuerdo de Reconocimiento de Bonos (ARD) a través de la emisión de bonos.

    En otro tema, Pérez dijo que se mantiene la negociación en busca de mejores alternativas para los actuales contratos de preventa petrolera con Petrochina, Unipec y Petrotailandia.

    En torno a la Refinería de Esmeraldas, la principal del país, indicó que se planifica una paralización total, que durará un mes, en marzo de 2018, para intervenir una de sus unidades.
    El petróleo es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y una de sus bases para la financiación del presupuesto estatal del país andino.

    Con base en datos de empresas internacionales, Pérez indicó que al momento, las reservas certificadas del país ascienden a 4.893 millones de barriles.

    Aseguró que en esa cifra está incluido el proyecto Ishpingo – Tambococha – Tiputini (ITT), con alrededor de 1,7 millones de barriles de reservas.

    Reiteró que los cálculos de producción para este año se mantiene en 509.000 barriles diarios en promedio y adelantó que en diciembre se arrancará con la perforación en el campo Tambococha, en la Amazonía ecuatoriana.

    El ministro ecuatoriano de Hidrocarburos, Carlos Pérez, en rueda de prensa. Foto: Flickr
    El ministro ecuatoriano de Hidrocarburos, Carlos Pérez, en rueda de prensa. Foto: Flickr
  • Tsipras traslada al pueblo la decisión sobre si acepta la oferta del rescate

    Agencia EFE

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    El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha trasladado finalmente al pueblo la decisión de si debe o no aceptar las medidas propuestas por los acreedores a cambio del rescate, al convocar un referéndum cuyo resultado se perfila incierto ante la cada vez más palpable asfixia económica.

    Mientras el Parlamento debatía hoy, 27 de junio del 2015, en sesión extraordinaria la solicitud del Gobierno de celebrar un referendo, un trámite formal dado que los dos partidos de la coalición cuentan con una confortable mayoría, la mirada estaba puesta en el Eurogrupo de Bruselas.

    Allí los ministros de Finanzas de la eurozona decidieron rechazar la prórroga por «unos días» del rescate solicitada por Tsipras para dar al pueblo la posibilidad de votar «sin presiones» el domingo 5 de julio y excluyeron al ministro griego de Finanzas, Yanis Varufakis, de una segunda reunión para analizar las consecuencias.

    Con ello, Grecia terminará el mes, salvo cambios de último minuto, sin derecho a recibir los 7 200 millones de euros que quedaban pendientes del rescate y ante la incógnita de si el Banco Central Europeo (BCE) al menos seguirá ofreciendo créditos de emergencia a los bancos griegos.

    Nada más anunciar Tsipras pasada la medianoche la decisión de convocar el referendo, se empezaron a formar pequeñas filas ante los cajeros automáticos de los bancos.
    Hasta el momento no han alcanzado magnitudes similares a las vividas en Chipre hace dos años cuando, en el fragor de las negociaciones entre Nicosia y los acreedores que precedieron al rescate bancario y a la instalación de un corralito, hubo una avalancha sobre los cajeros automáticos.

    No obstante, la primera sensación en la calle era que mucha gente tenía sobre todo miedo a no poder acceder ya a fondos, en unas fechas donde se plantea el cobro de salarios y pensiones y el pago de facturas.

    La decisión de Tsipras de convocar un referendo, anunciada tras un Consejo de Ministros de urgencia, había tomado por sorpresa a todo el mundo, dentro y fuera del país, pues constituye un giro de 180 grados frente a lo que el primer ministro había asegurado hace tan solo dos semanas.

    En una intervención en el Parlamento entones, Tsipras afirmó que no trasladaría a la población la decisión de tomar «medidas difíciles», bien fuera para aceptar el acuerdo como para rechazarlo. Al comienzo de las negociaciones en febrero todavía había mantenido abierta esta opción.

    En su intervención televisada esta madrugada, el líder izquierdista no explicó este cambio de opinión y se limitó a señalar que Grecia debía responder con «la voluntad del pueblo» al «ultimátum» de los acreedores.

    El ex primer ministro conservador y principal líder de oposición, Andonis Samarás, aseguró que Tsipras está llevando el país a un «callejón sin salida» con esta decisión y le reprochó estar aislando a Grecia de la Unión Europea. «Tsipras está llevando hoy al pueblo griego hacia un referéndum con la pregunta final de decir sí o no a estar dentro de Europa, y propone la ruptura con todos nuestros socios y la salida del euro», dijo Samarás.

    El ministro de Estado, Alekos Flaburaris, reaccionó con indignación ante estas insinuaciones y aseguró que en ningún caso esa era la cuestión, sino que el referendo es una etapa «dentro de la negociación».

    Mientras, desde Bruselas el viento soplaba en contra y los ministros de la Eurozona se mostraron en contra de otorgarle a Grecia la prórroga solicitada y calificaron el paso dado por Atenas como una «ruptura» de las negociaciones.

    Grecia había rechazado esta propuesta con el argumento de que las medidas vinculadas a ella habrían profundizado aun más la recesión.

    El primer ministro griego, Alexis Tsipras, llamó a consulta popular a Grecia tras el ultimátum de la Eurozona. Foto: AFP
    El primer ministro griego, Alexis Tsipras, llamó a consulta popular a Grecia para que decida si se acatan las medidas solicitadas por la Eurozona. Foto: AFP
  • Eddy Troya: ‘En el aumento del salario se corre el riesgo de una decisión populista’

    Carolina Enríquez /Redacción Quito

    Al Consejo Nacional de Salarios le quedan 21 días para definir en qué porcentaje se incrementará el sueldo básico unificado (SBU) del 2013. Si no lo hace será el Ministerio de Relaciones Laborales, como en los últimos 7 años, el que determine el alza.

    Esta ocasión, sin embargo, tiene una particularidad: se definirá el sueldo para un año electoral. Esto ha despertado incertidumbres en los representantes de entidades de recursos humanos, entre los que está Eddy Troya, Director de Gestión del Talento Humano de Fundecom. Este sector teme que el alza no se defina técnicamente sino, más bien, de forma populista.

    ¿Cabe la posibilidad de que el tema electoral pese en la definición del nuevo salario básico?

    Es posible que sí. Sobre todo, si en el juego de las ofertas de los candidatos entra este elemento. Tuvimos la experiencia de lo que pasó con el Bono de Desarrollo Humano, que fue manejado con un criterio de demostración de fuerza de los actores políticos. Sería irresponsable si se maneja esto políticamente.

    ¿Por qué?

    Porque impactaría directamente en las empresas, que enfrentarían un peso mayor en el costo de producción. Si hay un alza populista algunas firmas podrían asumir esta situación, pero otras no. Ahí es cuando se genera inestabilidad laboral, incremento del desempleo y contracción de la economía.

    ¿Se ha producido algo así anteriormente?

    Justamente antes de la dolarización, la definición salarial estaba marcada por componentes de orden político. Eso estaba unido a la inestabilidad, particularmente económica, que se vivía a fines del siglo pasado. De ahí que se debían hacer ajustes salariales de forma semestral (en julio de 1999, año de la crisis financiera, se incrementó la llamada ‘bonificación complementaria’, que era un monto extra sobre el sueldo. Eso permitió un alza del ingreso en 15%).

    ¿Ayudaba esto al trabajador?

    El aumento no servía de mucho, porque al haber una inflación que crecía aceleradamente siempre había un desfase. Se aumentaba el sueldo pero a la par subían los precios y eso se comía todo el dinero que se ganaba. Si antes del alza faltaban recursos, cuando se incrementaban los costos faltaban mucho más.

    ¿Qué pasó al llegar la nueva moneda?

    Se generó estabilidad y conforme pasó el tiempo en la definición del salario básico se fueron incluyendo elementos de carácter más técnico.

    ¿Considera que el proceso es técnico cuando empleadores y trabajadores hacen propuestas en defensa de cada uno de sus sectores y es el Gobierno el que toma la decisión final?

    Me refiero a que se toman en cuenta ciertos aspectos de orden técnico como, por ejemplo, la productividad. Sin embargo, el proceso de negociación no ha cambiado. Cada parte hace planteamientos totalmente opuestos. Por un lado está la demanda excesiva y por otro la propuesta más baja, por lo que es el Estado el que termina dirimiendo. Este modelo de revisión salarial no debería seguirse aplicando, sino que el proceso debería ser mucho más profundo.

    ¿A qué se refiere con ello?

    En primer lugar a que el diálogo de la comisión tripartita del Conades (Gobierno, empleadores y trabajadores) sea permanente. A ello se debe sumar la participación y aportes técnicos de entes autónomos que conozcan del tema salarial y el de recursos humanos. Las organizaciones de este tipo tienen la capacidad de conjugar la posición de patronos y empleados, así como de hacer planteamiento técnicos.

    Nada de esto se produce. ¿Qué efectos ha traído para el país los incrementos salariales, tal cual se han definido durante los últimos años?

    Los incrementos, sea cual sea la forma en la que se definieron, han traído dos efectos. Por un lado, crecimiento del poder de compra de la clase media y reducción de los niveles de pobreza, lo cual es bueno. Sin embargo, del otro lado, las compañías han tenido que enfrentar el impacto y perder márgenes de rentabilidad para pagar el salario y todo lo demás que establece la ley, como décimos, afiliación, etc.

    ¿Qué han hecho las empresas ante esto?

    Han llevado a cabo tres acciones: optimización de costos, control de gastos y, en algunos casos, reducción de personal ajustando procesos operativos. Ciertas empresas, además, han trasladado al consumidor el impacto de las últimas alzas salariales. Pese a esto la situación no ha sido crítica, porque los empresarios han trabajado en mejorar su productividad.

    Si la situación está bien, ¿es posible llegar a alzas como las que proponen los trabajadores (que alcancen el costo de la canasta)?

    Eso sería una medida populista. Aunque en el país existen empresas que ya pagan a todos sus trabajadores más del salario básico e incluso ya llegan al costo de la canasta básica. Son los megaempleadores.

    ¿Qué porcentaje de las firmas en Ecuador?

    Debe ser el 35% de las existentes. Sin embargo, un incremento exagerado impactaría en las finanzas de un 65% restante de negocios y se correría el riesgo de un cierre masivo. La situación sería muy grave, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

    ¿Es factible, en tal caso, que se pague el denominado ‘salario digno’?

    Las empresas están obligadas a pagar el salario digno, que no es otra cosa que la división del valor de la canasta básica para 1,6 perceptores por hogar. Las organizaciones sindicales no están de acuerdo con esto, pues aseguran que debe ser el total de la canasta y eso, como dije, no es factible para las empresas.

    ¿En qué porcentaje afectan el alza salarial y el pago del básico en el costo de producción?

    Eso dependen del giro del negocio. En servicios, por ejemplo, puede llegar a impactar en un 60%; en la construcción, alrededor de un 30%, entre otras. Es bastante posible que esa carga se traslade al cliente, pero no siempre es posible para las compañías.

    ¿Por qué razón?

    Al haber competencia y regulaciones no se puede trasladar todo el peso de los ajustes salariales al comprador. Ahí es cuando patronos y empleados deben trabajar por la empresa y por el tema salarial.

    En este último punto, hay sectores en los que ninguna de las partes muestra interés…

    Esto se produce, porque la plataforma de negociación está alejada de la realidad del sector o porque no comparten las condiciones de negociación.

    Psicólogo industrial especialista en RR.HH.

    • Formación. Dr. en Psicología organizacional y tiene un masterado en programación neurolingüística.
    • Experiencia. 19 años de trayectoria en temas de RR.HH. en empresas nacionales y multinacionales.
    • Cargo. Es Director académico de la Asociación de Gestión Humana del Ecuador.