Redacción Quito
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El uso de productos financieros aún no se masifica entre los ecuatorianos. Así lo dejan ver las estadísticas del Banco Central del Ecuador (BCE) y de Global Findex, una plataforma del Banco Mundial que mide las modalidades que utiliza la gente para ahorrar, pedir préstamos, realizar pagos y gestionar riesgos
El BCE señala que durante el 2016, el 44,1% de la población adulta (personas mayores a 15 años) adquirió algún producto financiero (depósitos de ahorro, depósitos a plazo, cuenta corriente, cuenta básica, crédito, tarjetas de débito, tarjetas de crédito). Para el 2017 este porcentaje se redujo a 41,7%. “Esto se explica, principalmente, por una disminución en la adquisición de los productos financieros de ahorro (4,9%)”, según respondió el BCE.
La misma entidad destaca que a pesar de ello la ciudadanía realiza un uso frecuente de productos financieros. El año pasado, el porcentaje de cuentas inactivas, es decir, aquellas cuentas que no han realizado movimientos durante seis meses consecutivos, disminuyó, pasando de 23,9% en 2016 a 17,4% para 2017.
Según Global Findex 2017, Ecuador ocupa el quinto puesto en materia de inclusión financiera. Es superado por Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia. “Estos países han tenido una política activa en temas de Inclusión y Educación Financiera”, dice el BCE y pone de ejemplo a Chile y su programa de el mes de la Educación Financiera.
El Global Findex aporta con más datos. Dice, por ejemplo, que en el 2017 el 51% de los adultos del país tenía una cuenta en una institución financiera, que el 9% de la población tenía una tarjeta de crédito y el 28% contaba con una tarjeta de débito.
Valeria Llerena, directora Ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, comenta que el Global Findex 2017 deja ver las principales razones por las cuales una persona no tiene una cuenta. Resaltan no tener los fondos suficientes para hacerlo, las personas encuestadas creen que abrir una cuenta es muy costoso, alguien cercano a ellos ya posee cuenta o creen que las instituciones financieras están muy alejadas.
Otro criterio importante que destaca Llerena está relacionado con la cultura del ahorro de la población. La vocera de la Red detalla que para el 2017 el 38% de los latinoamericanos afirmó haber ahorrado dinero durante el transcurso del último año, en el caso del Ecuador el 34% afirmó haber ahorrado dinero, pero solo el 12% en una institución financiera formal.
En cuanto al acceso a crédito, se observa, nuevamente, que Ecuador está rezagado. En el 2017 el 38% de los latinoamericanos encuestados había pedido un préstamo durante el último año, mientras que el Ecuador la cifra fue de 32%, pero solo el 12% en una institución financiera formal.
Para Llerena se puede concluir, que si bien el nivel de acceso de la población a productos y servicios financieros en Ecuador ha venido aumentando durante los últimos años, la proporción de personas que ahorran y la necesidad de financiamiento han disminuido entre el 2014 y 2017. “Estos factores se ven explicados, entre otros, por el desempeño de la economía ecuatoriana en su conjunto”.
La representante de la Red resalta que mayores niveles de ahorro o necesidad de financiamiento en la población no necesariamente son una señal de mayor formalidad. “Aún siguen vigentes y continúan siendo importantes mecanismos de ahorro en instituciones no formales y los préstamos semiinformales o informales otorgados por familiares o amigos”
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La Red calcula que esa cifra podría llegar incluso hasta un 28% del financiamiento que se otorga en el país.
El tema también es analizado por la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, capítulo Ecuador (Asomif). Su director ejecutivo, Patricio Chanabá, cree que para tener mejores indicadores de inclusión financiera se necesitan más servicios y mayores facilidades de ahorro a las personas para que ellas consuman.
Según el vocero de este organismo -que en el país tiene 732 000 clientes repartidos en cinco entidades- dice que los servicios que más deben desarrollarse incluyen microseguros, pagos, transferencias, pagos de telefonía, cuentas de ahorro, manejo de finanzas en unidades microproductivas. “Para todo eso se necesita una normativa moderna que incentive los servicios especializados”.
Juan Pablo Guerra, presidente de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario, pide una política pública de largo alcance. La inclusión, añade, no solo implica acceder a productos financieros, sino también un marco formal, educación, tecnología. “Esto debe reflejarse en el mejoramiento de la calidad de vida”.
Para Guerra, con la tecnología se puede brindar productos y servicios sencillos en distintos niveles. “La tecnología ayuda a que las personas se familiaricen con los servicios de manera rápida, sientan confianza y se motiven a ser parte del sector financiero”, comenta este experto.
Informalidad y costos frenan acceso a crédito
Paula Charvet empezó hace seis meses su emprendimiento de alimentos artesanales. Pero para ello, no accedió a un crédito en una institución bancaria, sino que tuvo que recurrir a quien ella llama su principal inversionista, su esposo.
“No pedí un crédito porque es muy complicado, los bancos piden muchos papeles, requisitos, garantes, y al final no los conceden. Y eso que los montos que uno necesita para comenzar no son tan altos”, cuenta.
Es complicado para un emprendedor acceder a un crédito en el Ecuador, eso lo reconoce Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) y se refleja en las cifras que presenta el Global Findex 2017 y las que ha recabado el Banco Central (ver gráfico).
Según el Global Findex, el 32% de los encuestados en Ecuador dijo haber accedido a un crédito el último año, pero solo el 12% en una institución financiera formal.
¿A qué opciones accede el restante 20%? El chulco es una de las alternativas más peligrosas y comunes, pero hay otras.
Sonia Zurita, docente de la Escuela de Negocio de la Espol (Espae), explica que en las economías en desarrollo como ecuatoriana, la primera fuente de financiamiento a las que se acceden las personas es al círculo familiar y de amigos, por ser opciones menos costosas y menos complejas.
Añade que otras opciones de financiamiento con prenda de bienes como las joyas también suelen tener acogida por lo sencillo del proceso y la rapidez.
Si bien la cartera de crédito de la banca privada creció un 15% hasta mayo de este año en comparación con el mismo periodo del 2017, Prado reconoce que el segmento del crédito para emprendimientos; es decir, el microcrédito, representa un reto para la banca en un país en el que el chulco sigue atrapando clientes.
Según la Asobanca, entre los factores que dificultan el acceso a crédito a los emprendedores está la informalidad de los negocios.
“Nos encontramos con muchos casos de negocios que quieren préstamos, pero no llevan balances, no declaran al SRI, son negocios en situación precaria en cuanto al manejo y el banco para poder entregar crédito requiere al menos cierta formalidad y otros elementos”, dice Prado.
Otro factor que juega son las tasas de interés que regula el Estado mediante la Junta de Política y Regulación Monetaria. En promedio, las tasas para el microcrédito van del 21 al 29%.
Según Edgar Peñaherrera, gerente de Icored, gremio que agrupa 37 cooperativas, estas tasas en muchos casos no cubren los costos y el riesgo en el que incurre la entidad para entregar estos créditos que por lo general se otorgan en montos pequeños y zonas alejadas de la ciudad.
Brecha de género
En Ecuador, el bajo nivel de bancarización se acentúa más cuando se analizan las cifras por género. Según el BCE, en el 2017, 2,21 millones de mujeres tuvieron acceso a productos y servicios financieros; frente a los 2,28 millones de hombres. Y el acceso a crédito es aún más complejo para la población femenina.
Un análisis del BCE con información de la Encuesta de Condiciones de Vida del INEC 2013-2014, muestra que la probabilidad de acceder a un crédito es menor en un 6% para las mujeres en relación a los hombres.
Según Zurita, en parte, esto se explica en factores culturales que cuestionan la independencia económica de las mujeres.
“Ellas son capaces de generar ingresos o administrarlos y hay mayores posibilidades que los hagan producir y que sus hijos reciban una mejor educación”, señala la docente.
