Una vez llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), resulta indispensable debatir sobre las sugerencias y condiciones que plantea el organismo internacional en materia de impuestos y ordenamiento de las finanzas públicas.
Como antecedente, es necesario entender que la estructura de impuestos en el país es de por sí compleja, no solamente por los impuestos directos que se deben pagar, sino también por la cantidad de impuestos indirectos que se deben añadir y que merman de manera directa en el resultado y en los beneficios para el inversionista. En este sentido, la carga tributaria y los beneficios que se reciben por el pago de impuestos resultan ser poco atractivos para la inversión extranjera a pesar de estar dolarizados y sin riesgo cambiario.
Por ello, y aprovechando de la apertura con el FMI, el Gobierno nacional debería buscar una simplificación en los impuestos. Es decir, reducir el número de impuestos al que está sometido el sector productivo ecuatoriano y mantener solamente aquellos que representan un ingreso significativo para el Estado.
Desde el pasado 16 de septiembre, el Servicio de Rentas Internas (SRI) grava con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) el uso de 178 servicios digitales, que se ofertan en 198 plataformas, según el catastro publicado por la autoridad tributaria.
El impuesto recaerá sobre el consumidor final al momento del pago, mediante tarjeta de crédito o débito. Con esta norma –establecida en la Ley de Simplificación Tributaria, en vigencia desde enero–, se busca gravar con IVA la importación de servicios digitales, puesto que las aplicaciones registradas en el país ya pagan impuestos, es el caso de firmas como Rappi, Glovo y Cabify.
Pablo Villegas, vicepresidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, explicó en una conferencia sobre el IVA en los servicios digitales, organizada por la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (Citec), que la regulación va acorde con una tendencia internacional de fiscalidad, que sigue el principio de tributación en destino, es decir que se cobren impuestos en el país a donde llega el bien o servicio.
Sin embargo, para el experto tributario el país requiere de una política tributaria sobre tecnología e innovación, en la que se defina con claridad si lo que se busca es dar incentivos a esta industria, ser neutral o desincentivar. “No existe una política pública que se piense de manera integral”, dijo en el evento celebrado la semana pasada.
Advirtió que entre el catastro del SRI sobre servicios digitales gravados con IVA y otras políticas tributarias existen ciertas contradicciones. Por ejemplo, los servicios educativos están gravados con tarifa del 0% en el país, pero en el catastro existen plataformas de aprendizaje en línea. Algunas de estas son: Domestika, Coursera, Open English, English Live, Crehana; sitios web que ofrecen capacitaciones de inglés, fotografía, marketing, diseño, entre otras áreas.
“Si se dan incentivos a la educación, lo lógico debería ser darlos también a la educación en línea y trasladarlo a prestadores de servicios digitales no residentes”, subraya el experto. Entre otros contrasentidos, añade, hay páginas de juegos de azar en el catastro, cuando por ley están prohibidos en el país.
El Gobierno calcula una recaudación por el cobro del IVA a los servicios digitales de USD 5 millones para lo que resta de año y de USD 21 millones para 2021. La previsión anual está muy por encima de lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó en su estudio Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019, en el que indicó que el país podía lograr una recaudación de USD 11,2 millones al año solo con gravar cuatro reconocidas plataformas digitales.
El impuesto recaerá sobre el consumidor final al momento del pago, mediante tarjeta de crédito o débito. Foto: Archivo / LÍDERES
Un cambio en la forma de pago del impuesto a la renta es clave dentro del Régimen Impositivo para Microempresas, que consta en el proyecto de Ley de Crecimiento Económico que ya se trata en la Asamblea.
Se consideran microempresas a aquellas cuyas ventas anuales son menores o iguales a USD 100 000 y que tienen entre uno y nueve trabajadores. Según el Directorio de Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de hace dos años, en Ecuador, hasta el 2017, el 90,78% de las compañías del país eran microempresas.
Actualmente, estas compañías pagan el impuesto a la renta con una tarifa del 22% sobre la utilidad. Dentro del proyecto de Ley se establece que el monto se cancelará sobre el 2% de los ingresos brutos del ejercicio económico.
“En ese caso no le importa al Fisco si la empresa tuvo o no pérdidas en el año. Simplemente evaluará el volumen de ventas de esta durante tal periodo. Es importante considerarlo”, indica el analista tributario, Francisco Jiménez.
El también jurista considera que debe existir una mejor redacción de la norma, para que los dueños de los negocios conozcan si se benefician o no. Por ahora, la propuesta establece que podrán acogerse las microempresas, incluidos los emprendedores que cumplan con dicha condición.
El nuevo régimen comprende los pagos al impuesto a la renta (IR), al valor agregado (IVA) y a los consumos especiales (ICE).
Para David López, jefe técnico de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), este régimen simplificará trámites, reducirá tiempo para las empresas, etc.
Micros como Twins, que comercializa carnes a la parrilla, señalan que la Ley solo será beneficiosa si reduce el monto que se debe pagar por tributos. Los dueños del negocio destacan otros aspectos dentro del proyecto, entre los que se encuentra el hecho de que las microempresas ya no estarán obligadas a llevar contabilidad.
Una posición similar es la de Sonia Balseca, dueña del negocio de producción de ambientales y aromatizantes AromHouse. “Nosotros no estamos en la capacidad de pagar a un contador. Nos ha tocado hacerlo para mantenernos dentro de la Ley”, detalla.
El proyecto solicita, sin embargo, que las micros lleven un libro de ingresos y gastos para poder sustentar sus declaraciones. Además, establece que las microempresas dejarán de ser un agente de retención del IVA (excepto si se importan servicios); la declaración y pago de dicho tributo será semestral (hoy mensual).
Las inquietudes Francisco Jiménez considera beneficiosas estas propuestas que, en el momento, no existen. Sin embargo, considera que hay otros aspectos que deben ser analizados previa la aprobación de la normativa.
“¿Qué pasa cuando una de estas micros crece y pasa a ser una empresa en el régimen general? Tendrá que iniciar su vida contable y, ese momento, organizar todas sus operaciones desde el inicio. Esto puede generar problemas o costos posteriores para ese empresario”, detalla Jiménez.
Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), explica que como la norma establece que las micros deben llevar un libro de ingresos y gastos no será mayor el inconveniente cuando pasen al régimen general y deban tener contabilidad formal.
Algunos microempresarios, por otro lado, se preguntan si al haberse acogido al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) es posible beneficiarse del nuevo esquema.
Sobre ello, Andrade explica que dentro del RISE están aquellas personas naturales con ingresos de hasta USD 70 000 al año; pagan una cuota fija mensual que reemplaza la declaración de IR e IVA.
A estos contribuyentes no les convendría. Carlos Licto, experto tributario, indica, además, que el nuevo esquema, a diferencia de lo que sucede con el RISE, se aplica para sociedades.
El analista detalla que entre los excluidos para acogerse al nuevo régimen están quienes se dedican a prestación de servicios profesionales, ocupación liberal, relación de dependencia, así como aquellos que perciben exclusivamente rentas de capital. También quedan fuera las que reciben ingresos por contratos de construcción, urbanización, lotización y otros. Exportadores y emprendedores destacan beneficios tributarios
Redacción Quito (I) redaccion@revistalideres.ec El sector exportador y el ecosistema emprendedor miran con buenos ojos, pero también con cierta inquietud el proyecto de Ley de Crecimiento Económico que se encuentra en la Asamblea.
Voceros de ambos segmentos coinciden en destacar los beneficios tributarios que plantea la normativa. Xavier Rosero, gerente Técnico de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), señala que la simplificación del régimen tributario para empresas con ingresos anuales de hasta USD 300 000 es positivo porque se reduce la carga operativa. “Con anterioridad ya habíamos dicho que las medianas y pequeñas empresas exportadoras no podían avanzar porque destinaban cerca de 200 horas al año al cumplimiento de temas tributarios”.
Para el vocero de los exportadores ese tiempo representa un costo muy alto y era un factor que podía generar la pérdida de clientes en el exterior. “Por eso es positivo que se facilite el proceso”.
Otro punto favorable, según Rosero, es la propuesta de la devolución de impuestos simplificada y unificada para los exportadores. El vocero de Fedexpor recuerda que el ‘draw back’ no tuvo tanto impacto por falta de recursos y la idea quedó trunca. Ahora, añade, con la devolución simplificada la aspiración es que se institucionalice esta modalidad “para no estar sujetos a la volatilidad de recursos. Esto permitirá que el exportador pueda planificar su trabajo con antelación”.
Entre los emprendedores también existe una sensación de satisfacción ante lo que propone la nueva ley. Andrés Zurita, director de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI) habla de beneficios directos. “Se tocan temas importantes como el buscar dar el mismo trato a las donaciones o a los aportes que reciben los emprendedores, que el trato que se da a otros gastos como publicidad”.
El representante de la AEI también considera importante que se simplifique el régimen tributario porque se brinda la facilidad para reportar los gastos que tienen los emprendedores. Según Zurita esto alienta a la formalización de los emprendimientos.
La reducción del impuesto a la salida de divisas (ISD) al 2,5% es otro punto que Zurita califica como favorable. “Ayuda bastante porque siempre hay que importar algo para que los emprendimientos avancen y crezcan”.
La norma también habla de la exención del impuesto a la renta (IR) a los intereses que reciban entidades financieras por préstamos otorgados a emprendedores. “Esto es una maravilla -dice Zurita- porque incentiva al banco para focalizar el crédito y eso es bueno. Lo que realmente necesitamos es que los bancos inviertan y crean en el emprendedor”.
En la Corporación de Estudios e Investigación de la Pequeña y Mediana Empresa también se analiza el documento. Esta entidad mira con buenos ojos la eliminación del anticipo del impuesto a al renta y resalta la eliminación de aranceles a la importación de equipamiento tecnológico, dado el bajo índice de desarrollo tecnológico e innovación del país.
Carlos Romero, vocero de la Corporación, cree que también es importante el apoyo al sector agrícola, por el alto potencial de este sector. “Allí destaca el crédito agrícola preferencial y la disminución de impuestos al sector bananero. Esto es muy importante ya que las pequeñas y medianas empresas tienen alta presencia en el sector agrícola”.
Preocupaciones En el análisis del proyecto de Ley de Crecimiento Económico también existen preocupaciones. Según Xavier Rosero, gerente Técnico de Fedexpor, en las microempresas existe inquietud por el impuesto progresivo que grava ingresos operativos. “Hemos encontrado que esto puede afectar a unas 1 600 empresas exportadoras, de un universo que oscila entre 2 500 y 3 000 empresas. Esa carga es por tres años y eso inquieta”.
Este experto explica que para las exportadoras es un costo que tendrán que asumirlo para no pasarlo al consumidor y no perder competitividad en los mercados a los que llegan. “Eso complica el volumen de ventas e impacta a grandes empresas y a las Pymes”.
Otra inquietud es la eliminación del crédito tributario para importar materia prima y bienes de capital. Según Rosero, eso sería una recarga que cae en la estructura de costos de las exportadoras.
La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) efectuó presentó una lista de observaciones a la normativa que está en la Asamblea. Entre otros puntos el gremio señala que el impuesto planteado por tres años para empresas con ingresos por más de USD 1 millón afecta la competitividad por lo que sugiere excluir a empresas que no generen utilidades.
La CCQ cree que con la reducción de algunas deducciones del IR disminuyen incentivos para la inversión en proyectos productivos, así como programas para fomentar empleo e innovación. Impuesto a la renta Quedan exentos los intereses que reciban las instituciones del sistema financiero por los préstamos otorgados a los contribuyentes calificados como emprendedores, hasta por un monto equivalente al 3% de los ingresos gravados de dicha institución financiera, y de acuerdo con las definiciones y condiciones que para el efecto se determinen en el Reglamento’.
Deducciones Artículo 10.1.- Los recursos y/o donaciones destinados a proyectos, programas o becas, en los sectores deportivos, culturales, de investigación científica, o de desarrollo tecnológico, educativos y de formación profesional, calificados por el ente rector que corresponda; así como aquellos recursos y donaciones destinadas a emprendimientos calificados por el ente rector respectivo. La suma de estos gastos será deducible del impuesto a la renta hasta por un equivalente al 3% del ingreso gravado”.
Régimen impositivo para microempresas Régimen para micro empresas. Establézcase el régimen impositivo para micro empresas, incluidos emprendedores que cumplan con la condición de micro empresas; este régimen comprende a los impuestos a la renta, al valor agregado y a los consumos especiales.
Art. 97.17,- Contribuyentes sujetos al Régimen.- Se sujetarán a este régimen los contribuyentes considerados micro empresas, incluidos los emprendedores que cumplan con la condición de microempresas, según lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y el Reglamento correspondiente.
AromHouse es una micro que vende aromatizantes. Su dueña cree que el no tener que llevar contabilidad será positivo porque reducirá gastos. Foto: Patricio Terán / LÍDERES
El secretario general de la OCDE, Angel Gurría, celebra el apoyo del G20 de su propuesta para el impuesto para los gigantes de internet y se dijo convencido de que los Estados tienen la voluntad de lograr un acuerdo.
¿Qué mensaje le trasmitió el G20 en su reunión en Washington?
El G20 nos dice adelante. Para nosotros, es muy importante porque el G20 fue el que nos dio el mandato. Y siempre volvemos al G20 para informar en este caso a los ministros y a los líderes respecto al progreso que llevamos. Esta propuesta es muy importante. Es el “enfoque unificado” de los tres diferentes que había. (La formulación del Reino Unido, la de Estados Unidos y la de India).
¿Cuándo podría concluirse un acuerdo mundial?
Es un momento muy importante. Es la culminación de varios años de trabajo, y es al mismo tiempo un punto de partida de la siguiente etapa. Hay un programa de trabajo muy concreto que se aprobó desde mayo pasado.
La idea es ahora que tengamos listos los elementos para el 2020 y que tengamos hacia la mitad del año, ya tengamos aprobados los ingredientes y que, después, el resto del año, nos dediquemos a la implementación.
¿Se anuncian complicadas las negociaciones entre los diferentes países?
Las negociaciones siempre son complejas. Hay muchos elementos técnicos. Pero de todos modos estamos confiando en que hay una muy buena disposición, ganas de avanzar, de progreso y también todo el mundo está dispuesto a enfrentar la complejidad de las negociaciones con flexibilidad y deseo de llegar a un acuerdo.
Angel Gurría, secretario general de la OCDE. Foto: AFP
A partir del 7 de marzo de 2019 los contribuyentes pueden pagar sus declaraciones mediante el servicio de pago en Línea disponible. Así lo dio a conocer el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Para acceder a este servicio, el contribuyente que mantiene declaraciones vigentes de pago, debe ingresar a SRI en Línea con usuario, contraseña y seguir la ruta: Menú / Pagos / Pago en Línea / Pago de Obligaciones y escoger las declaraciones que desea cancelar.
Esta herramienta le permite seleccionar la forma de pago más conveniente entre tarjetas de crédito, notas de crédito desmaterializadas y/o Títulos del Banco Central (TBC). El servicio está disponible las 24 horas del día y los 365 días del año.
De esta manera los contribuyentes no necesitan acercarse a las instituciones financieras para cancelar sus obligaciones pendientes de pago. También disminuye el costo por cargos financieros.
Este nuevo servicio forma parte del proceso de Simplificación de Trámites que lidera la Secretaría General de la Presidencia y del Decreto Ejecutivo 372, que declara como política de Estado la mejora y simplificación de trámites para asegurar una adecuada gestión gubernamental.
De esta manera los contribuyentes no necesitan acercarse a las instituciones financieras para cancelar sus obligaciones pendientes de pago. Foto: Archivo / LÍDERES
El Servicio de Rentas Internas (SRI) puso a disposición de los contribuyentes los formularios en línea para declaración del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), del Anticipo de Impuesto a la Renta y de los Activos en el Exterior. Estos reemplazan a los formularios 105, 110 y 115, respectivamente.
La información la dio a conocer el SRI, este 12 de febrero del 2019.
“Los formularios permiten personalizar los casilleros mediante un grupo de preguntas que, de acuerdo a su actividad económica, le ayudarán a delimitar la información necesaria para facilitar sus posteriores declaraciones”, indicó la entidad.
Para facilidad del contribuyente, estos formularios presentan información que está llena con anterioridad: saldos de notas de crédito, notas de crédito desmaterializadas y títulos de Banco Central. Estos son documentos que se pueden utilizar para el pago de obligaciones tributarias.
El contribuyente también podrá registrar la cuenta bancaria para débito automático y, adicionalmente, el sistema le permitirá guardar temporalmente el borrador de la declaración hasta el envío de la misma.
Para acceder a los formularios de Impuesto a los Consumos Especiales, Anticipo de Impuesto a la Renta y Activos en el Exterior en línea, los contribuyentes deben ingresar al portal del SRI (www.sri.gob.ec), con su usuario y contraseña.
En el menú general se deberá seguir la ruta: declaraciones/ declaración de impuestos/ elaboración y envío de declaraciones y escoger el formulario a declarar. Para elaborar y enviar la declaración se debe: seleccionar el período fiscal (escoger año y período), contestar las preguntas para simplificar el llenado del formulario, ingresar la información requerida en los casilleros habilitados, seleccionar el o los medios por los cuales se realizará el pago.
Los usuarios ya cuentan con un formulario en línea para declarar el ICE. Foto: Archivo / LÍDERES
El vicepresidente Regional para las Américas de IATA habla sobre los precios del petróleo y su impacto en la industria de transporte aéreo. También comenta sobre las regiones más fuertes a escala global y sobre los desafíos que tiene el mercado ecuatoriano.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) pronostica que los beneficios del sector de la aviación crecerán un 4% en el 2019 por la bajada de los precios del petróleo ¿Esto significa que bajarán los precios de los boletos aéreos?
El combustible es uno de los principales costos operativos de las líneas aéreas. Este año, dicho costo representará el 24% de los costos operativos. Sin embargo, también debemos tener en cuenta otros costos, como las tasas e impuestos exorbitantes, especialmente en Latinoamérica. Además, la cobertura de combustible impedirá que algunas aerolíneas se beneficien del abaratamiento del combustible. En el 2019 se prevé que el costo de combustible alcance los 200 000 millones de dólares, frente a 180 000 millones del 2018. En este contexto, esperamos que la tarifa promedio de un billete de ida y vuelta (antes de tasas e impuestos) se reduzca desde los 331 dólares hasta los 324 dólares en 2019, un 61% menos que en 1998, tras el ajuste por inflación. ¿Qué factores deben juntarse para que los precios de los boletos aéreos bajen? La tendencia normal, salvo excepciones, es que la tarifa aérea promedio baje. La aviación es altamente competitiva, y a medida que las líneas aéreas ganan en eficiencia, trasladan sus ganancias al consumidor en forma de tarifas más económicas. ¿Cómo califica la salud actual del sector de transporte aéreo global? Las aerolíneas vienen siendo rentables desde 2010 y desde 2015 generan retornos superiores al costo de capital, lo que significa que están finalmente obteniendo ganancias de una forma continua, lo que recompensa a sus accionistas por su inversión. En 2019, se espera que las aerolíneas obtengan una ganancia neta de 35 500 millones de dólares, un pronóstico que supera los 32 300 millones previstos en 2018. El margen de ganancia neta se sitúa en el 4,0%, en línea con lo previsto en el 2018, pero por debajo del 5,0% obtenido el 2017. En América Latina se prevé una ganancia neta de 700 millones de dólares este año (superior a los 400 millones previstos en el 2018). La ganancia neta por pasajero se sitúa en USD 2,14. Los mercados locales se recuperan poco a poco de la recesión, incluido Brasil, a diferencia de Argentina, que se enfrenta a importantes desafíos. ¿Cómo inciden el Brexit o la ‘guerra’ comercial entre EE.UU. y China? No hay ganadores en una guerra comercial y ciertamente esperamos que las partes puedan encontrar una manera de reducir las tensiones y evitar un ciclo perjudicial de represalias arancelarias. Dicho esto, esperamos que el impacto sea mayor en carga que en el lado del pasajero; a la fecha, los aranceles no han aplicado a productos de alto valor que se mueven por la vía aérea. En cuanto al Brexit, esta es una preocupación importante. Estamos a dos meses del Brexit y, si el Parlamento británico no está de acuerdo con los términos que están sobre la mesa, las medidas de contingencia propuestas por la Comisión Europea no evitarán un nivel de interrupción en los viajes aéreos. También hay que considerar cómo se gestionarán los acuerdos fronterizos y de seguridad para los 85 millones de personas que viajan por aire entre el Reino Unido y la UE anualmente.
¿Por qué el transporte aéreo es cada vez más democrático? Decimos que la aviación es el negocio de la libertad, porque permite que las personas puedan vivir una vida mejor. La aviación une a familias y a seres queridos; conecta las empresas en el mercado global; promueve la diversidad cultural y el entendimiento internacional. El transporte aéreo es un facilitador clave de la economía mundial: genera casi 66 millones de empleos y proporciona el 3,6% del PIB mundial, el equivalente a 2,7 billones de dólares anuales. ¿Hay un nuevo perfil del usuario del transporte aéreo? En el 2018, las aerolíneas transportaron unos 4 300 millones de pasajeros, el equivalente al 57% de la población mundial. Por eso, es difícil identificar un perfil específico. El usuario puede ser un viajero de negocios como un estudiante, un abuelo que visita a sus nietos por primera vez, un turista, una familia en busca de una nueva vida o un niño que regresa a su hogar.
¿Qué regiones del planeta son las más fuertes hoy? El pronóstico más reciente de la IATA sobre el crecimiento en el número de pasajeros para los próximos 20 años muestra un importante cambio en Asia como principal impulsor del fuerte crecimiento. Durante las próximas dos décadas, el pronóstico anticipa una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,5%, lo que significa que el número de pasajeros se duplicará respecto a los niveles actuales. La región de Asia-Pacífico liderará el crecimiento con más de la mitad de los pasajeros totales de este mercado en los próximos 20 años. El mercado latinoamericano crecerá un 3,6% anual: 731 millones de pasajeros en total, 371 millones de pasajeros más por año en comparación con la actualidad.
¿Cuáles son los mercados más dinámicos de América Latina? Un informe reciente revela que el transporte aéreo genera 7,2 millones de empleos y aporta USD 156 000 millones en actividad económica en la región de América Latina y el Caribe. Las cifras representan el 2,8% de todo el empleo y el 3,3% del PIB de la región. Estos números, aunque impactantes, podrían ser aún más altos en un entorno más apropiado. Por ejemplo, en el Medio Oriente, el transporte aéreo proporciona el 3,3% del empleo total y el 4,4% de su PIB. Para alcanzar esos mismos niveles en América Latina, la aviación debería aportar 1,3 millones de empleos más y 52 000 millones de dólares adicionales a su PIB.
¿Cómo miran en IATA al mercado ecuatoriano? ¿Qué fortalezas y debilidades detectan? Actualmente, la aviación otorga 190 000 empleos en Ecuador y contribuye con USD 3 000 millones a la economía del país, esto equivale al 3% de su PIB. Pero la aviación puede hacer mucho más si el Gobierno reconoce su valor como catalizador económico. Hoy en día, los impuestos ahogan el crecimiento del sector. La aviación debe estar en la agenda del Gobierno. El marco regulatorio debe ser consistente con las mejores prácticas globales. Los aeropuertos deben tener costos competitivos y una administración eficiente a través de una comunicación abierta con la industria. El Gobierno debe garantizar la transparencia y la participación de la industria en la planificación y el desarrollo de la infraestructura.
En Ecuador se habla de que el aeropuerto de Quito es uno de los más caros de América Latina. ¿Hay estudios que muestren los costos de los aeropuertos en la región? Es difícil realizar comparaciones entre aeropuertos, ya que cada aeropuerto es único. No se pueden comparar sus infraestructuras y estructuras de costos. Tampoco se pueden comparar el costo de vida, los servicios y otros costos de cada ciudad o país. IATA aboga por una gestión eficiente y el trabajo cooperativo entre la industria y los aeropuertos. En cuanto a los impuestos, los gobiernos deben eliminarlos o reducirlos, y evitar que financien iniciativas no relacionadas con el transporte aéreo, como es el caso que se ha intentado hacer en Quito y Guayaquil, ya que solo encarecen las operaciones, reducen el atractivo como destino y, en definitiva, reducen la competitividad.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó USD 1 268 millones por concepto de Remisión Tributaria del 100% de intereses, multas y recargos, de los cuales USD 1101 millones corresponden a recaudación efectiva y USD 167 millones a facilidades de pago otorgadas a micro, pequeños y medianos contribuyentes.
La información la dio a conocer la entidad este 15 de enero del 2019.
Aproximadamente, 350 000 contribuyentes de todo el país se beneficiaron de la remisión, de los cuales el 99,5% corresponden a micro, pequeños y medianos empresarios
Más de 90 000 deudas tributarias fueron canceladas, se presentaron 609 000 declaraciones, entre originales y sustitutivas, cerca de 252 000 vehículos ya no mantienen impuestos pendientes y 91 000 contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (Rise) se pusieron al día en sus cuotas.
Las principales actividades económicas que se destacan en la recaudación por remisión son: explotación de minas y canteras con el 44%; transporte y almacenamiento con el 17% y comercio, al por mayor y menor, con el 10%.
“Este proceso se diferenció de remisiones anteriores porque ofreció a los micro, pequeños y medianos contribuyentes la posibilidad de solicitar facilidades de pago del capital de hasta dos años. Además, los contribuyentes se acogieron al beneficio en línea, a través del portal www. sri.gob.ec, en el marco de la simplicidad de trámites”, indicó la entidad.
Con estos resultados se superó la meta de USD 602 millones prevista para el 2018 por remisión.
La medida se incorporó en la Ley de Fomento Productivo para condonar intereses, multas y recargos de impuestos que los contribuyentes mantenían vencidos hasta el 2 de abril de 2018 y estuvo vigente hasta el pasado 28 de diciembre de 2018.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó USD 1 268 millones por concepto de Remisión Tributaria. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Incrementar el número de inversiones y empresas en jurisdicciones fuera de los cantones Quito y Guayaquil fue el principal objetivo del Gobierno anterior, al establecer un incentivo tributario en dichos lugares. Tras ocho años de ello, los resultados no son alentadores.
En el 2010, el Código de la Producción estableció una exoneración en el pago del impuesto a la renta (IR) por cinco años, contados a partir del primer año en que se generen ingresos atribuibles a la inversión. El beneficio estuvo pensado en las sociedades que se constituyan a partir de la creación de la norma o las nuevas que surjan de aquellas existentes.
Esto, sin embargo, se estableció para las inversiones fuera de ambos cantones y únicamente para los 10 sectores priorizados por el Estado: producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; cadena forestal; metalmecánica; petroquímica; farmacéutica; turismo; energías renovables; servicios logísticos de comercio exterior; biotecnología; y software, así como sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones.
Junto a esta norma se establecieron otros incentivos para diferentes inversiones en el país. Cinco años más tarde, en noviembre del 2015, el Gobierno reconoció que las regulaciones fueron poco exitosas. De 1 374 empresas que se crearon en zonas en las que podían recibir beneficios, apenas 7% se acogió a estos, indicó en ese entonces el viceministro de la Producción, Santiago León.
A la fecha, no hay un dato exacto del número de empresas que se han beneficiado de los incentivos tributarios ni de las inversiones nuevas. El pasado 28 de mayo, durante una explicación del actual proyecto de Ley de económico urgente por parte del frente económico y de la producción, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, dijo que cuentan con datos generales.
“Los números que tenemos son a escala país, macro. El año pasado, el total de inversiones que recibió el país estuvo en el orden de USD 603 millones. El año anterior a ese, el 2016, un total de USD 730 millones. Estamos hablando de flujo neto de inversión. En lo que va del año tenemos contratos de inversión por USD 879 millones”.
Este medio consultó también al Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre las inversiones fuera de Quito y Guayaquil durante la última década, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
Para Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), la norma pudo ser positiva, pero las empresas y las inversiones se vieron afectadas por el cambiante entorno político y económico de la época. “Con el Código, a la hora de la hora, no se generó mayor cosa”.
Cifras de la Superintendencia de Compañías sobre inversión, proporcionadas por la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), revelan que en las zonales que no corresponden a Quito y Guayaquil los montos bordearon en la última década USD 200 millones cada año. Los datos corresponden a inversiones para aumento de capital, constitución, domiciliación y aumento de capital con acta.
Solo dos años tuvieron cifras altas. “La inversión no reacciona de forma inmediata. Son procesos de mediano y largo plazo. Los datos de los mejores años reflejan la percepción empresarial del 2014, que fue el mejor año económico de la década. Buen precio del crudo, economía creciente. Cuando eso terminó, las cifras cambiaron”, explica David López, jefe técnico de la CCQ.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con cifras del Directorio de empresas, entre el 2012 y el 2016 las compañías de provincias que no corresponden a Guayas y Pichincha correspondieron al 54% del total. El resto se concentran en las dos.
En ese período, la mayor cantidad de negocios a escala nacional fueron microempresas; las grandes organizaciones no superan las 4 000. La mayoría se dedica al comercio, seguido de agricultura y actividades de alojamiento.
Empresas que aprovecharon beneficios
Skretting es una empresa que invirtió para desarrollar una planta en Durán, para la producción de alimento balanceado para camarones. Foto: Archivo / LÍDERES
Pasar de cinco a 10 años la exoneración del impuesto a la renta para las nuevas inversiones en cantones fuera de Quito y Guayaquil es la propuesta que incluye el proyecto de Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.
La norma se remitió a la Asamblea Nacional con el carácter económico urgente el pasado 24 de mayo. De aprobarse, estaría profundizando los incentivos que ya se establecieron hace ocho años en el Código de la Producción.
Pese a los resultados generales, existen casos de empresas que hicieron inversiones nuevas en dichas jurisdicciones. Una de ellas es Agroalina, que asentó su planta de producción de alimentos a base de quinua en el cantón Pedro Moncayo, de Pichincha.
José Oleas, gerente de la compañía, explica que el incentivo de exoneración del IR fue una de las razones para operar en Tabacundo, cabecera cantonal de Pedro Moncayo. “Este año que voy a tener utilidades es un beneficio. Acceder al incentivo fue un proceso fácil e inmediato con el SRI”.
En la región Costa, Samborondón, Durán y Daule se han vuelto cantones productivamente más dinámicos tras los beneficios, cita un texto de la Asociación de Productores Ecuatorianos de Lubricantes. La referencia la atribuyen a Nathalie Cely, quien fue ministra coordinadora de la Producción en el 2010 y encargada de la elaboración del Código productivo.
En marzo del año pasado, el entonces ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, asistió al inicio de la construcción de la planta de alimento balanceado para camarón Cargill. Allí explicó que las inversoras, la multinacional de alimentos Cargill y la ecuatoriana Naturisa, se beneficiarían de los incentivos tributarios.
La inversión bordea USD 65 millones y se encuentra en un terreno ubicado en el kilómetro 6,5 de la vía Durán-Tambo. “La plataforma generará 180 plazas de empleo directo y 500 trabajos indirectos”.
Skretting-Ecuador también arrancó el año pasado la construcción de una planta de balanceados para camarón en Durán. La planta tendrá una capacidad anual de 470 000 toneladas y la inversión bordea los USD 65 millones, según informó la empresa en agosto del año pasado.
Otras empresas no se acogieron a los incentivos de nuevas inversiones por falta de información indica Patricio Alarcón, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio.
“Cuando se hicieron las reformas al Código de Producción no se comunicó de una manera efectiva porque el Servicio de Rentas Internas tenía una cultura netamente recaudatoria”, dijo el dirigente gremial.
Entre otras de las razones que dificultaron el acceso al paquete de incentivos estuvo la falta de reglamentaciones al Código y otros ajustes tributarios que motivaran el interés de las compañías por invertir fuera de las ciudades principales del país.
Ese fue el caso de la empresa Energy & Palma, que se dedica al cultivo de palma aceitera en San Lorenzo (Esmeraldas). Según su gerente, Flavio Paredes, los incentivos estaban limitados a pocos sectores productivos y no se incluyó a todos los puertos y aeropuertos para las beneficios tributarios e instalación de Zonas Especiales de Desarrollo.
Para el empresario también era importante que, junto con el Código, se normara la exención directa del impuesto a la salida de divisas (ISD) y se sustituya la actual figura del crédito tributario que se aplica para este impuesto.
La norma Cambios. El nuevo proyecto de Ley incluye como beneficiarios de la exoneración del IR a Quito y Guayaquil. Sin embargo, el beneficio solo es por ocho años.
Beneficios. Otro de los incentivos que se agrega al documento es la exoneración del impuesto a la salida de divisas para las nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión. Esto se aplicará en los pagos por concepto de importaciones de bienes de capital y materias primas necesarias para el desarrollo de un proyecto, hasta por los montos y plazos del contrato.
Norma. La regulación también se aplica en los pagos por conceptos de dividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el país.
La empresa Agroalina abrió su planta de producción de alimentos a base de quinua en Tabacundo. Es una de las firmas que aprovechó los incentivos tributarios por estar fuera de Quito. Foto: Archivo / LÍDERES
El coordinador del Foro de Economía y Finanzas Públicas y exministro de Finanzas evalúa el proyecto de Ley económico-urgente. Considera que el documento debió incluir una propuesta de reducción del IVA para incentivar el consumo en el país.
El Gobierno de Lenín Moreno cumplió un año de gestión. ¿Cómo evalúa este período en materia económica? Fue un año perdido en materia económica. Se desperdició un año con dos ministros de Finanzas que participaron en el Gobierno anterior, y que en este no hicieron nada de lo que requiere la economía para tener más competitividad y la gente, para tener empleo. En los primeros ocho meses de Gobierno, el exministro De la Torre hizo que la deuda en los mercados creciera USD 7 500 millones.
El segundo año de Gobierno comenzó con un proyecto de ley económico urgente que ha sido bien recibido en el sector empresarial. ¿Es un plan con medidas apropiadas para el contexto económico que vive el país?
En la economía ecuatoriana hay excesivos impuestos. Con incentivos y facilidades no se atrae la inversión. Sin contar el gran problema en el que se mete el SRI para administrar toda esta parafernalia de reformas a 15 cuerpos legales. Ni con todos los incentivos posibles llegará la inversión, si no hay un ambiente de confianza y amigable para invertir. Eso se resume en dos palabras: institucionalidad y estado de derecho.
¿No era necesario un plan con incentivos en esta coyuntura? ¿Qué era lo que tenía que incluir el proyecto entonces?
Más allá de los errores del proyecto, hay puntos que hay que mejorar. El Ministro de Finanzas va en la dirección correcta, pero no es suficiente lo que ha presentado.
¿Qué errores cree que contiene este proyecto de ley? El plan promete bajar impuestos luego de cierto tiempo, ninguno de estos beneficios es de corto plazo. Además, si crea tantos incentivos y modifica tantos cuerpos legales está reconociendo tácitamente que hay excesivos impuestos en la economía. El plan debería bajar la gran carga impositiva que afecta a las familias ecuatorianas. Por ejemplo, reducir el IVA. En este plan no hay ninguna medida que beneficie a las familias ecuatorianas.
¿Cree que el plan está enfocado solo en beneficios para el sector empresarial? Pero solo para un sector de los empresarios, no para todos. Dicen que van a devolver el IVA a los constructores, pero ¿cree que el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Finanzas van a devolver la plata efectivamente? Pregunte a los exportadores si les han devuelto lo que les corresponde dentro del fondo de restitución de impuestos pensado en ellos. Eso no ocurre.
El plan propone eliminar el impuesto a la salida de divisas (ISD) paulatinamente y el impuesto mínimo del anticipo al impuesto la renta. ¿No es un paso importante en reducción de impuestos? Esa es una declaración. Leí cuatro veces el plan y parece que todo lo que dice ahí está hecho para no eliminar el impuesto a la salida de divisas. Ahí hay otro problema, el gradualismo. No entrar en el gradualismo no significa entrar en políticas de shock. Hay que respetar a los servidores públicos, pero hay una masa privilegiada que se metió con fines políticos a trabajar al Estado y eso perjudicó el presupuesto y entorpeció las cosas. ¿Qué le hace pensar que no se cumplirá la propuesta de eliminar el ISD? Es muy difícil que se elimine porque abundante legislación en el plan se refiere a ese ISD. Se legisla en función de lo permanente, de lo que se queda. El error es no eliminarlo desde ahora, hacer estas promesas no son buenas. Yo lo hubiera eliminado desde el 2 de enero del próximo año y este año hubiera eliminado de una vez el anticipo al impuesto a la renta.
¿A qué dirección debía apuntar el plan? Este documento no va al punto central. El país aplaude los esfuerzos del presidente Moreno para recomponer la democracia, porque pegaron donde debían pegar. Ha incidido en las áreas en las que debía incidir. En cambio, en este plan hay un reconocimiento tácito de que hay excesivos impuestos y eso no se está atacando.
¿Cómo compensar el impacto en los ingresos para la caja fiscal si se reducen impuestos como el IVA, que usted propone? Entre el 2016 y el 2017, el gasto público no bajó sino creció casi USD 2 000 millones. Lo lógico sería bajar un 6% de los presupuestos y ese ahorro significaría unos USD 2 000 millones en un presupuesto de USD 34 000 millones. Hay que llamar a todos los Ministerios y a las cabezas de todas las instituciones a que lo hagan. Eso compensaría el impacto de una reducción de dos puntos del IVA. Pero la reducción de presupuestos ya lo planteó el Presidente de la República al inicio del año, pero no hay datos de que eso se esté ejecutando y tenga resultados
Claro, eso es un error del Gobierno. No se puede avanzar si no hay institucionalidad ni Estado de derecho. ¿Considera que las reglas macrofiscales que propone el plan son apropiadas para alcanzar un equilibrio en finanzas que requiere el país?
Hay que restituir las reglas que ya estaban en la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia (Loreytf). Ahí ya había normas que sería bueno solo copiarlas.
El proyecto de ley habla de un equilibrio primario y de que no se van a aprobar presupuestos que no tengan equilibrio primario. Eso se oye bien, ayuda, pero no resuelve nada. El equilibrio lo van a poner el papel cuando aprueben el presupuesto, pero lo importante es reducir el déficit global, el que incluye los intereses. Por ejemplo, decir: ‘el déficit no puede ser mayor al 3% del Producto Interno Bruto’.
El Foro de Economía y Finanzas hizo varias propuestas al Presidente Moreno antes de que presente el plan y algunas se incluyeron. ¿Van a insistir en otras propuestas? Una de las propuestas que no se ha incluido es crear un fideicomiso de la deuda para que a ese fondo entren y salgan los recursos de la deuda pública y que todo ese dinero no se vaya directamente a la cuenta única del tesoro.
Hoja de vida Marco Flores
Formación. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y máster en Economía, graduado en la Universidad de Notre Dame (EE.UU).
Trayectoria. Ha sido docente universitario y en la función pública fue gerente del Banco del Estado, vocal de la Junta Monetaria y Ministro de Finanzas en el gobierno de Fabián Alarcón.
En la actualidad. Es consultor económico en ejercicio privado y coordinador del Foro de Economía y Finanzas Públicas, que agrupa a 20 economistas.
El Foro. El foro se conformó el pasado enero, y ha presentado varios documentos con propuestas económicas. La última carta al Ejecutivo la enviaron el 7 de mayo.
Marco Flores es consultor económico en ejercicio privado y coordinador del Foro de Economía y Finanzas Públicas, que agrupa a 20 economistas. Foto: Julio Estrella / LÍDERES
