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  • El empleo joven motiva planes en las empresas y en el Estado

    Redacciones Quito y Guayaquil (I)

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    El desempleo juvenil es otro reto que enfrenta el Ecuador. Hasta marzo pasado, 9,6% de personas con edades comprendidas entre 18 y 30 años estaban desempleadas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Además, 54 de cada 100 jóvenes tenían un empleo inadecuado y 36 contaban con trabajo adecuado.

    Bajo este panorama, empresas privadas, gremios, universidades y entidades públicas manejan programas que buscan mejorar los indicadores de empleo joven.

    El pasado 4 de julio, por ejemplo, se presentó en Guayaquil la Alianza por los Jóvenes, una iniciativa privada que agrupa a 22 empresas que están comprometidas en mejorar las habilidades y competencias de cerca de 13 000 jóvenes, de entre 18 y 30 años de edad, en los próximos dos años. Solo en este año se planea capacitar a 1 500 jóvenes del país.

    La firma del sector de alimentos Nestlé lidera esta propuesta, que globalmente ha sido impulsada desde el 2013. La presidenta ejecutiva de la compañía en Ecuador, Virginia Matos de Barría, explica que para cumplir con la meta se ejecutarán pasantías, carreras de formación dual, impulso al primer empleo y apoyo al emprendimiento.

    En esta firma, el 30% de su nómina está integrada por jóvenes de 18 a 30 años. Este grupo se desempeña en diferentes tareas en áreas como marketing, ventas, operaciones, entre otras actividades. La compañía también cuenta con un programa de pasantías para estudiantes universitarios como una primera oportunidad de conectarse con el mundo corporativo.

    Según Nestlé, jóvenes que han iniciado su carrera en la empresa se han desarrollado de manera permanente y hoy en día ocupan posiciones destacadas como directores y gerentes.

    Otra compañía que es parte de esta alianza es Arca Continental. Magaly Polo, directora de Capital Humano, sostiene que la firma promueve la inserción laboral con o sin experiencia en condiciones dignas e igualdad de oportunidades. Añade que en lo que va del 2019 el Centro de Reclutamiento de Arca Continental ha vinculado laboralmente a 100 jóvenes. Además, las empresas que conforman grupo (Tonicorp, Inalecsa y Arca Continental) cuentan con cerca de 10 000 colaboradores y más del 20,4% de la nómina son jóvenes. “Ellos ocupan cargos en todas las áreas, incluso gerencias”.

    Desde el sector público también existen programas enfocados en el empleo de los jóvenes. El Ministerio de Trabajo cuenta con el programa Mi Primer Empleo que fue creado el año pasado, para una duración de cuatro años. La iniciativa acoge a jóvenes de 18 a 26 años de edad, pertenecientes a instituciones de educación superior.

    Desde su implementación, 1 860 jóvenes han sido incorporados en pasantías y prácticas preprofesionales en empresas privadas, gracias a este programa. La meta es beneficiar a 60 000 jóvenes hasta el 2021, según indica el Ministerio de Trabajo.

    Según la entidad, al 5 de julio de 2019 estaban vigentes 2,4 millones de contratos laborales. De este total, el 31%, es decir 737 361 contratos vigentes, corresponden personas con edades entre los 18 y 30 años de edad.

    El pasado 4 de julio se cumplió en Guayaquil, la feria El futuro es joven, que se desarrolló durante la creación de la Alianza por los Jóvenes.
    El pasado 4 de julio se cumplió en Guayaquil, la feria El futuro es joven, que se desarrolló durante la creación de la Alianza por los Jóvenes. Foto: Elena Paucar / LÍDERES

    El Ministerio firmó la semana pasada un convenio con la Universidad Central del Ecuador para que estudiantes puedan realizar pasantías preprofesionales en el sector privado, como parte del programa Mi Primer Empleo. Los estudiantes serán seleccionados de acuerdo con los requerimientos y necesidades de las empresas.

    En la Cámara de Industrias y Producción (CIP) también se aplican programas al respecto. El gremio es parte del Consejo Nacional del Trabajo, que propuso reformas laborales para fomentar el emprendimiento y la contratación por jornadas.

    La Cámara también impulsa la Corporación Formados, la cual se encarga de proyectos de formación dual para impartir conocimientos técnicos a través de prácticas profesionales en empresas. Este sistema, de origen alemán, permite incrementar la empleabilidad de los jóvenes. Los estudiantes pasan el 50% de su formación en una universidad, recibiendo conocimientos teóricos y el restante 50% lo realizan ejecutando prácticas en empresas formadoras. “Esto garantiza un aprendizaje transversal, aumento la productividad empresarial e incremento de inserción laboral juvenil de manera expedita”, según el presidente ejecutivo de la CIP, Pablo Zambrano.

    Para Ingrid Bonilla, consultora en formación dual, el modelo requiere más promoción ya que solo el 25% de estudiantes universitarios conoce el sistema. Esta experta agrega que para generar empleo a través de la formación dual hay que conocer los logros alcanzados en otros países.

    Emprendimiento, formación dual y tecnología son ayudas

    A escala regional, el desem­pleo juvenil es un tema preocupante. La tasa de desempleo urbano entre los jóvenes latinoamericanos y caribeños llegó a 13,3%, una proporción que triplica la de los adultos y es más del doble que la tasa general de desempleo promedio en la región, de 6,1%, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

    Además, 6 de cada 10 jóvenes que sí consiguen ocupación se ven obligados a aceptar empleos en la economía informal, lo que en general implica malas condiciones de trabajo, sin protección ni derechos, y con bajos salarios y baja productividad.

    6 de cada 10 jóvenes que sí consiguen ocupación se ven obligados a aceptar empleos en la economía informal, según estadísticas de la OIT
    Seis de cada 10 jóvenes que sí consiguen ocupación se ven obligados a aceptar empleos en la economía informal, según estadísticas de la OIT. Foto: Cortesía

    América Latina y el Caribe cuentan actualmente con 110 millones de jóvenes entre 15 y 24 años. Y según la OIT, se estima que unos 20 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan, “debido en gran parte a la frustración y al desaliento por la falta de oportunidades en el mercado laboral”.

    En esta coyuntura, la tecnología, la capacidad de emprender y la formación dual se presentan como tres herramientas para vincular a los jóvenes con el mundo laboral. Para Celso Malipensa, líder de PwC en Ecuador, se requiere de jóvenes más digitales, que tengan visión de negocio, una visión global y que identifiquen las áreas laborales de su interés para desarrollar sus capacidades.

    La OIT recomienda apoyar el espíritu emprendedor de los jóvenes para que consoliden sus iniciativas. El organismo añade que el cambio tecnológico acelerado que se vive hoy en día reta a los sistemas de educación formal y de formación profesional a anticipar los cambios y ofrecer las habilidades no solo técnicas, sino de carácter y socioemocionales que demanda el mundo del trabajo en el siglo XXI.

    La misma OIT dice que la formación dual es una modalidad poderosa de formación profesional.

    Para Ivo Runge, asesor de formación profesional en la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana, la formación dual es una inversión en el futuro al nivel de una empresa en tema de empleo. “A largo plazo y con una buena calidad de la implementación, la formación dual resulta útil a las empresas”, dice Runge.

    El programa de formación dual se desarrolla en ciudades como Cuenca. Este sistema de capacitación, de origen alemán, permite incrementar la empleabilidad de los jóvenes.
    El programa de formación dual se desarrolla en ciudades como Cuenca. Este sistema de capacitación, de origen alemán, permite incrementar la empleabilidad de los jóvenes. Foto: Archivo LÍDERES
  • Sebastián Salinas: ‘La innovación social ahorra al Estado’

    Sebastián Angulo

    (I)
    Redacción Quito. LíDERES

    Sebastián Salinas, cofundador de Balloon Chile, un proyecto que busca fomentar y desarrollar el emprendimiento en comunidades a través del traspaso de herramientas y metodologías de innovación, explica los alcances y beneficios del programa.

    ¿Qué significa ser un emprendedor social?

    Es -ojalá- poder vivir de algo que tú harías gratis. Poder vivir realmente de tu pasión. Hacer algo que realmente te dé sentido y que no sea trabajar para alguien que ya tiene prácticamente todo, sino trabajar para mejorar el mundo. Los emprendedores sociales son muy poco indiferentes. Vemos todas las catástrofes que suceden y no podemos andar por el mundo diciendo no me compete. El emprendedor social se quiere hacer cargo de una parte del problema.

    ¿Cómo nació su proyecto?

    En el 2011 tuve la oportunidad de ir a África. Conocí a unos ingleses por un blog de negocios, quienes tenían un orfanato en Kenia y daban soluciones asistencialistas. Yo les conté que había trabajado con comunidades indígenas en Chile -con los mapuches- y me dijeron cómo lo hiciste. Me invitaron: “queremos que vengas a generar trabajo en Kenia”. Yo me fui a trabajar con 100 jóvenes keniatas en el desarrollo de negocios. Antes ya había hecho voluntariado, había trabajado fabricando casas con techo, pero nunca había visto un impacto tan grande de desarrollar negocios con los emprendedores. Hicimos un experimento: pusimos USD 500 en el mejor proyecto y a los ocho meses el proyecto estaba dando trabajo. Eso me cambió la vida, hubo un impacto social muy fuerte y dije ¿por qué no vendemos esto? ¿Por qué no vendemos la experiencia de generar líderes sociales a través del desarrollo de negocios en una comunidad? Que los jóvenes paguen para vivir esta experiencia que yo viví .

    ¿Cómo tomaron en Chile su propuesta? Un país más pragmático en temas de negocios.

    Uno nunca es profeta en su propia tierra. Al volver de Kenia pensé que el proyecto iba a funcionar muy bien porque Chile tiene un ecosistema de emprendimiento muy robusto. Durante dos años postulé para 14 fondos públicos y privados y las 14 veces me dijeron que no. Nadie te va a pagar por trabajar, por hacer voluntariado. Tu idea no sirve. Corfo -que es la institución más importante- me mandó una carta diciendo que mi propuesta no era rentable. Ahora somos caso de éxito de Corfo. En principio no hubo apoyo en Chile por un tema cultural.

    ¿Qué casos emblemáticos se han desarrollado a través de Balloon?

    La última iniciativa que ganó es de una señora que habitaba una vivienda social, donde las casas en su mayoría usaban bolsas de basura para cubrirse de la lluvia. Ella se dio cuenta de que las carpas para camión podrían funcionar para la vivienda social. Hicimos dos viviendas y las cubrimos con estas lonas y no se mojaban. Con USD 65 podíamos cubrir toda una vivienda social. Es un proyecto de alto impacto social. Otro caso: Jonathan Maturana, un orfebre, creó una joyería para hombres. Como el hombre no sabe comprar joyas, que casi siempre son regalos para sus esposas, creó productos para diferentes ocasiones.

    ¿Con cuántos emprendedores han trabajado?

    Hemos trabajado con 1 650 emprendedores a lo largo de Latinoamérica. Alrededor de 1 200 son de Chile, los otros son de México, Argentina y Venezuela.

    ¿Han pensado trabajar en Ecuador?

    Hemos tenido una serie de reuniones para ver si podemos hacer el programa Balloon en las comunidades de la Costa, por el tema del terremoto del 16 de abril pasado. Ahora estamos viendo el financiamiento y el entorno social y logístico.

    ¿Cuáles son las necesidades más comunes en las comunidades de la región?

    Primero las comunidades no tienen a quién vender sus productos y nosotros tenemos proyectos que le dan esa salida. Segundo, la diferenciación, vamos a una comunidad y todos venden exactamente lo mismo. En temas de turismo, hay comunidades que no están preparadas para las normas de turismo comunitario. No saben calcular costos; cuando ellos calculan los precios pueden ser muy baratos y generan pérdidas, etc.

    ¿Cómo conseguir que las empresas y autoridades apoyen a las iniciativas sociales en un entorno donde prima la rentabilidad?

    Nosotros cuando valorizamos un emprendimiento o una empresa lo hacemos por el ahorro fiscal. Por cuánta plata le ahorramos al Estado por trabajar con cada uno de los emprendedores. Si tú les muestras números concretos de ahorro apuestan por la idea. Esa es una tendencia muy fuerte, los bonos de impacto social. Nuestro trabajo siempre es público-privado: la empresa con los gobiernos regionales.

    ¿La empresa privada busca involucrarse con estos proyectos como parte de su plan de responsabilidad social empresarial (RSE)?

    Ahora la RSE es casi una licencia para operar. Es cómo yo pago esto para que las comunidades no me molesten mientras yo sigo extrayendo los minerales. No hacemos eso. Hablamos de la RSI: una responsabilidad social de impacto, que es que las empresas se involucran directamente con las comunidades y más que nada queremos que sean empresas responsables.

    ¿Cuál es la importancia de la innovación social en el actual contexto regional?

    Nos estamos dando cuenta de que la fuerza del mercado sí permite resolver los problemas sociales o medioambientales. Nos estamos dando cuenta que sí se puede ganar dinero y vivir bien, pero teniendo un impacto social muy importante. Así nacen estas nuevas formas de hacer negocios que son las empresas b, que son empresas sustentables en sí mismo, pero las utilidades están por debajo de los impactos sociales o medioambientales. A través de la fuerza del mercado tu puedes hacer un cambio real, no solo a nivel local sino mundial.

    ¿A quién le ha costado más entender sobre emprendimiento social?

    Yo creo que la empresa. El gobierno lo entiende más. Cuando tú le muestras un programa que funciona lo entiende. La empresa es más complicado, como te decía deber ver como un valor y no como filantropía o campaña de marketing.

    Hoja de vida

    Reconocimientos. Considerado uno de los 100 líderes jóvenes de Chile, en el 2015, por la revista Sábado de diario El Mercurio.

    Estudios. Licenciado, Ciencias Sociales con mención en Administración de Empresas por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Tiene una maestría en innovación y emprendimiento de la misma universidad.

    Otros proyectos. Director de Emprediem, una empresa B dedicada a democratizar el emprendimiento y la innovación.

    Trabajo en Kenia. En el 2011 fundó con otros colegas Balloon Kenia, con el objetivo de derrotar a la pobreza a través de la creación de empleo. Esta iniciativa sirvió para fundar Balloon Chile en el 2013.

    Sebastián Salinas, cofundador de Balloon Chile. Foto: Julio Estrella / LÍDERES
    Sebastián Salinas, cofundador de Balloon Chile. Foto: Julio Estrella / LÍDERES
  • La vivienda social trae oportunidades

    Pedro Maldonado

    La Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María de los Ángeles Duarte, habla sobre los bonos entregados por el Estado. También se refiere a los planes para promover vivienda de interés social y al momento que atraviesa el sector de la construcción.

    ¿Cómo evoluciona la entrega de los bonos de vivienda?

    Antes de que empiece este Gobierno existía un subsidio para la gente más pobre, para darles un incentivo para que construyan su vivienda. Fue un proyecto diseñado por el BID y estos organismos internacionales tratan a los pobres como que merecen lo mínimo. Lo que en realidad sucedía era que no se podía terminar la casa por la pobreza endémica, en la que no hay capacidad de ahorro.

    Cuando empezó el Gobierno en el 2007 hicimos un análisis minucioso para dar un incentivo para que, al menos, las personas con bono terminaran sus casas. Desde el 2007 hasta septiembre de este año se han entregado unos 68 162 bonos de vivienda urbana por USD 219,6 millones. También hemos entregado bonos de vivienda rural, por el programa Manuela Espejo, por reasentamientos… Desde el 2007 se han entregado 336 520 bonos por
    USD 1 375 millones.

    ¿Se puede detallar cuánto se entregó este año y cuánto se calcula para el 2016?

    Para el 2016 se planifica entregar USD 47 millones en subsidios. Va a existir una gran cantidad de bonos para promoción inmobiliaria, mediante un plan que lo diseñamos a inicios de este año. Es un incentivo para comprar vivienda propia y calculamos colocar unos 1 500 bonos inmobiliarios.

    ¿En qué consiste este bono inmobiliario?

    El bono inmobiliario permite a los más pobres acceder a crédito para vivienda cuyo valor esté entre USD 15 000 y 40 000. La empresa privada solo se dirige al déficit habitacional de los segmentos medio y alto, con casas de más de 70 000 dólares. Con nuestros bonos e inversiones se redujo el hacinamiento, pero no se redujo el déficit. Entonces, se diseñó el bono para llegar al estrato al que llamamos de vivienda social y prioritaria. La vivienda social es de hasta 40 000 dólares y la prioritaria de entre 40 000 a 70 000.

    ¿Por qué se sigue con bonos y por qué no se aplican otras políticas que no generen dependencia de ciertos segmentos de la población?

    A eso voy. Hasta ahora se han entregado recursos a las áreas urbano marginal y rural, pero no en ciudadelas formales. Hemos entregado recursos a aquellas personas que no pueden pagar lo que cuesta una casa en una ciudadela formal. Lo que pasa es que con el sueldo básico se puede acceder a un crédito máximo de 18 000 y ¿dónde se puede construir una casa de ese valor? Hay promotores para ese segmento de vivienda, pero en zonas muy alejadas.

    Lo que nos interesa es que la oferta de vivienda sea con todos los servicios. Seguimos con programas sociales, pero nos estamos concentrando en incentivar a las personas pobres que pueden bancarizarse, que cuenten con seguro social. Ahora el esfuerzo va dirigido a aquellas personas que pueden pagar un crédito para tener una vivienda de mejor calidad.

    ¿Se apunta entonces a un sector formal frente a un sector marginal?

    Así es. Gracias a que hay más afiliados a la seguridad social, como pasa con las empleadas domésticas, choferes, etc., creció el segmento y tenemos la posibilidad de que los 1,8 millones de nuevos afiliados puedan acceder a crédito para vivienda. Lo malo es que una persona con el sueldo básico puede obtener USD 18 000 y allí hace falta el bono.

    ¿Cuál es la tendencia este momento entre aquellos bonos que se entregan para vivienda marginal y formal?

    Antes se daba el 80% al sector urbano, rural y marginal y 20% al formal. Ahora eso cambiará.

    ¿Cómo se incentivará al promotor para que participe en los programas de vivienda de interés social?

    El promotor inmobiliario antes se dedicaba a un segmento que no le daba problemas (los estratos socioeconómicos medio y alto). El promotor sabe que su nuevo ‘target’ es la gente que no tiene casa; entonces, tiene que destinar sus esfuerzos al segmento de vivienda social y prioritaria.

    Este plan llega en un momento de una economía complicada, con desaceleración y recortes de inversión. ¿Qué expectativas tenían cuando se empezó con el plan y qué expectativas tienen ahora?

    La desaceleración económica que ustedes la llaman es simplemente la baja del petróleo y la reducción de inversiones públicas que hacía el Estado en años pasados. Eso ocupaba mano de obra de los constructores, pero eso va a bajar porque disminuyó el precio del petróleo, así de fácil.

    Hasta que estén las hidroeléctricas y se consoliden los planes del Gobierno para tener recursos propios y no estar atados al petróleo, el inmobiliario es el mejor sector porque siempre dependió de sí mismo. La caída del crudo no ha influenciado en nuestros planes de vivienda, lo que sí influyó fue el temor que grupos políticos generaron con la ley de plusvalía. Eso sí afectó a las ventas que se pararon, pero ya se superó, ahora seguimos trabajando y aprobando proyectos de vivienda social.

    Pero, ¿existe la previsión del Banco Central, que indica que la construcción no crecería o decrecería este año?

    Depende qué tipo de construcción. Tenemos que dividir y obviamente si hay menos recursos para carreteras u hospitales, habrá menos crecimiento en ese tipo de construcción. Pero en la construcción privada se mantiene y volvió su ascensión.

    ¿Cómo avanza la colocación de créditos para vivienda de interés publico? Entre enero y agosto de este año se colocaron USD 5 millones en créditos de vivienda de interés público, cuando la meta era colocar USD 80 millones en 90 días.

    Eso tuvo mucho que ver con el tema político (NDLR: las protestas contra las leyes de herencia y plusvalía), que asustó al sector inmobiliario. Dentro de nuestro proyecto, para que el sector inmobiliario se incentive se le dio una tasa preferencial, se le dieron posibilidades de acceder a bonos. Pero con los dos meses de protestas se hizo daño al sector privado, se paralizó el plan y se estancó.

    ¿Cuánto se calcula entregar este año en créditos para viviendas de interés público?

    Tenemos calculado entregar entre 12 000 y 15 000 viviendas de interés social, a un promedio de USD 40 000 por vivienda.

    ¿Para el próximo año hay alguna previsión teniendo en cuenta la situación económica en la que se halla el país?

    Creo que el próximo año en lo inmobiliario va a ser muy bueno. Es un año electoral y eso incentiva al sector inmobiliario por las ofertas. La vivienda de interés social se va a mantener o crecer. Los planes se están reactivando, existen promotores con proyectos aprobados. Es una oportunidad para el país y, en especial, para que las personas más pobres accedan a una vivienda.

    Nacida en 1963, es arquitecta graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; en donde adicionalmente obtuvo o el título de Máster en Administración de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, con el aval de la Universidad Politécnica de Madr
    Nacida en 1963, es arquitecta graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; en donde adicionalmente obtuvo o el título de Máster en Administración de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, con el aval de la Universidad Politécnica de Madrid. Foto: Paúl Rivas/ LÍDERES.
  • Un estilo marcado por la nacionalización

    El «tránsito» a un socialismo con sello propio en Venezuela se ha caracterizado por una creciente intervención del Estado en la economía, con nacionalizaciones y expropiaciones.

    Así, aunque el art. 115 de la Constitución venezolana garantiza el derecho a la propiedad privada, una serie de leyes aprobadas los últimos años han permitido nacionalizar y expropiar bienes.

    En el 2001, Chávez obligó a las transnacionales petroleras a asociarse a la estatal Pdvsa, con participaciones minoritarias. Ello originó expropiaciones y arbitrajes. A partir del 2007 se profundizó el modelo al ordenar la adquisición forzosa de grandes firmas, edificaciones y viviendas. La frase característica del Mandatario venezolano «Exprópiese» se convirtió en la marca de su gestión.

    «La empresa privada no es vista con buenos ojos en este modelo, que es mucho más intervencionista», dice José Luis Fuentes, profesor asociado a Flacso.

    Según el sector empresarial venezolano, en los últimos 10 años se perdieron 170 000 empresas de las 617 000 existentes y se expropiaron otras 2 300, según reportes de la prensa venezolana.

    Otra política ha sido el anclaje de los precios de alimentos, alquileres y medicinas. El bolívar fue devaluado cinco veces los últimos 10 años y en paralelo se establecieron cupos para la entrega de divisas. «Este tipo de políticas radicales ha ocasionado desabastecimiento de productos», dice la analista ecuatoriana, Magdalena Barreiro.

    El modelo venezolano es visto como rentista: depende del petróleo, un elevado gasto público, etc. Chávez, sin embargo, ha defendido que «el socialismo del siglo XXI» ha convertido a Venezuela en «el país menos desigual del continente. Varios indicadores confirman el avance social. Para la historiadora venezolana Margarita López Maya, eso no significa que el chavismo haya aprovechado como debió «las magnitudes inconmensurables de dinero de la bonanza petrolera».

    La receta Manejo cambiario . Los venezolanos acceden a cupos de moneda extranjera a través del burocrático sistema de la Comisión de Administración de Divisas.

    Control de precios.  El Gobierno fijó techo al valor de los alimentos, alquileres y medicinas.

    Nacionalización.  Cálculos del sector privado señalan que, al menos, 2 300 empresas habrían sido expropiadas.

    Manejo de recursos.  El Estado es el actor principal del sector petrolero. Las firmas privadas son relegadas.

    Comercio exterior. Se calcula que Venezuela importa el 70% de lo que consume.

  • Rev. Robert Sírico: ‘El estado debería proteger el desarrollo de las empresas’

    Xavier Montero. Redacción Guayaquil / LÍDERES

    El comentarista político y cultural, reverendo Robert Sirico, participó en encuentros internacionales en Guayaquil y Galápagos. Actualmente dirige la Acton Institute y afirma que la libertad económica es esencial para una sociedad.

    El reverendo Robert Sirico, presidente de Acton Institute (EE.UU.), cuyos artículos han sido publicados en The New York Times, Wall Street Journal, Forbes, National Review y autor de los libros ‘La vocación empresarial’ y ‘Defendiendo el libre mercado: razones morales en favor de una economía libre’, conversó con LÍDERES sobre la Teoría de la Opinión Pública, forjada por el Nobel de Economía (1986) James Buchanan.

    Él planteó la necesidad de modificar la manera en que las personas perciben el accionar de los políticos y el aparato burocrático. Buchanan impugna los planteamientos que señalaban al Estado como el benefactor, capaz de satisfacer el interés público e incorpora un mayor escepticismo sobre lo que los gobiernos pueden hacer en el manejo de las sociedades.

    Sirico participó en la cita internacional: Cultura e Instituciones: La evolución de las ideas, organizada por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y Atlas Network; y en el encuentro: Evolución, Las Ciencias Humanas y la libertad, realizado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), en las islas Galápagos.

    No es usual escuchar a un líder religioso que habla sobre el libre mercado, la propiedad privada o las limitaciones del accionar burocrático. ¿En qué se basan sus estudios económicos?
    Ciertamente es así. Mis análisis se basan en la evolución de las teorías económicas desde los conceptos religiosos acuñados desde hace más de siete siglos. Nuestra preocupación e interés como actores económicos es que los pobres salgan de la pobreza. Bien por ello, pero es necesario también preocuparnos en cómo generar riqueza.

    Los pobres no son ayudados por nuestras buenas intenciones, sino cuando se les dan oportunidades para trabajar y que puedan retener y acumular esos ingresos producidos y que no se los castigue con impuestos.

    La caridad es uno de los conceptos más promulgados dentro del cristianismo. ¿Cómo entender su posición de no entregar dádivas?

    La caridad no es la forma de salir de la pobreza. Los actos caritativos son muy importantes pero deberían limitarse a situaciones de emergencia, para enfrentar un desastre natural, etc. Pero la forma normal en que las personas o las sociedades salen de la pobreza es a través de la generación de trabajo, el emprendimiento y las inversiones. La visión paternalista ha demostrado que no es la solución.

    ¿Aún están contemplados aquellos conceptos de fe en una economía global?
    Es necesario aclarar que los conceptos básicos de la economía que conocemos, incluyendo los términos de emprendimiento, el libre establecimiento de precios, la determinación de salarios mínimos, entre otros, fueron formulados por teólogos católicos del siglo XVI. Es un error pensar que la economía de libre mercado tiene sus orígenes en el protestantismo.

    Sus principales mentores salieron de la Escuela de Salamanca (España) y los discípulos de Santo Tomás de Aquino. Aquello está debidamente documentado. Otro caso, incluso más antiguo, es el de los monasterios benedictinos. La regla monástica que Benito de Nursia implantó a principios del siglo VI se remitía a tres palabras ‘Ora et labora’ (Ora y trabaja).

    Los monjes trabajaban arduamente, inventaron sistemas muy eficientes de producción agraria y muchos autores les atribuyen el desarrollo de Europa en la Edad Media, gracias a sus empresas.

    ¿Y cuál ha sido el papel histórico del Estado dentro de la evolución de los conceptos de economía basados en ejercicio religioso?
    Existen personas que se preguntan si los conceptos centenarios que le mencioné tendrían validez en nuestras sociedades. Yo les respondo ¿y por qué no funcionarían? En lugar de eso, no solo en Ecuador sino en Latinoamérica, se ha instituido que el emprendimiento tiene que estar conectado con el Estado. Eso no es generar una libre empresa.

    Aquello puede catalogarse como un nivel de mercantilismo donde los capitalistas compran el Gobierno. Es necesario separar conceptualmente las funciones que se derivan de los emprendimientos generados y los roles del Gobierno.

    El Estado no debería tener otro rol que proteger y establecer las leyes básicas para el desarrollo de empresas, para asegurar una libertad en los ejercicios económicos.

    ¿Ud. se refiere a que los empresarios deberían ser quienes creen las reglas en los mercados bajo sus propias intencionalidades?
    No todo es negocios. Creo que cada empresa se debería desarrollar en el contexto de una sociedad ordenada. Por ejemplo, si firmamos un documento de contrato, la función del Estado no es establecer lo que debería decir ese texto, eso es un acuerdo que compete netamente a los contratantes.

    Luego, cuando ambas partes concuerdan libremente, la función del Estado es que se respeten los términos de aquel documento, y eso aplica en todos los aspectos del Gobierno y la legislación.

    ¿Cuál sería el rol de las creencias religiosas, sea cual fuere la deidad o determinación espiritual, dentro de las economías emergentes?

    No se trata del rol de la religión como institución sino del papel que cumple la moral en la economía. Todos los sujetos estamos determinados por un actuar moral. Puedo citarle el caso, desde mi religión, del Segundo Concilio Vaticano, de 1965. Allí uno de los documentos principales habla sobre el rol del laicado en el mundo.

    50 años después todavía no entendemos plenamente ese texto. El laicado implica la promulgación del mensaje del cristianismo a escala mundial y en todo acto. Eso significa que cuando estás haciendo pan, cuando estás enseñando en las escuelas, cuando inviertes en el mercado, cuando contratas o despides gente, lo haces desde una convicción de que tu obrar está enmarcado en tus altos valores morales y religiosos.

    Pensador y crítico

    Su punto de vista. Es sacerdote americano católico. Dice no estar de acuerdo con los principios socialistas.

    En Ecuador. Fue invitado también por la Universidad San Francisco de Quito para exponer sobre evolucionismo, sus estudios sobre San Agustín y el beato John Newman.

  • ‘El pago de jubilación en bonos no afecta derechos laborales’

    Mónica Orozco

    La decisión del Gobierno de cancelar las jubilaciones de los servidores públicos con el 100% en bonos estatales, en lugar de hacerlo en efectivo, en caso de que el Presupuesto General del Estado no cuente con recursos suficientes, genera incertidumbre entre los trabajadores. Para el catedrático y experto en derecho laboral Gabriel Recalde, la medida no vulnera derechos adquiridos de los trabajadores, pero considera que la falta de planificación presupuestaria y el incremento desordenado de la masa salarial han obligado al Estado a tomar estas medidas.

    ¿El pago en bonos de la jubilación a los burócratas atenta derechos laborales adquiridos?

    Hay que remitirse a lo que dice la Constitución. El artículo 326 de la Carta Magna, numeral 11, habla de que será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique la renuncia de derechos. Con el cambio al reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) en el tema de la compensación por jubilación no se le está diciendo al trabajador ue no se le va a pagar, por eso creo que en este caso no existe una afectación a los derechos. Es una medida dolorosa porque la gente no va a recibir sus recursos de inmediato, pero entiendo que las exigencias que hoy tiene el Estado por la enorme masa salarial requiere esta toma de decisiones. Hay que pensar también que estos recursos no se financian con deuda o petróleo, sino con impuestos.

    Los servidores públicos creen que sí hay una afectación a sus derechos porque el pago en bonos podría implicar descuentos frente a lo que pudieran recibir en efectivo…

    Aunque en efecto puedan verse afectados por un castigo en el mercado financiero, podría ocurrir lo contrario y beneficiarse, invertir estos papeles en otras actividades. El tema es que el Estado tiene un problema pragmático y es cómo reasignar recursos a estos trabajadores cuando requiero para obra pública, salud…, como lo fija en el Código de Finanzas. No se puede, hay que respetar esta preferencia.

    Pero no es una afectación recibir menos de lo que realmente el patrono debe pagar…

    Nadie ha negado el hecho de que podría pensarse en que en el castigo habría una reducción de los derechos, porque la misma Constitución establece que se puede transar siempre que no implique renuncia de derechos, pero de todos modos a diferencia de lo que ha ocurrido con otros gobiernos que simplemente han dicho a los trabajadores que tienen que esperar ahora hay un compromiso por hacer efectivo de alguna manera este derecho. La toma de decisión tiene que afectar a alguien, pero no creo que este cambio (pagar 100% en bonos si no dispone de recursos el Fisco) está afectando de manera sustancial a los derechos laborales de los trabajadores.

    ¿Están preparados los funcionarios para manejar estos instrumentos financieros?

    Esto, ciertamente, es algo que se debe ir superando. Se ha dicho que el mercado financiero no es un tema sencillo, pero nunca vamos a terminar de aprender a manejar estos instrumentos sino los utilizamos. Yo creo que también parecería ser que le victimizamos al trabajador, cuando algunos incluso están familiarizados con este tipo de instrumentos.

    Aún así los trabajadores consideran que los bonos estatales no son instrumentos atractivos en el mercado bursátil como lo son otros de carácter privado…

    A diferencia del Estado de 1999, vemos hoy una solidez en las finanzas públicas independiente de cualquier postura ideológica. Por eso, los bonos estatales van a gozar de mucha más credibilidad y menos riesgo que hace una década atrás. Lo que sí preocuparía es que no se lleguen a cumplir las condiciones del Decreto para los bonos en cuanto a plazos y términos de cobro.

    ¿Podrían, de no estar de acuerdo, demandar al patrono, en este caso al Estado?

    Ahí caemos en el juego de judicializar todo. Hay como dije un problema pragmático. Si el Decreto es demandado por inconstitucionalidad, lo cual no creo que sea posible, y digamos que esto se acepta, el Estado igual tiene un hueco presupuestario que cubrir y en ese contexto cómo va a cubrir el monto que se requiere para cancelar a los empleados públicos que hoy esperan la jubilación. Es un monto importante y en algún momento se habló en una sabatina de hasta USD 400 millones.

    De todos modos es un tema que ha generado malestar entre trabajadores…

    En materia judicial siempre se dice que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Una demanda laboral al Estado representaría tomar abogados, tardaría años y probablemente si obtiene un juicio a favor la relación costo beneficio probablemente sea negativa e incluso es posible que más rápido se hagan efectivo los bonos.

    Pero al final los trabajadores están pagando por un problema presupuestario del Estado…

    El Estado ha prometido mucho sin dimensionar el costo y eso ha hecho que el nivel de la inversión pública que requiere el tema de educación, salud, etc., sea inmenso. Mire lo que pasa hoy con el Yasuní y es porque el Estado requiere una cantidad ingente de recursos para cumplir lo que él mismo se impuso y de dónde vamos a sacar los recursos para financiar todo lo que plantea la Constitución… entonces se comienza a limitar la alimentación, los viáticos. La pregunta es por qué desde el principio no se tomaron medidas. El Estado creció exponencialmente, se crearon muchas instituciones. Este decreto forma parte de toda esa desarticulación y ahora se terminó sacrificando a los que ya no son productivos.

    Pero los recortes eran necesarios

    Si el Estado ya reconocía esos derechos, ya se volvían irrenunciables. Pero es coherente la argumentación de que el Estado ahora paga mejor y eso sí compensa en el sector público la pérdida de esos derechos. Lo que no ocurre en el sector privado donde es muy difícil acceder a incrementos salariales.

    Hoja de vida

    Investigación La formación. Abogado, con un Diplomado en Gestión de Política Pública en la Universidad de Argentina. Cursa una maestría en Derecho Administrativo.

    El aporte académico. Director del Centro de Estudios de la Política Laboral. Catedrático de las universidades Indoamerica e Internacional.

    «El Estado creció exponencialmente. Este decreto forma parte de esa desarticulación y ahora se sacrifica a los que ya no son productivos».

    «Los bonos estatales van a gozar de mucha más credibilidad y menos riesgo que hace una década atrás»

    «Hay un problema pragmático: cómo reasigno recursos a estos trabajadores cuando requiero para salud, obra pública».

  • Estado y empresas usan las alianzas con mayor frecuencia

    Redacción Quito y Guayaquil

    Las alianzas público-privadas cada vez tienen mayor espacio en los programas de las entidades públicas, así como en la planificación de las empresas.

    Los anuncios de convenios o acuerdos se escuchan con frecuencia. Así se encuentra que Movistar, por ejemplo, colabora con el Municipio de Quito en desarrollos tecnológicos, o que Continental Tire Andina, la Corporación Financiera Nacional y el Ministerio de Agricultura trabajan desde hace un mes en un programa de incentivos forestales.

    Otro ejemplo: el Ministerio de Industrias tiene convenios de cooperación con los sectores metalmecánico, de tecnología, automotor, alimentos y otros. La idea es fortalecer la productividad y la cadena de valor, la promoción y la inserción de productos nacionales en mercados locales e internacionales con miras al cambio de matriz productiva.

    Además, el Ministerio ejecuta desde julio pasado talleres en el marco del Proyecto Nacional para el Desarrollo de Cadenas Industriales (Encadena Ecuador). Con ello, se busca identificar e impulsar los productos que tienen potencial para producirlos localmente e ir a una sustitución selectiva de importaciones.

    Para Sebastián Hurtado, de la consultora Prófitas, las alianzas públicas-privadas surgen por un motivo: el presupuesto limitado que tiene todo gobierno. Según su punto de vista, para que las autoridades del país mantengan el ritmo de construcción de obras e infraestructura de interés nacional se requiere participación del sector privado, como socio.

    «Así se consiguen dos objetivos: que la empresa privada invierta y tenga rentabilidad, y que el Gobierno y las entidades públicas desarrollen proyectos para el bien de una ciudad o una región», asegura Hurtado.

    Ana María Correa, también de Prófitas, añade que este tipo de procesos requiere un cambio de cultura y mentalidad. «Hay complejidades en ambos sectores que se pueden desconocer. En un proyecto de 30 o 35 años el inversionista privado debe entender que hay una cadena de valor social y que no solo importa la ganancia económica».

    El vicepresidente de la República, Jorge Glas, asegura que las alianzas con el sector privado son claves para el cambio de matriz productiva. Para impulsar la industria y los diferentes sectores, el empresariado cumple un papel fundamental para llevar a cabo los proyectos que el Gobierno ha implementado.

    Según el funcionario, la alianza ayuda a compartir e intercambiar experiencias para conseguir objetivos. Así lo afirmó en el marco del Encuentro Empresarial por el Cambio de Matriz Productiva, efectuado en Quito la semana pasada.

    El ministro de Industrias, Ramiro González, pone como ejemplo el trabajo que se cumple el ministerio que dirige con autopartistas y ensambladoras con el fin de que esta industria se tecnifique y estandarice procesos. «Con ellos estamos fortaleciendo la cadena metalmecánica para en dos años sustituir importaciones por USD 400 millones».

    Consorcios

    El programa.  Ese año se conformaron cuatro consorcios de exportación, bajo la dirección del Ministerio de Industrias y Producción.

    En operación. Dos consorcios del sector Agroindustrial, uno del sector metalmecánico y uno del sector cosméticos.

    En lo que va del 2013.  Este año se cuentan 15 consorcios. Nueve de Promoción; uno de Exportación; tres de Promoción y Venta; y dos Consorcios de origen.

  • Los participantes de la Red 4G alistan la negociación

    REDACCIÓN QUITO Y GUAYAQUIL. Twitter: @RevistaLideres

    Luego de cinco años, el Estado y las telefónicas privadas se sentaron nuevamente a dialogar. En el 2008 renegociaron la concesión de espectros por 15 años, por un monto que alcanzó los USD 866 millones para las arcas nacionales, más el 2,93% de la facturación anual de cada una de las compañías.

    Esta vez, se reúnen para la licitación de espectro que les permita desplegar la red 4G-LTE (evolución a largo plazo, por sus siglas en inglés) y también ampliar su servicio 3G.

    Jaime Guerrero, ministro de Telecomunicaciones, aseguró la semana pasada que ya se celebró una primera reunión con Conecel S.A., que opera bajo la marca Claro, y Otecel S.A. cuyo nombre comercial es Movistar.

    Pero, ¿por qué es importante esta licitación tanto para las operadoras como para el Estado ecuatoriano? Porque el 4G es un estándar de telefonía móvil que ofrece dos ventajas: la primera es una conexión a Internet desde un celular o una tableta 10 veces más rápida que la actual red 3G.

    Otra ventaja, que beneficia directamente a los usuarios, es que las operadoras tendrán más espacio en el espectro para la red 3G, lo que permitirá mejorar el servicio telefónico.

    Para el Estado, por su parte, significará una inyección de ingresos importante. De acuerdo con declaraciones del presidente de la República, Rafael Correa, y del ministro Guerrero, el precio de la concesión se fijará con base a la «altísima rentabilidad» que tienen las compañías.

    Entre el 2009 y 2013, según reportes de las telefónicas, Conecel obtuvo utilidades netas por USD 962 millones. En el caso de Otecel S. A. el monto ascendió a USD 309 millones.

    Pablo Bello, secretario general de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (Ahciet), comenta que las últimas asignaciones de espectro para la red 4G en la región han sido en Colombia y en Perú.

    En el primer país se pagó algo más de USD 100 millones, mientras que en Perú se pagaron USD 150 millones.

    Cabello explica que la población de Colombia es tres veces superior a la ecuatoriana y la de Perú es el doble. Estos datos son relevantes, dice el especialista, «porque el valor que se le dará a un espectro está relacionado con el tamaño del mercado potencial».

    Cabello añade que «realizando las correcciones por el tamaño relativo de los países, de acuerdo a nuestras estimaciones el valor del espectro en Ecuador debiese estar en un rango que oscila entre USD 40 y 60 millones».

    En el país, la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), ya ofrece el servicio 4G, pero el acceso a este servicio todavía es limitado.

    La CNT lanzó al mercado este servicio por medio de un módem portátil denominado ‘mifi’ -a fines de noviembre del 2013- y hasta abril contabilizaba un total de 1 422 de usuarios conectados a este servicio, según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel).

    En el 2012, el Estado ecuatoriano entregó de forma directa a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) el espectro AWS y 700 MHz.

    Para Hugo Ruiz, exsuperintendente de Telecomunicaciones, la estrategia de que la empresa pública ofrezca primero el servicio 4G no ha dado resultados y por lo contrario, «ha retrasado para que esta tecnología tenga mayor penetración en los ecuatorianos».

    Para Alfredo Velazco, miembro de Usuarios Digitales, este nuevo acuerdo entre el Gobierno y las operadoras debería empezar por exigir a las mismas un servicio que vaya más allá de la rapidez y se enfoque en la calidad. «Cómo buscan satisfacer las necesidades de los clientes futuros, si no se satisfacen la de los clientes actuales», se pregunta Velazco. Es por eso que se debe regular a las operadoras antes de brindar un nuevo servicio.

    El costo de los equipos es otro tema que se debe solucionar, comenta Velazco, «debido a que los costos de los celulares son el doble del que venden en Colombia». Por ejemplo el costo básico de un plan 4G en CNT es de USD 29,99, es decir que el precio del servicio no es el mayor inconveniente, sino, la conectividad según el vocero de Usuarios Digitales. Él fue uno de los usuarios que probó este servicio, sin embargo no cumplió sus expectativas como consumidor.

    Firmas como Alcatel y Huawei también tienen expectativas de estas negociaciones. Estas compañías son las potenciales encargadas de desplegar la red 4G, para Conecel y Otecel. Estas empresas ya trabajaron para la estatal CNT.

  • Marco Proaño Maya: ‘Es un exceso invocar lo público para afectar a fondos privados’

    Mónica orozco

    El 18 de septiembre, el abogado Marco Proaño Maya presentó en Quito, su libro ­’Seguridad Social y Sociedad Democrática’. En uno de sus capítulos aborda, con detalles, el papel de los fondos previsionales de jubilación y cesantía privados en Ecuador.

    La Asamblea debate un proyecto de Ley que busca transferir la administración de 54 fondos de cesantía y jubilación privados, a la administración pública, a través del Banco del Afiliado (Biess). Eso, con el argumento de que el Estado tiene la competencia exclusiva para dar seguridad social. ¿Es así o estos fondos son mecanismos complementarios de la seguridad social?

    Actualmente, la seguridad social en el país es pública y universal. Pero los fondos previsionales han existido en todas las leyes básicas de la seguridad social. Se trata de fondos creados con la aportación voluntaria de los partícipes y, en algunos casos, con la contribución discrecional del empleador. Y tienen como fin mejorar las cuantías de las prestaciones que da el Seguro General Obligatorio o de recibir prestaciones que no da la seguridad social.

    Aunque el tema tomó vigencia en estos días con este proyecto de Ley, no es la primera vez que el oficialismo cuestiona estos fondos…

    Este Gobierno ha tenido una actitud beligerante desde hace cuatro años con estos fondos. Si se revisan los decretos que se han emitido se observa que estos se han orientado a que no se fortalezca la capitalización de los fondos, en especial, en el sector público. El decreto mayor sobre este tema, que lesiona los fondos, es el que estableció que desde el 1 de enero del 2009 por ningún concepto egresarán del Presupuesto del Estado, recursos para fondos previsionales. Esta ya fue una decisión que vino a perturbar la capitalización de los fondos. Yo creo que es una equivocación del Gobierno; que debe pensar en la propuesta legislativa, porque entre el 92 y 95% de los fondos complementarios ya están invertidos; entonces, hay muy poco que administrar.

    ¿Pueden convivir estos fondos en el nuevo marco constitucional?

    El artículo 338 de la Constitución dice que el Estado promoverá el ahorro nacional como fuente de inversión productiva del país. El fondo previsional es un ahorro. Un empleado público, que cotiza 30 años al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), recibirá una jubilación de, por ejemplo, USD 600 al mes. Pero si es parte de un fondo previsional tendrá una pensión mayor, que le va a dar una independencia económica.

    Otro argumento del proyecto es que estos fondos recibieron aportes estatales. ¿Tiene el Estado la facultad de administrarlos porque entregó un beneficio laboral a un trabajador?

    El aporte público ya se fusionó y pasó a ser una remuneración del trabajador que ha acumulado durante su vida activa y que por su propia voluntad ha participado para tener aportaciones adicionales. Creo que es un exceso el pretender, invocando lo público, afectar a instituciones sin fines de lucro, que buscan lograr prestaciones de seguridad social adicionales o mejorar la cuantía de estas.

    ¿Dónde terminan los derechos económicos?

    Estos fondos previsionales tienen carácter de privados. Los Estados deben garantizar los derechos de las personas, y un derecho de esas personas es aportar de sus remuneraciones cuando están activas, para que cuando se jubilen puedan tener una pensión digna. Porque cuando una persona se jubila, va a tener 20 años más de vida no de vejez.

    ¿Son los fondos un mecanismo válido dentro de la seguridad social?

    Sí, siendo ya una institución hay que respetarlos.

    ¿Los directivos de los fondos han señalado que se está afectando al derecho de asociación?

    Sí, y el derecho de asociación es un derecho inmerso en los derechos humanos de las personas.

    Usted, en su libro, menciona que debe tenerse en cuenta el principio de progresividad en materia de seguridad social, ¿el proyecto afecta a derechos ya adquiridos?

    No puede permitirse que una legislación secundaria consagre la regresividad de derechos. Todo lo contrario, la autoridad debe buscar que en la legislación exista una progresividad de derechos, es un principio constitucional. Incluso, hay organismos que consideran que toda regresividad de derechos debe entenderse como nula.

    En cuanto al sistema obligatorio, es decir el IESS, ¿cuáles cree que son los tres ejes fundamentales que se deben tener en cuenta en la reforma a la Ley de Seguridad Social que, se espera, entre a discusión en los próximos meses?

    Que se respeten las normas positivas de la actual Ley, como mantener una administración separada de los fondos del IESS (prestación de salud, jubilación, riesgos del trabajo, etc.), que la base de cálculo para el aporte del afiliado sea el ingreso real y crear un área especializada que administre las inversiones del IESS y que hoy es el Biess.

    Aumentar la edad de jubilación, ¿debiera ser parte de esta reforma?

    En la actual Ley se establece que cada cinco años tiene que aumentarse un año la edad de jubilación, pero ningún gobierno ha respetado esto. Si se hubiera cumplido, la edad para jubilarse debería ser 63 años, pero la edad hoy es 60 años.

    Dado el déficit actuarial (falta de recursos en el futuro para pagar las pensiones y otros beneficios a los afiliados), del IESS, ¿cree que es necesario aumentar el aporte?

    Alguna vez se habló de eso, pero con miras a suprimir el aporte del Estado al IESS, pero la misma Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice que si esto ocurre los trabajadores verán afectadas sus prestaciones o tendrán que aportar del 16 al 18% al IESS. Pero hoy, el afiliado no aporta nada para salud, sino solo el empleador, y ese es un error, debe aportar o tiene que haber una redistribución de su aporte. Además, creo que es necesario que se implemente un sistema de aportación diferenciado para que amas de casa, vendedoras, etc., puedan afiliarse aportando entre el 6 u 8%, pero que tengan acceso solo a salud y jubilación. Finalmente, que la universalización de la seguridad social sea progresiva.

    UN RESUMEN DE SU CV

    La experiencia. Doctor en Derecho. Ha ejercido cargos como diputado, Vicepresidente del Congreso, Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano.

    Publicaciones. Autor de obras jurídicas, sociológicas y ensayos políticos, entre ellos, ‘El Derecho de Autor: Derecho Universal’, etc.

  • Diego Martínez: ‘El Estado no se va a meter a decidir a quien dará créditos’

    Xavier Basantes (I) Editor del Semanario LÍDERES

    El Ejecutivo se encuentra en plena revisión del texto que la semana pasada, con ajustes de última hora, aprobó la Asamblea. El Presidente del Directorio del Banco Central conversó con LÍDERES a las 08:00, del viernes 25 de julio.

    Aprobado el Código Monetario en la Asamblea, ¿qué le dice a la banca privada que, antes y durante el debate legislativo, expresó preocupación sobre su contenido?
    Este momento resta la revisión del documento; el Presidente (Correa) tendrá que analizarlo y decidir si cabe o no un veto y, para que entre en vigencia, resta su publicación en el Registro Oficial. El mensaje no es distinto al que dimos en la discusión del proyecto: este Código busca que la banca sea un actor importante en el proceso de desarrollo del país.

    ¿A qué se refiere con eso?
    Me refiero a que ya es hora de que la banca empiece a apostar por todo lo que el resto de ecuatorianos está apostando. Es decir, aportar en el desarrollo del aparato productivo y de los emprendimientos. La banca tiene que salir de la zona de confort en la que ha estado, en donde ha centrado su actividad con el crédito mal llamado productivo, que no es otro que un crédito comercial de corto plazo, y con el crédito de consumo.

    A través de los instrumentos que le va a proveer el propio BCE, se busca que la banca empiece a jugar un rol más activo en el financiamiento de mediano y largo plazos. Eso es lo que necesita la economía.

    De lo que conoce, ¿cabe un veto?
    El documento recién se aprobó ayer (jueves 24 de julio). En el Ejecutivo nos tomaremos el tiempo que sea necesario para revisarlo. No obstante, sí puedo mencionar que el Código contiene las cosas que eran el objetivo del Ejecutivo: incrementar la seguridad para los depositantes y establecer instrumentos que a través de un manejo adecuado de liquidez, fortalecer aquello que los bancos han venido reclamando (documentos líquidos), e impulsar el financiamiento de mediano y largo plazos.

    ¿Qué instrumentos financieros se ofrecen con el Código a la banca privada?
    Por ejemplo, títulos del BCE, ventanilla de descuento, la inversión de excedentes de liquidez, el manejo adecuado del coeficiente de liquidez doméstica, etc. Si este fuera un Código, como ciertos analistas han dicho que busca ‘estatizar’, no abriríamos el mecanismo de excedentes de liquidez para la banca privada y demás entidades financieras.

    También se cuestiona que lo que busca el Gobierno es manejar la liquidez, para cumplir los objetivos de su modelo…
    Indudable. ¿A qué se refiere, ‘manejar la liquidez’? Lastimosamente algunos analistas desviaron el punto central del tema. El manejo de liquidez lo hacen todos los ciudadanos, es la toma de decisiones de las familias, las empresas, el sector público, la banca privada…

    ¿Cuál fue el error de los analistas?
    Muchos interpretaron que el manejo de liquidez significaba que el Estado se va a coger el dinero que está en los bancos privados. No hay ninguna sola norma en todo el Código, que permita al Estado tomar depósitos de lo que tienen los ecuatorianos en los bancos o en las cooperativas. De hecho, se ha fortalecido el control sobre el delito de congelamiento.

    Pero en las amplias potestades de la Junta especial que crea el Código para direccionar los créditos, podrá destinar recursos privados para proyectos públicos.
    Bajo ningún punto de vista.

    ¿La Junta podría tener esa potestad?
    No, porque sería ineficiente. Explico a qué se refiere el direccionamiento del crédito: es la posibilidad de establecer medidas, instrumentos e incentivos que permitan que la banca asigne una parte de los recursos con los que cuenta, a través del crédito, a ciertos sectores que como economía queremos fortalecer.

    El aparato público se financia por sí mismo. Esas afirmaciones de que el Gobierno ha buscado este Código, porque ya no le alcanza el dinero para pagar los salarios es la cosa menos analizada, más desinformada y es la desfachatez más grande que he escuchado.

    ¿Por qué?
    Porque los datos están ahí. Los ingresos permanentes del Gobierno cubren los gastos permanentes. ¿Qué pasa con la inversión pública? Está cubierta con los ingresos petroleros, con el endeudamiento externo, etc. El dinero que está en la banca privada, que está en las cooperativas, sigue estando allí.

    Entonces, el direccionamiento del crédito se trata de incentivos, de fondeo desde el Banco Central, para que a su vez se pueda prestar al sector productivo. El Estado no se va a meter a decidir a quien da los créditos o no. No hay ninguna norma que le faculte al Estado a decidir a quien entregará esos créditos.

    En la aplicación práctica del Código, ¿cómo va actuar la Junta?
    Habrá momentos en los que sea más útil y esto es algo que como autoridad económica tenemos que hacerlo luego de un análisis responsable, establecer tasas diferenciadas para ciertos sectores económicos. Habrá momentos en los que sea más útil, desde el Banco Central, proveer liquidez a los bancos, para que estos a su vez, con esa liquidez adicional, no es la liquidez con la que ya cuentan, direccionen crédito a los sectores que están, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, industrias básicas, manufactura, industrias ligadas a la tecnología, básicamente.

    ¿Cómo operará la Junta, para cumplir el objetivo de canalizar recursos a los sectores que se alinean con el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo?
    El Gobierno, a través de la Junta, define los sectores en donde es deseable que haya más crédito y la Junta dice a los bancos: «señores, es deseable que vaya más crédito a esto. Pongo a su disposición esta cantidad que no tienen. Quien quiera sumarse, venga al BCE», y entra a través de los mecanismos de ventanilla o inversión de excedentes; recibe financiamiento adicional, y empieza a prestar a ese sector. Pero la Junta bajo ningún punto de vista puede decir preste a este u otro proyecto.

    Sea público o privado, ¿por qué?
    Porque el análisis de riesgo de las operaciones crediticias lo tiene que seguir haciendo el banquero. No decide el Gobierno a qué proyecto va. Eso bajo ningún punto de vista, porque el Estado no puede meterse a tomar decisiones que están en la esfera de rentabilidad de los negocios privados.

    ¿Cómo se fortalece la dolarización?
    Antes, es importante indicar datos que los analistas han desinformado. Han dicho que el Estado está ilíquido y que no tiene reservas para respaldar sus operaciones internacionales. Eso es falso. Tenemos las cifras de los agregados monetarios más altos en dolarización: el 38% del PIB; la cuenta del Ministerio de Finanzas está sobre los 2 000 millones de dólares; y la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad está en 6 000 millones.

    ¿Y la dolarización con el Código?
    Estamos diseñando mecanismos para que la liquidez recircule en la economía, porque en una economía que no puede emitir moneda, el peor negocio es tener el dinero afuera. Segundo, estamos implementando mecanismos para que sea más rentable para la banca invertir los recursos aquí. Y, tercero, estamos elevando los estándares de solvencia y seguridad del sistema financiero.

    Resumen de la gestión del titular del BCE

    La formación. Economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene una maestría en Economía del Desarrollo otorgado por el Institute of Social Studies (ISS) de los Países Bajos.

    En el sector público. Se desempeñó como Subsecretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la Senescyt; Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir; Secretario del Consejo Nacional de Planificación; Subsecretario General de la Senplades, etc.