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  • Él ayudó a desenredar el caso Lava Jato en Brasil

    Redacción Quito

    Por las manos del ecuatoriano Fernando Cevallos han pasado investigaciones de delitos empresariales de la talla de Lava Jato, el escándalo que destapó la corrupción en Brasil en el 2014, considerado por la Policía de ese país como una de las más grandes investigaciones de corrupción.

    Economista de profesión, este guayaquileño que hoy vive en México maneja a diario, por su trabajo, términos como corrupción, fraude empresarial, lavado de dinero, crimen organizado, entre otros. Cevallos se desempeña en la actualidad en México como Socio del área de servicios forense de Deloitte y coordinador académico de programas académicos en anticorrupción a nivel diplomado, certificación profesional y maestría en universidades de México y Brasil.

    En su hoja de vida se describe como miembro del equipo que comentó y desarrolló la ley anticorrupción brasileña. También es coordinador global del comité de comunicación de la Certificación Internacional ISO 37001, pensada en sistemas de gestión antisoborno . “Mi trabajo es investigar la corrupción, pero también mitigar los efectos de ese cáncer”, cuenta este ecuatoriano de 41 años y que ha desarrollado investigaciones forenses, en América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia y Oriente Medio.

    ¿Qué implica la investigación forense? Cevallos se emociona ante la pregunta y explica que se trata de armar un rompecabezas. El trabajo, añade, es reconstruir una historia tal como se ve en las series policiales, cada vez más apoyado en la tecnología y los datos. “Se detecta un acto erróneo que desfavorezca a una compañía o que se haya cometido un acto de corrupción. Allí está todo lo que son delitos financieros. Es fascinante, porque lleva tiempo, se revisan documentos, se habla con personas, se confronta y se arma el rompecabezas”.

    Brasil, la frontera de México y EE.UU., Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, Nicaragua son algunos de los países por los que ha trabajado investigando la corrupción en distintos niveles. “Antes de Lava Jato hubo otras investigaciones en Brasil y ese caso fue una consecuencia de investigaciones previas”, dice Cevallos quien trabajó en el gigante sudamericano entre 2008 y 2013.

    Sus inicios profesionales fueron en abril de 1999, cuando el Ecuador atravesaba el crack financiero. Cevallos había culminado sus estudios universitarios y hallar empleo no era sencillo. Estaba por viajar a Estados Unidos a buscar oportunidades cuando fue contratado en una consultora internacional con operaciones en el país. Así empezó su trayectoria en la investigación forense este ecuatoriano hincha del Barcelona de Guayaquil y antiguo seleccionado ecuatoriano de natación.

    Oswaldo Bravo, socio de Deloitte Ecuador, lo describe como una persona persistente y muy inquisidora en sus tareas profesionales. Una de las cualidades de Cevallos, dice, es la capacidad de conectar muy bien con la gente que trabaja.

    Bravo sabía de Cevallos y su trabajo en la consultora en México, aunque desconocía que era ecuatoriano. “Tengo mucha confianza en Fernando, en lo profesional y en lo personal”.

    Un día de Cevallos arranca con una sesión de cross fit, cerca de su casa en Ciudad de México. Luego deja a sus hijas en la escuela y se dirige a la oficina, ubicada en Paseo de la Reforma, o a reuniones con clientes. Los viajes son una constante, así como los extendidos horarios de trabajo. “No tengo hora de entrada, ni de salida”.

    Para desconectarse del trabajo practica deporte. El gimnasio es una opción, pero también disfruta de acompañar a sus hijas a partidos de softball, gusto heredado de la esposa del ecuatoriano, con quien vive desde hace cuatro años en la capital mexicana.

    En Deloitte México, Cevallos trabaja con otros cinco socios y un equipo de 41 personas.
    Sus aptitudes son valoradas por otros profesionales de distintos países. El brasileño Carlos Ayres es uno de los artífices de la ley anticorrupción brasileña e invitó a Cevallos a ser parte del grupo de discusión de la misma. “He trabajado extensamente con Fernando. Lo describiría como ágil, responsable, trabajador y con una excelente habilidad de investigación. Su experiencia internacional es un activo importante”

    Ayres también trabajó en las discusiones de la ISO 37 0001. “Dado el gran número de personas involucradas en las discusiones (alrededor de 100), solo un verdadero líder como Fernando podía organizarlo”.

    Cevallos continúa con su trabajo. No se anima a decir dónde estará en cinco años, pero sí que seguirá trabajando con dedicación y dando buen ejemplo a sus hijas.

    Fernando Cevallos en tres facetas: con sus hijas, en cursos sobre anticorrupción y en los medios hablando sobre su trabajo. El ecuatoriano tiene 41 años y ha vivido en varios países.  Fotos: Armando Prado  / LÍDERES
    Fernando Cevallos en tres facetas: con sus hijas, en cursos sobre anticorrupción y en los medios hablando sobre su trabajo. El ecuatoriano tiene 41 años y ha vivido en varios países. Fotos: Armando Prado / LÍDERES
  • El delito informático, otra inquietud de las empresas

    Redacción Quito

    Las empresas en América Latina se encuentran inmersas en un contexto de negociaciones digitales de carácter global y, como consecuencia, tienen mayor exposición a las ciberamenazas.

    Pese a que las compañías adoptan una mayor gestión de seguridad, los resultados del estudio ‘Tendencias en Gestión de Ciber-riesgos y Seguridad de la Información en Latinoamérica’, realizado en el 2016 por Deloitte, muestran que el cuidado ante los ciberataques no siempre es prioritario.

    En el estudio participaron 89 organizaciones de 13 países y siete industrias diferentes. Por Ecuador fueron consultadas 28 firmas.

    Los resultados encontraron que el 40% de las firmas encuestadas ha sufrido una brecha de seguridad en los últimos dos años. Oswaldo Bravo, gerente de Evaluación de Riesgos de Deloitte, considera que el dato real tiende a ser muy alto, pero las empresas, por un tema de reputación, no suelen reportarlo.

    Según la Fiscalía General del Estado, un caso local sucedió en enero del 2015, cuando un ‘mal­ware’ o software malicioso se propagó en los computadores de 17 empresas privadas e instituciones públicas de Quito, Guayaquil y Cuenca. Este virus encriptó archivos sensibles e información contable de las entidades.

    Un error común, según Bravo, es pensar que la seguridad digital se resume en usar un software antivirus. “Se debe implementar un gobierno de seguridad de la información dentro la empresa”, agrega. Esto implica definir políticas, procedimientos y un responsable para enfrentar estos riesgos.

    Sin embargo, los resultados demuestran que a escala regional menos del 10% de las organizaciones cuentan con un tablero con indicadores (kpis), que permita evaluar riesgos de ciberseguridad.

    “Vemos que muchos de nuestros clientes nos buscan por algo que previamente afectó a su empresa”, afirma Christian Torres, gerente y cofundador de Yambuu, empresa de seguridad digital.

    En Ecuador, según el estudio de Deloitte, el 54% de las firmas cuenta con una estrategia de ciberamenazas y seguridad de la información. De estas empresas, casi todas corresponden al sector bancario.

    Banco Pichincha cuenta con el portal llamado Banca Segura, que fue implementado en el 2014. Con este, los clientes descargan un aplicativo y generan un canal seguro entre su computador y los servidores del banco.

    Actualmente, debido a las medidas de seguridad descritas, la institución logra bloquear el 98,5% de los ataques dirigidos a sus clientes, asegura Juan Carlos Beltrán, gerente de Riesgo Operativo del banco.

    Por su parte, Banco Guayaquil es la única entidad financiera del norte de la región que cuenta con la certificación más alta de seguridad, la ISO 27 001. En Ecuador, se suman entidades públicas como CNT y Quito Turismo, y firmas como Telconet y Telefónica.

    En este contexto, las regulaciones de entes de control, como la Superintendencia de Bancos, permiten la aplicación de medidas de seguridad. A nivel del Estado, las empresas públicas se rigen bajo el Acuerdo 166 que obliga la implementación de políticas y procedimientos para salvaguardar la información. Para Bravo, el problema está en el resto de empresas ecuatorianas que “carecen de madurez sobre el tema.”

    Según los empresarios, el mayor obstáculo que afrontan para implementar ciberseguridad es no contar con recursos o con el presupuesto suficiente. El estudio dice que, por primera vez en los últimos cinco años, el 77% de las organizaciones no incrementó o directamente redujo el presupuesto destinado a ciberseguridad.

    Una opción para reducir los costos de implementación y mantenimiento es la tercerización de servicios. De igual manera, la capacitación y concienciación interna forman parte de las estrate­gias que las empresas encuestadas realizarán en el 2016 y 2017.

    Las pymes son un segmento vulnerable

    Cuando se trata de fraudes y robos de información, las pequeñas y medianas empresas (pymes) suelen ser las más vulnerables. Esto se debe a que no siempre cuentan con presupuestos o el equipo para poder enfrentar estos retos de seguridad.

    Sin embargo, las empresas pueden acceder a una oferta nacional e internacional de paquetes de seguridad y consejos para que puedan proteger su información.

    Según la Fiscalía General del Estado, entre enero y mayo del 2016, se registraron 530 delitos informáticos en el país. El 69% de estas denuncias (368) corresponde a una apropiación fraudulenta por medios electrónicos.

    Las plataformas de pago, los correos en servidores compartidos o las conexiones a Internet gratuito son algunas de las brechas de entrada que facilitan los crímenes de cibernéticos.

    En el informe ‘Evolución de la Gestión de Ciberiesgos y Seguridad de la Información’, presentado por consultora Deloitte en julio del 2016, se encontró que cuatro de cada diez empresas sufrieron una brecha de seguridad en los últimos 24 meses. Aproximadamente, un 30% de estas son pymes que no cuentan con sistemas de seguridad satisfactorios.

    Un ejemplo: la compañía que publica el medio digital Gkillcity tuvo una brecha de seguridad a finales del 2015. Por culpa de un robot rebotador las operaciones de la empresa, el portal estuvo fuera del aire durante dos días.

    Licencias de software de seguridad, servidores propios y el análisis de riesgo pueden llegar a costar más de USD 10 000. Estos montos suelen sobrepasar los reducidos presupuestos de las pymes, que en sus primeros años de operaciones tienden a priorizar otros costos.

    Por esta razón, Oswaldo Bravo, gerente de Evaluación de Riesgos de Deloitte, explica que “al no tener un presupuesto fijo, lo primero que estos negocios deben hacer es lograr que la administración tenga conciencia y sepa que esto no solo les pasa a las empresas grandes”. Al hacerlo se genera lo que Bravo define como una “cultura de seguridad” dentro de la organización.

    La empresa Yaestá.com, al ser una plataforma de ventas en línea, está en constante amenaza. Pablo Viteri, ejecutivo de la firma, explica que más que recibir ataques, lo que se da frecuentemente son intentos de fraude, especialmente con tarjeta de crédito y con el sistema Paypal. “Lamentablemente las pasarelas de pago que actualmente están disponibles no ayudan mucho en estos casos, por lo que hemos aprendido a detectar ciertos patrones de comportamiento que nos permiten identificar y a la vez disminuir en gran manera los fraudes”, agrega Viteri.

    En el mercado, sin embargo, existen opciones más accesibles para las pymes que deseen acceder a servicios de seguridad. Yambuu es una empresa ecuatoriana que se especializa en el desarrollo de productos de seguridad digital.

    Su gerente, Christian Torres, afirma que las personas y empresas pueden implementar hábitos de seguridad desde un inicio, como: tener claves distintas a cada sistema, generar claves con más de ocho caracteres incluyendo caracteres especiales, o usar ventanas ‘incognita’ en computadores de terceros.

    Imagen: Ingimage
    Imagen: Ingimage
  • Verificación descarta fraude con otros motores de Volkswagen

    Agencia EFE

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    Volkswagen, que reconoció haber trucado once millones de autos con falsas mediciones de contaminación, descartó el jueves, 22 de octubre del 2015, tras las verificaciones pertinentes, que el fraude se haya extendido a otros motores diésel.

    “Tras un examen completo, ahora está claro” que los dispositivos fraudulentos detectados en los motores diésel de modelo EA189 “no fueron instalados” en los motores EA288, de la generación siguiente, indicó un comunicado difundido por el grupo.

    Las sospechas que pesaron sobre el grupo tras trascender la existencia de una investigación no desestabilizaron sus acciones en la Bolsa de Fráncfort, donde el título VW cerró con un alza de 3,39%, superior al del índice Dax de los principales valores, que terminó con ganancias de 2,48%.

    VW reconoció haber manipulado los motores de once millones de vehículos diésel de varias de sus doce marcas.

    Las revelaciones le valieron la apertura de demandas judiciales en varios países y provocaron un derrumbe de la mitad de su capitalización bursátil.

    El grupo prepara además un llamado a revisión masivo de los vehículos afectados.

    Volkswagen negó que las manipulaciones de los motores se haya extendido a sus modelos de autos a diesel. Foto: EFE
    Volkswagen negó que las manipulaciones de los motores se haya extendido a sus modelos de autos a diesel. Foto: EFE
  • Ma. Matilde Almeida destapa el fraude corporativo

    Xavier Montero Redacción Guayaquil / LÍDERES

    aría Matilde Almeida, quien se desempeña en la investigación de delitos corporativos desde hace más de dos décadas, recuerda con humor los pasajes grises de su vida profesional.

    Por ejemplo, cuando estuvo en medio de una balacera entre agentes de las unidades de Inteligencia de la Policía Nacional y una banda de asaltantes de materias primas, hace 8 años. Todo aquello ocurrido en el norte de Quito.

    «Es una investigadora destacada con quien hemos podido resolver con éxito varios casos desde hace unos 10 años», indica Jaime Palacios, principal de la firma J&P Peritajes de Seguros.

    La investigadora rememora con ironía cuando tuvo que «desaparecerse del mapa», durante siete meses. Una banda ‘especializada’ en la estafa a firmas de seguros la amenazó hace 2 años. Las investigaciones de Almeida truncaron un fraude estimado en USD 125 000.

    La manera de operar de los antisociales, liderada por un «profesional del derecho» -según las investigaciones de Almeida-, es asegurar a personas por montos de hasta USD 500 000. Luego, con coimas en poblados rurales, se falsean actas de defunción y hasta los documentos de los deudos. Aquella banda aún no está desarticulada y por tal motivo no se pueden publicar más datos.

    Almeida, quien culminó sus estudios secundarios en Comercio y Administración a finales de la década de los setenta, resolvió 14 investigaciones en el 2012.

    Entre sus clientes corporativos constan las firmas ACE Seguros, Plastex, Contecon, Panamericana del Ecuador… «Es poco común encontrar a una mujer dedicada a esta profesión», indica Roberto Vélez, jefe de Siniestros de Generali Ecuador Cía. de Seguros y quienes conocen del trabajo de ella desde hace unos ocho años.

    El gusto de Almeida por la investigación judicial se originó en 1978. En aquel año inició sus labores en el área administrativa de la Armada del Ecuador, ubicada en Guayaquil, y fue escalando rangos durante 12 años de servicio.

    Durante ese período, la investigadora, cuya canción favorita es el folkrock ‘The sound of silence’ del dueto neoyorquino Simon & Garfunkel, colaboró en pesquisas relacionadas con el contrabando de mercadería en puertos locales y el tráfico de alcaloides.

    A inicios de los noventa, para dedicarse de lleno a la investigación, emprendió como investigadora privada. Uno de sus primeros servicios profesionales los prestó a la Unidad de Investigación Financiera del Banco Central del Ecuador.

    Así, entre otros delitos, pudo certificar casos de clonación de cuentas y tarjetas bancarias, etc. «Su meticulosidad es destacable», indica Alba Rojas, subgerenta de Reclamos de ACE Seguros. Esta firma ha ocupado sus servicios desde hace cuatro años con resultados exitosos en siniestros «sospechosos».

    Una de las investigaciones que más destaca en sus primeros años fue la que realizó para el -en aquel entonces- Lloyds Bank. Almeida fue contratada para dar con el paradero de un cliente que había estafado a esa institución financiera, por varias decenas de miles de dólares.

    La investigadora montó una escena teatral afuera del domicilio del presunto delincuente. Con la ayuda de policías judiciales le hizo creer a él que su automóvil había sido implicado en un accidente de tránsito. «El engañador fue engañado. Él apareció a esclarecer que no había tenido ningún percance vehicular. En ese instante fue detenido», recuerda la investigadora, que prefiere no profundizar sobre sus familiares cercanos.

    Un caso que resolvió a finales de la década de los noventa desenmascaró a una banda que cobraba seguros de vida fingiendo la muerte de los asegurados en accidentes de tránsito ficticios.

    Se trata del trabajo que hizo para la extinta firma de Seguros Inca S.A. y en la que laboró para Martín Vilches. La investigación de Almeida concluyó en que un vehículo reportado como incinerado en un choque no era el mismo que había sido asegurado, que el número del chasis no correspondía al que rezaba en la póliza contratada y que todo fue trucado.

    «La intuición de María Matilde (Almeida) es su principal herramienta al dar una respuesta a un caso», indica Roberto Vélez. Una de las investigaciones que ella realizó para esta firma porteña fue localizar un contenedor de polietileno que se le había sido sustraído a la industrial Plastex, domiciliada en Quito.

    Según recuerda Vélez, para dar solución a aquel caso, la investigadora se hizo pasar por una empresaria que estaba interesada en aquella materia prima robada. Los primeros contactos con los delincuentes se dieron pues quienes tenían los bases plásticas robadas a Plastex respondieron a un anuncio publicado en un periódico. En el dominical se buscaba de suma urgencia contactar con un proveedor de polietileno.

    Los presuntos delincuentes citaron a Almeida hasta unas bodegas en el sector de Pomasqui (al norte de Quito), para dar paso a la venta del material plástico.

    Tras dos horas de conversaciones con ellos, en las cuales ella decía ser una emprendedora del sector plástico, se realizó su captura en flagrancia. El proceso terminó con un enfrentamiento con los policías, y se desarticuló a la supuesta banda dedicada al atraco de contenedores.

    «Se evitó un cuantioso robo a nuestra compañía», señala Alejandro Cerda, jefe nacional administrativo de la importadora Frutera del Litoral. La información que consiguió esta investigadora indicaba que un empleado de la misma empresa había planificado un asalto y un secuestro al presidente de la firma, y que no alcanzó a perpetrarse.

    La jornada de la investigadora, según sus colaboradores cercanos, no tiene horarios fijos. Ella posee las órdenes de captura de los presuntos antisociales y labora con un colegiado de agentes policiales en servicio activo y pasivo, bajo la firma Invescor, con sede en el centro sur de Guayaquil. Así, cuando se tiene alguna novedad sobre los casos, debe acudir para hacer efectivos los petitorios judiciales.

    Actualmente dedica su pericia a una investigación para dar con el paradero de una «estafadora», según dice esta investigadora. La presunta delincuente, al alcanzar un cargo en una cadena de servicios, habría hecho un desfalco por USD 500 000. Almeida también procesa un caso para la aseguradora Panamericana del Ecuador y el de una importadora.

    Sus estrategias para resolver los delitos corporativos surgen en el manejo de fuentes e informantes. Al igual que lo hace su personaje de ficción favorito Jessica Fletcher ‘La reportera del crimen’ en la histórica serie televisiva ‘Murder, she wrote’; la indagadora privada posee una nutrida cartera de informantes en varias ciudades a escala nacional.

    Más pesquisas

    Inteligencia policial. Durante una década colaboró con un Departamento de Policía Judicial en el centro de Guayaquil.

    Su libro. En diciembre publicará un libro con los casos más emblemáticos de sus dos décadas de investigaciones.