Agencia EFE
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La declaración de quiebra de Puerto Rico con el objetivo de reestructurar una deuda impagable de cerca de USD 70.000 millones cumplió esta semana 2 meses, lo cual se convierte en el proceso de bancarrota más grande de un territorio bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
El Gobierno de Puerto Rico continúa, a día de hoy, sumido en graves problemas financieros y enfrentado a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad de control federal impuesta por Washington, mientras la jueza Laura Taylor Swain se encarga de un proceso de quiebra que trata de conciliar los intereses del Ejecutivo y acreedores.
La quiebra se rige bajo el capítulo III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), aprobada hace un año por el Congreso en Washington para atender la llamada del Ejecutivo de San Juan ante el caos que se avecinaba.
El capítulo III de Promesa es un híbrido entre los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras de EE.UU.
Promesa estableció una moratoria que impedía a los acreedores interponer demandas judiciales por impago, pero ante el final de ese periodo y la amenaza de procesos judiciales interminables y el desgaste que eso supondría para el Gobierno que lidera Ricardo Rosselló, en el poder desde enero, se dio paso a la quiebra.
Rosselló tomó la iniciativa al pedir a la JSF que presentará formalmente la petición ante la corte del distrito federal de Puerto Rico.
La petición de acogerse al capítulo III de Promesa se hizo de forma similar a una bancarrota de una empresa, aunque bajo el diseño específico que prevé Promesa.
El paso fue un último recurso al no poder Puerto Rico acogerse al código de bancarrota que establece la ley de EE.UU. debido a que la isla caribeña cuenta con un estatus de Estado Libre Asociado.
El proceso de bancarrota en el que entró Puerto Rico hace 2 meses permitió al Gobierno local mantener operaciones, amenazadas ante la falta de liquidez.
La quiebra ordenada permitirá a Puerto Rico renegociar su deuda bajo la supervisión de una corte federal, encargada de determinar que se pagará a los acreedores y poseedores de bonos de deuda pública.
La quiebra de la isla está considerada la mayor bancarrota de un territorio bajo jurisdicción de EE.UU. en toda su historia.
El Gobierno de Puerto Rico pudo financiar su déficit, presupuesto tras presupuesto, gracias al atractivo que suponía para los estadounidenses su deuda, al tratarse de bonos exentos del pago de impuestos sobre la renta para los compradores del país norteamericano.
La magnitud de la deuda llegó a hacerse insostenible y fue en 2015, con Alejandro García Padilla al frente del Ejecutivo, cuando el Gobierno de Puerto Rico hizo público que la falta de liquidez hacía imposible afrontar el pago de los vencimientos.
El título III de Promesa permite a Puerto Rico renegociar con los tenedores de su deuda pública y la que mantiene con sus acreedores de bienes y servicios.
El proceso de quiebra que establece el título III de Promesa no ha significado en ningún caso el final de los problemas para el Gobierno de Puerto Rico, que sigue enfrentado a la JSF por los ajustes que exige y que amenazan a los funcionarios públicos.
Puerto Rico sufre un desempleo que supera el 10 % y una tasa de pobreza que afecta a la mitad de la población, a lo que se suma una emigración rumbo a EE.UU. de más de 60.000 personas al año.
