El Ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, indicó que a fines de este mes se iniciaría recortes de personal en el sector público.
Las declaraciones las dio la mañana del jueves 14 de septiembre del 2017 tras la inauguración de la primera feria de empleo para la comunidad de migrantes retornados.
Al consultarle un medio sobre si habrá ajustes de personal en el sector público hasta fin de año señaló que “los recortes serán a finales de mes”.
Asimismo, el funcionario explicó que se está evaluando a todos los Ministerios para determinar cuáles trabajadores realmente están desarrollando actividades en las entidades públicas. “Hay que evaluar.
Las vacantes tienen que eliminarse, salvo aquellas que realmente sean necesarias. Los funcionarios públicos tienen que, en todos los Ministerios, tener funciones puntualmente asignadas, verificables. Es decir, tienen que estar trabajando 100%. Aquel que no esté tendrá que ser revisado”.
Según información de Ecuavisa, el ministro señaló que la próxima semana se tendrá información de los ministerios en los que se deberán hacer recortes.
Sobre la Vicepresidencia indicó que es una entidad que sigue desarrollando funciones. El Gobierno está valorando las actividades del personal y Ledesma determinó que si tiene ahora menos funciones requerirá menos funcionarios públicos.
Las vacantes tienen que eliminarse, salvo aquellas que realmente sean necesarias. Foto: Referencial
Edmundo Brown es el consultor en refinación de petróleo habla de los daños que ha enfrentado la Refinería de Esmeraldas por más de 15 años y de su rehabilitación. El complejo es clave para no importar derivados y apoyar a las refinerías de La Libertad y Shushufindi.
¿Qué le llevó al anterior Gobierno a rehabilitar la Refinería de Esmeraldas? El mantenimiento de la Refinería, en forma global, era necesario. No se podía diferir más una intervención en el complejo.
¿Por qué razón? Después del 2000 comenzó a operar la planta con crudo de baja calidad en nuevas condiciones que no garantizaban nada su rendimiento. Además, se integró al Sistema Nacional Interconectado. Esto produjo paras de emergencia y paras programadas para hacer reparaciones, etc.
¿Por qué no se hizo una reparación en esos años? La situación económica no daba para realizar una inversión mayor. Había que buscar financiamiento. ¿Cuándo cambio esto? Llegó el Gobierno de Rafael Correa y se decidió hacer la reparación, pero de manera rápida, emergente, a la carrera, sin planificación. Se iniciaron los trabajos en la forma que todos hemos visto y que tuvieron como resultado que, al 2016, la planta esté igual o peor.
De haberse planificado, ¿qué se debió haber hecho? Primero había que resolver lo que hubiese permitido operar la planta con normalidad nuevamente y abastecer con derivados al país, sin tener que importar más combustible. Se debía revisar las unidades de proceso, analizar los balances de la refinería, etc., para optimizar su funcionamiento.
¿Qué partes se debían reparar en esa época? Cambios en las unidades de azufre, que estaban en mal estado, por ejemplo. Intervenir en el área de servicios auxiliares (agua, vapor, aire, tratamiento de efluentes, energía eléctrica, etc); la de utilidades, de tanques y conexiones, etc. Además, ampliaciones, reparaciones, mantenimientos, etc.
Si todo era necesario y se comenzó a hacer, ¿qué pasó? Se llevaron a cabo las fases 0, 1, 2 y obras complementarias. Pero, como en el Gobierno se dieron cuenta que no fue suficiente comenzaron a poner en marcha otros proyectos, otros contratos con lo que al final se suman los más de USD 2 200 millones.
¿Cómo califica el proceso de repotenciación? Desordenado. La reparación que ahora se debe hacer en Esmeraldas debe programarse bien para no caer en lo anterior.
¿Qué se debe hacer? Por ejemplo, no se debe tener contratistas para todo. En el mundo, las refinerías tienen apoyo técnico, económico, tecnológico, etc., para reparar bien. Hay compañías internacionales que garantizan esos procesos. La nueva reparación, ¿implica parar totalmente la planta o trabajar por áreas? Los problemas son de toda índole. Hay que enfrentar los problemas y permitir la operación de la planta un tiempo más. Por ejemplo, hay que evitar que los cambios de voltaje del sistema eléctrico generen fallos y paras.
¿Es necesario contratar compañías extranjeras para mantenimientos hasta que se inicie una repotenciación? Es importante tener equipos de calidad. Antes, por ejemplo, todos lo generadores eran de una marca internacional en específica (General Electric). Sin embargo, para cualquier reparación venían técnicos de la firma. En el caso de la Unidad FCC (Craqueo Catalítico Fluidizado) venía personal de la empresa que hizo el diseño.
¿Se contrató a compañías que no estaban involucradas en el diseño de los equipos? En el 2000, cuando debió contratarse a Chiyoda (japonesa), se lo hizo con una firma española y ahí estamos con problemas. En el caso de la unidad FCC, ¿Por qué es tan importante? Porque es la que da rentabilidad a la planta. Allí se produce nafta de alto octano para la compresión de los motores, gas licuado de petróleo (GLP) y aceite cíclico ligero (diluyente de residuos del crudo). También se genera vapor de media presión, que se usa para diversos procesos en la Refinería.
¿Qué se hace con los productos que se generan en el complejo de Esmeraldas? Se envían para mezclar con lo que generan las refinerías de La Libertad y Shushufindi. Esmeraldas no puede dejar de funcionar porque impactaría a las otras dos plantas, y ahí lo que pasa es que se deben importar derivados.
Dice que la FCC genera rentabilidad, ¿de cuánto? El margen de rentabilidad de una refinería es baja, de 6% a 7%. Eso gana. La mitad de esas ganancias vienen de la unidad FCC. Según el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, la unidad FCC requiere, como otras áreas de Esmeraldas, una reparación. La para sería de 45 días. ¿Cómo manejarlo? Debe ser algo muy planificado; contratar una compañía de prestigio, que cueste lo regular. Que vengan los técnicos y den su análisis. Los repuestos deben ser originales y no llegarán en seguida.
¿Está usted de acuerdo con que se haga esta reparación? Hay que contratar técnicos para equipos y procesos. Se debe tomar en cuenta que en cuanto a partes, por ejemplo, el stock de la refinería debe ser de unos 40 000 ítems. Todo es una decisión seria, de gente de mucha experiencia. No se puede improvisar.
¿Cuánto costará todo? Solo la FCC, dijo el ministro Pérez, costaría USD 400 millones. Depende de lo que se haga. Tengo entendido que en la FCC habría que reparar el aislamiento frío. Este debe haberse dañado en las emergencias, que generan paras, y en el terremoto. Pueden haber otros daños en diferentes áreas. ¿Qué otro impacto traería una para de la refinería? La importación nos subirá tremendamente. El abastecimiento de combustibles para el país es de 70 millones de barriles al año. De esa cantidad importamos casi la misma cantidad. Pero si para Esmeraldas, que produce la mitad de lo que se genera localmente, se tendrá que importar.
Hoja de vida Formación. Edmundo Brown es analista de Refinación de Petróleo. Es ingeniero químico, graduado en la Escuela Politécnica Nacional (EPN) y máster en Administración de Empresas en la Universidad de New Haven, en Connecticut. Experiencia. Labora hace 40 años en el área petrolera. Fue uno de los trabajadores fundadores de la Refinería de Esmeraldas y alcanzó el puesto de superintendente. Trabajó en el Consorcio Estatal Petrolero Ecuatoriano (CEPE). Fue Gerente de Refinación en Petroecuador. También estuvo en empresas privadas.
Brown ha laborado en los sectores público y privado del petróleo. Foto: Julio Estrella / LÍDERES
La compleja situación económica obliga al Gobierno a realizar ajustes en diferentes áreas, incluidos en personal. Este segmento es en el que más gasta el Estado.
Solo este año, según la Pro forma presupuestaria 2017, al país le corresponderá destinar un total de USD 9 192,5 millones para pagos de burocracia. El Ministerio de Trabajo, con base en un informe de mayo del 2017, dijo que existen 480 475 servidores.
El actual Gobierno, que asumió funciones el pasado 24 de mayo, se comprometió en no hacer recortes de funcionarios públicos. Sin embargo, conforme han pasado los meses se han tomado medidas sobre la burocracia.
Por ejemplo, el Ejecutivo explicó hace un mes que las vacantes que ahora existen no serán ocupadas. La idea es aplicar una política de austeridad en la contratación.
Sin embargo, los gremios productivos consideran que la medida no es suficiente. Según la Cámara de Comercio de Quito, una reducción de entre el 5y el 10% de la nómina permitiría un ahorro de USD 900 millones en un año.
Esta agrupación empresarial considera que los recortes también deben hacerse en las empresas públicas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Para Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), cualquier ajuste, en el caso de realizarse, debería hacerse en el personal de contrato. El Gobierno calcula que a mayo del 2017 eran 80 557 empleados, aunque el dirigente cree que fueron 120 000.
El recorte, manifestó, debe aplicarse en el personal que excede la cantidad determinada por la ley.
El artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público establece que las entidades del Estado no podrán tener trabajadores bajo esta figura en un número superior al 20% del total de la nómina.
Sin embargo, García explicó que esto no se ha respetado. De hecho, el bloque oficialista de Alianza País (AP) reconoció que se produjeron abusos en la aplicación del mecanismo por lo que plantearon una reforma a la normativa.
La ley se aprobó la semana pasada por la Asamblea y será el Ejecutivo quien la sancione o no. Con el ajuste se mantuvo el porcentaje de empleados por contrato dentro de las instituciones, pero se hizo un cambio con relación a la vigencia de los contratos.
La norma aún vigente establece que estos tienen como tiempo de duración un año, con la posibilidad de renovarse otro más.
La reforma determina que, una vez que termine el año, se creará automáticamente la necesidad institucional permanente de este puesto de trabajo, siempre y cuando se mantenga a la misma persona en el cargo o se contrate otra bajo la misma modalidad laboral.
Para llenar esas vacantes se convocará a concurso de méritos y oposición, en los que podrá participar el funcionario público que ya estaba en dicho cargo.
La idea, según la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, Liliana Durán, es generar estabilidad para los empleados de contrato. Ellos podrán participar en concursos de méritos y obtener el nombramiento permanente, siempre y cuando haya la disponibilidad presupuestaria.
Pero, el Estado ha sido claro en que necesita contratar menos gente y reducir gastos. Según García, al final de la administración de Rafael Correa había 25 000 vacantes, que son aquellas cuyas partidas deben cerrarse de manera permanente.
Este ajuste permitiría sumarse al ahorro de USD 34 millones anuales que el Estado espera tener con la reducción del 10% de sueldos para 7 242 funcionarios del nivel jerárquico superior. La próxima semana, el Ministerio definirá desde qué escala del jerárquico se hará el recorte. Considera podría ser desde aquella en las que el sueldo es USD 2 368.
Entre los dirigentes del sector público hay quejas con relación a funcionarios de la escala regular que ganan igual que en el jerárquico o personal de contrato que gana más que el de nombramiento.
El Consejo Consultivo Productivo y Tributario es una de las instancias en las que los empresarios han dado a conocer sugerencias y escenarios. Foto: Enrique Pesantes /LÍDERES
Gremios piden austeridad a largo plazo
La mesa no está servida en términos económicos y el gobierno de Lenín Moreno lo dijo y lo reconoció. Además, anunció que tomará medidas buscando reducir los gastos en los que incurrió la administración del expresidente Rafael Correa.
A inicios de este mes, el presidente Moreno anunció cuatro medidas de austeridad: la reducción del sueldo en un 10% a los servidores públicos de nivel jerárquico superior; la venta de uno de los dos aviones que usa la Presidencia, de los automóviles de lujo del Gobierno y de todos los bienes inmuebles de propiedad de la empresa pública Inmobiliar.
Los representantes de varios gremios empresariales y productivos del país coinciden en que la decisión del Mandatario, de poner en venta uno de los aviones presidenciales y los 633 bienes que administra Inmobiliar, es una señal de cambio de rumbo en el manejo económico del país. Aún así, hay dirigentes que consideran que estas medidas no responden a la urgencia de un verdadero plan de austeridad. Además, esperan que sean medidas a largo plazo, no momentáneas.
La Presidencia cuenta con dos aviones, uno comprado en el 2008 por USD 30 millones, y otro en el 2013 por USD 50 millones. Estos valores no son representativos, opinan los empresarios, si se toma en cuenta que el déficit fiscal del primer semestre del año fue de USD 2 021,2 millones y que para amortizaciones de la deuda pública se requieren alrededor de USD 7 000 millones.
“Cualquier ahorro es válido, pero eso no va a resolver el problema de fondo, se debe trabajar en bajar el déficit fiscal. ¿Cuánto en realidad se puede recaudar con la venta del avión? Son ahorros, pero no van a resolver problemas”, dice Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito.
Para el dirigente es prioritario hacer un análisis profundo “cuenta por cuenta” para eliminar todos los gastos suntuarios en los que incurrió el Gobierno anterior.
“No tiene sentido tener activas inversiones como Yachay, eso por ejemplo corresponde a un gasto suntuario”, señala.
Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), acota que en la misma ruta, el Gobierno puede seguir reduciendo gastos superfluos como viajes al exterior de los funcionarios públicos.
“Que estos se hagan cuando sea absolutamente necesario y que viajen en clase económica. La austeridad tiene que ser a rajatabla. Hay que ahorrar en lo pequeño y en lo grande”, sostiene.
Aunque la venta de los bienes de Inmobiliar le representarían al Estado ingresos por USD 307 millones, a los empresarios les preocupa que sea un proceso lento. “Esos bienes van a tardar en venderse”, dice Alarcón.
El empresario señala que una alternativa que generaría un ahorro de USD 300 millones es la liberación de la importación de nafta. También, sugiere que el Gobierno renegocie sus deudas con China.
“Debe renegociar las deudas para bajar los plazos y bajar la tasa, así habrá un ahorro de USD 250 millones”, sostiene Alarcón.
Con él coincide Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil. “Para amortizaciones de la deuda pública se requieren alrededor de USD 7 000 millones, la deuda contraída en los últimos años es muy cara y hay que renegociarla. Se debe recurrir preferentemente a organismos con los que se podría obtener mejores condiciones de financiamiento”, manifiesta.
El sector privado y el reto de convertirse en el motor principal
El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, anunció en junio pasado que para resolver el déficit fiscal del presupuesto 2017, la estrategia será reducir el gasto de capital, específicamente la inversión de infraestructura a la que calificó como “muy costosa”.
Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca sostiene que en ese escenario es preponderante que el Gobierno le ceda el protagonismo de la inversión al sector privado a través de concesiones.
Desde el 2015, cuando los precios del petróleo comenzaron a caer, los empresarios insisten en que es el momento para que el sector privado se convierta en el motor principal de la economía. Sin embargo, aunque se aprobó una Ley de Alianzas Público Privadas hace ya dos años, los empresarios dicen que los resultados no son los esperados.
“Se inició un debate interesante sobre las Alianzas Público Privadas, pero eso quedó en las normativas más que en aplicación”, manifiesta Robalino.
Roberto Aspiazu, del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), indica que en la experiencia de estas alianzas en otros países, los beneficios se comienzan a advertir en el mediano plazo. “En ciclos no menores a tres años”.
Aspiazu propone que se hagan ajustes a la normativa, para dar más facilidades a los gobiernos seccionales para que impulsen proyectos de este tipo, “con un sistema de aprobación más expeditos de lo que hoy existe”.
Austeridad fiscal para dinamizar la economía anunció Moreno, esto mientras que el Plan Anual de Inversiones para 2017 se calcula en USD 5 454 millones: es decir, unos 106 millones más que lo registrado el año pasado.
Guillermo Granja, MBA y docente de la Facultad de Economía de la Universidad Ecotec, puntualiza que focalizar impuestos y crear verdaderos incentivos de inversión privada nacional y extranjera ayudaría a reactivar a la economía.
En el 2016, la Inversión Extranjera Directa (IED) fue de USD 737 millones, esto es, unos 584 millones menos que en el 2015. Granja sostiene que las primeras medidas tomadas por Moreno ya inyectan confianza en los agentes económicos. Mientras que para Aspiazu, la seguridad jurídica necesita fortalecerse para que el país se vuelva más atractivo.
“Se ve la buena intención de empezar a sanear las finanzas públicas. Aunque el valor del avión presidencial que se va a vender y el de los bienes de Inmobiliar en relación al PIB no son representativos, ya es un buen síntoma de que el Gobierno reconoció que el Estado está obeso”, dice Granja.
El docente de Ecotec hace énfasis en que para mejorar la economía en crisis de un país, no solo se necesita bajar el nivel de gasto, sino de generar más ingresos. Menciona el sector del turismo y la construcción como ejemplos.
“Hay que atraer la inversión extranjera directa, no aquellas inversiones golondrina. Tenemos que definir bien el tema de la política fiscal y también ver el costo-beneficio que tendría la decisión de aumentar impuestos”.
Granja dice que el país debe verse como una empresa que entró en una reingeniería de procesos.
“Así como las empresas, el país debe empezar a optimizar gastos y costos para aumentar su margen de costos y utilidad. El Gobierno debería pensar en una verdadera reestructuración. Eliminar algunos ministerios y secretarías y tener en su lugar ‘superministerios’ con una organización adecuada y además compacta”.
Robalino, por su parte, menciona que para lograr mayores inversiones hay varios puntos que mejorar en cuanto a productividad y eficiencia; así como en temas de acuerdos internacionales. Cita por ejemplo que un acuerdo comercial con el principal socio comercial, Estados Unidos, ayudaría a mejorar las cifras de inversión. En 2016, la IED de EE.UU. fue de USD 87 millones.
Una imagen de los funcionarios públicos ingresando a sus puestos de trabajo en la zona del Ministerio de Agricultura. El personal de nombramiento alcanza 276 212 personas. Foto: Patricio Terán/LÍDERES
El país necesita generar mayores ingresos de dólares a la economía. En esto coinciden los voceros del Gobierno y el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Así como también en que la economía nacional crecerá en 0,7% este año. Esto es 1,4% más que 2016 y 0,5% más que 2015.
Walter Spurrier, presidente de Análisis Semanal, advierte que las cifras son previsiones que dependen de una serie de factores. A su forma de ver, para el país el principal será el financiamiento del déficit y considera que el cambio de actitud en el Gobierno puede facilitar su consecución.
Para José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), la cifra de 0,7% implica un reconocimiento de que el dinamismo de la economía se va a entorpecer en los últimos meses del año. Esto porque el crecimiento en el primer trimestre fue de 2,6%.
Aunque el crecimiento proyectado por Cordes es del 0,1% para este año, Hidalgo dice que se puede alcanzar. Lo que es seguro es que el crecimiento no se contraerá este año, aunque sí será bastante leve, comenta.
La Cepal emitió el pasado jueves su Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2017. Ahí señala que la región crecerá, en promedio, 1,1% este año, tras dos años consecutivos de contracción. Esto a excepción de Venezuela, Santa Lucía y Surinam, cuyas economías se contraerán en 0,2%.
Esto sucederá gracias a un contexto internacional que, pese a los riesgos geopolíticos, muestra mejores expectativas de crecimiento, y una mejora en los precios de las materias primas que se exportan.
Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de Cepal, dijo que para retomar el crecimiento de mediano y largo plazo se requiere avanzar hacia marcos contracíclicos de la política fiscal, que defiendan y promuevan la inversión pública y privada”. Explicó que las reglas fiscales deben ser instrumentos pro estabilidad, pero también pro inversión.
Este marco fiscal deber ir acompañado de una política financiera de estabilización del crédito y una política monetaria que apoye el crecimiento de la inversión y que vaya más allá de instrumentos como la tasa de interés, advirtió.
El mismo presidente Lenín Moreno presentó, el 28 de julio, el diagnóstico de la economía nacional y las “condiciones difíciles que enfrenta”, a causa de una deuda “heredada”, que habría sido adquirida “irresponsablemente”. Y anunció algunas medidas iniciales para dinamizar la economía.
En la Pro forma Presupuestaria 2017, que debe ser enviada al Legislativo para su aprobación, el Gobierno cuenta entre sus fuentes más relevantes la recaudación tributaria y los ingresos por petróleo. Con el primero espera recaudar USD 14 760 millones y con el segundo, USD 3 241 millones.
Según Hidalgo, estas expectativas son sobreestimadas. Cordes, en un análisis de la Pro forma, sostiene que, por ejemplo, la mayor parte de la recaudación tributaria se concentra en el primer semestre del año. Por lo que para alcanzar lo esperado, debería superarse los USD 7 212 millones recaudados en los primeros seis meses.
Spurrier sostiene en cambio que las cifras esperadas por el petróleo son “espejismos”, porque deben usarse para que Petroecuador pague sus deudas.
Solo con esos dos rubros esperan recaudar alrededor de USD 2 000 millones más que el año pasado. Pero, por ejemplo, el mismo Banco Central del Ecuador, hasta diciembre, preveía un crecimiento anual del PIB de 1,4%. Ahora el nuevo Gobierno, aunque optimista, acepta que el crecimiento será menor, exactamente la mitad.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), sin embargo, tiene otras proyecciones. Para este año auguró un decrecimiento de -1,3% en la economía nacional. Su estimación para el año pasado coincide con la baja de -1,5% que maneja el mismo Banco Central. Su visión de la región también es más moderada. El FMI apunta a un crecimiento de 0,8% para este año, a medida que el consumo privado se fortalece y la contracción en las inversiones se disminuye. Pero el Fondo advierte que esta proyección está sujeta a los cambios en la situación política doméstica y la incertidumbre en los cambios de políticas en EE.UU.
La economía de la región se recupera
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) espera que en 2017 el Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe crezca un 1,1% en promedio, después de dos años consecutivos de contracción económica. América del Sur, como bloque, tendrá un menor desempeño, llegando al 0,6%.
A diferencia de 2016 se proyecta que todos los países de la región presenten tasas positivas, con excepción de Venezuela (cuyo PIB caería un 7,2%) y dos países del Caribe, Santa Lucía y Suriname (cuyo PIB caería un 0,2%).
Panamá (6,6%), República Dominicana (5,3%) y Antigua y Barbuda (5,0%) lideran la lista. Pero la Cepal destaca la recuperación proyectada para Argentina, Brasil y Ecuador, que el año pasado sufrieron contracciones en sus niveles de actividad.
Walter Spurrier, presidente de Análisis Semanal, advierte que el crecimiento de América del Sur es menor que el de Latinoamérica por el colapso de la economía venezolana y el casi nulo crecimiento de Brasil, que influye mucho en las cifras regionales. “Es muy posible que por esto el crecimiento de la región sea muy modesto”.
José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), apunta que la región está dando señales de haber dejado atrás los peores años después del ‘boom’ de las materias primas. “Obviamente los países no van a alcanzar otra vez el crecimiento que habían logrado en los años de bonanza”.
La Cepal indica que su proyección considera un contexto internacional que, en términos generales, es más favorable que el de los dos últimos años.
Ya que en particular, la economía mundial muestra un mayor dinamismo y crecería este año a una tasa del 2,7%, tres décimas por encima de 2016, impulsada por un mejor desempeño tanto de las economías desarrolladas como de las economías en desarrollo.
El volumen del comercio mundial está mostrando una mejor dinámica, según la Cepal, ya que ha acelerado su tasa de crecimiento respecto a la de los últimos años, aunque todavía permanece en niveles bajos. Asimismo recuerda que también los precios de los productos básicos han mostrado una recuperación respecto de los niveles promedio del año pasado.
Pero la Cepal señala un punto a tomar en cuenta, a pesar de la menor volatilidad financiera, se ha observado un aumento en los indicadores que miden la incertidumbre global respecto de las políticas económicas. Esto último responde a la percepción de mayores riesgos vinculados con factores geopolíticos, así como riesgos de políticas comerciales tendientes al proteccionismo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) también señala, en su informe de junio, esta recuperación regional. Pero su proyección es más modesta que la de la Cepal, calcula que el crecimiento regional será de 0,8% este año.
El FMI recuerda que casi todos los países tienen déficit fiscal, reflejando los efectos de la baja que tuvieron los precios de las materias primas. Pero destaca que a inicios de año hubo reformas fiscales en distintos Estados, como México, Colombia, Argentina y Brasil.
Aunque también concuerda con la Cepal en que el mayor riesgo para el crecimiento de Latinoamérica y el Caribe proviene de la incertidumbre política doméstica y los cambios de políticas públicas en grandes economías como la de Estados Unidos.
Vista aérea de una de las plataformas petroleras de Petroamazonas en el Oriente. El Gobierno estima exportar 136,6 millones de barriles de crudo este año, es el cálculo de la pro forma. Foto: Flickr Petroamazonas
La economía ecuatoriana que recibirá el presidente electo Lenín Moreno, al tomar posesión de su cargo este 24 de mayo, está en proceso de recuperación, según su antecesor, Rafael Correa y las cifras que van reportando los organismos estatales. Sin embargo, hay procesos que requieren de trabajo, según analistas.
La titular del Banco Central del Ecuador (BCE), Madeleine Abarca, ratificó esa recuperación cuando anunció los datos de crecimiento del 2016, asegurando que “la economía ecuatoriana se encuentra en expansión económica”, durante el enlace ciudadano del 8 de abril pasado.
De acuerdo con datos del BCE, en el 2016 la economía del país se contrajo en 1,5%, pero para este año se proyecta llegar a un crecimiento del 1,42%.
Entre las cifras positivas está la recaudación del primer cuatrimestre de este año que fue superior en USD 421 millones, a lo obtenido en el mismo período de 2016, llegando a 4 862 millones.
Los ingresos petroleros, que se vieron mermados por la caída de los precios internacionales en los últimos dos años, están creciendo, aunque la producción diaria se ha limitado para cumplir con el acuerdo de reducción de producción del primer semestre de 2017, pactado por los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Las exportaciones petroleras se recuperaron -en valor FOB– en un 86% durante el primer trimestre de 2017, según datos del BCE, alcanzando exportaciones por USD 1 666,7 millones, mientras que en el mismo período de 2016 la cifra fue de USD 896,2 millones.
Así, la proyección del crecimiento de la economía se apalanca en factores como la mejora de los precios del petróleo, la entrada en vigencia del acuerdo con la Unión Europea, además de la inyección de circulante proveniente del Gobierno (producto del endeudamiento), que ayudó a dinamizar la economía desde el último trimestre del año pasado.
Precisamente, la deuda total del país creció en más del doble en una década del 2006 al 2016 (ver gráfico) hasta alcanzar los USD 27 466 millones a marzo de 2017, según datos del Ministerio de Finanzas. Mientras que, la necesidad de financiamiento, que cerró en 2016 en USD 13 643 millones según estadísticas de la Ejecución Presupuestaria de Finanzas, para este año se ubica en un promedio de USD 8 000 millones.
Para el analista económico Pablo Lucio Paredes, el nuevo Gobierno tiene el gran desafío de enfrentar el déficit fiscal, asegurando que es necesario cambiar la visión de las finanzas públicas, pues el endeudamiento sirve cuando hay “baches temporales”, mientras que el caso ecuatoriano no es momentáneo.
Con él coincide Diego Mancheno, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica, quien asegura que es necesario entender los ciclos económicos determinando la duración del ‘shock’ . Si es temporal cabe la posibilidad de endeudarse, pero si es permanente es el momento de hacer ajustes a largo plazo.
A criterio de Lucio Paredes, el país tiene que tomar en cuenta que no es posible financiarse con mecanismos que ponen en riesgo a la dolarización, como por ejemplo el dinero electrónico, sistema de pago que genera dudas en los sectores productivos.
Tras una reunión con representantes de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), el pasado 18 de mayo, Moreno ofreció mantener la dolarización, insistiendo en “la necesidad de que el sistema financiero privado profundice la asignación eficaz de los recursos entre ahorradores y demandantes de crédito”.
Sin embargo, no se ha mencionado si en ese diálogo se trató el tema del manejo de este sistema de pago y si puede o no impactar en la sostenibilidad de la dolarización en el Ecuador. Por ello, Lucio Paredes señala que lo más factible es trasladar la responsabilidad de su manejo al sector privado para evitar riesgos.
Analistas plantean acciones inmediatas
El plan de trabajo de Lenín Moreno, en lo económico, tiene varios puntales que prevé desarrollar. Entre ellos está el incremento de la inversión en ciencia, tecnología e innovación para lograr un cambio productivo.
Además habla de generar trabajo digno, de lograr acuerdos con el sector privado, de la promoción de una política industrial que permita potenciar y fortalecer los encadenamientos productivos, entre otros temas.
A todo esto le antecede la idea de que para alcanzar el proceso de cambio se debe “transformar el conocimiento en riqueza”, para lo que las instituciones de instrucción superior deben permanecer en constante diálogo con los sectores productivos del país.
Precisamente, este diálogo sería una de las bases para cumplir con los retos que se fijo el presidente electo cuando era candidato, al elaborar su plan de trabajo.
El analista económico Pablo Lucio Paredes dijo, en el marco del panel Retos y desafíos del gobierno de Lenín Moreno, que se cumplió en la Flacso, que el primer desafío para la nueva administración es entender que el Ecuador requiere más que un cambio de estilo. “Se ha hablado mucho de diálogo, pero en el Ecuador no sabemos dialogar. Dialogar es ponerse en la posición del otro y pensar en que uno puede tener la razón, pero el otro también la puede tener”, asegura Lucio Paredes al añadir que es un proceso difícil que no sabemos hacer en Ecuador, por lo que podría ser que “este ejercicio se quede en el aire”.
El decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Quito, Diego Mancheno, señaló que se debe plantear la posibilidad de trabajar en elementos sobre los cuales debería abrirse el diálogo, entre los que están los problemas de la información, los riesgos, y el papel de la educación. “Si queremos lanzar una estrategia de la sociedad del conocimiento, la reforma educativa debe ser analizada de manera específica”, dijo al añadir que hay que conversar sobre el marco institucional y redefinirlo para discutir temas como la eficiencia, la productividad, a quién se le encarga qué y cuáles son las políticas necesarias .
De acuerdo con un análisis de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), el nuevo gobierno debe dar desde el inicio de sus funciones señales para “recomponer”, la confianza empresarial, con la creación de medidas que marquen la sostenibilidad de la dolarización, la estabilidad del sistema financiero y la salud de las finanzas públicas.
Además, para Cordes, la oferta de un “cambio de estilo” del gobierno entrante no se debe limitar a bajar el tono de la confrontación, sino a hacer cambios de fondo, como corregir las cuentas fiscales.
Las cifras oficiales comunicadas en la rendición de cuentas del ministro coordinador de la Política Económica, Diego Martínez, hablan de que el país tiene una necesidad de financiamiento de unos USD 8 000 millones. Pero en el último reporte del banco de inversión JP Morgan, del 15 de mayo, se calcula que el monto real es de unos USD 13 000 millones Este es un gran desafío según Lucio Paredes, porque las necesidades de financiamiento no atraviesan una temporada pasajera, sino que hay que tomar medidas a largo plazo, pues no se tendrá nuevamente el petróleo a precios por encima de los USD 100.
Por ello es necesario cambiar la visión sobre las finanzas públicas.
Según Cordes, el primer presupuesto que elabore el nuevo gobierno ecuatoriano debe “corregir gradualmente los desequilibrios heredados”.
Rubén Flores, exsecretario técnico de Cooperación Internacional y catedrático universitario, enumera al menos tres desafíos puntuales a los que se debe enfrentar el nuevo mandatario. El fundamental, para Flores, llega desde la perspectiva del sector monetario, sobre la sostenibilidad de la dolarización. Desde esa perspectiva las alternativas son exportar más e importar menos, atraer más inversión directa extranjera, revisar el endeudamiento y el rol fundamental de las remesas.
El segundo reto está en la necesidad de seguir expandiendo los mecanismos de intermediación financiera, reduciendo los costos de transacción especialmente para el crédito de las empresas de economía popular y solidaria.
El tercer desafío que plantea este catedrático está en dar continuidad a los acuerdos comerciales que están avanzando. Estos instrumentos implican un componente normativo fundamental para el acceso a mercados.
La generación de empleo, una apuesta compleja de concretar
El empleo en el Ecuador no pasa por su mejor momento. Si bien, durante el primer trimestre de 2017, la tasa de desempleo se ubicó en el 4,4%, frente al 5,7% del mismo trimestre del 2016, el empleo adecuado se redujo del 40% al 38,5%.
Además, el subempleo subió del 17,1% entre enero y marzo del 2016 al 21,4%% para igual período del 2017, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Dentro de este contexto, una de las principales ofertas de campaña del presidente electo Lenín Moreno, fue la generación de empleo, que según su plan de trabajo sería de 250 000 empleos anuales, con la nueva política industrial.
Según Jaime Arciniegas, dirigente del Parlamento Laboral, la demanda de empleo en función del crecimiento de la población económicamente activa va en relación al 2,2%, es decir de cerca de 183 000 empleos cada año. Mientras que la OIT señala que por cada punto para crecimiento del PIB demanda una inversión de 2,2 veces y el cálculo de costo de inversión para cada empleo bordea los USD 60 000.
Por ello, Arciniegas considera que es fundamental el diálogo entre el gobierno central, el seccional y el sector privado, por áreas de producción, para una planificación adecuada que se ajuste a las necesidades.
“Quiero ser optimista, pero para ello implica partir de diálogos entre empleadores, trabajadores y gobierno, que generen confianza, estabilidad política, tributaria, seguridad jurídica, etc.”, enfatiza y señala que sin estas consideraciones no sería posible implementar estas expectativas de Moreno.
Jaime Rumbea, principal de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador (Apive), explica que en el caso de la construcción es necesario hacer cambios en temas como la ‘tramitología’ que demoran la concreción de los proyectos, para así recuperar el empleo. Rumbea señala que aunque Moreno iniciará su proyecto de 325 000 viviendas el 24 de mayo, las casas se empezarían a construir en 24 meses por todos los procesos que implica, por lo que el empleo por esa parte no sería inmediato.
El dirigente sindical Édgar Sarango dice que a pocos días de iniciar un nuevo gobierno son pocas las esperanzas de los trabajadores para poder visualizar el cambio que necesita el país. Sarango añade que, dejando a un lado el pesimismo, es importante conocer el mensaje que dará Moreno, sobre lo que será la estrategia para la generación de empleo.
El presidente electo, Lenín Moreno, durante la entrega de credenciales en el Consejo Nacional Electoral, la semana pasada. Lo acompañan José Serrano, Juan Pablo Pozo y Jorge Glas. Foto: Pavel Calahorrano / LÍDERES
Desde el 2012 hasta febrero de este año, las organizaciones que pertenecen a la economía popular y solidaria y están reguladas pasaron de 6 016 a 10 407, entre asociaciones, cooperativas financiera y no financieras.
Dentro de este sector se hallan asociaciones, cooperativas tanto de ahorro y crédito, como de economía popular y solidaria, cajas comunales, organismos de integración y comunitarios. Allí están comunidades campesinas, artesanales y productores, de todas las provincias del país, y con una mayor concentración en Pichincha, Guayas, Manabí, Tungurahua y Azuay. Su objetivo es trabajar en comunidad y cubrir las necesidades de sus socios.
Según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), el sector cooperativo contó con seis millones de socios a finales de 2016.
Las cifras de las cooperativas de ahorro y crédito de este sector muestran un crecimiento tanto en activos, como en pasivos y en su patrimonio. En activos el crecimiento fue del 7% al 11,2% entre 2013 y 2016, lo que supone USD 9 897 millones, con una cartera de crédito que suma USD 6 420 millones. Los pasivos crecieron del 7% al 12% alcanzando los USD 8 270 millones. Mientras que el patrimonio subió a USD 1 625,15 millones, según estadísticas de la Superintendencia.
Datos de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips), señalan que las organizaciones de la economía popular y solidaria generan el 50% de la mano de obra del país. Virgilio Hernández, asambleísta y ponente de la reforma a la ley del sector, asegura que la potencialidad de ingreso de nuevos actores en este sector podría alcanzar a 1,5 millones de trabajadoras no remuneradas del hogar, 25 000 productores artesanales y 777 000 familias productoras campesinas, lo que denota la importancia del sector en la economía del país. “Es un sector con muchísimas potencialidades”, dice Hernández al recordar que este sector produce la mayor cantidad de bienes y servicios que consume directamente la ciudadanía.
Para la Conafips existe una serie de temas que deben ser tomados en cuenta por parte de las nuevas autoridades que se posesionen en el Gobierno el próximo 24 de mayo, para que el sector siga en crecimiento. La Corporación también anota que es necesaria la creación de políticas y regulaciones que faciliten el desarrollo de la economía popular y solidaria y que la fortalezcan.
Entre los temas pendientes, anota que es necesario asegurar que los procesos del sector se gestionen con calidad, que se facilite el ingreso de los productos de la economía popular y solidaria con precios favorables y con la menor intermediación posible. También resalta que es importante incentivar a los actores del sector en la producción y comercialización, y en la aplicación de innovación tecnológica.
Hernández añade que un tema pendiente de revisar es el aseguramiento, ya que los socios de los emprendimientos a la vez son propietarios y trabajadores, lo que complica la afiliación al IESS.
La búsqueda de nuevos nichos es otra alternativa que se debe plantear, según el legislador, para ofrecer no solo bienes primarios, sino con valor agregado y que la rentabilidad que se genere sea democráticamente repartida entre los actores de la economía popular y solidaria que conformen la iniciativa.
De su parte, la Corporación enfatiza en que se requiere promover cadenas de valor para lograr el acceso a los mercados internacionales, además de fortalecer el marco legal para el financiamiento del sector.
El sector cuenta con una normativa desde el 2011. Los actores de la economía popular y solidaria reconocen que la ley implementada ha sido un apoyo para el sector, pero admiten que aún hay temas pendientes por mejorar, como los procesos de compras públicas, entre otros (ver página 13).
Los actores de la EPS buscan más espacio
Carolina Enríquez (I)
La visibilización de los actores de la economía popular y solidaria se ha logrado a través del apoyo de instituciones públicas y privadas en la última década. Sin embargo, hay posibilidades para reforzar estos procesos.
Según la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, para consolidar las relaciones comerciales entre proveedores de Mipymes y empresas de la economía popular y solidaria con las grandes cadenas de provisión de alimentos y otros bienes se han realizado 51 rondas de negocios y 263 asambleas productivas.
Otros procesos también se han llevado a cabo por parte de entidades como el Instituto de la Economía Popular y Solidaria, del Gobierno, que creó un catálogo de productores dentro de las EPS.
En el lado privado un caso es el de la fundación Heifer. Rosa Rodríguez, su directora, explica que esta entidad detectó que a los productores de la EPS les hace falta reforzar detalles para la comercialización como el etiquetado, mejoramientos de los procesos productivos, entre otros.
Ella considera que para superar estas barreras es necesario un trabajo mancomunado entre actores públicos y privados. “Hay que reforzar la promoción para el consumo de productos nacionales. También sabemos que hay procedimientos que tienen trabas y que se pudiera acelerar eso”.
Como parte de las acciones de la fundación Heifer el pasado jueves se inauguró en el museo Mindalae un showroom con 284 productos de 90 emprendedores de la EPS. Estos pertenecen a 12 provincias y representan a unas 16 000 familias que se dedican a la producción, la transformación y la comercialización de bienes.
En este proyecto, que se impulsó junto al apoyo de la fundación Sinchi Sacha, participó Francisco Toaquiza, de la Asociación Cotopaxi. Los 12 artesanos de la misma se dedican al desarrollo de máscaras, cruces, cuadros, bateas, entre otros productos pintados con la técnica del sector de Tigua.
Toaquiza asegura que se ha reducido la acogida de las artesanías por lo que es necesario visibilizarlas con más fuerza. Actualmente, se muestran en galerías en Quito y en Cotopaxi. Asimismo, han participado esporádicamente en ferias en distintas ciudades.
Entidades del Municipio de Quito como ConQuito, desarrollan programas de impulso a las EPS como PESI y Emprectec.
En este último participan los emprendedores de la comunidad Yunguilla, ubicado en el noroccidente de Quito, quienes recibieron capacitación para mejorar e impulsar el desarrollo turístico de esta zona de Distrito.
La capacitación tuvo una duración de seis días, en los cuales se abordaron temas como búsqueda de oportunidades e iniciativa, cumplimiento de compromisos, exigencias de eficiencia y calidad, toma de riesgos, etc.
La normativa ayudó, pero aún faltan cambios
Con avances legales, pero también con pendientes. Así se resume la situación jurídica de la economía popular y solidaria.
La semana pasada, durante la rendición de cuentas de este año de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el principal de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Icored), Édgar Peñaherrera, señaló que un factor que aportó para el crecimiento del sector cooperativo fue la emisión de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS), con la que fue posible fomentar el desarrollo de las entidades financieras además de dar protección a los socios.
“Por ese lado se ha avanzado mucho”, dijo Peñaherrera, al explicar que actualmente es necesario esperar que las condiciones económicas del país mejores.
Sin embargo, si bien la normativa, generada en el 2011, ha sido un apoyo para el sector, se pretendió ajustar la ley para cubrir varios de los temas que podrían ser de ayuda para el desarrollo de la economía popular y solidaria.
“Las dificultades de este sector inician por una desarticulación” a decir de Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional y ponente de la reforma a la ley. Esto, según el legislador, porque no ha existido la suficiente fuerza para que se consolide el sector cooperativo, que tuvo auge en las décadas de los 1970 y 1980, por lo que es necesaria una consolidación.
Entre los problemas que identifica Hernández está que si bien hay un avance en el acceso a las compras públicas para los actores de la economía popular y solidaria, también se podría ampliar este acceso en lo público y alcanzar al sector privado. En 2015 este sector logró colocar ventas por USD 125 millones de unos USD 6 800 millones, lo que muestra el potencial al que se podría aspirar.
Para lograr el acceso a las compras públicas y privadas hay procesos y trámites que se pueden simplificar, como por ejemplo la constitución de una ventanilla única para resolver los temas de registro, del cumplimiento de condiciones sanitarias, etc.
Sobre el acceso a recursos, además de las facilidades para obtener financiamiento, otra opción que plantea el legislador es el factoring, es decir el canje de facturas.
Además está la idea de la creación de una caja de compensación, con la que los actores de la economía popular y solidaria que, por ejemplo, le deban al IESS o al SRI y tengan cobros pendientes con el Estado, puedan hacer un cruce de cuentas.
El establecimiento de fondos concursables para emprendimientos relacionados a la innovación tecnológica podría ser otro mecanismo de financiamiento.
Estas situaciones se solventaban de cierta manera en el texto que se aprobó la Asamblea el 19 de enero de 2017, luego de cuatro años de tratamiento, pero la misma fue vetada en su totalidad por el Ejecutivo. Dentro de un año se podrá volver a considerar la reforma a la ley
La semana pasad se cumplió en Quito el showroom Artesanías y Alimentos. Actores de la economía popular y solidaria de doce provincias exhibieron sus productos. Foto: Vicente Costales / LÍDERES
Los sectores productivos tienen una agenda para el nuevo gobierno. La industria, las pequeñas y medianas empresas (pymes), la banca, la industria de la construcción, el sector automotor, los agricultores y los exportadores plantean a Lenín Moreno y a su equipo una agenda de trabajo para recuperar la productividad y mejorar los indicadores macroecoenómicos.
El sector industrial, por ejemplo, plantea una agenda de cuatro ejes: la política fiscal, reactivar el crecimiento económico, la competitividad y la transparencia. Para Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), el camino para lograr acuerdos mínimos y consensos nacionales será siempre el diálogo público-privado, según una entrevista concedida a diario EL COMERCIO.
Martínez propone un diálogo institucionalizado, con objetivos de corto, mediano y largo plazos. Entre los principales temas que deberán tratarse están:
recuperación del crecimiento económico y de la macroeconomía; sostenibilidad fiscal y de la dolarización; recuperación de la competitividad y mejora de las fuentes de empleo. Según el presidente del CEE también es importante reconstruir la confianza entre los distintos actores de la sociedad, empresarios, periodistas, etc. así como recuperar la independencia de poderes y la institucionalidad. Para esto propone la creación una comisión privada anticorrupción.
Moreno ha mostrado interés en estar abierto al diálogo con el empresariado nacional y ha propuesto llamar a un Consejo Consultivo Tributario, una vez que inicie su Gobierno. El sector empresarial ha recibido con expectativa el anuncio, pero plantea que no sea solo tributario sino más amplio. Caterina Costa, presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, pide que el nuevo Consejo también sea Productivo.
La dirigente de los industriales espera que el nuevo Gobierno mire al sector productivo como generador de riqueza “toda vez que la bonanza petrolera ya se terminó”. Dice que el país necesita exportar más independientemente si se debe importar mayor materia prima, “porque al enviar más bienes de capital al exterior se produce más en el país”.
Costa ve con optimismo que se haya reafirmado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) el compromiso de continuar el desmantelamiento de las salvaguardias hasta junio de este año.
Según la presidenta del gremio industrial, estas son las señales que los inversores necesitan. Para Costa, a partir de este 24 de mayo es la oportunidad de un cambio, en donde el sector público y privado tienen que dar señales, que van por el lado de la confianza y la competitividad.
Las pequeñas y medianas empresas e industrias también tienen pedidos. Christian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria (Capeipi) dice que entre los planteamientos que tienen están la revisión de las tasas de interés y nuevos canales de crédito en la Corporación Financiera Nacional.
Otro pedido está enfocado en las embajadas y oficinas comerciales. “Necesitamos que las embajadas, consulados y agregados comerciales del país recopilen información y promocionen la producción nacional para conocer con certeza los volúmenes de negocios”.
En compras públicas, Cisneros, dice que el sector desea que se fortalezca la catalogación electrónica y el trabajo a nivel de consorcios para que un mayor número de pymes pueda abastecer al Estado. Otros temas en la agenda son contar con una ley de pymes y una reunión con el Presidente electo, antes de su posesión.
Un diálogo público-privado para dar certidumbre al sector
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) convoca a un diálogo, “basado en parámetros estrictamente técnicos”.
Julio José Prado, director Ejecutivo de Asobanca, señala que se debe convocar -apenas se posesione el nuevo Gobierno- a un Consejo Consultivo Público-Privado, como se establece el Código Monetario y Financiero.
Este Consejo Consultivo, dice Prado, juntaría a los sectores del Gobierno con varios economistas y analistas, incluido la banca representando el sector privado para definir cuáles son los mecanismos más adecuados de política monetaria y encontrar una salida conjunta a los retos que tiene el nuevo equipo económico.
Además, el director Ejecutivo de la Asobanca asegura que desde su sector se propone al nuevo Gobierno y al equipo económico que se dejen de lado las medidas que se han tomado desde un concepto más político, muy a corto plazo y sin una visión técnica, que han generado una fuerte incertidumbre en los inversionistas locales, extranjeros y también en el sistema bancario nacional.
Además, Prado pide que se recompongan desequilibrios que todavía persisten en la economía, específicamente en el ámbito monetario, como la caída de las Reservas Internacionales del Banco Central del Ecuador (BCE) que se ha presentado en este año. Prado considera que la dolarización “es una línea roja que no se puede traspasar”. Desde la Asobanca no se apoyará ninguna medida económica que podría desestabilizar la dolarización o que genere incertidumbre en la ciudadanía o los clientes de la banca. “Apoyaremos cualquier tipo de medida que fortalezca la dolarización”, dijo Prado.
Durante el primer trimestre del presente año, la banca registró cifras positivas, tanto en depósitos como en créditos.
Al cierre de marzo, los depósitos crecieron 13,2%, comparado con el mismo mes del año pasado.
El crédito también creció, pero a un ritmo ligeramente menor que los depósitos. Al término del mes pasado, la cartera bruta se incrementó 12,1% frente al mismo mes del 2016. Asobanca espera que el crédito se reactive en los próximos meses cuando exista mayor certeza. Desde el sector se ha anunciado que se prevé un crecimiento mínimo en crédito para este año.
La mejora en la política industrial, el eje para el sector
Una política industrial sostenida, una revisión de los impuestos de los automotores y una renovación del parque automotor son algunos ejes que deben estar dentro de la agenda del nuevo Gobierno, según explican los gremios de la industria.
El sector enfrentó un año complicado en el 2016, ya que las ventas alcanzaron los 63 555 unidades; esto fue un 22% menos en comparación con el 2015. Sin embargo, en el primer trimestre de este año se vendieron 19 478 automotores, es decir, un 56% más en comparación con el mismo período del año pasado, donde se llegó a 12 379 unidades.
David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (Cinae), sostuvo que la política industrial debe estar alineada a la agenda comercial. Antes esto propone tres ejes que deben ser potenciados: una tabla arancelaria en función de la incorporación de partes locales; un porcentaje mínimo de integración; y una lista mínima obligatoria de componentes nacionales.
La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) hizo también público su interés de tener una reunión con el presidente electo, Lenín Moreno, con el objetivo de realizar algunas propuesto entorno a las prioridades del sector automotriz. “Esperamos tener una reunión antes del inicio del sus funciones”, explica Genaro Baldeón, presidente ejecutivo de Aeade.
Para él, uno de los temas básicos es la carga tributaria de los vehículos. Por ejemplo, una preocupación de las empresas es el anticipo del impuesto a la renta (IR), donde algunas empresas pagaron un tributo mayor al establecido. “Hay una fuerte carga tributaria que incluye el anticipo a este tributo, el arancel, el impuesto a los consumos especiales (ICE) y al valor agregado (IVA) y otros”.
Según Baldeón, otro de los temas que es necesario abordar es la renovación del parque automotor , por lo que se ha convertido en una de las iniciativas público-privadas que abandera el gremio.
Cerca de 56 000 camiones han superado los 35 años de vida útil, por lo que si se sustituyeran con otros de nueva tecnología y más eficientes se ahorraría costos, por ejemplo, en el subsidio al combustibles. “El ahorro sería de más de USD 200 millones, por lo que es un escenario positivo que se espera que se lo pueda concretar con el nuevo Gobierno”.SClB
Tarifas, beneficios tributarios y créditos están en la agenda
Varias son las propuestas y requerimientos por parte de los sectores agrícolas para el nuevo Gobierno. Productores y exportadores mantienen en agenda algunos temas pendientes que les preocupa. Es el caso del sector bananero, cuya exportación representa para el país el segundo rubro de mayor venta después del petróleo. Solo en el primer bimestre del año, la exportación de banano creció un 19% en relación al mismo período del 2016.
El tema que aún preocupa al sector bananero es el incremento de las tarifas y costos navieros en Puerto Bolívar, concesionada a la multinacional Yilport. Según Eduardo Ledesma, director general de la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador (AEBE) el aumento de las tarifas se ha dado hasta en un 160%.
El 95% de las exportaciones que se realizan a través de Puerto Bolívar corresponden a banano. El sector pide se revisen las tarifas y para ello solicitarán una reunión con el nuevo Presidente de la República una vez posesionado.
Otro sector productivo al que, por el contrario, le ha ido mal en las exportaciones en este primer bimestre del año es el cacaotero. La caída fue del 17% en comparación con igual período del 2016 y la causa es la superproducción de cacao por parte de Costa de Marfil y Ghana. Juan Pablo Zúñiga, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao), cree que para enfrentar la crisis es necesario un trabajo conjunto entre el sector público y privado. Aunque el tema del precio es un factor externo (depende de la oferta y la demanda del mercado), explica que “internamente” se pueden hacer algunas gestiones como: reestructurar y financiar deudas con bajo interés y tener beneficios tributarios como la exoneración del anticipo del Impuesto a la Renta.
Otro sector agrícola que enfrentó un serio problema a inicios de este año fue el maicero. En este caso, las plagas infectaron más de 80 000 hectáreas.
César Vizcarra, productor de maíz y presidente de la Federación Tierra Fértil, asegura que el sector necesita soluciones a largo plazo . Una de las peticiones para el nuevo Gobierno es el otorgamiento de más créditos, capacitaciones, asistencia técnica, inversión en maquinarias e incentivos para la diversificación de cultivo. “De lo contrario, solo tendremos una agricultura de sobrevivencia”.
Impulso de la exportación y más acuerdos son básicos
Concretar acuerdos con nuevos mercados es la base de las propuestas del sector privado en comercio exterior para el nuevo Gobierno.
Ecuador tiene dos acuerdos comerciales principales con la Unión Europea (UE) y la Comunidad Andina (CAN). Sin embargo, posee otros de alcance parcial y complementación con naciones como Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
“Nuestro principal enfoque es el desarrollo de una agenda comercial. Incluye la apertura de mercados y la consolidación de acuerdos comerciales ya existentes”, dijo David López, jefe económico de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).
Un acuerdo con EE.UU. es la prioridad. Directivos gremiales han viajado a dicho país para mantener reuniones con diferentes sectores para analizar mecanismos que permitan fortalecer las relaciones comerciales bilaterales.
En este marco también se busca una solución ante la culminación del Sistema General de Preferencias (SGP), previsto para diciembre. El país, incluido el Gobierno actual, ha desarrollado gestiones para que continúe el beneficio unilateral.
Pero el sector privado también mira a otras latitudes. La idea es concretar acuerdos países centroamericanos y asiáticas, Canadá y grupos como la Alianza del Pacífico y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).
La CCQ aspira a que la política comercial sea similar a la de los países vecinos. Otros puntos de la agenda de comercio exterior incluyen una reducción arancelaria para ciertas materias primas y bienes de capital; la definición de mecanismos para evitar medidas restrictivas al comercio arancelarios y parancelarios…
En cuanto a temas aduaneros se busca mayor agilidad durante la desaduanización, reducción de trámite y cumplimientos de los pagos por Certificados de Abono Tributario (CAT) y drawback.
Para Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, se debe promover la competitividad de la economía para impulsar las exportaciones en cinco años. “La hemos denominado la agenda de competitividad para el desarrollo exportador”. Las propuestas giran en el ámbito institucional, de logística, de regulación, de política de agenda comercial y de promoción. Para concretar todo esto, sin embargo, considera que es clave un buen ambiente para hacer negocios.
Los sectores productivos plantean, entre otros temas, la sostenibilidad fiscal y de la dolarización; la recuperación de la competitividad; y la mejora de las fuentes de empleo. Foto: Patricio Terán / LÍDERES
El incremento del desempleo y subempleo; un salario básico en USD 375; el descenso de la recaudación tributaria y la inversión extranjera directa; el decrecimiento del producto interno bruto; y una deuda pública que aumenta son parte de la realidad económica del Ecuador.
La recaudación de tributos empezó a subir en este año
La redistribución, la estimulación del empleo, la producción de bienes y servicios y el cambio de conductas ecológicas, sociales y económicas fueron algunos objetivos que planteó el Gobierno al momento de impulsar 22 reformas tributarias durante 10 años. Estas, además, fueron de la mano de una mayor recaudación de tributos y, por ende, más ingresos a las arcas fiscales.
Tras estas reformas, el número de contribuyentes pasó de 627 000 a 1,9 millones de personas en el período comprendido entre 2007 y 2016, según datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), meses atrás. Una situación similar se dio en la recaudación de impuestos, que aumentó en un 200% con respecto a la del 2006. El año anterior el ingreso de tributos cayó un 9% frente al 2015 cuando ingresaron USD 13 950 millones. Sin embargo, los dos primeros meses de este año, la recaudación empezó a aumentar; pasó de USD 2 084, 7 millones en enero y febrero del 2016 a USD 2 149,1 millones en los dos primeros meses del año.
Para el SRI, un 92% de la presión fiscal responde a una mejora en la gestión y no a las reformas. Pese a ello, reconoce que a lo largo de los años las tasas de algunos impuestos aumentaron y se crearon otros como el impuesto a la salida de divisas (ISD), cuyo peso en la recaudación subió del 3 al 9% entre 2009 y 2015.
Para Javier Bustos, catedrático universitario y experto en impuestos, los cambios tributarios de estos años crearon dificultades a los contribuyentes, porque se ampliaron las diligencias tributarias. “Los trámites implican gastos adicionales para las personas naturales y empresas, es decir, hay que contratar auditores, contadores con el objetivo de cumplir”.
Bustos sostiene que durante estos años el sistema tributario actual ha sido la “piedra filosofal” para resolver todo tipo de problemas fiscales, sociales y más.
La baja en el precio del petróleo en el 2014 motivó varias reformas tributarias como la Ley de Equilibrio Fiscal, de abril del año pasado, que gravó con ICE a la telefonía corporativa, a la televisión pagada, subió este tributo a la cerveza, etc.
A esto se suma la Ley de Solidaridad que fue aprobada tras el terremoto del pasado 16 de abril del 2016. Con esta normativa se crearon contribuciones a salarios, utilidades, inmuebles, patrimonio y se subió dos puntos porcentuales al impuesto al valor agregado (IVA), que pasó del 12 al 14%.
El analista tributario Diego Pino considera que hay impuestos que se podrían eliminar o, al menos, ser revisados.
Dentro de los impuestos que considera deberían quitarse está el impuesto a la salida de divisas (ISD).
Para Pino, el tributo no ha cumplido con su finalidad: evitar la salida de divisa del Ecuador. “Al contrario se ha convertido en un instrumento recaudatorio, que además podría entenderse como nocivo para el consumidor nacional, toda vez que encarece los bienes y servicios importados hacia el Ecuador”.
El desafío es generar trabajo adecuado y atraer inversión
El empleo ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis económica. La caída del precio del petróleo ha dejado una economía más pobre comparada con dos o tres años atrás. Esto se ha reflejado en los índices de desempleo y subempleo. Uno de los sectores más afectado es el empleo adecuado, es decir, personas que percibieron ingresos iguales o superiores al salario mínimo y trabajaron por lo menos 40 horas a la semana.
Según Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación Análisis Semanal, el empleo adecuado empezó a caer desde marzo de 2015 y se sintió con mayor fuerza en diciembre de 2016. “Hasta esta fecha la caída fue de 238 535 puestos de trabajo a nivel nacional”. Los jóvenes del país han sentido más este golpe. En diciembre del 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) registró 1,5 millones de jóvenes entre 15 y 34 años con empleos adecuados, mientras que en el 2015 el número bajó a 1,4 millones.
Sin embargo, dice Acosta Burneo, estas personas no se fueron al desempleo “porque eso es un lujo que los ecuatorianos no se pueden dar” y más bien engrosaron las filas de la informalidad y del empleo inadecuado, “los cuales crecen en el país”.
La tasa de desempleo a diciembre del 2016 cerró en 5,2%, lo que implicó un crecimiento de 0,4 puntos porcentuales con relación al mismo mes del año pasado, según datos del INEC.
Para Pablo Beltrán, investigador económico de la Universidad San Francisco de Quito, estas cifras no son nada alentadoras porque dice que ha existido un incremento en el número de personas desempleadas durante estos 10 años.
Esto significa que en el 2007 la tasa del desempleo estaba igual a la de ahora. Pero no se ha considerado que durante ese mismo período la Población Económicamente Activa (PEA) creció por lo que ahora hay un mayor número de ciudadanos sin trabajo. “Tenemos más de 100 000 personas desempleadas”, calcula Beltrán.
Los analistas coinciden en que el sector laboral se encuentra en deterioro y que el próximo mandatario va a recibir un mercado bastante afectado. Proponen generar más empleos adecuados a través de la inversión privada.
Acosta Burneo dice que el gran desafío va a ser generar las condiciones para que llegue más inversión privada “que absorba el empleo que va a dejar el sector público y las fuentes de trabajo que se han destruido en estos años”.
Mientras que Beltrán considera que se debe disminuir el gasto público, pero sin reducir empleos. Advierte que no se debe poner una mayor presión al sector productivo sea este público o privado.
Todo esto ocurre cuando los organismos internacionales han proyectado cifras negativas en crecimiento y empleo para este año. “La previsión es que la economía se contraiga nuevamente y eso significa que el empleo también registre un deterioro continuado”, señala Acosta. Un sistema financiero sólido que busca colocar más crédito
Hasta febrero de este año, las cifras de la banca muestran que el sistema financiero nacional goza de buena salud. Los activos suman USD 35 437 millones y el mes pasado crecieron 11,7% comparado con el mismo período del año anterior, según estadísticas de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).
Los depósitos totales se ubicaron en USD 26 402 millones al cierre de febrero de este año, es decir, 13,2% más que el mismo mes del 2016. En esa misma tendencia se ubican indicadores como patrimonio, solvencia, liquidez e incluso la morosidad pasó del 4,82% en febrero del año pasado a 3,92% en el mismo mes de este año.
No obstante, uno de los asuntos pendientes de la banca es la colocación de crédito. Pese a que los depósitos se recuperaron luego de un 2015 complejo, marcado por la incertidumbre producto del desplome de los precios del petróleo, la colocación de créditos se ha ralentizado.
Al cierre del año pasado, la cartera bruta registró un saldo de USD 20 375 millones. De manera anual, esto representó un crecimiento de 8,5%. Mientras que los depósitos tuvieron un crecimiento superior del 18% y esto afecta en la rentabilidad de la banca. La banca fue un negocio con menos rentabilidad el año pasado. Al cierre del 2016, el indicador -que toma en cuenta la relación entre la utilidad y el patrimonio- fue del 6,8%, mientras que en 2015 fue 9%, es decir, una disminución del 2,2 puntos.
Es decir, por cada USD 100 que pusieron los accionistas en el patrimonio de los bancos obtuvieron USD 6,8 de utilidad durante el año pasado, en promedio. Eso significó unos dos dólares menos comparado con el 2015.
Julio José Prado, director ejecutivo de la Asobanca, considera que el 2017 tendrá dos etapas marcadas.
Una con un primer semestre que se prevé más lento en relación con el cierre del año pasado, debido a que el ambiente está “muy politizado”. Esto haría que la gente tomase con cuidado sus decisiones, a la espera del resultado de las elecciones. “Los bancos están con mucha cautela, guardando liquidez, manteniendo sus líneas de crédito abiertas, pero también con un ojo en el tema político”, dijo.
El segundo semestre empezaría una recuperación en la concesión y la demanda de créditos, y también una mayor estabilidad para los depósitos.
Si bien los depósitos siguen creciendo, la liquidez en la economía ya no es tan grande como en meses pasados. El entorno político determinará si esa liquidez se mantiene o “se frena bruscamente”, dice.
El Gobierno ha buscado mover la colocación de crédito a través de medidas de la Junta Reguladora Financiera. A finales del año pasado se dispuso el incremento del encaje bancario del 2 al 5% para las entidades que tengan activos por más de USD 1 000 millones. Además, se modificó el Coeficiente de Liquidez Doméstica y eso obligó a bancos a repatriar liquidez. El reto es reducir la producción con campos en desarrollo
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), definirá el 25 de mayo si decide extender durante todo 2017 la reducción de la producción de crudo mundial. Mientras esto sucede, Ecuador, el miembro más pequeño del grupo, se mantiene en el camino de cumplir con la reducción determinada por la OPEP en noviembre de 2016. El compromiso ecuatoriano es bajar cerca de 26 000 barriles de petróleo por día (bpd), durante el primer semestre del año, de los 548 000 producidos en promedio a octubre de 2016.
Entre el primero de enero y el 14 de marzo de este año, el promedio producido fue de unos 535 000 barriles al día, según datos del Sistema Nacional de Información (SNI) de la producción no fiscalizada.
Sin embargo, la reducción ha sido paulatina, hasta llegar al 28 de marzo a una producción de 528 002 barriles, según el reporte a esa fecha por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).
Este escenario se presenta mientras la previsión del Estado para 2017 era continuar con el desarrollo y la explotación petrolera, que tiene como su principal operadora a la empresa pública Petroamazonas, encargada de aproximadamente el 79% de la producción. El resto se reparte entre 14 firmas.
El exsecretario de la OPEP, René Ortiz, considera que no se debió negociar la baja, sino pedir que se permita al país alcanzar los 590 000 bpd para ajustar la producción. En lo que va del 2017, hasta el 14 de marzo, solo la producción estatal llegó a un promedio de 425 283 bpd, que se consiguió con la incorporación de nuevas áreas, como el campo Tiputini, del Yasuní ITT, que aporta con una producción adicional 30 000 bpd. A esto se debería sumar lo que genere el campo Tambococha, que de acuerdo con las proyecciones del actual Gobierno entraría en operaciones este año.
Dentro de la línea de las operaciones petroleras, el Estado está enfrentando la realidad de los pagos pendientes a las compañías prestadoras de servicios del sector. El Ministro Coordinador de la Política Económica anunció la semana pasada que se ha llegado a acuerdos con la mayoría de empresas a las que se les debe. Una de ellas, Schlumberger, reportó que Ecuador le debe, con corte a diciembre de 2016, USD 1 100 millones. Según las autoridades, el acuerdo de pago debía concretarse la semana pasada.
Esta es una de las deudas que se generaron por la caída de los ingresos petroleros debido a los precios internacionales que la OPEP espera estabilizar con la reducción de la producción mundial.
Por este factor externo, en comparación al mejor año (2011), la caída de ingresos petroleros del Ecuador frente al 2016 fue de USD 5 136 millones. La situación obligó al Gobierno a financiar cerca de USD 1 600 millones para las firmas petroleras, según Martínez.
El servicio de la deuda total aumentó a partir del 2013
USD 1 000 millones es la última línea de crédito que anunció el Gobierno ecuatoriano que entregará China. El plazo será de 20 años y con un interés del 20%. Esos recursos se destinarán, según el Régimen, a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto del 2016.
El pasado 25 de marzo, el presidente Rafael Correa defendió su política fiscal de endeudamiento porque permitirá entregar al país “una economía en crecimiento y estabilizada”.
Dijo que factores externos afectaron los ingresos fiscales y la economía. En los dos últimos años, el Fisco perdió USD 10 000 millones en ingresos fiscales por caídas en ingresos de exportaciones petroleras, reducción de ingresos tributarios y pagos a las petroleras Chevron y Occidental.
El Gobierno optó por el endeudamiento para cubrir parte del déficit, reconoció Correa. Los desembolsos de deuda alcanzaron los USD 3 200 millones en los dos primeros meses del 2017, de acuerdo con el reporte de endeudamiento público del Ministerio de Finanzas. Para el analista económico, Alberto Acosta Burneo, el país es altamente dependiente del endeudamiento. Según él, el año pasado, en promedio, se requirieron USD 3 000 millones al mes para gastar y cancelar amortizaciones y el Estado tuvo ingresos USD 1 400 millones mensuales. El faltante se cubrió con endeudamiento.
Según Acosta, la deuda está pesando en el flujo fiscal. El año pasado, dice, se destinaron USD 11 600 millones para intereses y capital de deuda interna y externa. En el 2015 fueron 7 700 millones. “Desde el 2013 se produce el crecimiento en el costo del servicio de la deuda”.
Para Acosta, el mayor problema no es tener una deuda elevada sino que es de corto plazo y a un interés alto. “Será necesario reperfilar el servicio de la deuda… La idea es liberar recursos fiscales”.
A inicios de este año, el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, dijo que las necesidades de financiamiento para el Fisco “serán las de un año normal”: entre el 6 y 7% del PIB. Es decir, unos USD 5 720 millones. Durante enero y febrero de este año ingresaron al Fisco USD 1 724 millones.
Para el Presidente de la República no se debe satanizar esta política fiscal. Correa pone como ejemplo que “cuando un taxista no se encuentra en el mejor momento de su negocio, ¿qué hace? Se endeuda para pasar el bache. El endeudamiento es una forma de recuperarse de las crisis”.
A inicios de este año, el Ecuador emitió USD 1 000 millones en bonos soberanos en el mercado internacional, a un rendimiento de 9,125% y con vencimiento al 13 de diciembre de 2026. Desde el 2014, el Gobierno ha colocado bonos a tasas que han variado entre el 7,95 y el 10,75%.
El Fisco también ha buscado financiamiento con los créditos de liquidez del Banco Central, que no se contabilizan como deuda al ser de corto plazo, es decir, que vencen en menos de un año.
El país recibe menos divisas por concepto de exportaciones Los dólares son claves para sostener la economía dolarizada. En eso coinciden autoridades del Gobierno, empresarios y analistas. Una de las fuentes de dólares está en las exportaciones, sin embargo este sector de la economía atraviesa una suerte de estancamiento.
Si bien en el 2016 el país registró una balanza comercial favorable, esto se debe a que las importaciones disminuyeron. Pasaron de USD 20 460 millones en el 2015 a 15 551 millones en el mismo mes del año pasado.
Pero las exportaciones también cayeron, aunque en menor proporción. Pasaron de USD 18 331 millones a 16 798 millones entre el 2015 y el 2016.
Hasta enero pasado, con los datos más recientes disponibles en el Banco Central, se ve que la balanza comercial petrolera es favorable, pero la no petrolera es deficitaria, al comparar con el mismo mes del 2016.
Para mejorar las cifras de las exportaciones no petroleras y obtener más divisas por exportaciones, los analistas hablan de por lo menos tres desafíos: mejorar la competitividad; abrir nuevos mercados; y aprovechar mejor los acuerdos comerciales vigentes.
Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), asegura que el sector ha perdido competitividad por el incremento de costos. “Es cierto que el fortalecimiento del dólar pone presión, eso no hay como negar y no se puede manejar. Pero sí se puede manejar factores internos”, dice el representante del gremio de los exportadores.
Legarda indica que para esto se necesitan políticas públicas que incidan en lo tributario, en la logística, en los acuerdos comerciales, en el acceso a crédito, en lo laboral, por mencionar algunas de las principales. Y como complemento menciona el trabajo del sector privado en capacitación, compra de nuevas tecnologías y búsqueda de nuevos mercados.
Para Luis Luna Osorio, analista de temas de comercio exterior, la actividad exportadora no ha recibido la debida importancia de parte de las autoridades. “El país sigue concentrado en los mismos productos y en los mismos mercados. Además, la infraestructura levantada no ha servido para impulsar el comercio exterior”.
Este investigador añade que la oferta exportable sigue concentrada en productos primarios, liderada por el petróleo y otros productos primarios. “El cambio de la matriz productiva no ha funcionado como se esperaba. Una muestra es que las exportaciones de bienes industriales no supera el 25% del total de exportaciones”.
Luna Osorio también señala que es necesario un acuerdo, “con el nombre que se le quiera dar”, con EE.UU., así como aprovechar mejor el acuerdo con la Unión Europea y los mecanismos de comercio que ya existen en la Comunidad Andina. Tanto Legarda como Luna Osorio coinciden en la necesidad de dar mayor espacio a la empresa privada, en la economía ecuatoriana en general.
Palacio de Carondelet en donde funciona la Presidencia de la República. Foto: Referencial
Isabella Muñoz es la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado cuenta la experiencia de esta industria en su país, los retos que enfrentaron y cómo los resolvieron. Las claves, dice, son el marco regulatorio y la confianza empresarial.
Colombia lleva casi una década en el desarrollo de fondos de capital privado de riesgo. ¿Qué cifras hay?
Son 12 000 millones dólares que se han levantado en casi 11 años de trabajo para fondos de crecimiento, fondos de adquisición, de recursos naturales y de emprendimiento en más de 10 años de trabajo de la industria de fondos de capital privado de riesgo. El 70% de esos recursos viene de inversionistas locales y el 30% de internacionales.
¿Cómo arrancó y evolucionó el proceso? No ha sido fácil. En la constitución de este ecosistema hemos tenido que articular a diferentes partes que son piezas fundamentales para haber logrado las metas. Empezamos en 2005 con la llegada de dos inversionistas peruanos que habían hecho banca de inversión en EE.UU. Ellos vieron la oportunidad que tenía Colombia para crear una industria de fondos de capital privado. En ese entonces, en el 2005, el tema regulatorio no era claro; solo se consolidó dos años después, con el apoyo de la Bolsa de Valores, entidades multilaterales y con un trabajo muy articulado con el gobierno. ¿El papel que tuvo el Gobierno fue clave? El Gobierno es pilar fundamental en la construcción de cualquier ecosistema. Si tienes a entidades privadas, pero si el Gobierno no tiene políticas públicas y un marco regulatorio claro, los inversionistas no van a llegar, por más esfuerzo que se haga.
¿Qué pasó con la llegada de esos dos inversionistas peruanos? La Bolsa de Valores también fue un actor importante que apoyó lo que proponían esos inversionistas. Ellos se aliaron con instituciones para convencer al Gobierno de que esta industria se podía convertir en un motor de desarrollo económico del país. ¿Esos fondos que empezaban a levantarse estaban enfocados en segmentos específicos? Eran para empresas en etapas de crecimiento y para hidrocarburos. Solo hasta el 2007 con el apoyo de los actores mencionados se logró materializar el primer marco regulatorio para fondos de capital privado. Eso fue el detonante del crecimiento de esta industria. Muchas cosas pasaron en paralelo, pero el marco regulatorio fue el botón para encender el crecimiento.
¿Cuanto tiempo tomó la creación de ese primer marco regulatorio? Fueron dos años para un marco inicial. Ese instrumento tuvo su primera reforma en el 2010 y ese fue otro detonante. El proceso estuvo acompañado de un régimen de inversión de instituciones interesadas en participar. Sin ellos no existiría nada.
¿Los fondos de capital privado son ya una industria en Colombia? Por supuesto. Cada vez más se evidencia, con cifras, que contribuimos al crecimiento del país. Calculamos que el aporte es superior al 1% del PIB de Colombia. Es una industria porque ya existen 87 fondos de capital privado operando, en diferentes sectores, en distintas etapas de desarrollo y en empresas desde inmobiliarias, hasta aeropuertos, retail, servicios…
Son muchos sectores en los que servimos como mecanismo de financiamiento. De los 12 000 millones de dólares que menciono, cerca de 6 500 millones se han invertido y se ha logrado apalancar a 550 empresas colombianas.
¿Cómo reaccionaron las empresas con esta posibilidad de hallar nuevas formas financiamiento? Las empresas de Colombia y de la región tienen aversión al riesgo, son cerradas y por ser familiares prefieren tener el cien por ciento de uno, que el diez por ciento de un millón. Entonces fue un proceso de cultura y educación financiera que se ha gestado para llevar conocimiento a las empresas para que abran sus mentes; fue llevarlas de la mano para que sepan escoger el fondo adecuado. Vemos que cada vez son más abiertas y perciben que esto es dinero inteligente. Saben que el inversor crece con ellos, facilita redes de contacto, implementa prácticas de gobierno corporativo y más valores agregados, diferentes al financiamiento en el mercado de valores o de un banco tradicional.
¿Qué dificultades se encontraron en el camino y cómo se superaron? La primera dificultad fue convencer al Gobierno para escribir una normativa que dé tranquilidad y transparencia. Luego tocó ver quién iba a participar y quién iba a mover la rueda; había que buscar inversionistas y lograr que se motiven. Eso fue un trabajo de educación y acompañamiento con inversionistas institucionales como fondos de pensiones, aseguradoras, multilaterales para que se entienda este modelo. En paralelo se necesitaba de gestores o entidades dispuestas a manejar estos fondos. Y luego nos enfocamos en conseguir empresas que se animen a recibir estos capitales de socios estratégicos. Todo esto fue como un rompecabezas que se fue ajustando, no todo pasó perfecto, pero se logró avanzar.
¿Cómo lograron que las empresas rompan barreras y compartan información? El gestor tuvo que enamorar a las empresas. En su momento fueron audaces para vender esa oferta de valor, que no era fácil. Fue un asunto de confianza para aceptar esos capitales. También, pesó la experiencia en sectores económicos donde se iban a invertir y conocimiento en vender y comprar compañías. Esto porque al final un fondo compra una compañía, agrega valor y luego deja la compañía. Así surgieron casos de éxito que animaron a otras empresas. ¿Cómo se garantizó el correcto manejo de los fondos? Allí juegan mucho las prácticas y la gobernanza. La regulación blindó muy bien el modelo para tener mecanismos de gobierno corporativo muy robustos que permitieran, de alguna manera, que los inversionistas estuvieran tranquilos. Esto es un negocio de riesgo, se puede perder todo o ganar cien veces más de lo invertido. En esto, una estructura jurídica robusta permite un seguimiento de las inversiones.
¿Y ahora cómo se puede replicar lo hecho en Colombia en países como Ecuador? Estamos trabajando con la Aleinaza para el Emprendimiento y la Innovación, con cooperación con de la CAF- Banco de Desarrollo de América Latina para transferir conocimiento y articular el ecosistema ecuatoriano en materia de fondos de capital. La primera etapa será activar el tema regulatorio, así como el asunto de gestores o entidades que manejan los fondos de capital. Luego habrá que abordar el tema de inversionistas y empresas que deseen participar de este modelo. La idea es traer la experiencia de Colombia y para esto articular a los actores es la clave. Hay que acercarse al gobierno, sino los esfuerzos no servirán de nada. Estamos revisando la regulación de Ecuador y comparando con Colombia para darle aire al tema.
Hoja de vida Formación. Tiene un título de Ingeniera industrial de la Universidad Javeriana con una especialización en economía en la Universidad de los Andes. Cargos. Se desempeña como Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado – ColCapital desde julio de 2013. Cuenta con experiencia en la industria de fondos de capital privado y emprendedor, emprendimiento y estructuración de negocios. Experiencia. En la actualidad se desempeña como miembro del comité evaluador del programa Evaluatik de Fenalco y miembro del consejo asesor para el sector privado de USAID / Colombia.
El Gobierno de Ecuador no descartó hoy que haya habido «pagos o actos de corrupción» de la empresa Odebrecht que involucren a funcionarios, pero aseguró que su actuación en relación con esa empresa fue correcta y recordó que fue expulsada del país en 2008, aunque luego volvió a ser contratista del Estado.
El Ejecutivo, además, exigió que sean revelados los nombres de quienes pudieron estar involucrados en supuestos actos corruptos «para determinar si hubo funcionarios públicos involucrados en una presunta red de corrupción» o personas que, en nombre del Gobierno, «podrían haber cometido irregularidades».
Esa fue la reacción gubernamental después de que ayer se conociera información procedente del Departamento de Justicia de EE.UU., según la cual la constructora brasileña Odebrecht pagó aproximadamente USD 788 millones en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluidos Brasil y Ecuador.
El informe del Departamento de Justicia indica que en Ecuador, entre 2007 y 2016, la constructora hizo pagos corruptos por valor de más de USD 35,5 millones a «funcionarios del Gobierno», lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones. . El secretario jurídico de la Presidencia de Ecuador, Alexis Mera, aseguró hoy en una conferencia de prensa que el Ejecutivo ecuatoriano no va a proteger ni a encubrir a ningún responsable en eventuales actos corruptos, sino a favorecer las investigaciones. «No nos importa que caiga quien caiga», aseveró.
En un comunicado, la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) recordó que en septiembre de 2008, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, expulsó a Odebrecht del país «tras detectarse deficiencias técnicas en la central hidroeléctrica de San Francisco, proyecto contratado en el año 2000, en el Gobierno de Gustavo Noboa».
Mera precisó al respecto que cuando el Ejecutivo de Correa accedió al poder se hallaron «serias irregularidades» en relación con ese proyecto, «que incluso podrían ser indicios de corrupción», pero no se encontraron «depósitos ni cheques» y no hubo «pruebas para iniciar un proceso penal».
Explicó que Odebrecht pedía «algunas decenas de millones de dólares» para arreglar una conducción de agua relacionada con la hidroeléctrica, a lo cual se negó el Gobierno. El secretario jurídico subrayó que las relaciones con la empresa «fueron pésimas» en una primera etapa, como apunta la expulsión de la firma de territorio ecuatoriano, por lo que calificó de «absolutamente incomprensible» que se hayan efectuado afirmaciones sobre corrupción por parte de algún funcionario.
El comunicado de la Secom recuerda que la expulsión de la compañía en 2008 se produjo «pese a las presiones de la Cancillería brasileña que, en esa fecha, decidió inclusive retirar a su embajador en Ecuador».
Odebrecht volvió a ser contratista del Estado ecuatoriano en julio de 2010, después de que el Gobierno «le exigiera el resarcimiento y compensaciones económicas por los perjuicios ocasionados» en el caso de la central hidroeléctrica San Francisco, indica la nota.
Después de 2010, el Gobierno ejecutó con Odebrecht los proyectos «Daule-Vinces»; «Manduriacu»; «Preparación de terrenos de la refinería del Pacífico»; «Acueducto La Esperanza» y «Poliducto Pascales-Cuenca», obras en fase de cierre y «auditadas por la Contraloría» General del Estado «en sus aspectos técnicos y de ejecución», agrega la información.
En la actualidad, la firma brasileña no tiene obras pendientes con el Estado, señala. También indica que la empresa ha tenido contratos con gobiernos locales y menciona la infraestructura vial Ruta Viva, así como el contrato que tiene el Consorcio Acciona-Odebrecht con el Municipio de Quito, por importe de 1.538 millones de dólares, para la construcción de la fase 2 del Metro de Quito.
Alexis Mera, secretario Jurídico de la Presidencia en rueda de prensa habla sobre la denuncia de sobornos por parte de la empresa Odebrecht a funiconarios del Gobienro. Foto Diego Pallero / El Comercio
