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Etiqueta: Impuestos

  • Desde el 10 de febrero rige el calendario de gastos personales

    Los contribuyentes deben presentar al SRI la información relativa a los gastos personales correspondientes al año 2014, en base a la calendarización del Servició de Rentas Internas. La medida se aplica desde ayer, martes 10 de febrero.

    De acuerdo a la Resolución NAC-DGERCGC11-00432, las personas naturales que deben presentar esta información tributaria son aquellas que en dicho periodo (2014) superen en sus gastos personales el 50% de la fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta vigente para el ejercicio impositivo declarado.

    El SRI aclara que “la deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% del total de los ingresos gravados del contribuyente y en ningún caso será mayor al equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada del Impuesto a la Renta de personas naturales; es decir a USD 13 533 00”.

    MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ANEXO DE GASTOS PERSONALES

    Asimismo, indica que la cuantía máxima de cada tipo de gasto no podrá exceder a la fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta en 0,325 veces para los rubros de vivienda, educación, alimentación y vestimenta. Para el caso de salud no podrá exceder el 1,3.

    El anexo de gastos personales debe entregarse en base al formato previsto por el SRI. El formulario se encuentra disponible de forma gratuita en el portal www.sri.gob.ec o en las oficinas de la institución.

    La información completa se la debe presentar en base al siguiente calendario, en consideración al noveno dígito de la cédula o RUC del contribuyente.

    CALENDARIZACIÓN DE GASTOS PERSONALES

    Info SRI.
    Info SRI.

  • Uruguay aplicará deducciones impositivas para atraer turista

    Montevideo / Agencia AFP

    Uruguay anunció un paquete de medidas que apuntan a incentivar el turismo a través de deducciones fiscales, que pretende mitigar los impactos de las restricciones argentinas a la salida de dólares y la precaria conectividad aérea que dejó el cierre de la aerolínea Pluna.

    La primera de cuatro medidas vigentes es devolver el IVA, hasta el 22% a los servicios turísticos, como gastronomía y hotelería, a los visitantes que paguen con tarjetas de crédito y débito, emitidas fuera del país, entre el 15 de noviembre y el 30 de marzo del 2013.

    Dentro del mismo plazo, devolverá el 10,5% del precio de arrendamiento de inmuebles para fines turísticos que se paguen con tarjetas del exterior; mientras que del 15 de diciembre al 30 de marzo del 2013, los vehículos matriculados en el exterior recibirán una carga de combustible de 25 dólares.

    A estas disposiciones se sumará una extensión en las fronteras de los puntos de venta ‘Tax Free’, con la devolución del IVA a turistas, y la empresa estatal de telefonía uruguaya, Antel, brindará beneficios en la compra y adquisición de servicios a turistas.

    Las medidas pretenden “contribuir de manera importante a la continuidad de la expansión de un sector que ha tenido en estos últimos años un comportamiento sobresaliente”, señaló el ministro de Economía y Finanzas uruguayo, Fernando Lorenzo. “Cuanto más exitosa sea la temporada, va a crecer irremediablemente, por diseño simplemente, la renuncia fiscal”, añadió el funcionario.

    Cerca del 70% de los visitantes que llegan a Uruguay durante la temporada estival lo hacen desde la vecina Argentina. Eso llevó a que las medidas adoptadas por el gobierno de Cristina Kirchner para desestimular la salida de dólares y de personas del país para viajes, generase una fuerte preocupación en los empresarios del sector turístico de Uruguay.

    Para el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Luis Borsari, las medidas “estimulan claramente al turista en general y fundamentalmente al turista argentino a venir”. A las restricciones tomadas por Argentina se suma la preocupación por la caída de la conectividad aérea con la región, producida por la quiebra en julio de la aerolínea Pluna, que cubría 253 vuelos semanales. “Ahora falta solucionar la conectividad”, señaló Borsari.

    En el 2011, Uruguay alcanzó un récord de tres millones de visitantes, casi uno por habitante, lo que significó el ingreso de más de USD 2 000 millones en divisas.

    La fuerte expansión del turismo en los últimos años consolidó al sector junto al tradicional rubro agroexportador, como uno de los motores de la economía uruguaya, que transita en el 2012 su décimo año consecutivo de expansión.

    En este contexto, el Gobierno uruguayo analiza cómo mantener la conectividad aérea del país y el futuro de los 900 funcionarios de la quebrada aerolínea bandera del país, Pluna, tras la subasta, el 1 de octubre, de siete de sus aviones, que fueron adquiridos por la española Cosmo.

    Cosmo adquirió los aviones por USD 137 millones, que será destinado a pagar la deuda que tenía por su compra con el banco canadiense Scotiabank.

  • Javier Bustos: ‘Subir impuestos debe ser la última opción’

    Santiago Ayala. Redacción Quito

    En este año empieza a ejecutarse una nueva reforma tributaria (la décima según varios sectores; la cuarta según el Gobierno), para financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano, de USD 35 a 50. Por ello, el panorama y las expectativas para los actores del sector privado cambió a último momento del año pasado, tras la aprobación de la Ley de Redistribución del Gasto Social. Javier Bustos, asesor tributario de empresas, ensaya un pronóstico de cómo se presentará el panorama recaudatorio para el 2013.

    ¿Cómo será el escenario tributario para este año?
    Es claro que el sistema tributario ecuatoriano seguirá creciendo en la medida en que la economía lo haga. La incertidumbre por tanto recae sobre qué va a pasar a nivel de poderes regionales, qué posición va a tomar Ecuador geopolíticamente con el desenlace de Hugo Chávez y qué va a pasar con el petróleo. A eso hay que sumar que estamos en un año de elecciones. Entonces, si se mantienen las perspectivas de que este Gobierno continúe otros cuatro años, no debería cambiar el sistema tributario, sería, básicamente, el mismo

    Pero este año ya entra en vigencia una nueva reforma tributaria. ¿Cuál será el efecto?
    En esta reforma no he visto -y es algo que ha faltado en todas las reformas tributarias-, que todos sepamos cuál es el trasfondo de aplicarla o cómo se llega a los estudios económicos para establecer la tributación. En el caso de esta reforma, no comparto la posición del Gobierno de que necesita las utilidades de los bancos, sacar un pedazo de ese pastel, para que no vaya a los accionistas, sino que se destine para financiar un bono.

    Al parecer, las empresas se están acostumbrando a que cada año se inicie con un paquete tributario. Y no hay mayor oposición a ello. ¿Silencio cómplice?
    Eso es verdad. Hay una oposición moderada por parte de las cámaras y las empresas. No es una oposición tan frontal porque gracias a que el Estado gasta y consume en la economía, hace obras, da plata a la gente, hay bonos, etc. y esa misma gente es la que está consumiendo sus productos, entonces dicen “bueno, sí, estamos ganando, y tenemos que pagar impuestos, aunque haya situaciones como el anticipo mínimo, por ejemplo.

    La actual reforma impacta directamente en las cuentas de las instituciones financieras. La banca ha anunciado que el crédito se verá afectado. Y eso es algo de lo que dependen muchas empresas para impulsar su actividad.

    Se acusa que el Gobierno salió con un tema puntual contra la propuesta de otro candidato, que dijo que iba a subvencionar el bono con una parte del Presupuesto. Yo pienso que el Gobierno ya tenía analizada la reforma, después de ver cómo han crecido la capacidad de crédito y de financiamiento dentro del sector financiero, y cómo han crecido sus utilidades. Entonces, el Gobierno sabía que no iba a propiciar una debacle del sistema financiero. Yo creo que el Gobierno hace bien en este caso, de que los dólares deberían estar aquí y no en el exterior. Sin embargo, al final del año deberemos ver las cifras de recaudación.

    El director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, ha dicho que en el 2012, por ejemplo, se evitó que salgan USD 2 000 millones como efecto del aumento del Impuesto a la Salida de Divisas, al 5%. ¿Eso quiere decir que está funcionando la ‘evangelización’ tributaria adoptada como bandera por el Gobierno?
    En ninguna parte del mundo, la gente es propensa a pagar impuestos porque representa dar una parte de lo que uno considera propio. El Gobierno se ha enfocado mucho en auditar o ir a las grandes empresas; entonces, la gente ha cambiado su perspectiva, y dice: ‘este Gobierno persigue a los ricos, que antes no pagaban impuestos’. El sistema tributario se ha endurecido frente a los más grandes, hacia sectores económicos que tenían vínculos con el sector político, y que hasta cierto punto estaban protegidos dentro de un esquema gubernamental. Por otro lado, para la clase media y media baja, el sistema tributario incluso se ha suavizado. Pensemos que antes no había la deducción de gastos personales en trabajos de relación de dependencia, y hay otros temas como el de la lotería tributaria. Y aunque no soy muy creyente del aparato publicitario del Gobierno, pero si leo: “Tus obras son impuestos”, y veo que antes me iba a la playa por una carretera de segundo orden y ahora lo hago por una de cuatro carriles, entonces, veo que no es tan malo pagar impuestos.

    Sin embargo, el tema tributario es tan sensible que antes que incrementar impuestos, todos los actores sociales deberíamos sentarnos y discutir si es que no hay algunos gastos estatales que a lo mejor son innecesarios. Subir impuestos debiera ser la última opción, pero aquí en Ecuador es más bien la primera. El Gobierno dice que necesita plata para tal cosa y aumenta impuestos. Quizás ya es hora de priorizar las obras y los gastos y dejar para el último el incremento de impuestos.

    El argumento del Gobierno es que con dolarización la única política posible de generar ingresos es la tributaria. Antes se podía devaluar, hoy no. Y por eso los impuestos son una de las mayores fuentes de recursos del Fisco.
    Sí, es verdad que en un sistema dolarizado la política tributaria y el control de la salida de las divisas son básicos. Pero llega un momento en que el Gobierno ha cumplido su función de darle fuerza al Estado, y es hora de pasar a una siguiente etapa: respetar la institucionalización responsable de la separación de poderes. Y luego, hacia una tercera etapa que es la de creer más en la gente, en quienes crean plazas de trabajo y generan riqueza y divisas.

    ¿Los contribuyentes pueden soportar más ‘paquetazos’ tributarios?
    El Estado ha recaudado hasta donde ha podido recaudar. No alcanzo a visualizar por dónde debería ir otro sistema de paquete tributario. Y también hay que ver con quién nos comparamos; es decir, si España sube el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 21%, el 12% en Ecuador daría para pensar en subirlo más. No sabemos hacia dónde va a el Gobierno, pero, en todo caso, ya tenemos una administración tributaria que, para este año, determinó que ya no habrá formularios de declaración (en papel), entonces, es un poco simplificarle la vida a la gente.

    ¿El éxito tributario tiene que ver mucho con el alto nivel de consumo? ¿El país está viviendo en una burbuja?
    El Gobierno ha controlado bastante bien el endeudamiento. Pero hay temas como el de la construcción, donde no hay control, donde departamentos que empezaron valiendo USD 500 ó 600 dólares el metro cuadrado ahora están a USD 1 600. Lo del elevado consumo lo veo como la relación de un padre fumador que le dice a su hijo que fumar es malo. Es similar acá: el Gobierno dice no al consumo en el exterior y que la gente abusa de las tarjetas de crédito, pero usted Estado, ¿está ahorrando?, ¿de todos sus excedentes hay una cuenta de ahorro para cuando, en algún momento, puedan existir problemas, utilicemos esta plata’?, ¿se gasta todo lo que tiene?

    ABOGADO CON EXPERIENCIA ACADÉMICA

    • Estudios. Abogado graduado en la Universidad Católica del Ecuador. Máster en Derecho de los Negocios.
    • En el sector público. Colaboró en el Servicio de Rentas Internas y en el Municipio de Quito.
    • En la academia. Es profesor y responsable de Área Tributaria de la Universidad San Francisco de Quito.

  • El memo de la semana: Otra reforma tributaria

    Los sectores productivos y gremios empresariales del país han expresado sus dudas respecto de las bondades del denominado proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social. Esta propuesta legal, que tiene un alto componente tributario, fue enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con el carácter de económico y urgente, con el propósito de viabilizar el incremento del Bono de Desarrollo Humano en USD 15.

    En síntesis, la propuesta busca la elevación del 1 al 3% del anticipo del Impuesto a la Renta, el tributo de 0,25% para los depósitos de la banca ‘off shore’ y la eliminación de las exenciones tributarias a los servicios financieros.

    Desde la perspectiva empresarial, las afectaciones que generaría una eventual aplicación de la ley se concentran en una reducción del crédito productivo, debilidad institucional en el ámbito jurídico, desmotivación para invertir en el país e inconvenientes en las actividades y transacciones en el comercio internacional. A esto se añade la evidente preocupación de las entidades financieras privadas, frente a un debilitamiento del sector y del patrimonio bancario.

    Entre los argumentos del Ejecutivo para canalizar su ofrecimiento está el profuso crecimiento económico alcanzado por el sistema financiero en los últimos dos años. Además, sostiene que es el momento de compartir las ganancias de un sector que, durante el ‘crack’ bancario de 1999, se benefició de los recursos de todos los depositantes.

    El debate de este proyecto, que prevé arrancar esta semana en la Asamblea, amerita un profundo análisis, que marque distancias con el entorno electoral que comienza a tomar fuerza en el último bimestre del año.

  • Turistas ya no pueden ingresar licor por la frontera

    El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) emitió una resolución que suspende el beneficio de ingresar, vía terrestre, hasta 3 litros de alcohol libre de impuestos por las fronteras. La restricción excluye a quienes llegan por ruta aérea.

    Xavier Cárdenas, director general de Senae, explicó que la medida surgió para facilitar el control de que se ejerza el comercio lícito de importadores, que sí cumplen con el pago de sus impuestos.

    La normativa nombra cuáles son los artículos de uso personal, siempre que por su cantidad o valor no puedan ser considerados comerciales. Así lo detalla la resolución SENAE-DGN-2013-0361-RE y entra en vigencia desde su suscripción, dice el documento. En esa lista hay 23 ítems y se eliminó a los licores, que sí constaban en una normativa anterior.

    En operativos de control posterior aduanero, en locales comerciales y restaurantes, se detectaron botellas de licores carentes de la etiqueta donde se menciona al importador responsable, que exige la norma ecuatoriana. Solo se evidenciaban rótulos donde se leía que el origen era Perú.

    A quienes ingresaban como turistas no se les pedía dicha etiqueta, mientras que a los importadores formales se les exige que la mercancía ingrese en un depósito temporal en donde se les adhiere la etiqueta ecuatoriana.

    La presunción de las autoridades es que muchas de esas mercancías ingresaban, vía artículo de uso personal, por Huaquillas, frontera sur. Ese acceso es lícito, lo ilícito es que esas botellas sean colocadas en las perchas de expendio.

    La entidad no pudo cuantificar la cifra de licor que llega por esa vía, porque no hay registros (las estadísticas solo muestran la mercancía que excede ese límite y es aprehendida por falta de documentos). Cárdenas mencionó que es más fácil en tiempo y costos para una persona que habita en ciudades cercanas a la frontera, como Machala, viajar en varias ocasiones para ingresar licor, cosa que no sucede con quienes llegan en avión.

    Sebastián Toral, de la Asociación de Licoreros del Ecuador, cree que es injusto que solo se haya restringido al viajero terrestre. «Se pone una especie de membrete de mejor calidad a las personas que tengan un boleto de avión que accedan a duty free, que al que llega en carro».

    Además, dijo que lejos de que la industria nacional pueda beneficiarse de esos espacios que deje el licor restringido por los controles aduaneros, sigue existiendo el contrabando interno de alcohol artesanal, que carece de registro sanitario y de pagos de tributos.

  • ¿Pagar impuestos o dejar la ciudadanía?

    Jeremy Tordjman. Washington, AFP

    Para Scott Schmith, un veterano de la Guerra del Golfo instalado en Suiza hace 20 años, renunciar a su pasaporte estadounidense no fue «fácil», pero lo hizo para evitar problemas fiscales en Estados Unidos tras la aprobación de una nueva ley impositiva.

    «No tengo nada que ocultar pero no quiero ser castigado por haber decidido vivir fuera de Estados Unidos«, cuenta desde las afueras de Zurich este fotógrafo, recientemente nacionalizado como suizo, en un momento en el cual los bienes de estadounidenses en el extranjero están bajo estrecha vigilancia.

    Desde de enero, la ley denominada Fatca (Ley de Cumplimiento Tributario en el Extranjero, por sus siglas en inglés) impondrá a los bancos de determinados países que informen sobre las cuentas de sus clientes estadounidenses, arriesgándose a importantes multas, con el objetivo de reforzar las obligaciones fiscales para los expatriados.

    La Ley Fiscal en Estados Unidos, una excepción en todo el mundo, impone a sus ciudadanos la obligación de declarar sus ingresos y sus cuentas bancarias, aunque su residencia fiscal esté en otros países. La nueva normativa, que busca luchar contra la evasión fiscal, se perfila como un quebradero de cabeza para varios expatriados. «Los expatriados (…) se dan cuenta ahora que los bancos van a transmitir los datos de sus bienes y que podrían ser considerados como delincuentes», dice Allison Christians, profesor de Derecho de la Universidad McGill, en Canadá.

    En el segundo trimestre de este año, el número de estadounidenses con doble nacionalidad que renunciaron a su pasaporte azul marino marcó un récord de 1 131 personas, un incremento de 492% interanual. Para los expertos estos datos, que siguen siendo marginales en relación a los cerca de 7 millones de expatriados estadounidenses, se deben en gran medida a la entrada en vigor de esta ley, que fue pospuesta en varias ocasiones.

    Según Marylouise Serrato, representante de American Citizens Abroad, una asociación que defiende a los expatriados, la nueva ley fue un factor agravante. «Con esta ley, se vuelve muy difícil para los estadounidenses vivir en el extranjero», afirmó. Así, algunos bancos comerciales podrían rechazar a los expatriados estadounidenses para esquivar los problemas administrativos y evitar estar en la mira del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), tal y como le sucedió a UBS en 2009.

    Scott Schmith sufrió estas trabas cuando su banco cerró sus dos cuentas hace un año. «Cada vez más los expatriados estadounidenses se encuentran en un agujero negro fiscal», declaró en un comunicado Nigel Green, presidente de la consultora de Vere.

    Muchos de ellos enfrentan ahora un «dilema terrible»: renunciar a su ciudadanía o plegarse a normas ultra complejas que a menos requieren de la ayuda de un experto fiscal, señala el profesor de Derecho Peter Spiro, académico de la Universidad Temple, en Filadelfia (norte). «Si uno hace un análisis racional, uno se pregunta si vale la pena conservar la ciudadanía estadounidense frente a papeleo administrativo y al riesgo de mayores multas», explicó.

    Un portavoz del IRS dijo que esta solución tampoco sería definitiva ya que, pese a haber renunciado a su nacionalidad, estas personas aún podrían estar sujetas a realizar una declaración de la renta. Para que la renuncia sea efectiva, los expatriados deben probar que han cumplido con sus obligaciones fiscales en los cinco últimos años.

    Volver como turista

    • Una opinión.  Para Allison Christians, profesor de Derecho de la Universidad McGill, en Canadá, el verdadero problema es que el sistema de impuestos esté basado en la ciudadanía.
    • Estrategia.  »Si hubiera un sistema basado en la residencia, una ley como la Ley de Cumplimiento Tributario en el Extranjero permitiría apuntar realmente a los que intentan ocultar dinero en el extranjero», sostiene Christians.
    • Una desventaja.  Scott Schmith dice que ya no tendrá preocupaciones fiscales en Suiza, pero que a cambio pagará como precio el tener que retornar a su país como un turista más.
    • Estadística.  En el segundo trimestre de este año, el número de estadounidenses con doble nacionalidad que renunciaron a su pasaporte azul marino marcó un récord de 1 131 personas, un incremento de 492% interanual, según las estadísticas oficiales.

  • Carlos Marx Carrasco: ‘No me quedaré callado, estoy para defender a la sociedad’

    Santiago Ayala Sarmiento. Redacción Quito / LÍDERES

    El Servicio de Rentas Internas (SRI), en los últimos meses, ha sacado a la luz pública litigios tributarios con varios «pesos pesados» del sector privado: la Bananera Exportadora Noboa, la operadora celular Claro y, recientemente, el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), donde cinco petroleras son socias.

    El director de la autoridad tributaria, Carlos Marx Carrasco, se ha abanderado de estos procesos, detrás de los cuales hay millonarias sumas de dinero en juego. El funcionario defiende la «cruzada» que realiza para cobrar a los supuestos evasores.

    ¿Por qué la repentina estrategia del SRI de impulsar que los juicios tributarios se decidan cuanto antes? ¿Por qué no se hizo antes?
    Nosotros respondemos por nuestras acciones. De lo que habría pasado antes no me corresponde responder. Lo que hemos estado haciendo todo este tiempo es dar un seguimiento día a día, permanente, a los juicios que reposan en sede judicial, ya sea en los tribunales fiscales o en la Corte Nacional y, eventualmente, en otras instancias como la Corte Constitucional.

    Hay alrededor de 7 000 juicios en los tribunales, así como también hay procesos en sede administrativa, ya sea en reclamo, o en recursos de revisión, aquí mismo en el SRI, lo que genera una deuda suspendida que bordea los USD 3 000 millones. Pero mientras en el 2006 se había generado glosas tributarias por USD 131 millones, en el 2012 se generaron USD 882 millones; esto es casi siete veces más, gracias a que hemos redoblado los esfuerzos y las acciones de control.

    Y de esos montos determinados, ¿cuánto se podría llegar a cobrar efectivamente?
    Aproximadamente, a nivel de Corte Nacional, se da la razón a la administración tributaria, más o menos, en un 60 o 70% de los casos. Si perdemos en buena lid una causa, la perdemos; pero no creemos que debamos hablar de seguridad jurídica cuando la administración tributaria pierde un juicio de manera indebida. Tenemos que actuar como corresponde, en defensa de la Constitución, de la ley, de la ética y de los intereses de la sociedad.

    Por lo ocurrido en el reciente fallo del caso OCP, parece que es más un capricho de la autoridad tributaria por salirse con la suya…
    No, no, no. Cuando se pierde un juicio de forma indebida, porque los jueces no aplicaron a cabalidad la Ley o porque, a pesar de haber tenido reiterados pronunciamientos en otro sentido, tuercen su criterio, bueno eso es inseguridad jurídica, aquí y en cualquier parte del mundo.

    En el caso OCP hubo cinco fallos anteriores de otros contribuyentes sobre el tema de subcapitalización, el criterio estaba clarísimo pero se lo torció. La sociedad nos reclamaría si es que nos quedamos en silencio.

    OCP tiene sus propios argumentos que también parecen ser sólidos. ¿A quién creer?
    Aquí no es cuestión de a quién creer, es cuestión de mirar, analizar, sopesar y ponderar las dos cosas. El argumento de la compañía es que el Estado, en el contrato, le obligó a que subcapitalice. Eso es falso, de falsedad absoluta. Nunca en el contrato de más de 200 hojas se le autoriza el autopréstamo. Nadie le puede avalar para que cometa un acto ilícito.

    Pero anunciar una demanda penal para los jueces que fallaron contra el SRI en este caso puede verse como un acto intimidatorio.
    ¿Por qué intimidación? Lo que hemos dicho es que nos reservamos la posibilidad de instaurar un juicio por la presunción -todavía- de la comisión del delito tipificado como prevaricato. No me voy a quedar callado, estoy para defender los legítimos derechos de la sociedad, sin pisotear los derechos ciudadanos, con el máximo respeto a los derechos de la ciudadanía y, por supuesto, de los jueces.

    El SRI llevó el caso OCP el pasado miércoles ante la Corte Constitucional. ¿Qué pasará si el fallo también es en contra? ¿El riesgo es que quede mal parada la institución?
    Quedarían mal parados los intereses del país. Si el fallo es adverso no acudiremos a cortes internacionales o algo por el estilo. No sabemos lo que hará la Corte Constitucional, probablemente corra traslado y el caso vuelva a la Corte Nacional para que se emita el fallo correspondiente.

    Hay casos en los que el SRI no se puede dar el lujo de perder, como este, por ejemplo, o el de Claro, o incluso el de Bananera Noboa.
    Es que no es darse el lujo de perder. El caso Noboa ya es tema cerrado; con el remate ojalá se complete lo que debe y se acabe. En el proceso de Claro fueron los directivos de la empresa quienes se acercaron a pagar y, la parte que no reconocieron, está en litigio.

    Y el de OCP es un caso de ingeniería tributaria casi perfecta. Quisiera en algún momento explicarle con papel y lápiz en la mano a la ciudadanía lo que hicieron y, seguro que con un poquito de sentido común y nada más, la gente va a decir «pero por Dios, cómo puede ser posible» (…).

    Dado este escenario, ¿es correcto prever que en el 2014 habrá una mayor presión para recuperar toda esa cantidad de dinero en litigio?
    No sé si la palabra sea presión. Es responsabilidad. Lo que pasa es que, incluso, con todo respeto, algunos medios de comunicación creían que el Estado estaba llamado a perder todos los juicios. Pues ese oficio de perdedores de juicios no le queda bien a este Gobierno. Los juicios que corresponda, conforme a derecho, a la justicia, a la Constitución, no hay por qué perderlos.

    El Estado se había especializado en perder el 99,9% de los juicios. ¿Por qué?, porque a nadie le importaba el Estado, porque esto era de cualquiera menos del pueblo ecuatoriano. Hoy, el Estado, el patrimonio nacional, le corresponde, le pertenece, al pueblo ecuatoriano, a todos los 14 y medio millones de ecuatorianos que estamos acá y también a quienes están afuera.

    Y el nuevo Código Tributario ¿cuándo se presentará y qué novedades traerá?
    Hoy (el pasado jueves) estuvimos precisamente analizándolo y vimos que no hay ninguna urgencia por presentarlo. Este año no, porque además en el Código Orgánico Penal están temas del Libro 4 del Código, capítulo sancionatorio. Son una media docena de normas que tienen que ver con la materia tributaria que aspiramos que por fin se apruebe.

    Hoja de vida

    Estudios. Se graduó de economista en la Universidad de Cuenca en 1975. Tiene una Maestría en Planificación y Financiamiento del Desarrollo en Italia (1984- 1987).

    Experiencia. Fue catedrático de la Universidad de Cuenca. Ex gerente comercial de Etapa. Director del SRI desde enero del 2007.

  • Penas de cárcel por no afiliar y por faltas tributarias para el empresario

    Las reglas de juego para el sector empresarial, en especial en los temas laboral y tributario, se endurecerán este año, tras la aprobación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) aprobado, en segundo debate, por la Asamblea el 17 de diciembre pasado.

    La norma, que aún espera las observaciones del Ejecutivo, endurece los delitos tributarios y tipifica penas de prisión para los empleadores que no afilien a sus trabajadores.

    Específicamente, en el artículo 286 se detallan 20 tipificaciones de infracciones y/o delitos, con sanciones que van desde uno a diez años de pena privativa de la libertad.

    Hasta ahora, el Código Orgánico Tributario, en su ar­tículo 344, detalla 14 casos de defraudación, con penas que de uno a seis años. Por tanto, con la entrada en vigencia del COIP, las sanciones se endurecerán y aumentará el número de potenciales ‘delitos’.

    Esto se agrava aún más en el caso de las personas jurídicas, sociedades o cualquier otra entidad que, aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de la de sus miembros. De comprobarse la falta, no solo que se debe cumplir la sanción penal sino que, además, se extinguirá la persona jurídica y se multará con entre 50 y 100 salarios básicos unificados (entre USD 17 000 y 34 000).

    El proyecto de norma también establece penas de tres a siete días de prisión para los empleadores que no afilien a sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Este tema se remonta hace más de dos años, cuando el 55% de la población aprobó este planteamiento en consulta popular. Allí se proponía esta figura como un delito, pero finalmente se lo catalogó como contravención.

    Las sanciones se aplicarán solamente si no cancela el dinero, luego de las 48 horas de ser notificado.

    • USD 34 000 será la multa máxima para personas jurídicas por delitos tributarios.

  • En 20 años, la telefonía móvil superó las expectativas

    Redacción Quito y Guayaquil

    El 11 de mayo del 1994 se inauguró el servicio de telefonía móvil en el país. En esa época, dos compañías privadas, Conecel, bajo la marca Porta, y Otecel, con Cellular Power, iniciaban la competencia por ganar clientes en Ecuador.

    20 años después el mercado de telefonía móvil desbordó las expectativas de todos sus actores. Con una penetración del 108% se convirtió en uno de los sectores con mayores ganancias en el país.

    De hecho, el año pasado, la empresa en Ecuador que registró mayores utilidades fue Conecel, con USD 341 millones; mientras que su principal competidor, Otecel, se ubicó en el séptimo puesto con 113 millones, según datos de la Superintendencia de Compañías.

    Sin embargo, a mediados de la década de 1990 las proyecciones del crecimiento de esta industria no eran tan altas. Hugo Carrión fue parte del equipo consultor que elaboró estudios para la implementación de la telefonía celular en el país.

    En esa época, indica Carrión, se preveía que en 15 años el número de usuarios iba a llegar a apenas 180 000. Pero la realidad fue otra. Para el 2009 el número de abonados llegó a 13,3 millones.

    Pero, ¿cuáles fueron los factores para el ‘boom’ móvil? Para Juan Carlos Solines, expresidente del Conatel, el principal factor fue la escasa penetración de los servicios de telecomunicaciones. «La penetración de telefonía fija no llegaba al 3%, conseguir una línea telefónica era algo grandioso», indica.

    En el país, explica Solines, ocurrió «el salto exponencial tecnológico». Es decir, ante la escasa adopción de una tecnología, como la telefonía fija, el usuario adoptó la siguiente: la telefonía móvil.

    Con todo ese escenario, dos compañías aprovecharon para expandirse en el país. La mexicana América Móvil, desde el 2000, y la española Telefónica, desde el 2005, compiten por sumar usuarios .

    Por ejemplo, Conecel, propiedad de la mexicana América Móvil que operaba en principio con la marca Porta y ahora con Claro, ha invertido en 14 años más de USD 4 600 millones, entre derechos de concesión, uso de espectro, impuestos directos, impuestos indirectos, entre otras inversiones. Así lo informó la empresa a través de un correo electrónico.

    Asimismo, Otecel, propiedad de Telefónica que está en el mercado con la marca Movistar, ha invertido USD 1 708 millones en sus casi 10 años de estancia en Ecuador. Ese monto contempla el pago inicial hecho por los accionistas de Telefónica para adquirir las operaciones en Ecuador a BellSouth, en el año 2004. La compañía, a través de un correo electrónico, señaló que esa cantidad también incluye inversión en redes y sistemas.

    Un tercer actor, pero con menor protagonismo en el mercado, es la Empresa Pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP). La compañía estatal tomó el lugar de Alegro PCS, que ingresó al mercado en el 2003. CNT actualmente cuenta con el 3,4% del mercado ecuatoriano.

    En el 2014, esta industria enfrenta nuevos desafíos. Las firmas telefónicas privadas buscan llegar a un acuerdo con el Gobierno para la concesión del espectro de la red 4G. También, se pretende impulsar mayor competitividad a través del ingreso de nuevas empresas telefónicas al mercado nacional.

    Un mercado liderado por 2 protagonistas

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    El mercado nacional cuenta con dos protagonistas principales: Claro y Movistar. A pesar de los esfuerzos, el tercer actor, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), no se ha podido consolidar entre las preferencias de los consumidores del servicio.

    La historia de la telefonía móvil se remonta a 1992. Ese año el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Ietel), que en ese entonces se encargaba de controlar la telefonía en el país, aprobó el reglamento para la concesión del servicio de telefonía celular.

    Las reglas del juego permitían que solo dos empresas compitan en el mercado nacional, cuenta Hugo Carrión, quien fue parte del equipo consultor que realizó el estudio para implementar la telefonía móvil en el país.

    Seis empresas entraron a competir para ofrecer el servicio: Movitel S.A.; Opetel S.A.; Ecuador Cellular One S.A.; Optel S.A.; Conecel S.A.; y Otecel S.A; las dos últimas obtuvieron la concesión ante las autoridades.

    Los costos del servicio eran elevados. Sin embargo, Conecel (Porta que luego se convirtió en Claro), comenzó a despuntar en el mercado. Para Carrión, las razones para que ello haya ocurrido es que Conecel «hizo bien las cosas».

    «Comenzó a ofrecer el servicio de mensajes de texto y a invertir en cobertura en todo el país, eso le ayudó a despuntar», concluye este analista.

    1997 fue el año en que Conecel marcó distancia en la competencia. Según una publicación del 11 de septiembre de 1997 de Diario Hoy, Porta llegaba a los 75 000 usuarios, mientras que Cellular Power (que ahora es Movistar) tenía 43 000. Las razones del distanciamiento entre empresas son tres: los costos reducidos de teléfonos, para acondicionar planes tarifarios más accesibles; una inversión de USD 70 millones para ampliar la cobertura; y las intenciones para incursionar en tecnología digital.

    Para José Otero, consultor de Signals Consulting, Conecel creció cuando Otecel pasó a manos de la española Telefónica, en el 2005. En ese año, la empresa buscó cambiar de tecnología, de CDMA a GSM, es decir comenzó a usar teléfonos con chips. Para el consultor el uso de una nueva tecnología trajo incertidumbre en los usuarios, que prefirieron mantenerse en Porta o cambiarse a ella, que ya contaba con GSM.

    Mientras que la operadora estatal Alegro, que ingresó al mercado en el 2003 no logró consolidarse. En este caso, Otero señala que Alegro tomó una «decisión tecnológica equivocada: no ofreció buena cobertura desde el principio e ingresó al mercado con tecnología CDMA, que comenzaba a ser descontinuada en el mercado.

    Para el 2008, Alegro pasó a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), pero los resultados todavía son discretos. En los últimos seis años, CNT ha invertido más de USD 1,4 millones en tecnología e infraestructura de punta, señala la entidad a través de un correo electrónico.

    A pesar de que la CNT es la única que ofrece servicio 4G, el Internet con mayor velocidad disponible en el mercado tampoco ha logrado atraer nuevos usuarios. Solo para desplegar esta tecnología la empresa pública ha invertido USD 36 millones desde el 2012.

    Para Soraya Sinche, profesora de la Escuela Politécnica Nacional, cuando las operadoras empezaron su operación en el país tuvieron acogida en diferentes sectores geográficos. Conecel era más popular en la Costa, mientras que Otecel en la Sierra. Ello marcaría tendencia porque la mayor concentración demográfica del Litoral le daría ventaja Conecel.

    Asimismo, Sinche atribuye que otra de las causas para el despunte fue la rápida adopción de la tecnología GSM por parte de Conecel. Ello atrajo a más abonados a esa operadora.

    El 30 de julio del 2010, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) resolvió declarar a Conecel como operador dominante. El organismo señaló que la operadora está en ventaja frente a sus competidoras.

    Fechas importantes

    1994 Inicia la carrera. Empieza la operación de las compañías. Dos firmas telefónicas inauguran el mercado nacional: Conecel con la marca Porta y Otecel bajo Cellular Power. En 1996 Cellular Power cambió a BellSouth.

    1997 Conecel gana terreno. Porta ganó más clientes por primera vez en el mercado nacional. En ese año Porta llegó a los 75 000 usuarios, mientras que BellSouth tenía 43 000. La mayor cobertura y la adopción de nueva tecnología le dieron más clientes.

    2000 Conecel se vende. En ese año Conecel pasó a ser empresa subsidiaria de la mexicana América Móvil. Tres años después la operadora estatal Alegro ingresa al mercado ecuatoriano, pero no tiene éxito debido a su poca cobertura y al uso de tecnología CDMA.

    2005 Telefónica en Ecuador. La firma española Telefónica Movistar compra Otecel y esta deja de operar con la marca BellSouth. En el 2008 se renegociaron los contratos con Otecel y Conecel. En el 2011 Porta cambia de marca para operar como Claro.

    2014 Negociación 4G. El Estado llama a licitación de más espectro para desplegar Red 4G con telefónicas privadas. También se crea un reglamento para el ingreso de nuevas empresas bajo la modalidad Operador Móvil Virtual.

    Espectro

    En el país. Ecuador es uno de los países con menor espectro en la región, sólo 180 Mhz, repartidos entre las tres operadoras, mientras que países como Colombia y Chile tienen más de 400 Mhz asignados. Se prevé incrementar con nueva licitación.

    La tecnología 4g promete más velocidades y servicios al usuario

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    La implementación de la red 4G en la telefonía celular -prevista para que funcione el próximo año- otorgará mayor velocidad de acceso a la Internet y ampliará los servicios para los usuarios.

    El decano de la Facultad de Telecomunicaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas-Espe, Paúl Bernal, destaca que la tecnología 4G compite con la red fija en cuanto a la velocidad de acceso a Internet. Esto dará impulso a los dispositivos móviles que se conecten a esta red. «Es bastante buena la tecnología en cuanto al nuevo nicho de mercado al que va a atacar sobre todo los ejecutivos y quienes siempre quieran estar conectados a su oficina».

    La operadora telefónica Claro indica que la asignación de mayor espectro del 4G LTE (evolución a largo plazo, por sus siglas en inglés), es indispensable para ampliar la capacidad de transmisión de datos de red y de esta manera ofrecer servicios más avanzados y mayores innovaciones tecnológicas a los usuarios.

    Por ello, la operadora aspira a que el Gobierno viabilice en el corto plazo la asignación del espectro y establezca condiciones que apoyen la inversión.

    El proceso de negociación del nuevo espectro ya se inició y el Régimen aspira a firmar los nuevos contratos a finales de año con Claro y Movistar. Esta última operadora sostiene que no es usual que en nueve años se desarrolle sostenidamente una nueva tecnología como esta y que a escala internacional se otorgan concesiones de entre 15 a 20 años.

    La operadora destacó que la masificación del 4G o banda ancha móvil no solo pasa por la oferta de las empresas telefónicas, sino por incentivar la demanda mediante políticas públicas que promuevan el uso de servicios de educación, salud, sanidad, tramitaciones, etc. «Es decir, es una obligación compartida entre lo público y lo privado».

    Además de la implementación de un nuevo espectro, se espera en el futuro nuevas operadoras virtuales. Estas son otras marcas que usan bajo arriendo la red de las operadoras ahora existentes.

    Bernal sostiene que esto implica un cambio a nivel de estrategias comerciales, ya que las nuevas operadoras no podrán hacer variaciones técnicas. Es decir, intentarán captar usuarios con promociones, descuentos y nuevas aplicaciones y software. En Claro están abiertos a la competencia y que de concretarse la llegada de las nuevas operadoras virtuales, la firma aspira que entren a competir en un ambiente de respeto a la Ley.

    Más de la red

    En Ecuador. En el 2012, el Estado entregó de forma directa a la CNT el espectro AWS y 700 MHz para desplegar la red 4G.

    Los usuarios. La empresa estatal contaba con 1 422 usuarios en la red 4G, hasta abril de este año.

  • La información tributaria, en una App

    Redacción Quito (I)

    El Servicio de Rentas Internas (SRI), tiene su nueva plataforma digital SRImóvil. La nueva aplicación permite a sus usuarios revisar estados tributarios, validar documentos, conocer el valor de la matrícula de un vehículo, del Impuesto a la Renta (IR), obligaciones, entre otros datos tributarios.

    Además, la nueva plataforma permite realizar consultas tributarias, tener información sobre agencias del SRI y conectarse con las cuentas de la institución en las redes sociales. «Podemos consultar la información de todos los contribuyentes, empresas y personas naturales de manera actualizada», sostiene Ximena Amoroso, directora general del SRI.

    El objetivo principal, señala, es reducir los costos de transporte y movilización del ciudadano, que tiene que acudir a las agencias del SRI. De esta manera, se agilitan las consultas tributarias.

    La aplicación SRImóvil puede ser descargada gratuitamente desde Windows Store, Google Play, BlackBerry World y Apple Store. También puede descargarse en dispositivos móviles inteligentes, tablets y teléfonos celulares.

    Paola Vinuesa, desarrolladora del proyecto, dice que durante la primera semana de vigencia de la nueva aplicación se realizaron unas 38 045 descargas.

    El proyecto fue realizado por un equipo técnico con dos desarrolladores del SRI y un líder técnico en tecnología. «La aplicación no tuvo ningún costo de inversión», indica Amoroso.

    Yasmín Obando, usuaria de la plataforma digital, indica que este servicio digital le ha permitido obtener información correcta y actualizada sobre el tema de facturas para su negocio.

    Así también, Patricia Perdomo, dice que la plataforma es buena, pero que se pueden mejorar implementando servicios complementarios del SRI como pagos o declaraciones de IVA.

    Los usuarios pueden ingresar a la base de datos del SRI a través de la aplicación desde sus dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet. «Tenemos una base interna que permite revisar donde se realizan las descargas. Hay consultas desde Irán, EE.UU., Canadá y países de Latinoamérica», indica Vinuesa.

    Uno de los objetivos de la institución en el desarrollo de esta aplicación es que permita realizar pagos. «Primero debemos desarrollar todos los servicios en la página web de la institución, para luego establecerlo en la aplicación».

    Además, el SRI puso en vigencia el sistema de notificación electrónica.

    Datos Descargas

    La aplicación en su lanzamiento contaba con 30 500 descargas. Hoy, supera las 38 000.

    Acceso

    Se puede acceder a la información con el RUC o cédula de identidad.

    Validación

    Se pueden validar documentos como facturas.