Etiqueta: informalidad

  • El deterioro del empleo impulsa el análisis de reformas laborales

    Redacción Quito

    (I)

    Relacionadas

    El mercado laboral en Ecuador está deteriorado. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) confirman que mientras el empleo adecuado cae, la informalidad aumenta.

    De marzo del 2018 al mismo mes del 2019, un total de 261 767 personas perdieron su trabajo adecuado. En ese mismo período, 245 926 ciudadanos pasaron a la informalidad (suma del incremento en las categorías de subempleo, empleo no remunerado, otro empleo no pleno y empleo no clasificado).

    Trabajadores, desempleados, empresarios y autoridades sintonizan con la necesidad de buscar alternativas para revertir esta situación. Sin embargo, existen discrepancias en torno a las sugerencias para generar nuevas plazas de empleo.

    La oferta del Gobierno es presentar una reforma laboral este año, para que sea discutida en la Asamblea Nacional. La tarea de estructurar la propuesta legislativa ha sido encomendada al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), integrada por el Ministerio de Trabajo, representantes de sindicatos y gremios empresariales.

    El Consejo se reunió por tres ocasiones en abril, se analizaron diferentes recomendaciones. Finalmente, el 15 de mayo pasado, se dieron a conocer los primeros resultados: cambios a la distribución de la jornada laboral de 40 horas semanales; eliminación del recargo del 35% en contratos eventuales; y, la creación de un contrato para emprendimientos.

    Aunque los anuncios fueron presentados como consensos alcanzados entre empleados y empleadores, organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Parlamento Laboral -que no forman parte del Consejo de Trabajo– los rechazan porque consideran que van contra los derechos laborales, que se extinguirá el pago de horas extras y se dará paso a la precarización.

    “Tenemos que analizar sector por sector respecto de cuáles podrían ser las alternativas de solución al déficit de empleo. La dificultad (del país) está en la caja fiscal y el Gobierno le da preferencia al sector empresarial a través de incentivos (con eliminación de impuestos y aranceles), mientras que al pueblo eliminan los subsidios”, reclama Jaime Arciniega, dirigente del Parlamento Laboral.

    Desde la otra orilla, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, entre otros, aplauden los planteamientos. Para ellos, las modificaciones se adaptan a las tendencias mundiales, apuntan a mejorar la competitividad del aparato productivo y permiten mayor incorporación de personal.

    “El gran problema laboral del Ecuador son los más de 5 millones de personas que no tienen trabajo. El Código Laboral del año 1938 no puede adaptarse a las necesidades actuales”, comenta Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca. Agrega que las reformas no son la única salida para que la economía se estimule, se requieren medidas complementarias que reduzcan la carga burocrática y los costos de producción.

    Por su parte, el Ministerio de Trabajo sostiene que todos los derechos laborales estarán garantizados. Que las reformas se enfocan a nuevas contrataciones.

    “Puede haber voces de disenso, puede haber dudas, puede haber personas que estén con temores o preocupaciones, pero serán disipadas. El Ministerio de Trabajo hará el control específico y directo para evitar que haya cualquier tipo de violaciones o atropellos”, dice Andrés Madero, titular de la Cartera de Estado.

    Inicialmente, las autoridades plantearon enviar a la Asamblea Nacional el paquete de reformas hasta el 24 de mayo, dentro del proyecto de Ley de Fomento Productivo. Se pospuso, pues apenas se avanzó en tres temas. Ahora el ofrecimiento apunta a octubre, cuando también se pretende entregar una reforma tributaria.

    Sobre la mesa de discusión del Consejo Nacional de Trabajo quedan varios asuntos importantes por definir. Extender el tiempo de prueba es uno de ellos. La sugerencia del sector empresarial es aumentarlo a 12 meses. También está evaluar la jubilación patronal, que desde el 2018 dejó de ser un gasto deducible de impuestos.

    Ademas se habló de retomar la contratación por horas, aspecto rechazado por el FUT. Esta modalidad (así como la tercerización y otras), está prohibida por la Constitución. Al respecto el pasado 14 de abril, el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, no descartó posibles cambios.

    La redistribución de la jornada no debe afectar al descanso

    Foto: Archivo / LÍDERES
    Foto: Archivo / LÍDERES

    Opiniones divididas existen entre propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas en relación con la propuesta de jornadas laborales diferentes a las actuales.

    Actualmente, el Código de Trabajo establece que la jornada regular es de 40 horas semanales: ocho diarias en cinco días.

    El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) acordó que se siga trabajando ese período, pero que las jornadas se adapten a las necesidades de cada empleador. Según un documento de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), se podría cumplir la jornada en tres días y medio o en seis días; hasta 12 horas diarias.

    David López, jefe técnico del gremio, indica que en ese período la persona podría emprender, conseguir otro empleo o dedicarlo a temas personales. Asimismo, considera que durante los períodos en los que el trabajador descanse se podría contratar a más personas.

    Para Xavier Bustos, propietario de la industria Cofrunat, productora de los helados Coqueiros (foto), esta propuesta no cambia la dinámica laboral. “Contamos con 64 trabajadores. Tenemos puestos que están hechos para un trabajo de ocho horas, cinco días”.

    El planteamiento, sin embargo, entusiasma a empresas de mayor tamaño. Carlos Ribadeneira, propietario de industrias vinculadas al sector textil, metalmecánica y productos de hotelería, asegura que es una buena alternativa.

    Los trabajadores podrían laborar durante más horas en un día, sin recargos para la firma, lo que aumentaría la productividad. Como la norma se aplicará solo para nuevos contratos se emplearía personal que se acomode a las necesidades de la organización.

    El Ministerio de Trabajo explicó que esta jornada se desarrollará previo acuerdo de las partes.
    Xavier Rosero, representante del sector empleador ante el CNTS, señala que si una persona trabaja bajo el régimen actual y quiere cambiarse al nuevo puede hacerlo. Sería necesario un acuerdo entre empleador y trabajador, más la autorización del Ministerio de Trabajo.

    El CNTS explica que bajo ningún concepto se puede obligar a un trabajador a adoptar la nueva modalidad que se plantea.

    Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de la Política Laboral (Cespla), señala que una mala aplicación de este mecanismo podría impactar en la seguridad y salud ocupacional.

    Ello debido a que los trabajadores tienen derecho a un descanso de 48 horas consecutivas, según el artículo 51 del Código de Trabajo. Si bajo la nueva modalidad laboral se redistribuyen los días de manera que la persona tenga menos tiempo de descanso no se estaría cumpliendo la norma.

    Por otro lado, con jornadas reducidas, las partes podrían acordar laborar ciertas horas bajo el mecanismo del teletrabajo.

    Un incentivo para contratar en períodos de alta producción

    Foto: Archivo LÍDERES
    Foto: Archivo LÍDERES

    En los contratos eventuales la norma actual dice que un trabajador recibirá un pago con un recargo del 35% en su salario. Ahora, se propone eliminar ese porcentaje.

    El artículo 17 del Código de Trabajo establece que los contratos eventuales se realizan “para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, tales como reemplazo de personal que se encuentra ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y situaciones similares”.

    En el documento vigente se debe establecer la razón que motiva la contratación, los nombres de quienes se reemplaza y la duración del contrato.

    También se pueden celebrar este tipo de acuerdos para atender una mayor demanda de producción o servicios en actividades habituales del empleador, en cuyo caso el contrato no podrá tener una duración mayor de 180 días continuos o discontinuos en un lapso de un año.
    Si la circunstancia o requerimiento de los servicios del trabajador se repite por más de dos períodos anuales, el contrato se convertirá en uno de temporada.

    Para el presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Patricio Alarcón, el recargo desmotiva a las empresas a contratar bajo ese mecanismo y por eso debe eliminarse. “Con el incentivo se podrá usar más este tipo de contratos para diversas circunstancias, como cuando una trabajadora fija se acoge al permiso de maternidad”.

    Con ello concuerda Pablo Viteri, propietario de la finca Pacific Bouquet (foto). La compañía cuenta con 40 empleados.

    Para él, el mecanismo se aplicaría perfectamente durante los periodos de mayor corte de flor: San Valentín, Día de la Mujer y Día de la Madre. “Sería para los nuevos trabajadores que ingresen a partir que entre en vigencia la reforma laboral. Hoy no puedo contratar de esa manera por los costos”.

    El microempresario Diego b, propietario de un negocio de venta de comida, podría contratar a alguien como eventual en la temporada navideña o cuando se ofrecen servicios fuera del local. Pero rechaza ideas como la de las nuevas jornadas de trabajo ya que permitir que su empleado vaya menos días en la semana, debiendo contratar a alguien más el resto, es doble gasto.

    Según un documento del Ministerio de Trabajo, Richard Gómez, representante del sector trabajador ante el CNTS, dice que “los cambios que se darán a través de la propuesta no afectan ni desconocen ningún derecho de los trabajadores, sino que buscan que los nuevos emprendimientos cuenten con herramientas para que los compañeros que están en el desempleo o subempleo accedan a una plaza formal”.

    Xavier Rosero, representante de los empleadores ante el CNTS, también cree que la medida permitirá más contrataciones.

    Si el negocio cierra no habrá una indemnización, solo desahucio

    Foto: Archivo LÍDERES
    Foto: Archivo LÍDERES

    Si un nuevo emprendimiento tiene problemas y cierra, las personas que hayan sido contratadas y deban salir no recibirán pago de indemnización por despido intempestivo. A ellos solo se les pagará el desahucio.

    Andrés Madero, Ministro de Trabajo, dice que el contrato por emprendimiento se aplicará en un lapso de “hasta tres años”.

    Las personas que laboren bajo esta modalidad gozarán de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el pago de una remuneración conforme a las tablas sectoriales mínimas o a un acuerdo superior entre las partes, décimos, vacaciones pagadas y todos los beneficios dispuestos por la Ley y reglamentos.

    “No va a haber un tiempo de prueba determinado. Simplemente es un contrato que va a tener esta modalidad especial, tomando en cuenta el nuevo emprendimiento, la nueva inversión que se desarrolle. Esto es para dar un poco de tranquilidad y generar la facilidad de poder vincular personas al mercado laboral formal de manera inmediata”.

    Para aplicar este mecanismo, las personas que quieran abrir un negocio deberán presentar un plan de inversión al Ministerio de Trabajo . “Luego de un análisis de la actividad económica realizada, del monto de la inversión, de la cantidad de trabajadores que se van a usar para nuevos contratos, se hará el registro de este tipo de contratos. Estos pueden terminarse”, detalla Madero.

    Xavier Rosero, representante de los empleadores ante el CNTS, dice que empresas de cualquier tamaño pueden solicitar la aplicación de este mecanismo. Asimismo, señala que pueden optar por este las firmas que ya existen, siempre y cuando presenten un nuevo plan de inversión.

    Para la artesana Karla Rodríguez (foto), quien tiene una industria textil en la que procesa fibra de alpacas y borregos, este tipo de contratos sí es de ayuda.

    “Es muy importante que en los tres primeros años se pueda disminuir gastos como el pago de indemnizaciones. Al inicio se está invirtiendo mucho y se corre riesgo. Junto a estas regulaciones también se debe aliviar los requisitos para acceder a créditos”.

    En el momento en que a la firma que aplica el mecanismo le vaya mal y deba salir un colaborador, se aplicará lo dispuesto en el artículo 185 del Código de Trabajo. “El empleador bonificará al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada año de servicio prestado a la misma empresa”.

    Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), cree que “esta iniciativa promueve la solidaridad entre todos los eslabones, siempre se respetarán los derechos de los trabajadores. El emprendedor, de esta forma, no temerá en contratar, por tanto, se abrirán más opciones laborales”.

    El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios anunció los primeros acuerdos el pasado 15 de mayo. Andrés Madero (centro), ministro de Trabajo, preside el órgano.
    El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios anunció los primeros acuerdos el pasado 15 de mayo. Andrés Madero (centro), ministro de Trabajo, preside el órgano. Foto: LÍDERES
  • La informalidad laboral, una condición arraigada en Ecuador

    Redacciones Guayaquil, Quito y Cuenca

    redaccion@revistalideres.ec

    Un total de 2,7 millones trabajan en la informalidad en Ecuador, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

    La encuesta de empleo, publicada el 16 de julio, establece que del total de personas con empleo en el país (7 098 584), el 39,31% está en condiciones de informalidad.

    La proporción de trabajadores en el sector informal en junio del 2014 fue de 38,89%, menos de un punto porcentual que este año.

    Los informales, según la entidad, son quienes trabajan para o constituyen una empresa que no tiene Registro Único de Contribuyentes (RUC) o que no tributa bajo el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (Rise).

    Desde junio esta es la única condición para determinar a los empleados bajo esta categoría. Para ello se basaron en el mecanismo de medición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

    Para Miguel Ángel González, experto en recursos humanos y presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, es necesario tomar en cuenta que no todas las personas que tienen un RUC laboran en condiciones de estabilidad y seguridad, que son características del sector formal.

    En América Latina, según un informe de la OIT, hay 130 millones de personas en la informalidad. La entidad resume esta condición como un agudo déficit de trabajo poco decente. El estudio revela que las personas que se encuentran en la informalidad están expuestas a condiciones de trabajo inseguras, tienen pocas oportunidades de formación, ingresos irregulares, jornadas de trabajo más extensas, no obtienen los beneficios laborales y no todos acceden a la seguridad social, etc.

    “Se trata de una situación altamente vulnerable, porque el trabajo en la economía informal está efectivamente fuera del alcance de la legislación”, cita la entidad.

    Miguel Ángel González hace énfasis en que es necesario que el sector público y privado trabajen para generar nuevas plazas de empleo. “Eso se logra con más inversión”, señala.

    La informalidad laboral en la región no es homogénea. En países con una alta renta per cápita como Brasil, Panamá o Chile es menor que en Centroamérica. Pero esta condición está arraigada en el Ecuador y la región por varios factores.

    Aunque la afiliación de las empleadas de servicio doméstico a la seguridad social constituyó un paso importante en la formalización laboral en el Ecuador, en sectores como el comercio y la construcción, hay pendientes.

    Las ramas de actividad con mayores tasas de empleo informal en la región son la construcción y el comercio.

    González sostiene que la falta de oportunidades laborales obedece al entorno económico en las grandes ciudades que son las más pobladas y con mayor migración rural, pero también inciden los niveles de educación. A menor educación peores condiciones laborales. El informe de la OIT también reporta que dos de cada tres empleados informales tienen baja instrucción.

    Otra traba para la formalización de negocios son los costos que implica. Andrés Briones, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, menciona que la tramitología y el papeleo que implica formalizar un negocio desanima a los emprendedores.

    Según la OIT, para el 2013, las mayores tasas de informalidad se observaron en los trabajadores independientes. A estos le siguen los domésticos y los de las
    microempresas con menos de 10 trabajadores. Los jóvenes y las mujeres son los que enfrentan más informalidad.

    Para Wilson Araque, director del Área de Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), es básico que se creen políticas públicas para mejorar las condiciones laborales que enfrentan estas personas. Eso, sumado a capacitaciones que les permitan mejorar sus competencias.

    “Un aspecto es el de la tributación. También deben conocer técnicas de venta, contabilidad básica, manejo de los alimentos con base en condiciones de salubridad. Muchos de estos aspectos no los cumplen”, dice Araque.

    Carlos Castellanos, presidente de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae), asegura que en Quito existen exigencias establecidas por el Municipio para los trabajadores informales.

    En Quito, calcula, hay alrededor de 100 000 personas en condiciones de informalidad. El 75% se dedica a la venta de alimentos o productos manufacturados y el restante a mercancías varias.

    Castellanos explica que un número reducido de los trabajadores autónomos de la capital no cumple con los requisitos legales municipales o tributarios, ya que la mayoría pone en marcha al menos, una de las regulaciones.

    Caracterización

    La mayoría de empleados informales está casada

    La mayoría de los trabajadores, que forman parte del sector informal en el Ecuador, es jefe de hogar, está casado o en unión libre, tiene instrucción primaria o secundaria y vive en Guayaquil. Esas características fueron determinadas por la consultora Advance de Cuenca, de acuerdo con los datos de junio pasado, divulgados por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC).

    Para Silvia Maldonado, de Advance Consultora, la mano de obra que está clasificada en esta categoría tiene otras características vinculadas con su ubicación geográfica. Por ejemplo, el 49% vive en la zona urbana y el resto en la rural. En este último sector, el 53% de los enrolados en los empleos informales es mujer. En las ciudades, en cambio, la mayor cantidad es hombre con el 51%.

    Según el director Ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, Andrés Robalino, las empresas que están vinculadas con el sector informal, principalmente, están enfocadas a las actividades como licores, confecciones y textiles, agricultura, productos artesanales o tecnológicos y contrabando por las fronteras terrestres. “Sus dueños contratan personas que no pueden acceder a un trabajo formal, pero requieren ingresos para mantenerse”.

    Para el representante de este gremio con sede en Cuenca, la informalidad es una importante amenaza para las empresas que cumplen la Ley, porque no pagan impuestos, no capacitan a sus trabajadores. Además, no se conoce si tienen menores de edad o no cuentan con mano de obra calificada que demandaría un mayor sueldo. Ni siquiera se conoce si pagan, por lo menos, el sueldo básico o cumplen las 40 horas de trabajo que están establecidas en la normativa del Ecuador.

    El director de Coloaustro Abogados, firma que asesora en el ámbito laboral, Galo Cárdenas, señala que en esta categorización también se puede incluir a las personas que no tienen un patrono como son los comerciantes ambulantes, los vendedores a consignación e, incluso, los obreros de la construcción que cumplen un trabajo puntual de pocos días y, pese a la regulación, no son afiliados al Instituto de Seguridad Social ni tienen un contrato.

    Para Cárdenas, debido a la falta de empleo formal en el Ecuador tuvieron que enrolarse en el sector informal sin la prevención de los riesgos de trabajo y sin garantía de un contrato.
    Allí, están las personas que no cuentan con experiencia por su juventud y quienes tienen más de 40 años y perdieron su trabajo por varios factores, agrega Cárdenas. “A veces, por tener esa edad no son contratados en el sector formal. Hasta encontrar un empleo adecuado buscan cualquier forma de sobrevivencia, como ser vendedores sin una relación formal de dependencia”.

    Cárdenas señala que hay quienes prefieren esta opción en lugar de iniciar su emprendimiento por el miedo al fracaso y por la falta de incentivos. De acuerdo con lo observado, señala Cárdenas, al inicio estas personas laboran en jornadas cortas, pero conforme pasa el tiempo y no pueden formalizarse extienden sus horas de trabajo. “Hay quienes también optan por afiliarse al seguro voluntario del IESS, para protegerse para su vejez o atención médica”.

    Condiciones

    Los ingresos son menores e irregulares

    Las condiciones de los trabajadores del sector informal son más difíciles que el resto de los empleados. Sus ingresos son más bajos, irregulares y variables en contraste con la estabilidad del sector formal.

    De acuerdo con el documento ‘Panorama Temático Laboral. Transición a la formalidad en América Latina y el Caribe’, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) este tipo de trabajadores además tienen jornadas más extensas, por lo cual la hora remunerada tiende a ser menor. Esto además los ubica entre los estratos sociales más vulnerables.

    Según el documento de la Organización, el quintil más pobre en la región tiene la mayor tasa de empleo informal (72,5%). Este porcentaje va disminuyendo mientras más aumenta el ingreso. De esta manera, en el quintil más rico solo el 29,8% de la tasa de empleo es informal.
    LÍDERES pidió al Instituto de Estadística y Censos (INEC) el promedio actualizado de ingreso mensual de los trabajadores informales, pero no tuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.
    Sin embargo, de acuerdo con el reporte trimestral del mercado laboral urbano del Banco Central de junio del 2014, los trabajadores que laboran por cuenta propia son los que menores ingresos perciben respecto a otro tipo de trabajadores, como los asalariados (quienes trabajan en relación de dependencia), y los patronos (quienes son dueños de una empresa). Los trabajadores por cuenta propia son los que desarrollan su actividad utilizando su trabajo personal aunque pueden estar ayudados por familiares no remunerados.

    En este grupo se pueden encontrar los trabajadores informales siempre que no tengan RUC, según la metodología del INEC.

    Los datos del Banco Central dicen que los trabajadores por cuenta propia tuvieron una renta primaria mediana mensual (ingreso laboral monetario o en especies) de USD 250 en junio del 2014. Es decir, USD 90 menos que el salario mínimo vital para ese año.

    Y en años pasados fue menor. Entre el 2008 y el 2013 osciló entre los USD 150 y 230, para los meses de junio.

    El consultor en temas laborales y exsindicalista, Diego Cano, aporta que el ingreso de los trabajadores informales es en general de subsistencia. Este tipo de trabajador no puede acogerse a las regulaciones sobre remuneraciones mínimas ni seguridad social, sino que vive el día a día para sustentar las necesidades de su familia sin estabilidad ni vacaciones ni otro tipo de derechos.

    Añade que en el país hay mucho que hacer respecto a este tipo de trabajadores y que estas acciones no se pueden limitar a llevarlos a la formalidad a través del pago de tributos. “No se trata de llevarlos a la formalidad únicamente en el tema del pago de impuestos”.

    Según Cano, se deben crear condiciones justamente para que sus remuneraciones mejoren y accedan a los derechos laborales.

    Pero no todos los trabajadores informales tienen ingresos por debajo del mínimo. De acuerdo con datos expuestos en la XVIII reunión regional de la OIT, en Lima, el año pasado, hay personas que trabajan en negocios que no están registrados como tales y por ello no pagan impuestos, pero pueden tener altos sueldos.

    Desigualdad

    Mujeres y jóvenes son los sectores más vulnerables

    Los sectores más vulnerables del mercado laboral, mujeres y jóvenes cuentan con las tasas más altas de trabajo informal en la región. Según el reporte de la Oficina Regional de la OIT del 2015, el 53,7% de las mujeres en el mercado laboral trabaja en condiciones de informalidad.
    A pesar del masivo ingreso de las mujeres a la fuerza de trabajo, su mayor nivel educacional y el significativo aporte que realizan a la manutención de sus familias, aún persisten fuertes patrones de desigualdad de género en América Latina y el Caribe.

    Así también, las altas tasas de desempleo y el trabajo informal afectan a cerca de 56 millones de jóvenes que integran la fuerza laboral en América Latina.

    El informe dice que en la región, la tasa de desempleo de los jóvenes entre 14 y 25 años es tres veces más alta que la de los adultos.

    Mariela Pozo, docente de la Pontificia Universidad Católica, señala que estas estadísticas representan un reto para el Estado, que debe procurar fomentar políticas de igualdad. “La discriminación en el trabajo atenta contra los derechos fundamentales del trabajador”, indica.
    Para las mujeres, de acuerdo con el estudio, las cifras son alarmantes puesto que en los últimos años la tasa de participación de este sector en la fuerza laboral llegó al 49,5% y la tasa de ocupación de este grupo al 45,5%.

    “Este crecimiento también está estrechamente relacionado con la cantidad de madres solteras. Solo en el Ecuador el INEC identifica unas 300 000 mujeres en esta condición”, indica Pozo.
    De igual manera, los puestos de trabajo juvenil disponibles en Latinoamérica son informales. En la actualidad, seis de cada 10 nuevos trabajos disponibles se encuentra en condiciones informales, lo que afecta a 27 millones de jóvenes.

    Carlos Puentes, especialista en Talento Humano, señala que el principal problema que aqueja a los jóvenes latinoamericanos es la precariedad y la mala calidad del empleo al que tienen acceso.

    Así también una de las alarmas principales es el potencial de trabajo que no se aprovecha. Cerca de 20 millones de jóvenes prefieren quedarse en sus casas sin ocupación ni estudios.
    En Ecuador, el desempleo juvenil alcanza el 11%, dato que muestra un par de puntos menos al promedio de América Latina.

    A pesar de que el porcentaje de desempleo es bajo, el Ministerio del Trabajo ha desarrollado programas como la “Red Socio Empleo, Mi Primer Empleo y Más Jóvenes al Empleo”.

    De este último se han beneficiado 300 jóvenes en condiciones vulnerables, que pudieron acceder a conocimientos técnicos gestión de bodegas, gestión de ventas, servicio al cliente, hospitalidad, entre otros. Así también, según datos del INEC, el 65,87% de las mujeres tiene un empleo inadecuado. Esta tasa es un 16% más baja que la de los hombres.

    A pesar de esto, la cantidad de mujeres involucradas a fases tempranas de emprendimiento en Ecuador, según el Global Entrepreneuship Monitor (GEM), fue mayor que la de los hombres: 54% y 46% respectivamente. De acuerdo con este estudio, el país lidera el ‘ranking’ en la región.

    Esta mayor incursión femenina en el emprendimiento se debe principalmente a la necesidad.

    La encuesta de empleo establece que del total de personas con empleo en el país (7 098 584), el 39,31% está en condiciones de informalidad. Foto: Archivo/ LÍDERES.
    La encuesta de empleo establece que del total de personas con empleo en el país (7 098 584), el 39,31% está en condiciones de informalidad. Foto: Archivo/ LÍDERES.
  • Crece el empleo entre mujeres en Latinoamérica, pero la mayoría es informal

    Agencia EFE

    La tasa de mujeres con empleo pasó del 40% en 1990 al 54% en 2013 en América Latina y el Caribe, pero más de la mitad tienen trabajos informales y la brecha salarial frente a los hombres es del 19%, según un informe de la ONU.

    «No hay igualdad de género en ningún país, pero en materia económica es donde la mujer presenta un peor desempeño para mejorar su situación», dijo en una entrevista con Efe Luiza Carvalho, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.

    El informe ‘El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016. Transformar las economías para realizar los derechos’ reveló que 59% de los empleos de las mujeres en la región son informales y que el trabajo doméstico remunerado, generalmente mal pagado, representa el 17% del empleo femenino en la región.

    A nivel general, América Latina y el Caribe tienen una diferencia de salarios entre el hombre y la mujer del 19%, una cifra inferior al 24% a nivel global. Sin embargo, «es un dato compacto que analiza todo el empleo formal, si se segmenta el mercado laboral, las diferencias son más grandes», apuntó Carvalho, quien puso como ejemplo Brasil.

    En el país sudamericano hay una diferencia de salarios promedio, marcada por el género y la raza, de más del 300% entre el hombre blanco y la mujer negra, recordó. Esto se traslada hasta los altos cargos, pues no hay ningún país de la región donde los ministros de Finanzas sean mujeres, añadió la representante de la ONU Mujeres, que remarcó positivamente las políticas de equidad establecidas en países como Chile.

    La incidencia de las mujeres en los trabajos formales repercute directamente sobre sus pensiones, pues mientras sólo un 30% de ellas percibe una remuneración tras su retiro, 7 de cada 10 hombres son pensionados, señaló Carvalho. En una América Latina que «está envejeciendo» es positivo que se creen pensiones no contributivas en países de Bolivia, Brasil o Uruguay, dijo.

    El trabajo doméstico no remunerado es otro de los puntos donde poner mayor esfuerzos, pues en todos los países de la región las mujeres dedican entre el doble y hasta cinco veces más tiempo en las tareas del hogar, según el documento.

    Es un «trabajo invisible» que, en el caso mexicano, representa el 20% del producto interno bruto (PIB) frente al 16% de la industria manufacturera, detalló Carvalho, quien a su vez aplaudió las iniciativas de guardería impulsadas por esta nación.

    De acuerdo con el informe, el 44% de las encuestadas pertenecientes a los países más pobres se encargaban de sus hijos menores de seis años. En este contexto, ONU Mujeres aboga por un decálogo de prioridades de intervención pública como la reducción de la brecha salarial, la creación de más empleos para mujeres, el fortalecimiento de los ingresos o el diseño de nuevas políticas, entre otros.

    «Políticas sociales y macroeconómicas han de ir de la mano», remarcó Carvalho, quien destacó la necesidad de un salario mínimo más alto que otorgue poder adquisitivo a las féminas, que generalmente están entre los que cobran estas retribuciones más bajas.

    Luiza Carvalho puso énfasis, sobre todo, en la macroeconomía, un concepto olvidado cuando se trata de relacionar a las mujeres con su situación laboral. «La macroeconomía influencia cualquier exponente e influye en los países para políticas de inversión o fiscales, que repercuten directamente en la mujer», sentenció.

    En este sentido, criticó especialmente las políticas de inversión financieras para mujeres, «muy abocadas a la microfinanciación», lo que genera pequeñas empresas «muy inestables» y con poco recorrido.

    Carvalho consideró que el estudio ayudará, con datos empíricos, a exponer esta realidad desigual y las mujeres, a través de un esfuerzo de movimientos sociales, lograrán con sus propios recursos este cambio que ya ocurre, pero a paso lento. 

    Mujeres gerentes
    Según un estudio del banco Credit Suisse las empresas con más número de mujeres en puestos de alta gerencia, son más rentables. Foto referencial: Archivo/EL COMERCIO
  • Informalidad laboral: los jóvenes la sufren

    Arturo Castillo (O) Motivador y prof. de técnicas psicorrelajantes

    El trabajo es la forma más común de abuso y explotación entre los seres humanos. Se trata de hábitos arcaicos, tan profundamente enraizados que no solo han pervivido hasta el tiempo presente, sino que se han legitimado como sustentos vitales del statu quo.

    Obviamente, no es un problema de legislaciones, el asunto más bien radica en la visión utilitarista del ser humano. Es justamente el utilitarismo el que convierte a los trabajadores en objetos, en herramientas, cuyo valor radica en su capacidad productiva, sin ninguna posibilidad de reflexión y disfrute de sus quehaceres. Despojados de su ‘alma laboral’, los sujetos aceptan sumisamente regímenes no solo injustos sino degradantes.

    Este es el contexto en el que los jóvenes deben insertarse laboralmente. Su credulidad, la inexperiencia, el deseo de salir adelante, les convierte en presas fáciles del abuso y la informalidad.

    Generalmente, las presiones económicas, la limitada demanda ocupacional, la creciente competencia, influyen en las decisiones de los jóvenes, que no tienen más remedio que adaptarse a las injusticias y a la explotación.

    La explotación dentro de los parámetros de la ley es tan dañina como aquella que ocurre subterráneamente. Un mecanismo que permite establecer relaciones equitativas, respetuosas y de auténtica posibilidad de desarrollo profesional es la creación de bolsas de empleo en los centros de educación superior. Entonces, la relación es vis a vis, de institución a institución, sin la asimetría habitual, que coloca a los jóvenes en situaciones de indefensión.

    Aquel es un marco de confianza y seriedad, que tiene como ingrediente adicional el compromiso mutuo de auspiciar el éxito de los candidatos, mediante evaluaciones periódicas, con seguimientos de sus avances. Lamentablemente, esta posibilidad se restringe al mercado laboral formal.

    En cambio, las llamadas ‘pasantías’, los ‘períodos de prueba’, los ‘trabajos temporales’, suelen tener el ingrediente común de la ambigüedad intencional. La fuerza laboral joven, barata, libre de ataduras legales, constituye un mercado negro, cuyas cifras difícilmente pueden establecerse.

    El mensaje explícito para los jóvenes es que el abuso no es del todo reprochable, que solo es cuestión de percepciones.

    arturocastillo1@yahoo.com ‘El utilitarismo  convierte al trabajador en objeto, cuyo valor radica en su capacidad productiva, sin ninguna posibilidad’

  • Carmen Moreno: ‘La informalidad laboral persiste en el área andina’

    Carolina Enriquez. Enviada a Lima, Perú / LÍDERES

    Combatir la desigualdad en América Latina fue el compromiso que concretaron alrededor de 490 delegados de gobiernos, trabajadores y empleadores de la región, en el marco de la decimoctava reunión regional de la Organización Internacional del Trabajo, que se realizó del 13 al 16 de octubre, en Lima.

    Carmen Moreno, directora andina de la entidad, participó como anfitriona de este encuentro. Tras cuatro intensas jornadas de análisis y revisión de cifras se concluyó que en Latinoamérica, el área andina ha tenido importantes avances en materia laboral.

    ¿En qué condiciones se encuentra actualmente el empleo en la región andina?

    Teniendo en consideración el crecimiento económico de la región andina de la última década, lo que se observa es un aumento del empleo, una disminución del desempleo y el mejoramiento de los salarios mínimos. En general, los indicadores del mercado de trabajo se han movido en consonancia con el crecimiento económico. Se han generado oportunidades de trabajo.

    ¿Se trata de empleo formal el que se ha creado? Es decir, ¿son personas que se benefician de los derechos laborales, tienen cobertura en seguridad social, etc ?

    Hablemos de trabajo decente, definido como aquel que respeta derechos fundamentales, ofrece igualdad de oportunidades, genera protección y permite el diálogo social. Desde este enfoque, aún se aprecia, por ejemplo, inequidad remunerativa entre hombres y mujeres. También, persiste el trabajo infantil y hay avances relativos en materia de diálogo social. Las tasas de afiliación sindical y negociación colectiva, además, si bien vienen mejorando, aún son bajas. Además, está el tema de la informalidad en los países.

    ¿Es una subregión de informales?

    La informalidad laboral persiste y es alta, pese a la disminución que se ha generado en todos los países del área andina. Esto se ha dado en unos con mayor intensidad que en otros, pero es clara la tendencia a la reducción.

    ¿En qué condiciones se encuentra Ecuador, en cuanto a este indicador?

    En este caso, según datos del programa de Formalización Laboral de América Latina y Caribe (Forlac), de la OIT, el empleo informal no agrícola se ha reducido en 10 puntos entre el 2009 y el 2012 en el país. Ha descendido del 60,9 al 50,1%.

    ¿A qué atribuye esta reducción?

    La reducción de la informalidad ha tenido un buen aliado en el crecimiento económico. Pero, hay que destacar que se han implementado -no solo en Ecuador- diferentes políticas para facilitar la formalización. Entre estas se encuentran la reducción de trámites administrativos, disminución de tributos, acuerdos de formalización laboral entre empresas, Estado y trabajadores, mecanismos para ampliar la cobertura a la seguridad social (de empleadores y trabajadores), incremento de la productividad de unidades económicas de menor tamaño; entre otros aspectos.

    ¿Quién ha implementado todo esto?

    Son acciones de los gobiernos, en general. También hay aporte de las empresas. El sector empleador es consciente de que la informalidad tienen consecuencias negativas en el desempeño del mercado de trabajo, en la sostenibilidad del sistema de seguridad social, en la productividad y la competitividad.

    ¿Cómo ha participado la OIT en la reducción de la informalidad en los países del área andina?

    Ha trabajado en toda América Latina con los gobiernos, empleadores y trabajadores, a través de su programa Forlac, que está vigente desde hace un año. Esto, por la preocupación que había en todos los países.

    En materia de empleo, a escala general, ¿qué políticas se han implementado?

    Ha sido un trabajo en el que han participado gobiernos, empresarios y trabajadores de cada país. Se han implementado políticas de mejoras salariales, apoyo al emprendimiento, reducción de los porcentajes de impuestos -para que los patronos reduzcan gastos y mantengan nóminas-, inserción ocupacional para jóvenes, incorporación laboral de grupos vulnerables -como mujeres, personas con discapacidad-, lucha contra el trabajo infantil…

    ¿Los empresarios del área andina han evolucionado en cuanto a políticas laborales que ya se aplican en otras regiones?

    Dado que los países mantienen, en mayor o menor grado, esquemas de relacionamiento con la economía mundial, han logrado acoplarse en cuanto a contratación y seguridad social. Lo propio ha sucedido con las entidades vinculadas con el aseguramiento.

    En Ecuador, ¿qué logros encuentra en materia laboral en los últimos años?

    Además del tema de reducción de la informalidad están las mejoras en el salario mínimo. El Panorama Laboral 2013 de la OIT refleja un incremento real del 40% de este sueldo en el último decenio. También se debe destacar la disminución del desempleo urbano, que pasó del 9,7% en el 2004, al 4,7% en el 2013. A esto hay que añadir un incremento de la población ocupada urbana que, además, tiene cobertura de salud y/o pensiones. En el 2000 el porcentaje de personas en estas condiciones era del 28,5%, mientras que en el 2012 pasó al 50,9%, según datos de la OIT.

    ¿Qué considera que falta por hacer?

    Está pendiente el diálogo social en materia laboral y mejoras en cuanto al sector de las trabajadoras domésticas.

    ¿Pero a estas trabajadoras, en Ecuador, se les equipararon los salarios y se impulsó la afiliación a la seguridad social?

    La tasa de informalidad en este segmento sigue siendo alta, pese a una reducción.

    En materia normativa, ¿impacta que trabajadores públicos y privados tengan derechos y deberes distintos? Esto debido a que en Ecuador hay dos regulaciones diferentes para estos trabajadores.

    En todos los países funciona algo similar. Pero, no debería haber diferencias en cuanto a los derechos fundamentales del trabajo.

    En cuanto a temas normativos, en Ecuador está en debate la construcción sobre un proyecto de Código de Trabajo. ¿Qué participación ha tenido la OIT?

    La oficina ha venido apoyando la demanda del Ministerio de Relaciones Laborales para la asistencia técnica en la elaboración del Código, de hecho, desde el 2007. Ha habido unos capítulos que se nos envió y que la OIT emitió una opinión técnica de acuerdo con las normas internacionales del trabajo y los convenios ratificados. Hace poco se lanzó un -proyecto- de nuevo Código y se dio la posibilidad de que la OIT pudiese apoyar. Unos técnicos, especialistas en materia laboral, estuvieron conversando con el Ministerio y ellos nos han confirmado el interés de recibir asistencia técnica, a medida que vayan avanzando en el proceso de valoración del mismo.

    ¿Irá otra misión al Ecuador?

    El Parlamento Laboral Ecuatoriano y el Comité Empresarial pidieron que vaya una misión técnica. Producto de ese pedido fue una misión hace poco (…) A finales de enero se llevará a cabo una nueva misión para hablar con Gobierno, empleadores y trabajadores.

    Hoja de vida de Carmen Moreno

    Los cargos. Es doctora en medicina y cirugía con especialización en Medicina Familiar y Comunitaria. Está vinculada a la OIT desde 1996. Trabajó en la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo. Ha trabajado en programas de erradicación del trabajo infantil. Distinguida en España con el Lazo de Dama de la orden del Mérito Civil.

    Área andina. En febrero del 2011 fue nombrada directora de la OIT para los Países Andinos (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela), en Lima.

    La frase. «El crecimiento económico de la región andina de la última década ha permitido un alza del empleo, una disminución del desempleo y el mejoramiento de los salarios».