La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), la organización Girls in Tech Ecuador y la Fundación Cofuturo impulsan el programa de becas de posgrado ‘+Mujeres por la Tecnología’, que busca promover la formación superior de las mujeres ecuatorianas.
El programa está dirigido a voluntarias de Girls in Tech Ecuador que presenten un perfil profesional en ascenso en el ámbito de la tecnología. El propósito es contribuir a la reducción de la brecha de género en la tecnología y desarrollar una fuerza laboral diversa e inclusiva.
Girls in Tech nació hace más de una década en Silicon Valley, EE.UU., con el objetivo de contribuir en el cierre de la brecha digital de género. Hoy cuenta con más de 180 000 miembros activos a escala global. El capítulo Ecuador, creado en el 2015, trabaja educando a niñas y mujeres en tecnología.
El convenio entre las tres instituciones contempla la entrega de 24 becas con descuentos que oscilan entre el 50 y el 100% en maestrías universitarias. Los estudios tienen un año de duración y se imparten en modalidad en línea.
El pasado 9 de noviembre se otorgaron las tres primeras becas, una del 100% para el máster universitario en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos y dos del 80% de financiamiento para el máster en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos y Negocios Digitales.
Las beneficiarias son Gabriela Ballesteros, programadora web de una empresa que ofrece dispositivos electrónicos; Gina Manzur, category manager en la industria de la construcción; y Cristina Ramírez, diseñadora de interfaz web en un Estudio Jurídico. Las 21 becas restantes serán entregadas el próximo año.
En el concurso de adjudicación de las tres primeras becas, que inició a principios de octubre, intervinieron más de 200 mujeres. Las participantes debían presentar una carta de motivación con su interés en el programa y un modelo de proyecto relacionado con el área de ingeniería o desarrollo de nuevas tecnologías.
“Esta iniciativa es una clara apuesta de esta universidad por seguir rompiendo las barreras sociales. Nuestro objetivo es que esto ayude a la generación de empleo en un momento tan difícil como el que estamos viviendo”, destaca Ana Frontela, country manager de UNIR en Ecuador.
Gina Manzur, profesional del área de la construcción, es una de las beneficiarias del programa ‘+ Mujeres por la tecnología’. Foto: Cortesía UNIR
Gabriel Martínez, ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, detalla los impactos que ha tenido la pandemia para la industria aérea y el transporte terrestre. Explica las estrategias que se están evaluando para la reactivación de ambos sectores económicos.
El 2019 fue uno de los mejores años para el mercado aéreo ecuatoriano. ¿Qué balance puede hacer del 2020 para la industria, en medio de una pandemia que prácticamente paralizó el turismo?
Este año ha sido muy duro para la industria aérea, con una contracción del 90% de la demanda. Recién -con los esfuerzos que estamos logrando hacer entre concesionarios aeroportuarios, aerolíneas y autoridades de control- se ha incrementado el número de pasajeros, pero las cifras son muy claras. Anteriormente, había un promedio de 250 000 pasajeros mensuales en rutas domésticas, ahora hay 15 000. En internacionales, de unos 270 000 por mes, pasamos a unos 25 000 pasajeros.
¿Cuántos pasajeros se han transportado este año? En viajes internacionales, entre enero y agosto se han transportado 1 066 000 pasajeros. En nacionales, 655 000. Había una situación muy estable entre enero y marzo, pero la pandemia ha sido un golpe muy fuerte.
¿Cómo evalúa el impacto económico que ha tenido la pandemia para la industria aérea ecuatoriana? Estamos calculando pérdidas de casi USD 500 millones. Al dejar de volar, no solo pierde la aerolínea sino también el aeropuerto, la Dirección General de Aviación Civil, que tiene ingresos por las tasas aeroportuarias. Toda la industria se ve afectada.
¿Cuántas aerolíneas están operando actualmente en el país y bajo qué condiciones? Tenemos 12 aerolíneas que están operando de manera regular, algunas con más frecuencias que otras. Definitivamente, las frecuencias han disminuido por razones de mercado. Inicialmente el COE tomó la decisión de restringirlas a un 30%, pero esto ya se ha liberado, es la oferta y la demanda la que está regulando la cantidad de frecuencias. Esto se irá ajustando a medida que las facilidades del país lo permitan. Hasta hace unos meses, los viajeros que ingresaban al país tenían que realizar un aislamiento obligatorio, a pesar de traer una prueba PCR o una rápida, esto era muy restrictivo para la actividad. El poder eliminar ese requisito ha permitido que tengamos más viajeros. Dentro de las terminales y los vuelos se mantienen los controles; con protocolos de bioseguridad al ingreso, toma de temperatura, distanciamientos señalizados, obligatoriedad del uso de mascarillas en los vuelos.
En promedio, ¿qué porcentaje de sus frecuencias están operando las aerolíneas? Me atrevería a decir que están volando un 30% de sus frecuencias regulares. Las que vuelan a Estados Unidos se reactivaron más pronto y tienen más actividad por la relación con ese país, tanto a nivel turístico como económico.
¿Cómo están los niveles de ocupación? Estamos hablando de una ocupación del 35%, dependiendo del vuelo. Esperaríamos terminar el año con un 60% de demanda y ocupación.
¿Qué estrategias se evalúan para la reactivación del mercado aéreo en el último trimestre del año? Por un lado, dar flexibilidad en el pago de las tasas aeroportuarias, para que esto no sea un problema adicional de liquidez para las compañías aéreas. Se está trabajando con el Ministerio de Turismo para eliminar el ISD (impuesto a la salida de divisas) en la compra de pasajes aéreos, de tal manera que esto también se convierta en un aliciente. Esperamos tener la propuesta sobre el ISD antes de que termine octubre, pero es un tema legal que debe pasar por la Asamblea Nacional. También tenemos proyectos importantes para la aviación en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, la concesión del aeropuerto de Manta a una empresa pública coreana llamada KAC. Estamos terminando la construcción de la nueva terminal y la torre de control. La inversión es de casi USD 25 millones. Esperamos entregar en diciembre. Será a una concesión por un plazo de 30 años. Eso le retira una presión al Gobierno en momentos de crisis fiscal.
¿Cómo avanza el proceso de liquidación de Tame y la venta de sus activos? Se nombró un liquidador hace semanas atrás. Se ha conversado con distintos interesados que tienen diferentes objetivos dentro de la venta de activos. Se está trabajando en el avalúo de los bienes. Se puede vender por paquetes o de manera independiente. Estamos diseñando este proceso que será lanzado en pocas semanas, bajo un reglamento. El tiempo apremia para poder cumplir con todas las obligaciones laborales de esta empresa.
¿Cuántas ofertas han recibido para la compra de activos? Tenemos propuestas de ocho oferentes. Dentro de los cuales hay empresas serias, que tienen ofrecimientos claros. Hay gente interesada en activar nuevamente la compañía.
¿Cuál fue la oferta que se recibió de Pan American Airlines y qué respuesta ha dado el Gobierno? Esta empresa no consta en los registros de IATA. Se les pidió un certificado de disponibilidad de fondos para validar su oferta. Finalmente retiraron la oferta.
¿A cuánto ascienden los pasivos de Tame? Los pasivos de Tame pueden ser más de USD 350 millones. Su principal acreedor es Petroecuador por combustible, con más del 50% de la deuda.
¿Qué factores influyeron en que Tame no lograra ser una aerolínea rentable? Varios factores. Era una aerolínea con tres flotas diferentes de aviones: Airbus, ATR y Embraer. Eso significaba tres tripulaciones, más repuestos y gastos. Por otro lado, rutas ineficientes, que perdían dinero, y un exceso de personal. Tenía una facturación importante, pero sus gastos eran muy superiores a los de la industria. El Gobierno intentó reducir la ineficiencia, pero la pandemia nos obligó a tomar medidas que ya eran inevitables.
¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre el transporte terrestre? Ha sido uno de los sectores económicos más golpeados, principalmente el transporte de pasajeros. Fue un gran reto que se aprobara su operación en mayo, por parte del COE. Primero, con un 50% de la ocupación y un 50% de las frecuencias. Ahora estamos con el 75% de aforo, pero exigiendo las mismas normas de bioseguridad. Tenemos la aspiración de que se permita ampliar las frecuencias al 75%, esto significaría más rutas. Hay 56 terminales terrestres operativas.
¿Qué estrategias han evaluado para la reactivación de este sector? El 75% del aforo es un buen número. Pero debemos caminar al 100% de las frecuencias. Hay pedidos de que se dé más apoyo en líneas de crédito a este sector. Es algo que se podría trabajar con los fondos que están llegando de créditos internacionales.
Hoja de vida Formación. Economista, por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Estudió un MBA en la Escuela de Negocios IDE, donde cursó el Programa de Gobernanza y Liderazgo Político.
Experiencia. En el sector privado dirigió la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Industria Gráfica de Guayaquil. En el sector público se desempeñó como Secretario General de la Vicepresidencia de la República. Funciones. En agosto del 2019 asumió como Ministro de Transporte y Obras Públicas. Entre sus funciones está garantizar los sistemas de transporte y las obras de infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria.
El Gobierno quiere dar más estímulos para atraer nuevas inversiones al Ecuador, como parte de su política de Estado. Con ese objetivo, el Ejecutivo emitió el Decreto 1 130 que extiende por dos años más los incentivos que ofrece la Ley Orgánica de Fomento Productivo. Esos beneficios se reflejan en la exoneración de los impuestos a la renta y a la salida de divisas, para las nuevas inversiones productivas.
Sin duda estos incentivos atraen a las empresas que ven en el Ecuador un destino para invertir y sobre todo se enmarcan en el propósito de ir hacia la reactivación económica, afectada por las incidencias de la pandemia en el aparato productivo. Pero además, los incentivos contribuyen a que las empresas destinen esos recursos a la generación de empleo y a capital de trabajo.
La decisión del Ejecutivo de otorgar estos beneficios tributarios también se alinea con el nuevo momento que vive el país con la firma de acuerdos comerciales. El más reciente se lo hizo con Chile que, además de afianzar la presencia de productos no tradicionales ecuatorianos en ese mercado, contribuye a dar un paso más en el objetivo de ser parte de la Alianza del Pacífico.
Gary Flor, presidente de Ceforcom, una ONG especializada en temas de emprendimiento y competencias laborales, analiza la situación de los emprendedores en el país. También habla sobre la necesidad de contar con una ley que regule los negocios nacientes en el Ecuador.
¿Usted que es un estudioso de la actividad emprendedora, cómo mira al tema en el Ecuador, ahora que hay más foros y se acaba de presentar un proyecto de ley?
Si hacemos un análisis del ecosistema emprendedor podemos dividir en algunos elementos y si analizamos cada elemento podemos decir que, desde el punto de vista económico, hay un entorno que promueve el emprendimiento, hemos tenido crecimiento del PIB sin muchos vaivenes, hay crecimiento de exportaciones e importaciones, etc. Entonces a nivel macro existen las condiciones para un desarrollo apropiado del emprendimiento. Desde el punto de vista estructural, vemos que las condiciones para hacer negocios no han mejorado. En el índice global de competitividad Ecuador está en el puesto 86 entre 140 países. En el Doing Business, Ecuador es 123 entre 190 países. Todavía hay mucho que hacer, estamos rezagados en las condiciones para hacer negocios. La estructura productiva está constituida por gran cantidad de pequeñas empresas, el 98% son mipymes, con poco valor agregado. Si hacemos un análisis de creación de empresas desde 2007 la mayoría está en servicios o comercio, no creamos empresas con agregado tecnológico.
Esas empresas con agregado tecnológico deberían ser más…
Es lo lógico para impulsar el desarrollo del país. Pero estamos rezagados y si analizamos el aspecto cultural, hay una naciente cultura emprendedora, pero todavía estamos tratando de desarrollar el tema. Hay mucho que hacer en lo político, en lo tecnológico. El proyecto de la ley de emprendimiento se está difundiendo en estos días. ¿Qué se puede esperar?
Hay que partir de una premisa. ¿Es realmente necesaria la ley? ¿O es mejor una voluntad política de los actores que forman parte del ecosistema emprendedor? Hay que preguntarse si existe una visión clara de a dónde se quiere llegar, porque la ley per se no va a solucionar temas como el desempleo o la pobreza. Tenemos que ser claros y debemos preguntarnos si hay credibilidad de los actores del ecosistema como el gobierno y las instituciones públicas, el sector empresarial y los gremios, la academia, las ONG. Insisto en preguntar si hay la voluntad política para trazar la cancha, para trazar el marco.
¿Usted cree que existe esa credibilidad y esa voluntad política?
Yo me cuestionaría todavía. Necesitamos una visión conjunta de a dónde queremos llegar. Hay el diagnóstico y sabemos el estado de la actividad emprendedora. ¿Pero hay voluntad de las instituciones financieras para crear productos para los emprendedores? ¿En la banca pública existe voluntad para desarrollar esquemas de capital de riesgo?
¿Cuál sería la alternativa para apuntalar al emprendimiento si la ley no prospera?
A veces se dice que la mejor política es no hacer nada. Si uno pregunta a los emprendedores ellos responden que quisieran que les dejen trabajar en paz, sin tanta regulación, sin tantos trámites, pero eso no es posible. No digo que no sea necesaria una ley, me cuestiono si hay la voluntad para llevar adelante todo lo que significa una ley. Debemos preguntarnos qué queremos impulsar con la nueva normativa que se presentó. En el proyecto de ley se habla de la formación de un Consejo de Emprendimiento e Innovación…
Eso es parte de la institucionalidad y está bien. Pero hay que ver qué se va a impulsar. ¿Los que proponen la norma se preguntaron eso? Por ejemplo, hay que diferenciar los emprendimientos por necesidad de los que surgen por oportunidad. Allí las políticas son distintas. No es lo mismo un marco regulatorio para empresas formalmente constituidas que innovan y agregan valor, a una política pensada en grupos vulnerables. Hay que tener claro si se quiere impulsar solo los nuevos emprendimientos o se quiere fortalecer lo que ya existe. El emprendimiento tiene particularidades según el territorio, entonces no se lo puede impulsar desde el Gobierno central, la idea sería que se desarrollen comités territoriales que definan especialidades de las provincias y así definan los proyectos. Debemos partir de lo local a lo nacional.
La cultura emprendedora se ha desarrollado en el país sin una ley ¿qué cambiará con lo que ahora se propone?
Los hacedores de la ley deben pensar en eso, en los elementos del ecosistema. Una ley que no tiene incentivos no es ley.
¿Cree que la ley sirva para apuntalar el triángulo empresa privada-academia-sector público?
A veces no sería necesaria la ley, porque se podrían usar reglamentos o decretos ejecutivos para formar esa triangulación. No hay que dejar de lado a las ONG, los mismos emprendedores. Ellos deben ser consultados para saber sus demandas y necesidades.
¿Hay el riesgo de que el tema se politice?
Siempre que se habla de una ley se puede caer en la politización. ¿Quiénes hacen la ley? Los hacedores de la política que tienen determinados intereses. Si les dejamos solo a los políticos que se encarguen, sin que estos consulten a los otros actores, puede haber una intencionalidad.
Al parecer hay un consenso entre lo político y lo técnico…
Si es así, perfecto. Como toda ley, esta debe ser producto de un consenso nacional y debería ser discutida con todos los actores. Si se quiere hacer bien las cosas hay que determinar lo que se quiere impulsar y qué incentivos se van a dar. Porque se puede chocar con otras leyes que también hablen de temas como financiamiento. Otro tema clave es el capital de riesgo, que no es un préstamo sino una inversión conjunta. También debe establecerse temas como el crédito de desarrollo o las deducciones del impuesto a la renta o los beneficios por innovaciones, como funciona en otros países. Esos incentivos son los que necesitan los emprendedores. Además, requieren estabilidad jurídica.
¿Cómo pueden influir las nuevas leyes, las reformas exigidas, en la economía del país?
Hay estudios que dicen que existe una relación directamente proporcional entre el capital emprendedor y el crecimiento económico. Mientras más empresas se crean, más crece un país. Hay modelos econométricos que muestran que por cada unidad de crecimiento en una empresa hay un crecimiento estadísticamente significativo en el crecimiento económico.
¿Usted conoce de leyes de emprendimiento en otros países?
Desde el 2005 se comenzó a establecer marcos regulatorios en América Latina. Brasil y Chile fueron los primeros. Colombia tiene su ley desde el 2006. Estos marcos regulatorios permiten el desarrollo de la cultura emprendedora y de innovaciones.
Hoja de Vida
Cargo. Es presidente de La Corporación Ecuatoriana de Formación Profesional Compartida (Ceforcom).
Formación. Economista graduado en la Universidad Central del Ecuador; Magíster en Gerencia Empresarial, Escuela Politécnica Nacional, Quito. En la actualidad es candidato a PhD en Economía y Empresa en la Universidad de Oviedo-España. En la academia. Ha colaborado como docente en la Universidad Andina Simón Bolívar, así como en la universidad SEK, en materias de emprendimiento, finanzas personales, economía, entre otras. También ha asesorado a gremios empresariales.
Gary Flor, presidente de Ceforcom. Fotos: Diego Pallero / LÍDERES
Los castigos y recompensas son un recurso que ciertas empresas utilizan para garantizar la eficiencia de sus colaboradores. Pero la combinación de ambos ya no resulta tan efectiva para el grupo de empleados millenial.
De acuerdo con un artículo de la plataforma de Recursos Humanos, Fond, publicado en el 2017, el millenial tiene un mejor rendimiento cuando recibe reconocimientos en vez de sanciones.
Algunas organizaciones optan por la aplicación de castigos porque dan resultados inmediatos, señala el portal Marketing Eficaz. Por ejemplo, sancionar evita el trabajo y la difícil tarea de buscar la causa real del problema.
Para Javier Verdesoto, CEO de Nexos Talent EFH Ecuador, la visión jerárquica y la relación indirecta entre jefes y empleados ha cambiado. Ahora los colaboradores no requieren personas que los sancionen, sino que los guíen, motiven y los hagan sentir parte de la organización.
Es por eso que los castigos no cambian la actitud de los empleados, principalmente del grupo millenial, que está más acostumbrado a recibir alicientes, para mejorar su eficiencia y fortalecer su compromiso en la organización, añade Verdesoto.
Según la consultora estadounidense Bersin & Associates, las empresas que fortalecen el compromiso de los colaboradores con programas de reconocimiento reducen su tasa de rotación voluntaria en 31%. También, señala que 5 de cada 10 empleados piensan que recibir incentivos de sus superiores mejora la relación y eleva la confianza en ellos.
Una remuneración justa, una carrera profesional estable, una oportunidad de seguridad financiera y el prestigio de la asociación serían suficientes reconocimientos para los empleados, pero no para los trabajadores millenial.
Esta generación tiene diferentes valores y es motivada por razones distintas a otros empleados de mayor edad, aseguran expertos.
El millenial valora más el respeto por su tiempo libre, la capacitación constante, la diversificación de tareas y otros incentivos no monetarios o llamados también “salario emocional”.
Si la empresa quiere lograr cambios en la cultura interna y alinear a los colaboradores con el negocio, el reconocimiento e incentivos deben ser constantes y comunicados abiertamente.
El estudio de Bersin & Associates señala que 71% de los empleados con altos niveles de compromiso trabajan en organizaciones que reconocen a sus colaboradores al menos una vez al mes.
Mientras que casi 60% de los encuestados en una investigación de PwC respondió que les gustaría recibir ‘feedback’ diario o semanalmente.
Es por eso que expertos en recursos humanos recomiendan a las empresas la implementación de programas de reconocimientos según la edad de sus colaboradores, ya que no todos reciben los incentivos de la misma manera.
En el caso del millenial es importante brindar espacios de retroalimentación, que les permita exponer sus dudas, guiarlo y ayudarlo a mejorar en sus tareas.
En cuanto a las metas que plantea este grupo de trabajadores, deben ser alcanzables en el corto plazo. Ellos trabajan mejor en períodos y objetivos más pequeños, pero frecuentes; esto les ayuda a mantener su atención e interés por más tiempo.
También, puede resultar interesante un programa de reconocimiento para sus colaboradores más jóvenes a través de Internet.
Lasredes sociales o plataformas digitales les permitirán informarse, comunicarse y entretenerse.
Una política de reconocimientos e incentivos es efectiva para lograr que los empleados se sientan motivados para trabajar más duro y permanezcan por más tiempo en sus trabajos. Sin embargo, Verdesoto recalca que los reglamentos y normas no se pueden dejar de lado y deben ser cumplidos por todos los miembros de la empresa.
El experto recomienda que para garantizar la eficiencia y el cumplimiento laboral, lo fundamental es la comunicación. Las empresas deben tener reglas claras y darlas a conocer oportunamente.
La aplicación de castigos e incentivos debe ser de manera objetiva y madura. En este sentido, Verdesoto sugiere hacer los reconocimientos en público y los castigos en privado. Una encuesta de TinyPulse, hecha en 2016 evidenció que las premiaciones o felicitaciones públicas fortalecen la camaradería y motivan a otros empleados para esforzarse y también conseguir algún reconocimiento laboral.
Si la empresa quiere lograr cambios en la cultura interna y alinear a los colaboradores con el negocio, el reconocimiento e incentivos deben ser constantes y comunicados abiertamente. Foto. Archivo / LÍDERES
Las previsiones de los analistas se cumplieron y las ventas de automóviles en Estados Unidos se dispararon en febrero gracias a los bajos precios de la gasolina, los incentivos de los fabricantes y la fuerte demanda del mercado por todocaminos y todoterrenos.
Los analistas habían previsto que en febrero se venderían al menos 1 35 millones de automóviles nuevos, un 8 % más que hace un año, y el mercado les dio la razón, con fuertes aumentos de la demanda de los principales fabricantes de automóviles.
De los principales fabricantes de automóviles, solo General Motors (GM) y Volkswagen terminaron febrero con retrocesos en la demanda.
GM achacó su descenso del 1,5 % de las ventas a su reducción «planificada» de las entregas de vehículos para flotas, un mercado que es menos rentable que las ventas a particulares. En el caso de VW, el fabricante alemán sigue profundamente afectado por el escándalo de los motores trucados y la suspensión de las ventas de vehículos diésel.
Ante este panorama, las ventas de Volkswagen cayeron un 13,1 % y se situaron en 22.321 vehículos. El único motivo de esperanza para VW es que las ventas del todocaminos Tiguan aumentaron un 78,4 % y se situaron en 3.245 unidades.
Mark McNabb, director de operaciones de Volkswagen en Estados Unidos, dijo en un comunicado que están «satisfechos con el aumento de las ventas a particulares en febrero, gracias a vehículos como Tiguan».
«Aunque las ventas globales se redujeron debido al carácter estacional de las ventas de flotas, estamos animados por la actividad en los concesionarios durante el mes», añadió McNabb.
Pero VW está lejos de solventar sus problemas en Estados Unidos. Todavía no ha encontrado una solución para los centenares de miles de vehículos que circulan en el país con motores trucados que contaminan varias veces por encima del límite y ahora se enfrenta a una fecha límite impuesta por un juez.
La semana pasada el juez Charles Breyer de San Francisco ordenó a VW a presentar antes del 24 de marzo una solución que arregle sus vehículos diésel trucados. Y en enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra VW por valor de hasta 46.000 millones de dólares por el trucaje de los motores.
GM, el principal fabricante de automóviles, también achacó su caída en febrero, mes en el que vendió un total 227 825 automóviles, al descenso en las ventas de flotas.
El fabricante dijo en un comunicado que redujo sus entregas a compañías de alquiler un 39 % en febrero.
«Nuestra estrategia es simple: aumentar la rentable cuota del mercado de particulares a la vez que mantenemos la disciplina con los niveles de inventario y el gasto en incentivos. Todo ello mientras reducimos las entregas a compañías de alquiler», explicó Kurt McNeil, vicepresidente de Ventas de GM.
Mientras, las ventas de Ford aumentaron un 20 % en febrero, hasta 217 192 vehículos, y las del grupo Fiat Chrysler (FCA) un 12 %, para alcanzar 182 879 unidades.
En todos los casos, los fabricantes se beneficiaron del fuerte apetito del mercado por todoterrenos y todocaminos (SUV).
La «fuerte demanda (mantenida) por nuestros vehículos Jeep impulsó la marca a su mejor mes de ventas en la historia, lo mismo que las camionetas y furgonetas Ram», dijo Reid Bigland, vicepresidente de Ventas de FCA en Estados Unidos.
«En conjunto, FCA tuvo su mejor mes de febrero en 10 años y nuestro 71 mes consecutivo de aumentos de las ventas con respecto al mismo periodo del año anterior», añadió.
El grupo Toyota también ganó en febrero, un 5,2 %, gracias a las ventas de todocaminos, con el aumento del 16,3 % de las entregas del RAV4 y del 32 % del 4Runner.
Por detrás de los cuatro principales fabricantes, la tónica fue de generalizados aumentos. El grupo Honda (Honda y Acura) vendió 118.986 vehículos, un aumento del 12,8 %, mientras que Nissan (Nissan e Infiniti) ganó un 10,5 % con 130 911 unidades.
Audi, integrada en el Grupo Volkswagen, aumentó sus ventas un 2,3 % hasta los 11.718 autos.
Mientras, su competidor BMW cayó un 10,7 % con 22 498 vehículos y el grupo Mercedes-Benz (Daimler Vans, smart y Mercedes) vendió 25 632 unidades.
El modelo 2016 del ‘pickup’ de General Motors puso especial énfasis en las luces led delanteras. Foto: EFE
A través de acuerdos ministeriales, el Gobierno oficializará nuevas modalidades contractuales para evitar que las personas pierdan más empleos en el país.
El pasado 18 de enero, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó los resultados de la encuesta de empleo. La tasa de empleo adecuado cayó 2,8 puntos en diciembre respecto al mismo mes del 2014 y el desempleo creció en 0,98 puntos.
El ministro de Trabajo, Leonardo Berrezueta, reconoce estas cifras e indica que el Gobierno está aplicando mecanismos para sostener el empleo. De hecho, esto ya había sido anunciado por el presidente de la República, Rafael Correa, el pasado 26 de diciembre.
Según el ministro se darán facilidades para la contratación de trabajadores en los sectores de construcción, agropecuario y transporte. Esto implica que se pueden contratar empleados por un tiempo, luego salir y volver a las actividades.
Según Berrezueta, ya se emitieron los acuerdos para esas áreas, aunque no ha dado mayores detalles de su alcance. Únicamente explica que en el sector agrícola se hicieron ciertas modificaciones, de acuerdo con la especificidad por el tema floricultor, ganadero, pecuario, entre otros segmentos.
La idea es hacer ajustes pero garantizar la estabilidad del trabajador, bajar el pasivo laboral al empresario y generar seguridad jurídica para ambos. “Esto estamos generando debajo de la línea del contrato discontinuo, que será por tres o cuatro meses en función de la obra o la necesidad. Termina el contrato, no genera pasivo laboral y tiene la obligación, el empleador, de volver a contratar a este trabajador el año siguiente”.
Si el patrono tiene la necesidad de contratarlo y no lo hace se genera el despido intempestivo. En ese caso corresponde pagar la indemnización respectiva, porque la relación laboral acaba.
Berrezueta aclara que en ningún caso se está realizando una flexibilización laboral en el país. Ahora, en el Ministerio también se están generando acuerdos para otras áreas que no fueron nombradas por el Presidente de la República. “Entre ellas, por ejemplo, una modalidad contractual específica para el sector turístico, para el de pesca, para el artesanal. También para el empleo juvenil”.
En diciembre Rafael Correa anunció mecanismos tributarios para mantener el empleo. Para los empresarios que contraten trabajadores que se mantengan al menos seis meses consecutivos habrá deducciones tributarias. “100% de deducción adicional por remuneraciones y aportaciones de la seguridad social (…) si ustedes pagaron 200 dólares por sueldos implica 200 dólares en gastos. Así, disminuyen utilidades y pagan menos impuestos. Pero esos 200 dólares de salarios constarán como 400 dólares para incentivar a mantener el empleo”.
Otro de los apoyos para el sector privado es la exoneración del pago de anticipo al impuesto a la renta (IR) en el 2016, para los sectores con una drástica disminución en ingresos, como el petrolero.
Un tercer mecanismo es que “en casos excepcionales” el Consejo de Comercio Exterior (Comex) podrá aplicar diferimientos arancelarios a empresas por la importación de materia prima, insumos y bienes de capital, siempre y cuando hagan el compromiso de mantener los trabajos.
Entre los incentivos también está el hecho de que si el Estado no ha pagado a un contratista y este enfrenta multas con el Instituto de Seguridad Social, por atrasos en el pago de aportes, quedará libre de estas. También se podrán refinanciar las deudas con la seguridad social con tasas preferenciales…
El Gobierno dice que busca un pacto nacional para mantener los puestos de trabajo y que este y otros temas se analizarán en la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que se tiene previsto desarrollar en la primera semana de febrero.
Mientras el Ejecutivo plantea opciones, las empresas también diseñan sus propias estrategias. Normativa
La norma de contratación es más rígida desde el 2008
La contratación laboral se volvió rígida por las reformas a la legislación implementadas desde el 2008. Ese año se aprobó el Mandato 8 de la Constituyente que eliminó y prohibió la tercerización, intermediación laboral, contratación por horas y cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo.
Galo Cárdenas, director de Coloaustro Abogados, firma cuencana asesora de empresas, dice que desde entonces se eliminaron progresivamente las modalidades de contrato laboral como a plazo fijo, por horas…, “lo que dificultó la creación de nuevas fuentes de trabajo en el sector privado, no así en el público porque el Gobierno se convirtió en un gran empleador”.
Para el abogado laboralista, Teodoro González, fue positiva la eliminación de la contratación por horas, porque no brindaba ninguna seguridad a los trabajadores. Pero advierte que la contratación por intermediación laboral, que se denominó tercerización, sigue vigente con otro nombre.
Él señala que ahora se llama prestación de actividades complementarias y allí están incluidos los servicios de seguridad, alimentación, mensajería… Agrega que la intermediación laboral fue una modalidad que no fue adecuadamente controlada por las autoridades y “se permitió el abuso, pero con regulación es buena”.
El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca, Jaime Moreno, dice que la prestación de servicios sigue porque, en la actualidad, las empresas no deben hacer todo sino apoyarse en especialistas y generar sinergias para reducir costos. Para él, las reformas fueron dogmáticas más que prácticas y “necesitamos flexibilización”.
Pero hay otras normas que mantienen la rigidez. En abril del 2015 se aprobó la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar; allí se eliminó el contrato a plazo fijo y se creó el vínculo laboral por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio y se fija un bono de desahucio del 25% de la última remuneración.
Costos
Empresarios piden incentivos y jornadas laborales flexibles
El recorte de personal es y será siempre, la última y la más difícil decisión para el empleador en tiempos de crisis. Así sostiene Pablo Arosemana, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. “Lo último que quiere hacer el empresario es eso, porque invertimos tiempo, dinero y recursos en contratar y capacitar al personal”, explica.
Por eso el sector productivo espera que este año se brinden incentivos como la exoneración del anticipo al Impuesto a la Renta (IR), para las empresas que se abstengan de recortar personal y la doble deducibilidad de los gastos de contratación.
Pero más allá de los incentivos, Arosemena señala que para precautelar los empleos, el Gobierno debe dar una pausa normativa y generar confianza para la inversión. “La clave es tener más mercado para vender el producto, así podremos tener más ingresos para contratar gente o mantener el empleo”, dice el dirigente gremial.
Henry Kronfle, expresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, señala que para que la flexibilización laboral se traduzca en menos desempleo se necesita dinamizar la jornada laboral. “Se puede equilibrar para que exista una distribución de horarios de trabajo que permitan a las empresas contratar mano de obra en el momento que no hay pico de consumo de energía, por ejemplo”.
Con este modelo, añade Kronfle, los empresarios podrían mitigar el impacto del costo energético. “Al no trabajar en horas pico, ese costo reducido en la factura ayuda a compensar, ahorrar y destinar ese dinero a mantener empleos”.
Mientras que en el trabajo en el campo, los empleadores piden políticas de contratación que se adapten a la naturaleza de sus negocios. “Debemos tener un código agrícola laboral propio. Necesitamos flexibilidad para que las 40 horas a la semana se repartan de acuerdo con la naturaleza de cada actividad del campo”, indica Teófilo Carvajal, gerente de la Asociación Nacional de Ganaderos.
En la Agencia metropolitana de Desarrollo Económico ConQuito se dictan charlas relacionadas con inserción laboral. Más personas buscan una opción en la bolsa de empleo de la entidad. Foto: Galo Paguay / LÍDERES
El Ministro del Ambiente, Daniel Ortega, habla sobre los compromisos adquiridos por Ecuador tras la cumbre en París contra el cambio climático, en diciembre. También ofrece detalles del proyecto de código orgánico ambiental, que se tramita en la Asamblea Nacional.
¿Cuáles son los compromisos puntuales que Ecuador asumió en la COP21?
En París hubo grandes foros del sector empresarial sobre el rol que podían jugar las compañías privadas y eran los empresarios los que demandaban más acción. En ese contexto trajimos cuestiones muy concretas: nos reunimos con al directora del Fondo Verde para el Clima, que es parte de las Naciones Unidas, y confirmamos que sesionará en Guayaquil en octubre de este año.
La importancia del Fondo está en el trabajo que cumple por frenar el cambio climático. No olvidemos que para eso existe un primer ofrecimiento de los países desarrollados por USD 100 000 millones y el fondo tiene la obligación de movilizar esos recursos, desde el 2020.
¿Por qué es importante que el Fondo sesione en Ecuador? Porque aquí se van a tomar decisiones sobre qué proyectos se podrán financiar. El fondo tiene un programa para que la empresa privada encuentre oportunidades comunes y creemos que podemos formar una alianza público privada, para potenciar una economía de servicios ambientales. Y por eso, desde febrero empezaremos talleres para compartir oportunidades para el sector productivo.
¿Qué otras acciones se desarrollarán en el Ecuador tras el encuentro de París? En la COP21 también tuvimos reuniones con autoridades ambientales de Corea del Sur, China y Brasil, para explorar áreas de trabajo. Corea del Sur está avanzando en potenciar servicios ambientales con el sector privado; China quiere invertir en parques industriales verdes en todo el mundo y creemos que con Yachay podemos permitir un encuentro público privado, para desarrollar inversiones de ese estilo en el país.
También, en Ecuador existe un despliegue de política pública y este año vamos a alcanzar el 90% de energías renovables, lo cual es importante, porque vamos a exportar energía, además que permitirá disminuir la estructura de costos de producción del sector productivo incrementando su ventaja competitiva a nivel regional. Son pasos concretos como el programa Socio Bosque, en el que se invierten 10 millones de dólares al año, para preservar un millón y medio de hectáreas de bosque y áreas protegidas.
¿Cuál es el valor del sistema nacional de áreas protegidas? El sistema nacional de áreas protegidas representa el 20% del territorio nacional. De ese porcentaje se deriva una contribución directa de 275 millones de dólares al PIB, esto es cerca del 35% del PIB turístico. Hemos encontrado que por cada dólar invertido en el sistema nacional de áreas protegidas genera un retorno de 11 dólares. Este año vamos a incrementar la inversión en áreas protegidas, vamos a mejorar su infraestructura, su promoción, con deportes de aventura, turismo científico, etc.
Estas son acciones concretas que vamos a ejecutar en términos de cambio climático. Estamos debatiendo el cambio de la matriz productiva y cómo hacer una transición hacia una economía de servicios ambientales, todo esto conecta la agenda global con la local y al mismo tiempo abre oportunidades para el sector empresarial.
Las políticas públicas son importantes, pero también se necesita la participación de la empresas privada y del ciudadano común. ¿Que estrategia se usará para conectar la política pública con la empresa y con el ciudadano? Estoy convencido de que el sector privado ya tiene un compromiso con el ambiente. Por ejemplo, hemos visto que Ecuador es líder en recuperación de plástico pet y esto pasa porque el sector privado está preparado. Nosotros vamos a potenciar eso y conjuntamente podemos llegar a ser una potencia verde. Por eso, el marco normativo de París es muy importante, porque genera un sistema de incentivos a escala global que permitan la transición y brindar oportunidades al sector privado.
Con la sesión del Fondo Verde para el Clima creemos que podemos acceder a parte de esos 100 000 millones de dólares, para formar alianzas publico-privadas o emprendimientos. De igual forma, siento que puede mejorar el tema del licenciamiento ambiental, siempre con cumplimento estricto de la normativa. Por eso, ya estamos trabajando con empresas de empaques, para reducir la necesidad o la cantidad de empaques, para reducir el desperdicio de alimentos. ¿Cómo avanza el acercamiento con la empresa privada en este tema de la reducción de empaques? Desde hace unos dos meses hemos tenido encuentros preliminares y pensamos establecer una plataforma de innovación ambiental. También, hemos hablado con la industria de neumáticos y con empresas que manejan residuos electrónicos. El sector industrial está listo para asumir este reto que se plantea.
¿Qué comentan los empresarios al respecto? Siento un gran compromiso hacia el Ecuador verde, hacia ser una potencia verde. Hay voluntad de dialogar y la meta es aportar en un año complicado. Usted menciona la frase ‘potencia verde’. ¿Qué implica esto y qué debe hacer el Ecuador para ser potencia? Es un esquema de dos elementos: el primero es la ecoeficiencia que genera oportunidades para provisión de servicios y aprovechamiento de recursos, lo que permite mayor sostenibilidad y brinda valor agregado a productos de exportación. El segundo elemento es reconocer avances y acompañar los procesos. ¿En qué etapa está el análisis del proyecto de código orgánico ambiental que trata la Asamblea? Tuvo el primer debate, existe un informe y vamos a iniciar consultas prelegislativas en el primer trimestre del año. Vamos a tener un diálogo para conocer demandas de la población y de distintos sectores. El código ambiental debe permitir incentivos claros para el sector privado.
¿Qué incentivos se presentan en este proyecto de código para el sector privado? Tenemos siempre los espacios de corresponsabilidad. Sin un rolimportante del sector público con inversión, normativa y con eficiencia en procesos, el sector privado puede encontrarse en una situación bastante compleja. Creemos que hemos garantizado esas condiciones y creemos que podemos acompañar más al sector privado, para que al código no se lo observe como una normativa más de obligatoriedad sino como una oportunidad adicional de desarrollar industrias.
Esto lo tenemos que construir juntos al conocer las aspiraciones del sector privado. Por eso, invito al sector privado para sentarnos a conversar y conocer sus aspiraciones para ver cómo les gustaría ver traducidos los acuerdos globales en la normativa local y trabajar conjuntamente en un esquema de incentivos. ¿Existe un plazo para aprobar el código?
En la agenda legislativa el tratamiento y la aprobación del código están previstos para este año.
Entrevista a Daniel Ortega, Ministro del Ambiente. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.
La falta de tecnología agrícola, distorsiones en las cadenas de comercialización y la baja productividad, han causado la pérdida sistemática de competitividad en productos como frutas, legumbres y hortalizas. En algunos casos, estos productos son sustituidos por alimentos importados desde Perú o Chile.
Estas son algunas de las razones para el incremento de las importaciones de frutas, como manzanas, peras, lentejas y otros, según comentaron especialistas agrícolas consultados por LÍDERES.
Uno de los casos más concretos está en Tungurahua, en donde los frutales de hoja caduca como manzana, durazno o claudia han tenido un descenso productivo en los últimos 10 años. Para Fabián Valencia, director del Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca (Magap) de Manabí, uno de los motivos es la caída del incentivo a los agricultores.
Los costos de producción, las deficiencias en la comercialización interna y los precios más baratos de frutas o tubérculos importados de Chile o Perú desestimulan al productor que cambia los cultivos tradicionales, explica Valencia. Además, cita el caso del cantón Quero en Tungurahua, donde los pastizales desplazaron el 50% de los cultivos de papa, en 10 años.
Los datos del Banco Central del Ecuador (BCE) muestran incrementos en las importaciones. En el caso de la manzana, se importaron 41 670 toneladas (t) en el 2009 y se llegó a las 51 665 t en el 2011, lo que significa un aumento del 23%, en el período. Las compras de peras pasaron de 7 351 t a 12 467 t, en esos años, representando un aumento del 69%.
La información del BCE muestra que tan solo en manzanas, peras y uvas, se importaron USD 71 millones, en el 2011.
Sin embargo, Valencia dice que desde el 2011, han tenido una cierta motivación con un proyecto de reactivación de la fruticultura, como en el caso del Municipio de Cevallos. Los cultivos beneficiados son los de fresa y mora. En Tungurahua hay 600 hectáreas de este último cultivo.
“La falta de tecnología, incidencia de plagas y el clima, también afectan la producción y dejan un vacío en el mercado interno. Muchas veces se cubre por productos importados”. Así opina Emilio Loayza, coordinador de Manabí de las Escuelas de la Revolución Agraria.
Loayza comenta que entre las alternativas para mitigar estos problemas está la capacitación general del agricultor en desarrollo rural. “Hay que entender las necesidades de cada agricultor, antes que imponerle un paquete tecnológico”.
En Manabí hay 34 facilitadores agrícolas que cubren 19 cantones de la provincia y atienden a 136 organizaciones campesinas. En total, son cerca de 3 400 pequeños productores beneficiados.
José Parra es especialista agrícola que asesora en la producción de cultivos de ciclo corto y frutales en Santa Elena, Tungurahua y El Oriente. Asegura que otro problema en el agro es la falta de centros de acopio y almacenaje de productos. “Esto genera una distorsión de precios cuando hay exceso de oferta o escasez”.
Para Parra, las facilidades para producir y la tecnificación que existe en Chile o Perú hace que cada vez ingresen más toneladas de productos como frutas y hortalizas. “Principalmente frutas y cebolla, ajo, papa, entre otros”, afirma el especialista.
La información del BCE muestra que en el 2010 se importaron USD 143 830 t de ajos secos y se llegó a los USD 247 570 t en el 2011. Es decir, hubo un incremento del 72%, en un año. La partida arancelaria correspondiente a lentejas y lentejones secos muestra que se importaron 13,6 millones en el 2010 y 14,9 millones en el 2011.
Parra comenta que todavía falta un mayor entendimiento entre los productores agrícolas y los industriales, para aprovechar de mejor forma la producción.
Arturo Castillo Motivador y prof. de técnicas psicorrelajantes
Incuestionablemente, los individuos necesitan ser estimulados, en reconocimiento a su desempeño laboral. Los problemas giran en torno al cómo, el cuándo y el cuánto. El cómo se refiere a la estrategia, al mecanismo que permita concretar el incentivo. ¿De manera individual? ¿Por áreas o departamentos? ¿Mediante la realización de un evento, a la luz pública, de modo que todo el personal experimente el deseo de también alcanzar el premio? El cuándo tiene que ver con la coyuntura, con el momento adecuado; un incentivo que llega tardíamente pierde efectividad, repercusión emocional. Por último, el cuánto, el más problemático de los incentivos, pues nunca llega a cubrir las expectativas de los aludidos; las empresas generalmente quedan cortas. Además, a ojos de los trabajadores, esta es una feliz ocasión para que la compañía exprese sus afectos y desafectos.
De otra parte, las políticas de incentivos parten del principio de la premiación a lo excepcional. ¿Resulta coherente, entonces, que los estímulos, económicos o de otro orden, se entreguen, incluso, a los empleados mediocres? Así, los incentivos terminan convirtiéndose en un derecho adquirido, en una obligación patronal.
Ahora bien, si la compañía adopta como estrategia motivar a todos sus trabajadores, dejando de lado la psicología de la zanahoria por delante, quizás no deba esperar ‘performances’ excepcionales sino simplemente aceptables.
Conviene preguntar si el estímulo debe ocurrir antes, como un acicate, o luego, como un premio al mérito laboral. En cada caso, la incidencia psicológica es distinta.
¿Precisa el individuo la garantía de un premio para hacer bien aquello que es sencillamente su obligación? ¿Es capaz de movilizar sus mejores esfuerzos, su creatividad y conocimientos por el simple placer de funcionar a plenitud? ¿Se frustra si al término del cumplimiento de sus metas no recibe el galardón esperado? ¿Baja la guardia y se ‘desquita’ con un rendimiento negligente? Condicionamiento; finalmente se trata de eso. Y se trata de que los sujetos responden a estímulos externos, pues carecen de un centro de motivación propio. Es loable, de todas formas, tratar de recompensar el esfuerzo, aunque no todos estén dispuestos a correr tras una zanahoria.
arturocastillo1@yahoo.com «Conviene preguntar si el estímulo debe ocurrir antes, como un acicate, o luego, como un premio al mérito».
