A Bolívar O. le pareció un error del banco. En su estado de cuenta apareció hace cerca de un año un cobro en un centro comercial en Miami, por USD 300.
Este padre de familia tiene una tarjeta de crédito, pero la utiliza solo para compras dentro del Ecuador. Además, cuenta, la última vez que estuvo en Estados Unidos fue en el 2002.
Enseguida se contactó con el emisor de su tarjeta de crédito para hacer la denuncia respectiva. La entidad verificó el movimiento de la tarjeta de crédito y, luego de unos días de espera, reembolsó a su cliente. Bolívar O. fue víctima de una clonación.
Pablo Pérez, catedrático del área de finanzas en la Universidad San Francisco de Quito, detalla que cuando ocurre este delito el primer paso que debe hacer el afectado es comunicarse con el banco o el emisor y cerrar o bloquear la tarjeta. “Otra persona ya tiene acceso a la tarjeta y su clave y puede seguir comprando”.
Este experto en finanzas personales señala que hoy en día los emisores de tarjetas de crédito utilizan servicios de mensajería para avisar al tarjetahabiente sobre sus consumos. Esto permite saber de un cobro no consentido o irregular.
Una segunda acción que sugiere Pérez es acudir a la entidad financiera y hacer el reclamo respectivo ante el Defensor del cliente. Normalmente el banco da la razón al cliente, en especial si es una compra atípica”, como la que sufrió Bolívar O.
Estos problemas pueden ocurrir con compras presenciales o en línea, en especial si se compra en el exterior. Bertha Romero, de la firma de educación financiera Aval, recomienda averiguar si la tarjeta de crédito cuenta con un seguro. “Algunos bancos permiten asegurar su tarjeta de crédito por un valor determinado al mes. En caso de algún tipo de hecho fraudulento, el banco devuelve un monto máximo de la pérdida”.
Imagen referencial. Apenas la persona se da cuenta de ese cobro, tiene que cerrar o bloquear la tarjeta. Foto: Pixabay
La Comisión Anti Corrupción presentó hoy, 18 de febrero del 2016, una denuncia ante el Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, por supuestas irregularidades cometidas en la adquisición del terreno de la Refinería del Pacífico.
De acuerdo con los miembros de la Comisión, encabezada por el jurista Julio César Trujillo y el economista Jorge Rodríguez, el terreno para la Refinería ubicado en El Aromo, zona rural de Manta, habría sido adquirido a USD 6,7 millones en diciembre del 2009 cuando el avalúo del terreno habría sido de USD 121 275.
Es decir que habría habido un presunto sobreprecio de 50 veces respecto al valor real de este terreno.
La Refinería del Pacífico es un proyecto impulsado por el Gobierno desde el 2008, que busca procesar alrededor de 200 000 barriles de crudo al día para que el Ecuador deje de importar combustibles.
Para ello, ese año se conformó la empresa Refinería del Pacífico con la participación accionaria en un 51% de Petroecuador y en un 49% de Pdvsa.
Aunque en los últimos siete años el proyecto ha registrado avances en cuanto a estudios, al movimiento de tierras y a la construcción del acueducto, aún se espera conseguir el financiamiento para comenzar la construcción de la planta.
Según la Comisión Anticorrupción, el 29 de diciembre del 2009, la empresa mixta Refinería del Pacífico adquirió una propiedad de 1255 hectáreas por USD 6,7 millones.
Esto, pese a que el propietario del terreno habría pagado por concepto de impuestos prediales, el valor de USD 115,21 calculados sobre un avalúo de USD 121 275 para los años 2008 y 2009.
Es decir, el valor final adquirido superaría supuestamente en 50 veces al valor real del terreno. Adicionalmente, la Comisión indicó que el estudio de línea base ambiental realizado por SK de Corea del Sur, recomendó la adquisición de ese terreno pese a que un estudio previo del Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) cuestionaba la idoneidad de ese espacio.
Ese estudio, que data del 2007, advirtió que “la zona era altamente poblada, y la construcción de una refinería constituye una bomba de tiempo, por el impacto ambiental que esta generaría en la población”, según indicó la Comisión.
Por ello, la comisión pidió que se investigue a la entonces ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, al ex alcalde de Montectristi, Washington Arteaga; al entonces presidente del Directorio de la Refinería del Pacífico, Contralmirante Luis Jaramillo, y al exgerente de la Refinería, Carlos Proaño, entre otros funcionarios.
Este Diario buscó la versión de la actual vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, pero no ha tenido aún respuesta.
En entrevista telefónica a este Diario, el exgerente de la Refinería del Pacífico, Carlos Proaño, indicó que hay un error en la denuncia de la Comisión Anticorrupción porque él fue posesionado el 18 de enero del 2010 como gerente. Es decir, semanas después de que se adquiriera el terreno.
No obstante, el exfuncionario dijo que la superficie para la refinería superaba las 6000 hectáreas y que no se puede comparar el costo del metro de un terreno pequeño con el costo de un terreno tan grande como el que se adquirió para la Refinería.
Proaño añadió que pese a que Pdvsa tenía en su presupuesto un monto de USD 13 millones para comprar el terreno, el Contralmirante Jaramillo negoció para que este monto se redujera a la mitad.
Finalmente, Proaño destacó que en ningún momento pudo haber habido algún acuerdo irregular entre el Gobierno y la persona propietaria del terreno.
Esto porque en aquella época había una clara controversia entre el Gobierno y esa persona por la expropiación de una central hidroeléctrica.
El secretario de la Comisión Anti Corrupción, Jorge Rodríguez, dijo que el fiscal Galo Chiriboga ha pedido a la Corte Nacional de Justicia que se archive la denuncia de la comisión en el caso Manduriacu.
Dentro de este pedido, los miembros de la Comisión asistirán a la Corte Nacional el próximo lunes 22 de febrero del 2016.
La Comisión Anticorrupción presentó la denuncia hoy en Quito. En el centro Ramiro Román, Julio César Trujillo y Jorge Rodríguez. Foto: Alberto Araujo / EL COMERCIO
Bolivia denunció el martes 16 de febrero del 2016 un complot de EE.UU. para afectar la imagen del presidente Evo Morales y perjudicar los millonarios negocios de empresas de chinas, razón por la que estudia la expulsión del máximo representante diplomático estadounidense en el país.
El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, aseveró en una conferencia de prensa que ese es el trasfondo de las denuncias realizadas hace unas dos semanas por el periodista Carlos Valverde, sobre la relación entre el presidente Evo Morales y su expareja sentimental Gabriela Zapata.
Zapata, una joven abogada, es en la actualidad gerente comercial de la firma china CAMC que se adjudicó contratos en Bolivia por unos 560 millones de dólares y que según la oposición no siguió trámite regular de adjudicación.
“Lo que se trata es de desacreditar la inversión china en Bolivia, en América Latina, este es un ataque alevoso de Estados Unidos, por supuesto contra Bolivia” , afirmó Quintana, quien argumentó que la política del izquierdista y estatista Morales genera una gran incomodidad en Washington.
Las acusaciones se registraron en las puertas de un crucial referendo que se realizará el domingo en Bolivia para aprobar o rechazar una reforma constitucional que permitirá a Morales postular a una nueva reelección, cuando concluya su mandato en 2020.
Las denuncias -según el ministro- tiene el primer fin de afectar al presidente Morales, involucrándolo en actos de corrupción y segundo “tratar de afectar la presencia de la República Popular de China, no solamente en Bolivia, sino en América Latina” . “Es una operación encubierta”, aseguró la autoridad, pues -dijo- EEUU usó al periodista Valverde.
Varias firmas chinas, como la CAMC, ejecutan estratégicas obras en Bolivia, como una planta de litio en el Salar de Uyuni (suroeste) , una fábrica de azúcar, carreteras, una vía férrea y una planta hidroeléctrica.
Quintana insistió que detrás de las denuncias está el encargado de Negocios estadounidense, Peter Brennan, quien -dijo- se reunió con el periodista el año pasado.
Por la supuesta conspiración de EEUU, el presidente Morales había anticipado horas atrás que “vamos a evaluar, pues en nuestra gestión no vamos a permitir ninguna conspiración que venga de afuera” , cuando se le consultó si expulsará al diplomático.
El Mandatario ya expulsó en 2008 al entonces embajador de Estados Unidos y a la agencia antidrogas DEA y en 2013 al programa USAID, acusándolos de inmiscuirse en asuntos internos.
Varias denuncias involucrarían en escándalos de corrupción al presidente Evo Morales. Foto: EFE
Los representantes de la Comisión Anti Corrupción llegaron la mañana del miércoles 7 de octubre del 2015 a las dependencias de la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia por el caso Manduriacu.
La Comisión señaló que en la construcción de la central Manduriacu hubo un presunto perjuicio de USD 102 millones contra el Estado ecuatoriano ya que el contrato para la obra se adjudicó a la brasileña Odebrecht por USD 124,8 millones pero el costo total de proyecto alcanzó los USD 227,3 millones.
Antes de ingresar al edificio ubicado en la Patria y 12 de Octubre, el representante de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, indicó que la denuncia se presentó en la Fiscalía por la jerarquía de los funcionarios presuntamente involucrados.
Insistió en señalar que la Fiscalía debe establecer responsabilidades respecto a las empresas o los funcionarios que habrían actuado incorrectamente para que el precio del proyecto se eleve de esa manera.
Particularmente, la Comisión Anticorrupción ha señalado que los estudios de factibilidad realizados por Caminosca estuvieron mal o no fueron necesarios los tres contratos complementarios de Odebrecht por USD 45 millones que cambiaron los diseños y especificaciones técnicas establecidas en los primeros estudios.
La Comisión estableció estas presuntas anomalías en base a informes de auditoría de la Contraloría General del Estado. También dijo que otros USD 57,4 millones por ajustes de obra no han sido auditados.
En respuesta, el vicepresidente, Jorge Glas, y el Ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, indicaron en semanas pasadas que interpondrían demandas penales contra la Comisión Anticorrupción al señalar que no se puede acusar de un sobreprecio, porque en el valor final del proyecto se consideran otros rubros como la fiscalización, las obras de compensación para las comunidades, entre otras.
Rodríguez insistió en que se debe investigar también a los fiscalizadores de la obra así como a Celec, la entidad contratante. Dijo que espera que la justicia se pronuncie de manera imparcial e indicó que esperaba que existan retaliaciones en su contra.
La mañana del 7 de octubre del 2015, los miembros de la Comisión Anti Corrupción presentaron una denuncia en la Fiscalía por el caso Manduriacu. Foto: Paúl Rivas/ LÍDERES.
Los taxistas de varias ciudades de Brasil realizaron el 8 de abril del 2015 una protesta con sonoros bocinazos en contra de la compañía de transporte colectivo Uber, que consideran que ofrece un servicio ‘clandestino’ que les hace competencia desleal.
La protesta más concurrida fue la de Sao Paulo donde una larga hilera de cientos de taxis colapsó varias avenidas del centro de la mayor ciudad brasileña circulando a ritmo lento, con las luces de emergencia encendidas y un constante ruido de claxon. La Asociación Brasileña de las Asociaciones Civiles y Cooperativas de Conductores de Taxi (Abracomtaxi) convocó protestas similares también en las ciudades de Brasilia, Río de Janeiro, Salvador (Bahía), Belo Horizonte (Minas Gerais) y Curitiba (Paraná).
La patronal ya ha presentado una denuncia a la Fiscalía en contra de Uber alegando que la empresa estadounidense incumple varias leyes federales y regionales, además del código de tráfico brasileño, con su plataforma que conecta a conductores privados y pasajeros. La ley que regula la profesión de taxista, que data de 2011, establece que el transporte público remunerado de hasta siete pasajeros es una actividad exclusiva de este gremio.
Uber, fundada en 2009 en Estados Unidos, ofrece servicios de transporte colectivo en 56 países; aterrizó en Brasil el año pasado y ya opera en las ciudades de Sao Paulo, Brasilia, Río de Janeiro y Belo Horizonte.
La compañía estadounidense, cuyo servicio ha sido prohibido en varios países, alega que no es una empresa de taxi y que sólo ha creado una aplicación para conectar a conductores particulares y usuarios interesados en compartir viaje a un precio módico.
Uber, fundada en 2009 en Estados Unidos, ofrece servicios de transporte colectivo en 56 países. Foto: Archivo.
Ericsson, el fabricante sueco de equipos de telecomunicaciones, interpuso varias querellas contra el gigante norteamericano de la informática Apple por violación de patentes, indicó este 27 de febrero.
«Apple utiliza actualmente nuestra tecnología sin autorización y solicitamos la ayuda del tribunal y del ITC», la comisión estadounidense del Comercio Internacional, señaló en un comunicado Kasim Alfalahi, responsable de propiedad intelectual de Ericsson.
«Los productos de Apple se benefician de la tecnología inventada y patentada por los ingenieros de Ericsson (…) Estamos determinados a compartir nuestras innovaciones e intentamos de buena fe encontrar una solución justa», añadió.
Ericsson interpuso dos querellas ante el ITC y siete ante una corte de Texas. La compañía sueca intenta que se prohíba la venta de productos de Apple que utilizan patentes relacionadas con las normas de comunicaciones móviles 2G y 4G/LTE (Long-Term Evolution).
También quiere que se le concedan daños y perjuicios por violación de patentes para componentes «cruciales» de otros dispositivos de Apple. La empresa norteamericana tenía que renovar sus acuerdos de licencia con Ericsson en enero, pero rechazó la oferta del fabricante sueco, al considerar que pedía demasiado dinero.
Apple argumentó que las patentes ya no eran válidas y que otras empresas habían registrado tecnologías similares. Foto: Archivo/ El Comercio
Santiago Ayala S. – Coordinador de la Sección Negocios de Diario EL COMERCIO
Cuatro años permaneció en el cargo el ahora ex director del Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop), Jorge Luis González. Dejó su cargo hace pocos días, según explicó, “muy desgastado” en lo personal y profesional.
Su partida se dio en silencio, pese a las graves denuncias que hiciera a inicios de la semana pasada. El escándalo de la falsificación de firmas en el CNE y la bronca, vía Twitter, entre el ‘Loco que ama’ y el ‘Loco que odia’ (bautizados así en la Red) coparon todos los espacios.
Que la cabeza de un organismo, que nació como el ejemplo de la transparencia en la región, según se vanagloriaron autoridades de este Gobierno, haya acusado de que proveedores del Estado actúan en contubernio con funcionarios públicos, es un hecho que debió ser mucho más discutido por los ecuatorianos.
Pero no, más importancia se le dio a una bronca, vía Twitter, entre un ‘Loco que ama’ y un ‘Loco que odia’ (como han sido bautizados en esa red social), que lo único que dejó como interrogante fue saber cuál de los dos púgiles superaría a su lengua en un cuadrilátero de verdad.
González dejó pistas, unas entre líneas y otras muy directas, sobre cómo la corrupción todavía está enquistada en los procesos de contratación pública. Hasta aseguró que la Contraloría conoce de estos casos. Pero durante estos cuatro años no ha habido un solo acusado, mucho menos un preso, por estos actos.
Es necesario que estas denuncias no se vean sepultadas por shows mediáticos. Hay que seguir estas pistas y poner la misma mano dura que cuando alguien excede el límite de velocidad.
