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  • ‘El pago de jubilación en bonos no afecta derechos laborales’

    Mónica Orozco

    La decisión del Gobierno de cancelar las jubilaciones de los servidores públicos con el 100% en bonos estatales, en lugar de hacerlo en efectivo, en caso de que el Presupuesto General del Estado no cuente con recursos suficientes, genera incertidumbre entre los trabajadores. Para el catedrático y experto en derecho laboral Gabriel Recalde, la medida no vulnera derechos adquiridos de los trabajadores, pero considera que la falta de planificación presupuestaria y el incremento desordenado de la masa salarial han obligado al Estado a tomar estas medidas.

    ¿El pago en bonos de la jubilación a los burócratas atenta derechos laborales adquiridos?

    Hay que remitirse a lo que dice la Constitución. El artículo 326 de la Carta Magna, numeral 11, habla de que será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique la renuncia de derechos. Con el cambio al reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) en el tema de la compensación por jubilación no se le está diciendo al trabajador ue no se le va a pagar, por eso creo que en este caso no existe una afectación a los derechos. Es una medida dolorosa porque la gente no va a recibir sus recursos de inmediato, pero entiendo que las exigencias que hoy tiene el Estado por la enorme masa salarial requiere esta toma de decisiones. Hay que pensar también que estos recursos no se financian con deuda o petróleo, sino con impuestos.

    Los servidores públicos creen que sí hay una afectación a sus derechos porque el pago en bonos podría implicar descuentos frente a lo que pudieran recibir en efectivo…

    Aunque en efecto puedan verse afectados por un castigo en el mercado financiero, podría ocurrir lo contrario y beneficiarse, invertir estos papeles en otras actividades. El tema es que el Estado tiene un problema pragmático y es cómo reasignar recursos a estos trabajadores cuando requiero para obra pública, salud…, como lo fija en el Código de Finanzas. No se puede, hay que respetar esta preferencia.

    Pero no es una afectación recibir menos de lo que realmente el patrono debe pagar…

    Nadie ha negado el hecho de que podría pensarse en que en el castigo habría una reducción de los derechos, porque la misma Constitución establece que se puede transar siempre que no implique renuncia de derechos, pero de todos modos a diferencia de lo que ha ocurrido con otros gobiernos que simplemente han dicho a los trabajadores que tienen que esperar ahora hay un compromiso por hacer efectivo de alguna manera este derecho. La toma de decisión tiene que afectar a alguien, pero no creo que este cambio (pagar 100% en bonos si no dispone de recursos el Fisco) está afectando de manera sustancial a los derechos laborales de los trabajadores.

    ¿Están preparados los funcionarios para manejar estos instrumentos financieros?

    Esto, ciertamente, es algo que se debe ir superando. Se ha dicho que el mercado financiero no es un tema sencillo, pero nunca vamos a terminar de aprender a manejar estos instrumentos sino los utilizamos. Yo creo que también parecería ser que le victimizamos al trabajador, cuando algunos incluso están familiarizados con este tipo de instrumentos.

    Aún así los trabajadores consideran que los bonos estatales no son instrumentos atractivos en el mercado bursátil como lo son otros de carácter privado…

    A diferencia del Estado de 1999, vemos hoy una solidez en las finanzas públicas independiente de cualquier postura ideológica. Por eso, los bonos estatales van a gozar de mucha más credibilidad y menos riesgo que hace una década atrás. Lo que sí preocuparía es que no se lleguen a cumplir las condiciones del Decreto para los bonos en cuanto a plazos y términos de cobro.

    ¿Podrían, de no estar de acuerdo, demandar al patrono, en este caso al Estado?

    Ahí caemos en el juego de judicializar todo. Hay como dije un problema pragmático. Si el Decreto es demandado por inconstitucionalidad, lo cual no creo que sea posible, y digamos que esto se acepta, el Estado igual tiene un hueco presupuestario que cubrir y en ese contexto cómo va a cubrir el monto que se requiere para cancelar a los empleados públicos que hoy esperan la jubilación. Es un monto importante y en algún momento se habló en una sabatina de hasta USD 400 millones.

    De todos modos es un tema que ha generado malestar entre trabajadores…

    En materia judicial siempre se dice que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Una demanda laboral al Estado representaría tomar abogados, tardaría años y probablemente si obtiene un juicio a favor la relación costo beneficio probablemente sea negativa e incluso es posible que más rápido se hagan efectivo los bonos.

    Pero al final los trabajadores están pagando por un problema presupuestario del Estado…

    El Estado ha prometido mucho sin dimensionar el costo y eso ha hecho que el nivel de la inversión pública que requiere el tema de educación, salud, etc., sea inmenso. Mire lo que pasa hoy con el Yasuní y es porque el Estado requiere una cantidad ingente de recursos para cumplir lo que él mismo se impuso y de dónde vamos a sacar los recursos para financiar todo lo que plantea la Constitución… entonces se comienza a limitar la alimentación, los viáticos. La pregunta es por qué desde el principio no se tomaron medidas. El Estado creció exponencialmente, se crearon muchas instituciones. Este decreto forma parte de toda esa desarticulación y ahora se terminó sacrificando a los que ya no son productivos.

    Pero los recortes eran necesarios

    Si el Estado ya reconocía esos derechos, ya se volvían irrenunciables. Pero es coherente la argumentación de que el Estado ahora paga mejor y eso sí compensa en el sector público la pérdida de esos derechos. Lo que no ocurre en el sector privado donde es muy difícil acceder a incrementos salariales.

    Hoja de vida

    Investigación La formación. Abogado, con un Diplomado en Gestión de Política Pública en la Universidad de Argentina. Cursa una maestría en Derecho Administrativo.

    El aporte académico. Director del Centro de Estudios de la Política Laboral. Catedrático de las universidades Indoamerica e Internacional.

    «El Estado creció exponencialmente. Este decreto forma parte de esa desarticulación y ahora se sacrifica a los que ya no son productivos».

    «Los bonos estatales van a gozar de mucha más credibilidad y menos riesgo que hace una década atrás»

    «Hay un problema pragmático: cómo reasigno recursos a estos trabajadores cuando requiero para salud, obra pública».

  • Las pensiones en Chile, un banco de críticas

    Fuencis Rausell Santiago de Chile/ EFE

    El sistema chileno de pensiones, administrado por compañías privadas en el país, está en discusión por los bajos montos que ofrece, inferiores al 70% del sueldo de los trabajadores. Todo esto, ha arreciado el debate sobre la revisión de este mecanismo, vigente desde 1980.

    Los trabajadores critican las ingentes ganancias de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que en el 2012 sumaron USD 582 millones, mientras estas creen que la solución está en aumentar la aportación (10% del salario) y los años de cotización. «Estuve imponiendo hasta los 60 años, me jubilé con 30 años de cotización y a estas alturas gano 104 000 pesos (USD 218)», cuenta Norma Vargas (75 años), quien trabajó como operaria en una industria y como lavandera y planchadora.

    Con esa pensión, es su hijo quien se encarga de pagar 35 000 pesos (USD 73) mensuales, por un crédito que pidieron para pagar 1,8 millones de pesos (USD 3 773) por una operación del nervio trigémino en el sistema público de salud, que es de copago, dijo Norma, que cocina cada tres días para ahorrar gas.

    Según Joaquín Vial, consejero del Banco Central, cerca del 60% de cotizantes que comenzaron a ahorrar en 1980 recibirán una pensión de solo 150 000 pesos mensuales (USD 314).

    Se estima además que la tasa de reemplazo (monto de la pensión comparada con los últimos sueldos), llega al 64% promedio entre los hombres y al 50% entre las mujeres.

    En estas condiciones, no es extraño ver a personas de hasta 75 u 80 años en activo, pues aunque los hombres se pueden retirar a los 65 años y las mujeres a los 60, muchos deciden seguir trabajando sin jubilarse o bien compatibilizar el trabajo con la pensión, como hizo la propia Norma hasta después de los 70 años.

    Según la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, el valor de los Fondos de Pensiones fue 80,19 billones de pesos (USD 168 000 millones), al 30 de abril de 2013, un 7,9% más frente a igual fecha del año anterior.

    «Según las estadísticas del propio sistema, 1 de cada 3 pesos cotizados va a los bolsillos de los administradores», aseguró el economista Manuel Riesco. «Los otros 2 pesos se usan para prestarlos a los grupos financieros o para jugarlos en la ruleta de los mercados internacionales», donde las AFP depositan los ahorros de los cotizantes para obtener rentabilidad.

    El sistema, basado en la capitalización individual, en la que cada empleado tiene una cuenta personal de ahorro con miras a su vejez, fue implantado en Chile en noviembre de 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet. Los trabajadores que ya estaban en activo pudieron decidir entonces si continuaban en el antiguo sistema o se cambiaban al nuevo, que hoy tiene 10 millones de afiliados.

    En él, un trabajador puede elegir la AFP y el fondo en que depositará su dinero, con cinco opciones, desde el A (mayor riesgo), hasta el E (más conservador). Las AFP achacan las bajas pensiones a que muchos trabajadores cotizan pocos años o lo hacen de forma interrumpida.

    ¿Qué es lo que sucede en Chile?

    El mercado.  Las administradoras justifican las bajas pensiones a que muchos trabajadores cotizan pocos años o lo hacen de forma interrumpida, y piden elevar la edad de jubilación o subir el porcentaje de cotización, del actual 10% del sueldo, al 13%.

    Las alternativas.  El Gobierno propuso el 1 de mayo reducir la aportación al seguro de cesantía (desempleo), para aumentar un punto, hasta el 11%, la cotización a las AFP. «Con ello se estaría dando un paso en la dirección correcta», respondió la empresarial Asociación de AFP, que considera que la tasa del 10% «es una de las más bajas a nivel internacional».

  • Las jubilaciones se aplazan en EE.UU.

    Adrià Calatayud EFE

    Al sumar a quienes lo necesitan con los que quieren mantenerse activos, está aumentando en Estados Unidos el número de personas que alarga su vida laboral y alcanza la vejez en su puesto de trabajo una vez superada la edad mínima para jubilarse.

    El ciclo vital de aprendizaje, trabajo y jubilación se está transformando y las fronteras que delimitan cada etapa se difuminan a medida que los más mayores aplazan su retirada y los más jóvenes tardan más en encontrar su primer empleo.

    Así lo establece un estudio realizado por tres investigadores de la Universidad de Georgetown en el que explican los cambios que se están produciendo en el mercado laboral estadounidense, materializados en el retraso de la edad de entrada y de salida.

    En pequeñas tiendas o en establecimientos más grandes de los EE.UU. no resulta extraño encontrarse dependientes de avanzada edad, como Bala Rae, quien, a los 80 años, aún trabaja en un gran almacén de Washington.

    «Me gusta lo que hago y no sólo porque los ingresos. Me mantiene bien de salud y me siento útil. Yo soy soltero, si estuviera en casa solo me moriría de aburrimiento», confiesa Rae, que lleva 26 años en su empresa y anuncia que piensa seguir allí hasta que su salud se lo permita.

    «No hay una edad máxima para trabajar, aquí no se discrimina ni por raza, ni por sexo, y por edad tampoco, pero tienes que hacerlo bien», razona el veterano dependiente, que ve en la «responsabilidad» y la «experiencia» las principales virtudes de los empleados mayores.

    Aunque paradigmático, el ejemplo de Rae es cada vez menos excepcional. «Aproximadamente uno de cada cinco adultos de más de 65 años trabaja hoy en día, mientras que en 1993 era uno de cada diez», explica el director del Centro de Educación y Fuerza de Trabajo de la Universidad de Georgetown, Anthony P. Carnevale, uno de los autores del estudio.

    Los ciudadanos estadounidenses pueden comenzar a beneficiarse del Seguro Social a partir de los 62 años, establecida como la edad mínima para acceder a la jubilación, pero con pensiones reducidas, por lo que la mayoría solía esperar hasta los 65 o 66 años en la década de 1980 y ahora hasta los 68 o 69, advierte Carnevale.

    El experto asegura que el retraso de la edad de retiro es una «tendencia a largo plazo» que comenzó en la década de 1990, se aceleró en la 2000 y «se ha hecho especialmente evidente desde la Gran Recesión» de 2008. «Las personas mayores han sido uno de los pocos grupos cuya tasa de empleo aumentó durante las debilidades económicas de los últimos años», destaca Carnevale.

    Otros datos

    Una encuesta.  Según una encuesta de Gallup, el número de personas mayores de 65 años en activo aumentó un 3 % desde 2010, una cifra que contrasta con el descenso del 2 % en el grupo de edad comprendido entre los 18 y los 29 años.

    La estadística.  En un sondeo del banco Wells Fargo, el 37 % de los encuestados respondió que esperaba trabajar hasta su muerte o hasta caer gravemente enfermos.