María Vanessa Silva
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En Ecuador, las empresas y el sistema financiero en general se adentran a las finanzas sostenibles a través de alianzas estratégicas o mediante esfuerzos propios. Sin embargo, aunque el tema es considerado relevante, todavía en algunas compañías no hay una aplicación integral de planes o políticas encaminadas a ello.
Sobre este tema, 105 firmas del país fueron encuestadas por la consultora Deloitte, como parte del ‘Estudio de Tendencias de Sostenibilidad 2019’.
De las nueve tendencias en materia de desarrollo sostenible, las finanzas ocupan el cuarto puesto de relevancia y los encuestados califican su estado de preparación como “bajo”.
Uno de los resultados del estudio fue que el 62% de los encuestados mencionan que conocen qué son las finanzas sostenibles, sin embargo, casi el 80% no tiene un plan dentro de la empresa para trabajar en este ámbito. El 20% cuenta con herramientas para desarrollar este ámbito y el 71% no cuenta con el conocimiento técnico para desarrollar este ámbito.
“Sin duda, este panorama nos deja una lectura de que hay mucho por hacer, donde el conocimiento y la preparación en este ámbito hará la diferencia para seguir avanzando positivamente”, reflexiona Deloitte.
Ecuador es parte de los 12 países latinoamericanos miembros de la Red de Banca Sostenible (SBN, por sus siglas en inglés), pero sus esfuerzos aún no son suficientes para destacarse entre los países con mayores avances.
No obstante de aquello, los pasos dados hasta el momento abonan en ese objetivo. En el 2016, en Galápagos, se emitió el Protocolo de Finanzas Sostenibles, promovido por la Asociación de Bancos Privados (Asobanca). Tuvo como adherentes a los 10 bancos más importantes del país. Actualmente son 12 bancos adherentes.
El documento también fue firmado por la Superintendencia de Bancos, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), y por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina. Las tres entidades aparecen como testigos de honor del protocolo. En junio del 2019, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también se adhirió al protocolo.
Las entidades financieras se comprometen, entre otras cosas, a mejorar continuamente la cartera de productos y servicios bancarios destinados a financiar actividades y proyectos con beneficios sociales y ambientales.
David Grey, presidente del Comité Ampliado de Finanzas Sostenibles de la Asobanca, explica que la iniciativa impulsa a los bancos a adherirse y aplicar y/o mejorar sus prácticas de manera voluntaria; así como oportunidades de negocio para el desarrollo e inversión, ya que la banca puede crear líneas especializadas, como los créditos verdes.
“Las finanzas sostenibles buscan concienciar a todos los actores que manejan directa o indirectamente recursos financieros, para que promuevan iniciativas de desarrollo sostenible”.
USD 23 billones para inversión climática
Las oportunidades de inversión climática en 21 países de mercados emergentes sumarían USD 23 billones, según la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial.
En octubre pasado, dentro del ‘Informe de Progreso Global de SBN’, la IFC planteó que para aprovechar esas oportunidades los mercados emergentes deben aumentar la participación de
los préstamos climáticos en sus carteras del 7% actual al 30% para el 2030.
Ricardo Cuesta, presidente ejecutivo de Produbanco (entidad signataria del Protocolo de Finanzas Sostenibles del Ecuador), considera que dentro del financiamiento sostenible, los principales componentes pueden ser la promoción de productos y servicios financieros dirigidos a actividades sostenibles, implementación de Sistemas de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (Saras), la ecoeficiencia interna de las entidades financieras, así como el compromiso estratégico y la gobernanza corporativa.
“Estas características deben enfocarse en una dinámica de análisis y prospección de generación de valor, relacionadas directamente con ahorros generados por eficiencias productivas, cambio en el uso de fuentes energéticas, materias primas recicladas, etc.”.
De este modo, las instituciones financieras se convierten en asesor estratégico en sostenibilidad.
LOS PRI
Los principios de inversión responsable (PRI) buscan entender el impacto que las cuestiones ambientales, sociales y gubernamentales tienen en las inversiones y asesorar a los signatarios para integrar estos asuntos a sus decisiones sobre inversiones y propiedad.
El primero es incorporar las cuestiones sociales y de gobernanza corporativa (ESG, por sus siglas en inglés) a procesos de análisis y de toma de decisiones en lo que se refiere a inversiones.
Los PRI también se enfocan en una divulgación transparente de las cuestiones ESG por parte de entidades en que se invierte.
