Llegó la hora y el presidente Moreno tomó las medidas que ningún otro presidente, en más de 40 años, no lo había hecho. Sí, tomó la medida más impopular y temida; la eliminación de los subsidios a la gasolina y al diésel. Sabíamos que era muy duro eliminarlos pero también sabíamos que era necesario si lo que se pretende es iniciar la reconstrucción del país luego de 10 años de saqueo.
El Gobierno apostó por el país y dejó de lado cualquier cálculo político. Lo hizo con valentía y humildad, preocupándose por el sector indígena al cual se lo compensaría por otras vías.
Sin embargo, hay que tener en claro que las medidas tomadas solo ayudan a reducir el déficit fiscal en el corto plazo y por ello se necesita que éstas vengan acompañadas de otras, más profundas. Haría bien el Presidente en liderar el proceso para recuperar los miles de millones de dólares que se robaron en el gobierno anterior. Haría bien en iniciar un proceso contratando una compañía internacional especializada en la recuperación del dinero robado. Señor Presidente, no espere más. Inicie con mano firme el proceso para devolverle al país lo que le pertenece.
Parecería ser que el gobierno del licenciado Moreno tiró definitivamente la toalla y se ha desentendido de todo lo que esté relacionado con la política económica. Así mismo, se observa que toda la energía que se necesitaba para realizar las reformas en este ámbito se encuentra disuelta y pospuesta hasta que venga un nuevo gobernante.
Está claro que tanto los analistas económicos como las autoridades relacionadas con la materia sí le advirtieron al presidente sobre la conveniencia de implementar las medidas a tiempo y no luego de que ha transcurrido más de la mitad de su período; cuando su capital político se encuentra en un nivel tremendamente bajo, inferior incluso, al del presidente anterior.
La falta de voluntad del Presidente ha generado una falta de credibilidad entre los actores económicos. Ya son pocos los que creen en que el gobierno pueda cumplir con sus compromisos y son muchos los que reconocen que las ofertas realizadas resultaron ser palabras que se las llevo el viento.
Definitivamente, el país volvió a perder un tiempo valioso y seguimos sin rumbo.
La compañía telefónica Claro, subsidiaria de la multinacional mexicana América Móvil, invertirá USD 500 millones durante los próximos tres años para mejorar la conectividad en Ecuador, una inversión enmarcada en la estrategia «Ecuador Digital», impulsada por la administración del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.
Los detalles de esta operación se hicieron oficiales este martes 27 de agosto del 2019, a través de una reunión que mantuvieron el presidente Moreno, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, y el director ejecutivo de América Móvil, Daniel Hajj.
El empresario definió el encuentro con Moreno como «una reunión muy productiva» y explicó que conversaron sobre «el crecimiento de infraestructura (en telecomunicaciones) y de la cobertura 4G (de cuarta generación)».
En este sentido, anunció que Ecuador «terminará casi con el 85% de esta cobertura» gracias a esta inversión.
«Vamos a tener algunas pruebas de 5G (quinta generación) en Quito y Guayaquil antes de fin de año, se va a necesitar nuevas frecuencias. Como empresa, estamos interesados en comprarlas», añadió el empresario.
Por otro lado, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, anunció que el Gobierno iniciará la licitación de un nuevo espectro radioeléctrico para la asignación de nuevas bandas de frecuencia de 700 MHz (Megahertzios), 2,5 GHz (Gigahertzios) y 3,5 GHz para tecnología 4G y 5G.
«Sin duda, con esta decisión mejorarán los precios y la calidad del servicio», destacó el ministro.
El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, y el director ejecutivo de América Móvil, Daniel Hajj. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO
Chile y Ecuador se encaminan a dar mayor impulso a sus relaciones comerciales. A inicios de junio, los presidentes de ambos países Lenín Moreno (Ecuador) y Sebastián Piñera (Chile) anunciaron la intención de suscribir un Tratado de Libre Comercio (TLC).
¿Qué motiva a Chile a buscar un TLC con Ecuador?
Buscamos modernizar y profundizar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 65 con Ecuador, mediante la negociación de un acuerdo que contenga disciplinas de última generación como telecomunicaciones, comercio electrónico, comercio de servicios, género, pymes, laboral y medioambiente. Durante el 2018, Ecuador ocupó el séptimo lugar de nuestro comercio con Sudamérica, con una participación del 5%. Nuestro intercambio comercial ascendió a USD 2 127 millones, siendo un 7,4% mayor respecto del 2017. Las exportaciones chilenas alcanzaron los USD 496 millones, sobre la base de una canasta positivamente diversificada. Por su parte, las importaciones desde Ecuador ascendieron a USD 1 631 millones, de las cuales aproximadamente el 83% corresponde a aceites crudos de petróleo. Estas cifras nos instan e inspiran a seguir trabajando para aumentar el comercio bilateral y diversificar nuestra oferta exportable, dotando al comercio bilateral de un marco jurídico más claro, moderno y transparente.
¿Cuándo podrían iniciarse las negociaciones? El 11 de abril de 2019 ambos países suscribieron los Términos de Referencia que guiarán la negociación. La primera ronda se realizará los días 25 al 27 de junio de 2019, en Quito.
¿Cuáles son los bienes o servicios que Chile quiere exportar, y cuáles le interesan importar desde Ecuador? Chile y Ecuador acordaron ampliar y profundizar el Acuerdo de Complementación Económica, el cual ya cuenta con más de 20 años, y que ha permitido que aproximadamente el 95% de los productos se encuentren libres de arancel. El nuevo acuerdo comercial incluirá disciplinas y estándares adicionales en materias de facilitación de comercio, aspectos regulatorios, telecomunicaciones, comercio electrónico, comercio de servicios, y otras. Asimismo, se incluirán materias con un enfoque inclusivo, como género, pequeñas y medianas empresas, medioambiente y asuntoslaborales, entre otras, de tal forma de situar a la relación bilateral en un nivel más profundo de integración. Y en acceso a mercado, ambos países revisarán la situación actual con el propósito de avanzar en la liberalización comercial, y se abordarán las reglas de origen. Se incluirá un capítulo de Contratación Pública, Cooperación Económica Comercial, Política de Competencia, Entrada Temporal de Personas de Negocios y Cadenas Globales de Valor. En consecuencia, este nuevo acuerdo comercial incentivará aún más el comercio de bienes y servicios, ya que entregará una mayor certeza y predictibilidad a las empresas chilenas y ecuatorianas, variable de alta importancia en el comercio internacional.
¿Cuánto puede incidir este acuerdo en un futuro ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico? Durante el 2018, el foco estuvo en avanzar en las negociaciones de laAlianza del Pacífico con los países candidatos a Estado Asociado (CEA), Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur y, al mismo tiempo, continuar desarrollando la agenda interna del bloque, para contribuir con el libre comercio basado en reglas, seguir profundizando el regionalismo abierto y evitar el proteccionismo. Ciertamente, es muy bien visto el interés de Ecuador y de Corea del Sur en este proceso, una vez que concluya el trabajo con los actuales CEA.
¿Cuánto tiempo puede tomar para que el acuerdo de comercio se concrete y entre en vigencia? Ambos países estamos comprometidos políticamente con el proceso y prueba de ello fue el anuncio de los presidentes SebastiánPiñera y Lenín Moreno, en el marco de la Interministerial sostenida por ambos países el 6 de junio de este mes. En la instancia, los mandatarios se comprometieron a negociar un Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones, cuyo mandato estamos cumpliendo con la Primera Ronda de Negociaciones que se llevará a cabo en Quito a fines de este mes de junio, reunión de la cual estamos confiados que avanzaremos de manera importante.
Tradicionalmente, la balanza comercial entre los dos países favorece a Chile, ¿cómo lograr un intercambio comercial más equilibrado? ¿El TLC posibilitará esto? El nuevo acuerdo comercial busca maximizar el potencial bilateral entre Chile y Ecuador, que en un comienzo de la relación mediante el ACE65 estuvo centrada particularmente en la liberalización arancelaria, lo cual se logró. Sin embargo, hoy enfrentamos nuevos desafíos, y por ello se han incorporado nuevas disciplinas a la relación bilateral propias de la agenda comercial del siglo XXI, tales como servicios, comercio electrónico, telecomunicaciones, buenas prácticas regulatorias, entre otros, que buscan no solo tener un intercambio bilateral equilibrado sino que los beneficios económicos también puedan ser inclusivos y principalmente sean aprovechados por la sociedad civil de nuestros países.
Rodrigo Yáñez es el titular de la Dirección de Relaciones Económicas
Internacionales de Chile. Analiza el Tratado de Libre Comercio que el país del Cono Sur desea lograr con Ecuador. El convenio incluirá temas de telecomunicaciones, comercio electrónico, entre otros. Foto: Cortesía Direcon
El coordinador del Foro de Economía y Finanzas Públicas y exministro de Finanzas evalúa el proyecto de Ley económico-urgente. Considera que el documento debió incluir una propuesta de reducción del IVA para incentivar el consumo en el país.
El Gobierno de Lenín Moreno cumplió un año de gestión. ¿Cómo evalúa este período en materia económica? Fue un año perdido en materia económica. Se desperdició un año con dos ministros de Finanzas que participaron en el Gobierno anterior, y que en este no hicieron nada de lo que requiere la economía para tener más competitividad y la gente, para tener empleo. En los primeros ocho meses de Gobierno, el exministro De la Torre hizo que la deuda en los mercados creciera USD 7 500 millones.
El segundo año de Gobierno comenzó con un proyecto de ley económico urgente que ha sido bien recibido en el sector empresarial. ¿Es un plan con medidas apropiadas para el contexto económico que vive el país?
En la economía ecuatoriana hay excesivos impuestos. Con incentivos y facilidades no se atrae la inversión. Sin contar el gran problema en el que se mete el SRI para administrar toda esta parafernalia de reformas a 15 cuerpos legales. Ni con todos los incentivos posibles llegará la inversión, si no hay un ambiente de confianza y amigable para invertir. Eso se resume en dos palabras: institucionalidad y estado de derecho.
¿No era necesario un plan con incentivos en esta coyuntura? ¿Qué era lo que tenía que incluir el proyecto entonces?
Más allá de los errores del proyecto, hay puntos que hay que mejorar. El Ministro de Finanzas va en la dirección correcta, pero no es suficiente lo que ha presentado.
¿Qué errores cree que contiene este proyecto de ley? El plan promete bajar impuestos luego de cierto tiempo, ninguno de estos beneficios es de corto plazo. Además, si crea tantos incentivos y modifica tantos cuerpos legales está reconociendo tácitamente que hay excesivos impuestos en la economía. El plan debería bajar la gran carga impositiva que afecta a las familias ecuatorianas. Por ejemplo, reducir el IVA. En este plan no hay ninguna medida que beneficie a las familias ecuatorianas.
¿Cree que el plan está enfocado solo en beneficios para el sector empresarial? Pero solo para un sector de los empresarios, no para todos. Dicen que van a devolver el IVA a los constructores, pero ¿cree que el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Finanzas van a devolver la plata efectivamente? Pregunte a los exportadores si les han devuelto lo que les corresponde dentro del fondo de restitución de impuestos pensado en ellos. Eso no ocurre.
El plan propone eliminar el impuesto a la salida de divisas (ISD) paulatinamente y el impuesto mínimo del anticipo al impuesto la renta. ¿No es un paso importante en reducción de impuestos? Esa es una declaración. Leí cuatro veces el plan y parece que todo lo que dice ahí está hecho para no eliminar el impuesto a la salida de divisas. Ahí hay otro problema, el gradualismo. No entrar en el gradualismo no significa entrar en políticas de shock. Hay que respetar a los servidores públicos, pero hay una masa privilegiada que se metió con fines políticos a trabajar al Estado y eso perjudicó el presupuesto y entorpeció las cosas. ¿Qué le hace pensar que no se cumplirá la propuesta de eliminar el ISD? Es muy difícil que se elimine porque abundante legislación en el plan se refiere a ese ISD. Se legisla en función de lo permanente, de lo que se queda. El error es no eliminarlo desde ahora, hacer estas promesas no son buenas. Yo lo hubiera eliminado desde el 2 de enero del próximo año y este año hubiera eliminado de una vez el anticipo al impuesto a la renta.
¿A qué dirección debía apuntar el plan? Este documento no va al punto central. El país aplaude los esfuerzos del presidente Moreno para recomponer la democracia, porque pegaron donde debían pegar. Ha incidido en las áreas en las que debía incidir. En cambio, en este plan hay un reconocimiento tácito de que hay excesivos impuestos y eso no se está atacando.
¿Cómo compensar el impacto en los ingresos para la caja fiscal si se reducen impuestos como el IVA, que usted propone? Entre el 2016 y el 2017, el gasto público no bajó sino creció casi USD 2 000 millones. Lo lógico sería bajar un 6% de los presupuestos y ese ahorro significaría unos USD 2 000 millones en un presupuesto de USD 34 000 millones. Hay que llamar a todos los Ministerios y a las cabezas de todas las instituciones a que lo hagan. Eso compensaría el impacto de una reducción de dos puntos del IVA. Pero la reducción de presupuestos ya lo planteó el Presidente de la República al inicio del año, pero no hay datos de que eso se esté ejecutando y tenga resultados
Claro, eso es un error del Gobierno. No se puede avanzar si no hay institucionalidad ni Estado de derecho. ¿Considera que las reglas macrofiscales que propone el plan son apropiadas para alcanzar un equilibrio en finanzas que requiere el país?
Hay que restituir las reglas que ya estaban en la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia (Loreytf). Ahí ya había normas que sería bueno solo copiarlas.
El proyecto de ley habla de un equilibrio primario y de que no se van a aprobar presupuestos que no tengan equilibrio primario. Eso se oye bien, ayuda, pero no resuelve nada. El equilibrio lo van a poner el papel cuando aprueben el presupuesto, pero lo importante es reducir el déficit global, el que incluye los intereses. Por ejemplo, decir: ‘el déficit no puede ser mayor al 3% del Producto Interno Bruto’.
El Foro de Economía y Finanzas hizo varias propuestas al Presidente Moreno antes de que presente el plan y algunas se incluyeron. ¿Van a insistir en otras propuestas? Una de las propuestas que no se ha incluido es crear un fideicomiso de la deuda para que a ese fondo entren y salgan los recursos de la deuda pública y que todo ese dinero no se vaya directamente a la cuenta única del tesoro.
Hoja de vida Marco Flores
Formación. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y máster en Economía, graduado en la Universidad de Notre Dame (EE.UU).
Trayectoria. Ha sido docente universitario y en la función pública fue gerente del Banco del Estado, vocal de la Junta Monetaria y Ministro de Finanzas en el gobierno de Fabián Alarcón.
En la actualidad. Es consultor económico en ejercicio privado y coordinador del Foro de Economía y Finanzas Públicas, que agrupa a 20 economistas.
El Foro. El foro se conformó el pasado enero, y ha presentado varios documentos con propuestas económicas. La última carta al Ejecutivo la enviaron el 7 de mayo.
Marco Flores es consultor económico en ejercicio privado y coordinador del Foro de Economía y Finanzas Públicas, que agrupa a 20 economistas. Foto: Julio Estrella / LÍDERES
El presidente Lenín Moreno presentó este viernes, 16 de marzo del 2018, un grupo de productos financieros para el sector de la construcción, a cargo de la Corporación Financiera Nacional (CFN).
Se trata de préstamos blandos dentro del segmento, ya existente, de CFN Construye. Los beneficios incluyen tasas de interés desde el 5,5%, el plazo de hasta cinco años y períodos de gracia de hasta 24 meses.
Presentamos en Santa Elena junto al @BancoPacificoEC y la @CFN_ECUADOR nuevas líneas de crédito para dinamizar el sector de la vivienda y la construcción. Un techo seguro y digno, es un derecho. Dinamizamos la economía y generamos empleo a través de la construcción #CFNConstruyepic.twitter.com/Ds3hCouceV
Una de los productos es CFN Casa para todos, a través del cual se busca apoyar a los promotores inmobiliarios que se unan al programa de viviendas que impulsa el Gobierno, en el marco del plan Toda una vida. Los constructores recibirán créditos con el 5,5% de interés anual. Los planes habitacionales deberán estar previamente calificados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi).
Para los pequeños y medianos constructores, por otro lado, está el segmento llamado CFN Construye ¡Ya!. Los constructores podrán edificar viviendas sin rango de precio. El monto máximo de esta línea de crédito es de USD 2 millones (por sujeto de crédito), con una tasa de del 7%.
Otro producto es CFN Crédito directo capital de trabajo para la construcción. Se trata de una oferta financiera dirigida a grandes constructores, que quieran edificar urbanizaciones, oficinas o locales comerciales, sin límite en el precio de venta del inmueble. La línea de crédito tiene un plazo de cinco años, con una tasa interés que va desde el 7,5% y 24 meses de periodo de gracia.
CFN Construye es un producto “emblemático de la entidad, que ha tenido una gran aceptación entre los constructores, muestra de aquello es que desde su lanzamiento, en el 2015, se han aprobado más de USD 110 millones, con el propósito de fomentar la construcción de proyectos habitacionales con viviendas de interés social y prioritario en zonas urbanas y/o urbano marginales”, indicó la entidad.
CFN destinará en los próximos tres años USD 450 millones para impulsar estos cuatro productos financieros. Hasta el 2021, se tiene planificado que con las líneas de crédito de CFN se edifiquen 9 500 inmuebles en el programa Casa para Todos y 5 000 viviendas de interés público, es decir, 14 500 soluciones habitacionales, generando aproximadamente 5100 empleos (directos e indirectos) en diferentes puntos del país.
El presidente Moreno dio a conocer que «en los próximos tres años, la CFN destinará USD 450 millones para la construcción de viviendas dentro del programa Casa para Todos”. Foto: Twitter Presidencia
Los representantes del sector financiero Popular y Solidario se reunieron ayer, jueves 17 de agosto de 2017, con el presidente Lenín Moreno, con el fin de presentar propuestas para promover el crecimiento del sector a través de la inversión social.
En la cita los voceros del sector plantearon cuatro propuestas. Pidieron un incremento de inversión para el desarrollo local mediante la promoción de empleo e inclusión económica; la reactivación del crédito de vivienda; y la consolidación de la institucionalidad de cooperativas de ahorro y crédito mediante la adecuación del Código Orgánico Monetario y Financiero.
Una cuarta propuesta fue que se fortalezca el sistema popular y solidario a través de la vinculación a medios de pago electrónico.
Moreno destacó la importancia del diálogo con los actores del sector de las cooperativas de ahorro y crédito, pues representan el 12% del Producto Interno Bruto (PIB). “El sector de la Economía Popular y Solidaria para nosotros tiene una importancia fundamental”.
En el diálogo estuvo presente Kléver Mejía, superintendente de Economía Popular y Solidaria; Juan Pablo Guerra, presidente de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse), así como representantes de otras organizaciones que pertenecen a Asofipse.
Esta agrupación está integrada por organizaciones del sector financiero popular y solidario que representan al 90% de depositantes del sector cooperativo.
Juan Pablo Guerra, presidente de Asofipse, destacó que las cooperativas de ahorro y crédito tienen más de 6 millones de socios, «aportado en los últimos años al crecimiento y estabilidad de la economía del país».
El sector tiene actualmente una participación del 65% en el sector rural, captando al año USD 8,3 millones en depósitos, según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
El sector cooperativo popular y solidario capta en promedio unos USD 8,3 millones en depósitos. Foto: Cortesía
