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  • Escasa legislación para nuevas formas de trabajo

    Redacción Quito

    (I)

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    América Latina avanza lentamente en materia de legislación para regular las nuevas formas de trabajo. Este es el balance que hicieron representantes de empleadores y trabajadores de la región que asistieron a las XIX reunión regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

    El trabajo independiente y a través de plataformas virtuales comienza a ganar terreno a escala mundial. Por ahora, la OIT no cuenta con estadísticas sobre el número de personas que se encuentran en esta condición.

    Sin embargo, la gente que desarrolla estas actividades enfrenta condiciones diversas como más horas de trabajo con menos paga, ingresos no estables, falta de acceso a la jubilación y seguridad social, condiciones poco seguras, etc. La falta de leyes abona a ello.

    En Colombia, por ejemplo, el debate laboral sigue atado a temas que poco tienen que ver con las nuevas realidades, como la libertad sindical. La ley laboral de ese país se remonta a la década de 1940; con el paso de los años se han hecho reformas por partes, similar lo que ha sucedido en Ecuador .

    Según Luis Alberto Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia, ahora no hay normas para proteger a las personas que, por ejemplo, se encargan de trabajos bajo pedido. “Se vive condiciones de informalidad. Están en lo que se denomina ‘paga diario’. Comienzan sus actividades a las 08:00, dan el servicio y cuando acaban, que puede ser luego de todo un día, cobran poco. No tienen prestaciones sociales”.

    De los 22 millones de trabajadores que hay en Colombia, indica Pedraza, el 65% está en condiciones de informalidad o incapacidad de acceder a derechos o protección social por motivos como la falta de legislación.

    Ante estas realidades, los sindicatos colombianos están trabajando en un proyecto de reforma laboral que establezca normas y derechos acordes a la época, que incluya a trabajadores independientes y aquellos que laboran bajo nuevas formas contractuales.

    Los empleadores colombianos también esperan nuevas reglas. Alberto Echavarría, representante de los empleadores de América Latina ante la OIT y vicepresidente de asuntos jurídicos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, cree que en medio de las transformaciones es necesario que, al menos, las personas tengan acceso a beneficios sociales como la salud y para eso son clave los gobiernos.

    Esta colaboración se ha dado en países como Ecuador y Paraguay en los que se ha logrado la regulación del teletrabajo o del empleo a tiempo parcial. Esta última permite al trabajador desarrollar actividades en un mismo o varios sitios por tiempo menor a la jornada completa.

    Cristina Rulo, representante de la Federación de Industria y Comercio de Paraguay, asegura que estas normativas ayudan a reducir la informalidad y, aunque la paga es menor, generan más oportunidades a la gente para obtener ingresos. “Trabajos que se desarrollan entre 16 y 32 horas a la semana. Dan beneficios laborales y sociales. Esto ayuda a quienes quieren ganar más trabajando en dos o más sitios, o a los jóvenes quienes tienen poco tiempo para laborar porque deben estudiar”.

    Para los sindicatos, sin embargo, esto es un retroceso en derechos. Con los avances en políticas sociales y las nuevas tecnologías se esperaba que la gente tuviera que trabajar menos tiempo, pero cada vez se labora más horas, en más sitios y con peores condiciones.

    En Brasil una ley laboral que entró en vigencia en octubre del año pasado, explicaron los sindicalistas, permite a las personas trabajar hasta 60 horas a la semana y creó contratos intermitentes (la empresa solo llama al empleado cuando lo necesita, por el tiempo que requiera, sin poder hacer contratos con nadie más y sin acceso a la seguridad social). No reguló las nuevas formas de trabajo.

    “Se han precarizado las relaciones laborales”, dijo Antonio Lisboa, secretario de relaciones internacionales de la CUT de Brasil.

    En donde sí ha habido avances es en Uruguay. Allí se conformó un sindicato de choferes de aplicaciones, que en otros países laboran sin prestaciones ni derechos, a través del cual se protegen. “Acceden lo que cualquier empleado independiente, formalización frente al instituto de previsión social. Debemos ver cómo se apoya a nuevas actividades que surgen con la modernidad y la tecnología”, dice Fernado Gambera, secretario de relaciones internacionales de la Central Sindical de Uruguay.

    Con las nuevas tecnologías han aparecido nuevas formas de contratación. Solo Uruguay tiene una legislación acorde a los nuevos tiempos.
    Con las nuevas tecnologías han aparecido nuevas formas de contratación. Solo Uruguay tiene una legislación acorde a los nuevos tiempos. Foto: Ingimage
  • Adecuación de legislación dificulta uso de nuevas tecnologías en agricultura

    Agencia EFE

    Isadora Camargo

    Los drones, sensores, aplicaciones de telefonía móvil y robots son algunas de las tendencias tecnológicas para el desarrollo agropecuario en la actualidad, pero la falta de una legislación específica dificulta su utilización apuntaron este martes (19 de mayo) especialistas del sector.

    Considerado como uno de los mayores congresos de la agroindustria, el Rebelation Alltech, inaugurado el lunes y que terminará el jueves, 21 de mayo, en Lexignton, ciudad del estado de Kentucky (Estados Unidos), discute la innovación aplicada a la agricultura a partir de los cambios de los nuevos modelos de negocios.

    El mayor desafío, expuesto por los primeros conferenciantes del evento, es la falta de leyes más «manejables» que permitan la utilización de herramientas, como las aeronaves no tripulados (drones), cuyo uso tiene restricciones en la mayoría de países.

    Para David Hunt, socio fundador de la empresa Agrilarity, los drones deben ser definidos no como un dispositivo peligroso y sí como un «servicio de desarrollo aéreo de datos sobre cosechas», lo que contribuye a la expansión y optimización de los cultivos.

    Hunt enfatiza que la reglamentación debe ser algo «amplio», que permita las inversiones de riesgo por parte de los llamados «agroemprendedores», aunque destacó los avances de las normas en algunos campos específicos.

    «Cada día es más barato procesar datos y ponerlos en la nube. Hoy podemos estudiar el genoma de una planta cotidianamente gracias a la tecnología, lo que mejora la actuación de la agroindustria, reduciendo costos», apuntó.

    El matrimonio entre la tecnología y la agricultura, pasando por sus normativas, es uno de los temas de mayor preocupación para los productores interesados en crear las llamadas «agritechs» -tecnologías agrícolas -, que van más allá de las polémicas discusiones sobre modificaciones genéticas (transgénicos).

    Una de las novedades del congreso es el recién lanzado al mercado Rowbot, un robot de segunda generación que aplica dosis de fertilizantes en cultivos de maíz, sin necesidad del control humano para su labor.

    Los sensores de análisis de fertilizante y calidad del suelo son otras de las ofertas tecnológicas para grandes plantíos, que permiten identificar problemas de superficies antes de tornar ese espacio en un determinado cultivo.

    Según Pearse Lyons, presidente de Alltech, empresa de nutrición animal que organiza el congreso internacional desde hace 31 años, la innovación tecnológica, sumada a la investigación científica, ayudan a los agro-emprendedores a desarrollar sus negocios.

    «Tenemos todas las tecnologías disponibles, tenemos que hacer algo para mejorar nuestro escenario. Cosas como remover el uso de pesticidas en plantaciones», destacó Lyons ante unos 3 000 empresarios del sector y productores familiares de diferentes países reunidos esta semana en Lexington.

    Un ejemplo del uso de datos, expuesto por Lyons, es el control del cultivo de maíz, con resultados que redujeron el desperdicio de fertilizantes e insumos.

    Con esa base de datos, el agricultor puede investigar plagas y prevenir impactos en la cosecha, como subrayó la empresa de nutrición e investigación agrícola Christiansen Family Farms. 

    Los agricultores podrían usar base de datos para investigar plagas y prevenir impactos en la cosecha. Foto: Archivo
    Los agricultores podrían usar base de datos para investigar plagas y prevenir impactos en la cosecha. Foto: Archivo
  • Mónica Villagómez: ‘una bolsa pública tendrá un evidente conflicto de interés’

    Redacción Quito

    Hace dos semanas, la Asamblea aprobó la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, un proyecto enviado por el Ejecutivo para fortalecer el mercado de valores en el país. Tras varios intentos, durante los últimos seis años, por formular una legislación en torno a este sector, finalmente se cuenta con un documento con el cual, desde el punto de vista de varios actores, era necesario. Sin embargo, la presidenta del Directorio de la Bolsa de Valores de Quito, Mónica Villagómez, tiene su propia visión sobre el futuro que se viene para las actividades bursátiles.

    ¿Cuál es su balance de la ley aprobada por la Asamblea el 13 de marzo del 2014?

    Lo más rescatable de todo esto es que después de un proceso de prácticamente seis años tenemos reglas claras, porque pasaron demasiados proyectos, con demasiadas expectativas y eso creó nerviosismo en el mercado. Y eso, de alguna manera se vio reflejado en las negociaciones -bajamos un poco- en el mercado nacional. Entonces, más que tener una nueva ley, es tener una ley con reglas claras. Tener el tablero mejor trazado ayudará. Eso sí, tenemos que estar muy pendientes de todo lo que se refiere a la regulación secundaria.

    ¿Esta ley en vigencia derivará en un mayor número y monto de operaciones?

    Me han hecho muchas veces esta misma pregunta. Las leyes no crean mercado y este es un concepto que hay que llevarlo en la cabeza. Las leyes son herramientas que crean un entorno apropiado para que, junto con otros factores como la política macroeconómica, las políticas públicas, las alianzas público-privadas y el mejoramiento profesional privado y público, se vaya concertando un mercado y se lo vaya haciendo surgir.

    La anterior pregunta se ha repetido porque desde el Gobierno, quien planteó el proyecto de ley, se dijo que con la aprobación se vienen días mejores para el mercado bursátil, con mayores operaciones…

    Tengo que disentir. Esto es un proceso. Lo mismo se pensó con la primera ley de 1993, luego con la de 1998. Y ahora con esta. Lo que se da son las mejores herramientas para que el mercado surja, pero es un proceso que incluye también un proceso cultural.

    ¿De quién o de quiénes?

    De las empresas, de los ciudadanos, de los mismos partícipes del mercado. Esta ley no crea mercado de la noche a la mañana, crea herramientas para que, junto con otros factores, creen, en realidad, un mercado.

    El primer paso es que las bolsas se reinventen. Ahora serán sociedades anónimas. ¿Les beneficia o les perjudica?

    Esto es bueno. Hasta ahora éramos corporaciones sin fines de lucro, es decir fundaciones. Y ser fundaciones es un limitante, con muchas deficiencias, porque era como una contradicción decir: «corporaciones civiles sin fines de lucro». Ahora seremos sociedades anónimas, propuesta hecha por la Bolsa de Quito hace más de 12 años. Ser sociedades anónimas nos abre las puertas para mejorar nuestra capacidad de reacción en el caso de necesidades financieras de la institución.

    ¿Financiamiento externo?

    Aquí mismo, con accionistas. La posibilidad de abrir el capital de la Bolsa a cualquier persona, hasta por un porcentaje máximo. Que el ciudadano sea parte de la Bolsa. Ahora habrá un proceso, primero de transformación y, después de unos dos o tres años, vendrá una apertura de capital, y esto es un buen mensaje. Con ello se facilitará cualquier alianza de integración local o internacional y, siendo casi todas las bolsas de la región sociedades anónimas, podremos trabajar con pares y que el día de mañana no nos digan «qué pena, ustedes no pueden repartir superávit».

    ¿O podrían venderse las bolsas de Quito y Guayaquil a otras de la región?

    Es una posibilidad. Pero, más que venderse -que suena a venderse todo-, que participen en el capital, con las reglas que están.

    Durante el tratamiento del proyecto a ustedes les preocupaba mucho la posibilidad de que se cree una bolsa de valores pública. Esto, finalmente, procedió. ¿Todavía les preocupa esa decisión?

    La posibilidad de crear una bolsa pública está aprobada en el contexto original del proyecto y no en el contexto que lo discutimos en octubre, que era supremamente amenazante. Allí se determinaba que o las bolsas nos fusionáramos, yéndonos contra todos los principios constitucionales, o nos creaban la bolsa pública. Ahora no, lo que dice la ley es que si las bolsas no cumplimos con nuestras facultades (no dice obligaciones, sino facultades), nos crearán una bolsa pública, si así lo justifican las necesidades particulares y generales del mercado. ¿Cuáles son?, no las conozco. Pero creo que, bien lleguemos a ser una sola institución, bien sigamos siendo las dos de manera competitiva o bien tengamos algún modelo de integración, el que sea, los insumos que tienen las bolsas de valores ecuatorianas, al momento, son muy grandes, tenemos fortaleza, altos estándares, sabemos del negocio. Lo que nos toca es cumplir el reto de una manera mucho más agresiva, usando la palabra ‘agresiva’ en el buen sentido, de abrir la mente, de ser mejores profesionales; entonces, no veo por qué las necesidades individuales o particulares que existan puedan hacer que se cree una bolsa pública, cuando la nuestra puede dar el servicio completo.

    ¿Tienen temor a un tercer competidor?

    La bolsa pública tiene un conflicto de interés de raíz. Primero, el Estado es el regulador del mercado, por eso se crea con esta ley la Junta de Regulación. En segundo lugar, el Estado ejerce el control del mercado, la supervisión, la fiscalización, a través de la Superintendencia de Compañías y de Valores. Y, si se crea una bolsa pública, estaría de gestor del negocio. ¿Cómo va a resolver este conflicto de interés tan evidente? A las bolsas nos llega información que, por ley, no la podemos difundir, puede ser privilegiada, pero hay otra información que la tenemos que difundir y tenemos que jugar con las mismas reglas de juego. Entonces, ¿cómo se van a manejar los conflictos de interés en una bolsa pública? Hacia allá hay que enfocar el tema, no a que venga una competencia más, la competencia es buena, siempre que sea con una base legal igualitaria. Entonces, repito, no enfocaría la pregunta hacia un miedo a la competencia, sino a cómo se va a manejar un conflicto de intereses tan evidente como que el Estado sea regulador, controlador y gestor del negocio.

    ¿Se fusionarán las bolsas privadas?

    No hay un consenso, ha habido varias propuestas, pero son los dueños, como siempre he dicho, de las bolsas de valores, que son las casas de valores, quienes deberán definirlo. Y ahora es el momento de hacerlo, porque ahora tendremos que llamar a una junta general para la transformación a sociedades anónimas y tendremos que ver nuevos modelos para ver cómo sería la integración. Esta ley lo que está proponiendo es la integración a través del sistema transaccional que ya existe, defectuosamente, entonces, tranquilamente podríamos trabajar en el mismo modelo que esta ley propone, mejorándolo.

    UN VISTAZO A SU GESTIÓN

    Estudios. Doctora en Jurisprudencia por la Universidad Católica de Cuenca). Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

    Experiencia. Ex Vicepresidenta de Autorregulación de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ). Presidenta del Subcomité de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB). Ex Presidenta Ejecutiva de la Bolsa de Valores. Catedrática en varias universidades como la Dos Hemisferios y la Universidad de las Américas (UDLA).

    «calculo que en alrededor de un año deberíamos estar evaluando resultados de la aplicación de esta ley. creo que Hacerlo antes me parecería un poquito tierno todavía».