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  • El memo de la semana: Las hipotecas, bajo análisis

    En la Asamblea Nacional se tramita actualmente un proyecto legal enviado con el carácter de económico y urgente por parte del Ejecutivo. Se trata de la Ley para la regulación de los créditos de la vivienda que, según la exposición de motivos, responde a la necesidad de “impedir los abusos a los que se encuentran expuestos los ciudadanos”. Además, de proteger los bienes de los deudores, frente a la aplicación de las hipotecas.

    La propuesta legal establece que, en el caso de mora, las entidades financieras solo podrán cobrar la deuda mediante el bien hipotecado. También se incluyen condiciones que beneficiarían solamente a los créditos que no sobrepasen los USD 146 000. Frente a ese escenario, los constructores están a la expectativa de conocer en la práctica, cuál va a ser la reacción del sistema financiero privado.

    Entre los argumentos para el envío del proyecto se ha mencionado que el objetivo es evitar que se presenten en el país, situaciones como las que se viven actualmente en España con los desahucios o, en una realidad más lejana, con las hipotecas basura que desencadenaron el ‘crack’ financiero en los Estados Unidos en el 2008. De la experiencia vivida en esos países, queda claro que es indispensable fortalecer la regulación crediticia, educar a los deudores sobre los riesgos que puede haber en un sobreendeudamiento y garantizar la estabilidad del sistema financiero.

    Consecuentemente, y en el contexto de un año electoral, se impone la necesidad de promover un debate técnico y no político alrededor del proyecto. Además, es indispensable conocer la postura de las entidades financieras, solo así se tendrá una visión más clara sobre el futuro hipotecario.

  • El memo de la semana: Hipotecas y arriendos

    De un momento a otro, en la agenda legislativa se han incluido dos propuestas de reforma legal que buscan influir en el sector de la vivienda. Por un lado está el proyecto de Ley de Regulación de Crédito de Vivienda, cuyo informe para primer debate está listo y que sería aplicable a quienes se endeuden para adquirir o construir la única vivienda familiar, que el crédito no exceda las 500 remuneraciones básicas unificadas y que exista una hipoteca como garantía de ese crédito.

    En el proyecto se establece que las obligaciones contraídas por un crédito hipotecario señalado en esta ley y que sean declaradas de plazo vencido, podrán ser cobradas a través de la respectiva ejecución o dación en pago del bien hipotecado. Al respecto, las instituciones del sistema financiero privado han comentado que de aprobarse la propuesta tal como fue planteada se desacelerará la expansión crediticia, que se ha desarrollado en este segmento.

    Pero el tema de la vivienda no solo ha sido abordado desde los créditos hipotecarios. La Asamblea Nacional debatió la semana pasada sobre la necesidad de reformar la Ley de Inquilinato, para promover un adecuado balance entre los derechos de los inquilinos y de los arrendadores.

    Esa reforma legal apunta a incrementar el control de las condiciones de las denominadas viviendas renteras; así como establecer con más claridad los mecanismos para la fijación de los cánones de arrendamiento. Por ejemplo, la garantía de pago de dos meses anticipados de renta.

    Sobre la base de estos dos proyectos de ley cabe un profundo análisis técnico, más aún si el objetivo es solucionar el problema del déficit habitacional que persiste en el país.

  • El memo de la semana: Hipotecas y vehículos

    De un momento a otro, la Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos alteró el panorama para el sistema financiero; para los sectores automotor e inmobiliario y, sobre todo, para los ciudadanos que quieren o estaban en trámite de adquirir una vivienda o un vehículo.

    Con la presentación del proyecto surgieron las primeras inquietudes alrededor de la urgencia, con la que el Ejecutivo remitió su propuesta a la Asamblea. Eso, porque el país no vive situaciones como las que atraviesa España o vivió EE.UU., derivadas de una especulación en el mercado de los bienes raíces o problemas en el sistema financiero.

    En el trámite del proyecto, en la Función Legislativa se incluyó a los créditos para vehículos y amplió la cobertura a un sector ajeno al inmobiliario y bancario. En la aprobación final se añadieron más ajustes, como la obligatoriedad del sistema financiero de mantener un saldo del 5% del patrimonio técnico de cada entidad, para actividades hipotecarias.

    La ley se encuentra en manos del Ejecutivo para su pronunciamiento final, frente a los pedidos de veto total o parcial. Mientras eso sucede, los escenarios de sus eventuales consecuencias se han puesto sobre la mesa: la banca privada anticipa ajustes y una desaceleración en la entrega de créditos para vivienda y para autos; las concesionarias de vehículos analizan y, en algunos casos, ya aplican ajustes en sus sistemas de financiamiento; bancos que no han participado del crédito hipotecario, deberán hacerlo aún sin experiencia; y el cliente, expuesto a que se le cierren las fuentes de crédito para adquirir su casa o vehículo, o simplemente que asuma una actitud pasiva en sus obligaciones financieras.