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  • Gabriel Martínez: ‘Habrá incentivos para el sector aéreo’

    Patricia González (I)  patriciag@elcomercio.com

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    Gabriel Martínez, ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, detalla los impactos que ha tenido la pandemia para la industria aérea y el transporte terrestre. Explica las estrategias que se están evaluando para la reactivación de ambos sectores económicos.

    El 2019 fue uno de los mejores años para el mercado aéreo ecuatoriano. ¿Qué balance puede hacer del 2020 para la industria, en medio de una pandemia que prácticamente paralizó el turismo?

    Este año ha sido muy duro para la industria aérea, con una contracción del 90% de la demanda. Recién -con los esfuerzos que estamos logrando hacer entre concesionarios aeroportuarios, aerolíneas y autoridades de control- se ha incrementado el número de pasajeros, pero las cifras son muy claras. Anteriormente, había un promedio de 250 000 pasajeros mensuales en rutas domésticas, ahora hay 15 000. En internacionales, de unos 270 000 por mes, pasamos a unos 25 000 pasajeros.

    ¿Cuántos pasajeros se han transportado este año?
    En viajes internacionales, entre enero y agosto se han transportado 1 066 000 pasajeros. En nacionales, 655 000. Había una situación muy estable entre enero y marzo, pero la pandemia ha sido un golpe muy fuerte.

    ¿Cómo evalúa el impacto económico que ha tenido la pandemia para la industria aérea ecuatoriana?
    Estamos calculando pérdidas de casi USD 500 millones. Al dejar de volar, no solo pierde la aerolínea sino también el aeropuerto, la Dirección General de Aviación Civil, que tiene ingresos por las tasas aeroportuarias. Toda la industria se ve afectada.

    ¿Cuántas aerolíneas están operando actualmente en el país y bajo qué condiciones?
    Tenemos 12 aerolíneas que están operando de manera regular, algunas con más frecuencias que otras. Definitivamente, las frecuencias han disminuido por razones de mercado. Inicialmente el COE tomó la decisión de restringirlas a un 30%, pero esto ya
    se ha liberado, es la oferta y la demanda la que está regulando la cantidad de frecuencias. Esto se irá ajustando a medida que las facilidades del país lo permitan. Hasta hace unos meses, los viajeros que ingresaban al país tenían que realizar un aislamiento obligatorio, a pesar de traer una prueba PCR o una rápida, esto era muy restrictivo para la actividad. El poder eliminar ese requisito ha permitido que tengamos más viajeros. Dentro de las terminales y los vuelos se mantienen los controles; con protocolos de bioseguridad al ingreso, toma de temperatura, distanciamientos señalizados, obligatoriedad del uso de mascarillas en los vuelos.

    En promedio, ¿qué porcentaje de sus frecuencias están operando las aerolíneas?
    Me atrevería a decir que están volando un 30% de sus frecuencias regulares. Las que vuelan a Estados Unidos se reactivaron más pronto y tienen más actividad por la relación con ese país, tanto a nivel turístico como económico.

    ¿Cómo están los niveles de ocupación?
    Estamos hablando de una ocupación del 35%, dependiendo del vuelo. Esperaríamos terminar el año con un 60% de demanda y ocupación.

    ¿Qué estrategias se evalúan para la reactivación del mercado aéreo en el último trimestre del año?
    Por un lado, dar flexibilidad en el pago de las tasas aeroportuarias, para que esto no sea un problema adicional de liquidez para las compañías aéreas. Se está trabajando con el Ministerio de Turismo para eliminar el ISD (impuesto a la salida de divisas) en la compra de pasajes aéreos, de tal manera que esto también se convierta en un aliciente. Esperamos tener la propuesta sobre el ISD antes de que termine octubre, pero es un tema legal que debe pasar por la Asamblea Nacional. También tenemos proyectos importantes para la aviación en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, la concesión del aeropuerto de Manta a una empresa pública coreana llamada KAC. Estamos terminando la construcción de la nueva terminal y la torre de control. La inversión es de casi USD 25 millones. Esperamos entregar en diciembre. Será a una concesión por un plazo de 30 años. Eso le retira una presión al Gobierno en momentos de crisis fiscal.

    ¿Cómo avanza el proceso de liquidación de Tame y la venta de sus activos?
    Se nombró un liquidador hace semanas atrás. Se ha conversado con distintos interesados que tienen diferentes objetivos dentro de la venta de activos. Se está trabajando en el avalúo de los bienes. Se puede vender por paquetes o de manera independiente. Estamos diseñando este proceso que será lanzado en pocas semanas, bajo un reglamento. El tiempo apremia para poder cumplir con todas las obligaciones laborales de esta empresa.

    ¿Cuántas ofertas han recibido para la compra de activos?
    Tenemos propuestas de ocho oferentes. Dentro de los cuales hay empresas serias, que tienen ofrecimientos claros. Hay gente interesada en activar nuevamente la compañía.

    ¿Cuál fue la oferta que se recibió de Pan American Airlines y qué respuesta ha dado el Gobierno?
    Esta empresa no consta en los registros de IATA. Se les pidió un certificado de disponibilidad de fondos para validar su oferta. Finalmente retiraron la oferta.

    ¿A cuánto ascienden los pasivos de Tame?
    Los pasivos de Tame pueden ser más de USD 350 millones. Su principal acreedor es Petroecuador por combustible, con más del 50% de la deuda.

    ¿Qué factores influyeron en que Tame no lograra ser una aerolínea rentable?
    Varios factores. Era una aerolínea con tres flotas diferentes de aviones: Airbus, ATR y Embraer. Eso significaba tres tripulaciones, más repuestos y gastos. Por otro lado, rutas ineficientes, que perdían dinero, y un exceso de personal. Tenía una facturación importante, pero sus gastos eran muy superiores a los de la industria. El Gobierno intentó reducir la ineficiencia, pero la pandemia nos obligó a tomar medidas que ya eran inevitables.

    ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre el transporte terrestre?
    Ha sido uno de los sectores económicos más golpeados, principalmente el transporte de pasajeros. Fue un gran reto que se aprobara su operación en mayo, por parte del COE. Primero, con un 50% de la ocupación y un 50% de las frecuencias. Ahora estamos con el 75% de aforo, pero exigiendo las mismas normas de bioseguridad. Tenemos la aspiración de que se permita ampliar las frecuencias al 75%, esto significaría más rutas. Hay 56 terminales terrestres operativas.

    ¿Qué estrategias han evaluado para la reactivación de este sector?
    El 75% del aforo es un buen número. Pero debemos caminar al 100% de las frecuencias. Hay pedidos de que se dé más apoyo en líneas de crédito a este sector. Es algo que se podría trabajar con los fondos que están llegando de créditos internacionales.

    Hoja de vida 
    Formación. Economista, por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Estudió un MBA en la Escuela de Negocios IDE, donde cursó el Programa de Gobernanza y Liderazgo Político.

    Experiencia. En el sector privado dirigió la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Industria Gráfica de Guayaquil. En el sector público se desempeñó como Secretario General de la Vicepresidencia de la República.

    Funciones.
     En agosto del 2019 asumió como Ministro de Transporte y Obras Públicas. Entre sus funciones está garantizar los sistemas de transporte y las obras de infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria.

  • Gabriel Recalde: ‘Un ajuste al Código laboral es clave’

    Carolina Enriquez

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    El titular del Centro de Estudios de la Política Laboral cree que se debe volver al contrato a plazo fijo, pero estableciendo porcentajes de trabajadores con base en cada sector productivo. Considera que se necesita un sindicalismo moderno en Ecuador.

    En un momento económicoen el que crece el subempleo y no se crean empleos plenos, el Gobierno busca reducir los trámites laborales y dar facilidades para la contratación de trabajadores en las empresas. ¿Cómo ve esto?

    Es una decisión importante porque al generar dinamismo en los procesos se incentiva a las empresas a que contraten. La generación de empleo deja de ser un proceso engorroso y brinda alternativas a problemas que han enfrentado las compañías en materia laboral.

    ¿Qué más hace falta para impulsar la contratación?

    Como Centro de Estudios hemos elaborado una propuesta que, entre otras cosas, incluye el tema de retomar el contrato indefinido. Este permitía que los empleos duraran máximo dos años.

    ¿Qué plantea el Centro?

    El haber eliminado el contrato a plazo fijo y establecer el indefinido luego del tiempo de prueba ha generado problemas en la contratación. La idea del Centro es hacer que existan contratos a plazo fijo en porcentajes, de acuerdo con las actividades económicas.

    ¿Ya le han propuesto eso al Ministerio del Trabajo?

    Lo hemos hecho. El informe de la Organización Mundial de Trabajo (OIT) 2015-2016 establece que se pueden mantener contratos a plazo fijo o determinado, que puedan tener un porcentaje por cada sector productivo.

    ¿Para lograr esto sería necesario una reforma legal?

    Es clave una reforma al Código del Trabajo. Con eso creo que pudiera haber un equilibrio entre las reformas del Gobierno anterior y las que busca realizar el actual.

    ¿En qué sectores pudiera aplicarse este mecanismo?

    El Ministerio tiene definidas 22 comisiones sectoriales en las que se tratan temas diferentes como el salario. En este marco podría revisarse el porcentaje de acuerdo con las diversas comisiones.

    ¿Qué factores deberían tomarse en cuenta para fijar estos porcentajes?

    Debemos fijarnos en un ejercicio similar que se aplicó en el Gobierno anterior, con relación al contrato juvenil. Se establecieron porcentajes por cada comisión sectorial. Se hizo un análisis macroeconómico en el que se tomaron en cuenta factores como productividad, volatilidad del mercado laboral, número de trabajadores por sectores, variables externas que impactan y otros.

    ¿Qué pasaría en el caso de que las empresas decidieran tener a la persona más allá de los dos años trabajando?

    Si pasa ese tiempo se convertiría en un trabajador con estabilidad, con contrato indefinido.

    ¿Esta es la única reforma que plantean al Código?

    No. Otro gran tema que el Gobierno debe analizar es una reforma sobre los contratos colectivos por rama de actividad. A través de eso se podría alcanzar un sindicalismo moderno, diferente.

    ¿Qué implicaría el ajuste?

    Que se establezcan normas para regular la sindicalización de los trabajadores en las empresas que tengan menos de 30 empleados. Ahora solo cuentan con este beneficio las personas que laboran en firmas con más de 30. Sería una oportunidad para universalizar el sindicalismo en el país.

    ¿Qué beneficios le traería esto a los trabajadores?

    Que se apliquen sobre ellos los derechos laborales, compartir con los empresarios el manejo de la compañía al ser parte de los comités empresariales. Pudieran sugerir temas, tener parte del capital accionario, etc. Se trata de sindicatos más dinámicos y de afrontar con los empresarios las situaciones alrededor de las firmas.

    El número de sindicatos en el sector privado es muy bajo ahora. ¿Cuál es la razón?

    Una de las razones es que se estableció un mínimo de 30 personas en una empresa para conformar sindicatos. Sin embargo, hay obstáculos no formales que dentro de las mismas empresas impiden que se conformen organizaciones sindicales.

    ¿Cómo cataloga usted a un sindicato moderno?

    Uno en el que las partes entiendan que habrá cooperación. En todo el mundo hay sindicatos, los países más capitalistas lo tienen. Pero, acá, los empresarios creen que se crean para demandas, huelgas remuneradas, etc. Los trabajadores, por otro lado, consideran que es para exigencias. Es necesario que se renueve la organización sindical en el Ecuador, tanto a escala pública como privada.

    Ahora que nombra a ambos sectores, el Gobierno ha hablado de la posibilidad de unificar las leyes sobre trabajadores públicos y privados en un solo cuerpo. ¿Qué tan positivo es eso?

    Se puede hacer pero si solo se tomara una ley; agregarla a otra no sirve. Son básicos los ajustes tanto para el sector público como privado. Hay que analizar las figuras jurídicas laborales en Ecuador.

    El Ministerio, a través de acuerdos, ha realizado ajustes en la normativa sobre temas como pasantías. ¿Cree que podría regularse este tema dentro de una reforma al Código del Trabajo?

    Considero que es necesario que exista una ley sobre pasantías. Pero la contratación de este personal se puede analizar dentro de las comisiones sectoriales porque ahí se conoce la realidad.

    ¿Qué se debería aplicar para incentivar a las empresas a contratar pasantes?

    Podrían aplicarse incentivos, por ejemplo, tributarios. Una medida interesante que ya existe para los jóvenes secundarios y universitarios es la formación dual. Se desarrolla en institutos y compañías en los que se va aprendiendo, pero también se trabaja y se gana experiencia

    Otro de los ajustes hechos vía acuerdo es la posibilidad de que las empresas puedan contratar sustitutos , que deben ser familiares, para las personas con discapacidad severa. ¿La medida ayuda a mejorar la contratación?

    En la actualidad las empresas casi que buscan personas discapacitadas para evitar las sanciones del Ministerio. El problema de fijar cuotas es que generan camisas de fuerza. Hay que cumplir porque se tiene una sanción detrás. Al aplicar el tema de los sustitutos se crea una buena idea, pero insisto hay que poner incentivos.

    ¿Qué tipo de incentivos tributarios podrían ser?

    Variables para el pago del anticipo al Impuesto a la Renta (IR), en el propio IR, entre otros. Es importante, además, que haya el acompañamiento para las contrataciones de entes del Estado.

    Experto en E-Learning Educación e Investigación Virtual, diplomado en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, maestría de derecho administrativo en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). Foto: Pavel Ca
    Experto en E-Learning Educación e Investigación Virtual, diplomado en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, maestría de derecho administrativo en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). Foto: Pavel Calahorrano / LÍDERES
  • Gabriel Labbate: alianza público-privada para combatir cambio climático

    Agencia EFE

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    La salida de EE.UU. del Acuerdo de París plantea a América Latina el reto de impulsar sus programas contra el cambio climático mediante alianzas público-privadas y con políticas gubernamentales más fuertes, aseguró a Efe el Oficial Superior de ONU-REDD en América Latina, Gabriel Labbate.

    Latinoamérica «siempre supo que iba asumir ese reto», dijo Labbate, que participa hoy en un taller regional en la capital panameña sobre planes para financiación, conservación y uso sostenible de bosques.

    Explicó que con el anuncio hecho el pasado 1 de junio por el presidente estadounidense, Donald Trump, la financiación del programa de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (ONU-REDD) de alguna manera se verá afectada dado que disminuirán los fondos de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID).

    «Se va a sentir la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París, es una gran perdida; pero será una oportunidad para que el resto de los países tome el liderazgo sin su participación», manifestó.

    Labbate contó que durante la Administración de Barack Obama (2009-2017) Estados Unidos hizo una contribución importante al Fondo Verde del Clima, un brazo que apoya económicamente la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que financia proyectos para la economía verde en diversos países en vías de desarrollo.

    Al anunciar la salida de EE.UU. del Acuerdo de París, Trump dejó claro que Washington dejará de contribuir al Fondo Verde para el Clima.

    América Latina pierde cada año 2,18 millones de hectáreas de bosques por diversos factores como deforestación, agricultura y desarrollo urbano. A nivel mundial, desde 1990 se estima que han desaparecido 129 millones de hectáreas.

    Para poder gestionar los bosques de forma sostenibles en todo el mundo, se requiere entre USD 170 000 millones y 160 000 millones anuales. La mayoría de la inversión procede de gobiernos donantes y agencias multilaterales.

    Entre 2008 y 2016, los fondos aprobados para REDD+ en 21 países de América Latina y el Caribe fue de unos 1.053 millones de dólares. Brasil concentró un 69 % de todo el monto para la región, seguido de México, Guyana, Colombia y Perú, según Climate Funds Update.

    «Las contribuciones de donantes son importantes, pero en vista del desafío que hay delante», tras la salida de EE.UU. del Acuerdo de París no basta que los fondos procedan esas fuentes para «realizar esa transformación» hacia la economía verde en América Latina, puntualizó el oficial de REDD.

    Explicó que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) apuesta al sector privado, que ahora busca involucrarse en el desarrollo verde.

    «La transformación hacia esa economía verde va a ocurrir si los gobiernos de la región atraen al sector privado a esa dirección, (…), es poder reacomodar las reglas del juego, fijar incentivos, y redireccionar el desarrollo sectorial hacia esos lugares que queremos», aseveró el portavoz.

    ONU-REDD estima que 1,6 mil millones de personas en todo el mundo dependen de los bosques para su subsistencia. La deforestación y degradación forestal suponen alrededor de 17 % de todas las emisiones de carbono, más que todo el sector del transporte y sólo por detrás del energético.

    Las instituciones multilaterales y fondos con mayor financiamiento para bosques en la región son el Programa de Inversión Forestal, el Fondo Amazonía, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, ONU REDD, el Fondo de Biocarbono, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Verde para el Clima, de acuerdo con la información oficial.

    El representante de ONU-REDD (Programa Colaborativo de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de Bosques en Países en desarrollo) para América Latina, Gabriel Labbate, Foto: EFE
    El representante de ONU-REDD (Programa Colaborativo de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de Bosques en Países en desarrollo) para América Latina, Gabriel Labbate, Foto: EFE
  • Los clásicos y la relectura marcan a este académico

    Alexander García

    Su interés por la literatura clásica es de vieja data. Cuenta que le recomendaron leer clásicos como una fórmula para hablar bien y escribir mejor, un tema crucial en su carrera porque además de dictar clases de finanzas escribe artículos para revistas y es autor de dos libros.

    Gabriel Rovayo, director general del ESAI Business School de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, le tomó el gusto a los clásicos. Menciona a ‘Los miserables’ de Víctor Hugo, ‘Crimen y Castigo’ de Fedor Dostoievsky, u ‘Otelo’, de Shakesperare.

    Ese interés devino luego en el placer de la relectura. Le gusta releer a autores como el estadounidense Ernest Hemingway (1899-1961). “Me gusta la manera de hacer descripciones tan exactas de los entornos y la personas. Su forma de narrar hace que uno se sienta parte de la historia”, dice.

    Entre los autores más contemporáneos que sigue, está Haruki Murakami. “Me interesó el fenómeno detrás de un japonés que es capaz de escribir para un público universal”, apunta.

    Rovayo comenzó leyendo de niño las colecciones de clásicos que marcaron a toda una generación, las series de Julio Verne, Emilio Salgari, Jonathan Swift, historias de aventuras “que hacían despertar la imaginación y soñar con otros mundos”. La literatura del ‘boom’ latinoamericano y temas científicos, desde Carl Sagan hasta Isaac Asimov, marcaron también sus intereses.

    Lee mucho temas de sobre emprendimiento, innovación, empresas y negocios, tanto por su trabajo como consultor empresarial como por las cátedras que imparte en la Escuela de Negocios. Recomienda los libros de colegas profesores como el español Pedro Nueno, el argentino Lorenzo Preve o el estadounidense Nitin Nohria, el décimo y actual decano de Harvard Business School.

    “Con Nohria tengo una linda anécdota, cuando le obsequié mi libro ‘Las 10 claves de un directivo exitoso’ me dijo: ‘Gabriel, enseña a los directivos a ser humildes’, es una de las grandes lecciones de la crisis financiera mundial”, dice el catedrático, también autor de ‘Finanzas para directivos’.

    Le interesa toda una corriente de publicaciones que destacan el nuevo rol del CEO (Director o Presidente Ejecutivo) o del Director Financiero. Es un perfil que está en permanente cambio, ya no es el tipo que está encerrado en un cuarto, sino que sale a la calle, acompaña al gerente, toma decisiones, tiene más contacto con la gente y es más humano.

    “El financiero generalmente se puede hacer una persona muy dura, porque solo ve costos y no personas”, reflexiona quien fue director del IDE Business School en Guayaquil, durante 14 años. Y está muy de moda que para ahorrar coste, hay que separar a empleados. “Suele ser un error, formar a una persona toma muchísimos años, y mucho más si la has capacitado, si entiende la filosofía de la empresa y la reemplazas por una persona que vale un cuarto o la mitad. Es la decisión más fácil y tonta. A veces por querer deshacerte de la ‘grasa’, terminas deshaciéndote del ‘riñón’”.

    Gabriel Rovayo y parte de los libros que guarda en su oficina de la UEES. Foto: Mario Faustos / LÍDERES
    Gabriel Rovayo y parte de los libros que guarda en su oficina de la UEES. Foto: Mario Faustos / LÍDERES
  • El colegio San Gabriel organizó una feria de emprendimiento

    Redacción Quito

    El colegio San Gabriel organiza la novena edición de la Feria Agroindustrial 2017. El colegio organiza la feria con el propósito de fomentar el emprendimiento a través de la elaboración de productos alimenticios.

    Juan Pablo Vallejo, director de Bienestar Estudiantil, comenta que este proyecto ha ido trabajando alrededor de seis meses con las distintas materias de octavo de básica como: matemáticas, lenguaje, inglés, cultura física, entre otras materias. “En un futuro los estudiantes de octavo de básica pueden aplicar estos conocimientos en su vida y crear microempresas”.

    La feria se inauguró el 26 de abril y tenía previsto estar abierta hasta hoy, 28 de abril del 2017. La oferta incluía productos orgánicos y ancestrales como pizza de cedrón, gomitas de remolacha, turrón de mortiño , entre otros productos.El costo de los productos varía entre los USD 0,25 a 1,25.

    En el evento se expusieron alrededor de 49 proyectos de 125 estudiantes, la unidad educativa busca impulsar a los estudiantes de octavo de básica a impulsar su propio proyecto. Los organizadores detallan que desde el inicio de clases se prepara a los estudiantes en el desarrollo de proyectos.

    Santiago Nicolalde, de 13 años, desarrolló el turrón de mortiño. Este joven describe a la feria como una experiencia enriquecedora para aprender a investigar para sacar adelante un proyecto de innovación. “Nosotros vimos que había productos que no son muy utilizados, el mortiño es un producto agrio pero nosotros hemos desaRrollado hacer un turrón con baja cantidad de azúcar”

    El colegio San Gabriel organiza la novena edición de la Feria Agroindustrial 2017.  Foto: Pavel Calahorrano / LÍDERES
    El colegio San Gabriel organiza la novena edición de la Feria Agroindustrial 2017. Foto: Pavel Calahorrano / LÍDERES
  • Gabriel Boero: ‘La universidad tiene que ser un sitio de apoyo al emprendedor’

    Redacción Quito

    Ecuador está en un proceso en el cual se quiere afianzar el ecosistema del emprendimiento, con la articulación de los sectores público, privado y, ante todo, de la Academia. Una de las experiencias de la gestión universitaria es la que comparte con LÍDERES, el argentino Gabriel Boero, quien participó en el X Foro Internacional del Emprendedor en Quito.

    En la Universidad de San Martín en Argentina, ¿cuál es esa práctica orientada al emprendimiento y a la consolidación del ecosistema?
    La universidad cuenta con 19 000 alumnos y unos 4 000 funcionarios, y tiene 20 años de antigüedad. En la Escuela de Economía y Negocios tenemos iniciativas diversas que están a cargo del Centro de Apoyo y Desarrollo Emprendedor. Este centro atiende a emprendedores individuales, empresarios o compradores de empresas.

    ¿Es una actividad similar a una incubadora?
    No necesariamente, porque si bien en la incubadora también se hace mentoría, nosotros hacemos reuniones de trabajo entre emprendedores para contar experiencias, se hacen otras actividades. El Centro también es una ventanilla de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria del Gobierno. Allí, un emprendedor puede acercarse a gestionar los mecanismos que el Gobierno tiene a disposición para financiamiento principalmente, vendría a ser como la CFN acá. La universidad en este centro de apoyo tiene una ventanilla para ofrecer estos beneficios y acompañar a los emprendedores en la presentación de sus proyectos.

    ¿En la etapa de mentoría: quien lo hace: docentes, empresarios, gente especializada?
    En general son docentes especializados en temas de emprendimiento, en planes de negocios y de marketing, en diversas áreas. Pero en este ciclo de charlas y conferencias se invita a participar al sector privado para que cuente los pros y los contras de este camino de emprender y también sus costos. La gente que está dentro de la universidad ‘full time’, no vive lo que vive el empresario día a día.

    ¿Cómo lograr esa empatía entre Academia y empresa privada? Ese es uno de los retos que aquí en el Ecuador aún no se logra consolidar.

    Tenemos un consejo asesor del decano, conformado por empresarios. Invitamos a los empresarios del territorio a conformar este consejo y ahora hay unos 20. Se intercambia información y se escucha mucho a los empresarios de cómo ellos quieren que la universidad les dé apoyo, les dé servicio. Hay un tema importante en la universidad pública, el Gobierno Nacional firmó un decreto que permite que la universidad pública brinde asistencia a los sectores privado y público. Pueden funcionar a modo de consultores o centros de asesoría si se quiere, esto al sector privado le viene bien por costos.

    ¿Con esa participación, el centro se convierte en una especie de clínica para el emprendedor?
    No lo llamaría clínica, porque la clínica está asociada a lo médico no a lo empresarial. Consultorios desde el lado de la consulta no médica sino de escuchar, porque la palabra consultor viene de la palabra escuchar los problemas que tienen los empresarios y buscar en conjunto las soluciones para apoyarlos y mejorar todo con un amplio sentido de lo local, territorial y que la universidad sea un actor principal en el desarrollo de la comunidad.

    ¿Qué tipo de emprendimientos o iniciativas de proyectos se apoyan desde la universidad?
    Se han dado dos cosas. La primera, emprendedores que lograron un ingreso que les servía para vivir y que les motivaba; ellos continuaron. Por otro lado, emprendedores que vieron que no ganaban mucho y en la primera oferta de trabajo cesaron el emprendimiento y se fueron a trabajar en relación de dependencia asegurándose el ingreso, con sueldos más altos y prestaciones sociales. Ha sido un 50 50, por el lado del emprendedor continuo.

    ¿Y los emprendedores tecnológicos?
    Por el lado de los emprendedores tecnológicos la tasa de es más alta, porque se les da más apoyo y nacen con un mercado casi cautivo. Nace una idea de una demanda puntual del empresariado. En comercio exterior, por ejemplo, un emprendedor se inventó una ‘nariz electrónica’. Ahora esa ‘nariz’ sirve para detectar cargamento de drogas ilícitas en container o para detectar problemas de alimentos en descomposición. Ingresan datos y parámetros por esa ‘nariz’ a una computadora y si encuentra algo distinto a esto es porque algo no está bien.

    ¿Hay otros ejemplos como el de la ‘nariz’?
    Se ha desarrollado software aplicado a temas de logística. En Buenos Aires hay caos vehicular (como en Quito) en donde no se ha podido resolver el tránsito de camiones de vehículos pesados, porque ingresaban al perímetro urbano y no hubo un ordenamiento territorial adecuado. La ciudad fue creciendo más rápido que lo que el cerebro de los gobernantes pudo planificar. Entonces este software hace ese ruteo inteligente para camiones, hace un análisis del tráfico por minuto utilizando las cámaras que tienen para seguridad los gobiernos municipales. A partir de eso le meten un logaritmo matemático y se saca una serie de datos del tráfico y eso les permite a las empresas que tiene distribución en zonas urbanas definir cómo optimizar el tiempo.

    ¿Cómo se relaciona la Responsabilidad Social con el emprendimiento?
    Al contextualizar no se puede dejar de tener en cuenta las problemáticas que tiene una sociedad. Por ejemplo, si nos quedamos en Quito, el tráfico es un problema. Entonces, cuando uno va a emprender debería ser responsable, debería pensar ideas que solucionen estos problemas de manera rentable.

    ¿Cómo se puede lograr ese objetivo?
    Ayudamos al emprendedor a que nazca pensando en una empresa con alto contenido de creación de valor compartido y que genere valor para la comunidad. Por ejemplo, hay una empresa en Argentina que se llama Mama Grande, que hace soluciones biotecnológicas para saneamiento, pozos de agua servidas a través de bacterias. Claramente ganan dinero con desarrollo biotecnológico y contribuyen a solucionar un problema en la sociedad.

    RESUMEN DE SU GESTIÓN

    La especialización. Candidato a máster en Desarrollo Local (Escuela de Política y Gobierno – Universidad Autónoma de Madrid).

    La trayectoria. Especialista en RSE (World Bank Institute); director del posgrado en RSE de la Unsam; capacitador del Pacto Global de las Naciones Unidas…

    La frase. «Hay que intercambiar información y escuchar mucho a los empresarios de cómo ellos quieren que la universidad les dé apoyo, les ofrezca un servicio».