Etiqueta: leyes

  • Tres leyes sobre productividad

    Fernando Del Vecchio

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    “Para hacer cosas importantes, se necesita un plan y no mucho tiempo”. Anónimo.
    La Ley de Parkinson, enunciada por C. N. Parkinson en 1957, dice: “el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine”. En términos prácticos esto significa que si has decidido terminar un trabajo en una semana, lo terminarás en ese plazo; y si hubieras decidido terminarlo en tres días, habrías demorado tres días.

    Las otras dos leyes -de las tres fundamentales- enuncian: “los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos” y “el tiempo dedicado a cualquier tema de agenda es inversamente proporcional a su importancia” (también denominada “ley de la trivialidad”). En el primer caso, esto significa que, al recibir un aumento de salario, rápidamente incrementas los gastos en el mismo nivel para estar en la misma situación en la que estabas antes del incremento. En el segundo caso, que cuanto menos importante es un tema, más tiempo de tu agenda ocupa.

    ¿Cómo puedes utilizar estas tres leyes hoy, transformándolas a tu favor para elevar tu productividad?

    opinion columnistas editorial
    Ilustración: LÍDERES
  • EE.UU. exigirá revelar la diferencia salarial entre ejecutivos y empleados

    Agencia EFE

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    La Comisión del Mercado de Valores (SEC) de EE.UU. aprobó una nueva norma que exigirá a las empresas revelar la remuneración de sus consejeros delegados comparada con la de sus empleados, como parte de la ley de reforma financiera de 2010 conocida como Dodd-Frank.

    La decisión fue tomada por tres votos a favor (los tres comisarios demócratas) y dos en contra, los de los de dos representantes republicanos del organismo.

    La presidenta de la SEC, Mary Jo White, que votó a favor, subrayó que «la medida es a la vez flexible y fiel a los términos y objetivos de la ley», lanzada después de la aguda crisis de 2008 y que buscaba aumentar la regulación del sistema financiero.

    La norma obliga a las grandes compañías cotizadas a dar a conocer su «ratio de pago», es decir, la comparativa entre el sueldo de sus ejecutivos principales y el salario medio de sus empleados.

    Una de las comisarias demócratas de la SEC, Kara Stein, señaló que con esta cifra se ofrecerá «una valiosa información a los inversores y otros actores del mercado» sobre los detalles de «cómo la compañía gestiona su capital humano».

    Por contra, Daniel M. Gallagher, uno de los miembros republicanos de la SEC que votó en contra, afirmó que «la medida podría ser una de las más inútiles de la ley Dodd-Frank». Se prevé como fecha de inicio para la publicación de estos datos el año fiscal 2017.

    La creciente desigualdad de ingresos se ha convertido en un caldeado asunto de debate político en EE.UU. que ha enfrentado a republicanos y demócratas. Hace 50 años, los principales ejecutivos recibían un salario de cerca de 20 veces más que el de su empleado medio, mientras que en 2013 esta diferencia se disparaba hasta 300 veces más, de acuerdo con un reciente análisis del centro Economic Policy Institute. Sin embargo, Gallagher cree que «encarar la desigualdad de ingresos no entra dentro de las responsabilidades de la SEC».

    La economía de Estados Unidos creció, impulsada por el gasto de los consumidores, la fortaleza del sector de la construcción y el incremento de las exportaciones. Foto: EFE.
    La economía de Estados Unidos creció, impulsada por el gasto de los consumidores, la fortaleza del sector de la construcción y el incremento de las exportaciones. Foto: EFE.
  • Los números y las leyes son la materia prima de este equipo

    Redacción Quito (I)
    redaccion@revistalideres.ec

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    Balan Services Corp es una corporación que, con 15 años en el mercado, se especializa en la asesoría tributaria y contable a firmas de seguros, de finanzas, comercio, alimentos, etc

    La contabilidad, la auditoría, las leyes y los negocios son la especialidad de Juan Alberto Vizcaíno. Este quiteño de 41 años es el presidente ejecutivo de Balan Services Corp., una corporación que agrupa a cuatro consultoras que se especializan en la asesoría legal y tributaria.

    La trayectoria de este emprendedor empezó en 1994, luego de terminar el colegio en donde se graduó como contador. En esa época, recuerda, los bachilleres con esa especialidad tenían buenas posibilidades de desarrollar una carrera profesional. Vizcaíno aprovechó sus conocimientos y se enroló como asistente contable en la empresa Grupo K, en la cual colaboró entre 1994 y 1996. Cuando obtuvo su primer empleo tenía 20 años.

    Luego, dio un salto a Coca-Cola en donde se desempeñó en el Departamento de Contabilidad hasta 1999; al mismo tiempo, atendía a clientes particulares. Así colocaba los cimientos de una carrera en el mundo contable, que se extendió con el tiempo a las leyes y los negocios. Para afianzar e incrementar sus conocimientos, Vizcaíno estudió contabilidad y auditoría en la Universidad Católica de Quito; se graduó en el 2000.

    Enseguida montó una pequeña oficina en el centro-norte de Quito, para ofrecer sus servicios en el mercado. Un préstamo de una persona que confiaba en el potencial de este emprendedor por USD 4 000, le sirvió para contratar una secretaria y una persona que ingresaba la información en un sistema informático.

    Para el año 2000, el Ecuador atravesaba una situación económica compleja, luego de un feriado bancario y el crack financiero de 1999; el Servicio de Rentas Internas (SRI) colocaba las primeras semillas de una nueva cultura tributaria en el país. Allí Vizcaíno halló otra oportunidad. “La actividad de servicios tributarios empezaba”, recuerda en su actual oficina ubicada en el norte de Quito, en donde trabajan 40 personas.

    La contabilidad era su fuerte, pero quería seguir aprendiendo. Por eso estudió leyes en la Universidad Autónoma de Quito, entre el 2004 y el 2010. Luego, cursó un MBA en Newport University, en California, en el 2011. Y en el 2012, obtuvo un doctorado en negocios en la misma universidad.

    Su segunda esposa Sonia Vargas se convirtió en su principal apoyo para sostener el crecimiento y expansión de Balan Services Corp. Esta es parte de IEC Net, una asociación de empresas que brinda asesoría legal, tributaria y financiera a escala regional, que tiene base en Miami. Esta membrecía les permite estar actualizados en diferentes materias vinculadas con el mundo de los negocios

    La corporación de Vizcaíno suma en 15 años cerca de 180 clientes, entre los que han pasado Andes Petroleum, Drillfor S.A., Banco Pichincha, Suiz Com, Seguros Constitución, CFE México, entre otras firmas. La especialidad de Vizcaíno y su equipo de trabajo es la asesoría contable externa.

    José María Borja, ex procurador General del Estado, describe a Vizcaíno como un profesional capaz y responsable. “Su consultora maneja la parte tributaria de mi estudio jurídico”.

    Otra referencia profesional la da Alberto Merizalde, quien lo conce hace 12 años. Él recuerda que Vizcaíno empezó en una oficina pequeña y que fue creciendo por su talento. “Es un muy buen profesional y una buena persona”.

    El presidente de Balance Services Corp asegura que la clave fue rodearse de gente de confianza. Este emprendedor destaca también el trabajo de sus colaboradores. El sacrificio también es otro ingrediente. “Llegar a este punto ha sido un camino duro. Estudiar y prepararse, mientras se sostiene un negocio y una familia es una tarea complicada”, comenta. La salud también le pasó factura: en el 2009 sufrió un infarto por el trabajo y la presión.

    Pero Vizcaíno no se detiene. Ahora mantiene la esperanza que sus dos hijos de 18 y 14 años tomen la posta en el futuro. “Trato de ser un ejemplo para ellos, tal como para mí lo fue mi padre. De él aprendí muchísimo y no creo que lo iguale. Él es mi referente, todo lo que soy se lo debo a él”.

    Juan Alberto Vizcaíno y Sonia Vargas dirigen Balan Services Corp. 40 personas son parte de su equipo. Fotos Vicente Costales/ LÍDERES y cortesía
    Juan Alberto Vizcaíno y Sonia Vargas dirigen Balan Services Corp. 40 personas son parte de su equipo. Fotos Vicente Costales/ LÍDERES y cortesía.
  • Uber busca amparo en las leyes europeas para mantener su servicio en la UE

    Agencia EFE

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    La compañía estadounidense Uber ha decidido recurrir a la legislación comunitaria para frenar la prohibición de su aplicación móvil ‘UberPOP’, que pone en contacto a pasajeros y conductores particulares, en la Unión Europea (UE).

    España, Francia y Alemania han sido hasta ahora los países contra los que Uber ha decidido actuar a escala europea mediante la presentación de quejas a la Comisión Europea (CE), al considerar que han impuesto a su servicio restricciones injustificadas y contrarias a los principios comunitarios.

    «En la UE, los Estados miembros están adoptando enfoques legales fundamentalmente diferentes sobre Uber, un servicio tecnológico. Este tratamiento diferente viola los principios del mercado único» comunitario, explicó a Efe el jefe de política de la compañía en Europa, Mark Macgann.

    «Uber ha pedido a la Comisión Europea que actúe contra Francia, Alemania y España«, agregó Macgann, al tiempo que recordó que «el Tratado de la UE requiere a los Estados miembros que den a todas las compañías la libertad de ofrecer servicios nuevos de manera no discriminatoria«.

    La última de las quejas de Uber en llegar a Bruselas ha sido la que denuncia el comportamiento de España, en concreto de las autoridades regionales de Madrid, Barcelona y Valencia. En un documento de 38 páginas al que ha tenido acceso Efe, la compañía, que dice ser un «negocio de software tecnológicamente innovador» y no un «transportista«, detalla los principios comunitarios que, en su opinión, han violado las decisiones adoptadas en España.

    Uber considera que España no ha respetado la libre prestación de servicios, ni la libertad de establecimiento, así como tampoco las directivas de comercio electrónico, servicios, servicios de pago, ni el marco legal en materia de telecomunicaciones, o el principio de neutralidad tecnológica.

    Por estos motivos, reclama a la CE que abra un «procedimiento de infracción contra España inmediato» en caso de que constate que su actuación supone un incumplimiento de la legislación de la UE y que obligue a las autoridades del país a derogar todas las restricciones a la actividad de Uber.

    El Ejecutivo comunitario mantiene al respecto la misma línea que cuando recibió la primera queja de Uber contra Francia en diciembre pasado. La CE asegura que siempre ha apoyado el desarrollo de servicios de movilidad nuevos e innovadores con el propósito de aumentar la transparencia, dar más opciones a los consumidores y reducir los costes, pero también recuerda que la prestación de servicios de taxi actualmente recae bajo la competencia de los Estados miembros.

    Bruselas solo se permite recordar a los gobiernos nacionales que sus decisiones deben respetar los principios generales de la legislación de la Unión como la proporcionalidad, la no discriminación sobre la base de la nacionalidad y la libertad de establecimiento, pero también subraya que estos servicios nuevos no pueden ser utilizados para eludir las normas nacionales. Es habitual que al ser preguntados por las quejas recibidas contra España, Francia y Alemania, los portavoces comunitarios se limiten a confirmar que las han recibido y que «están siendo analizadas detenidamente«.

    «La evaluación de estas quejas no constituye una fase del procedimiento de infracción», añade su portavoz comunitario Jakub Adamowicz. La CE prevé comenzar en breve un estudio sobre el sector del taxi y los servicios de transporte con conductor privado con vistas a recabar información suficiente que permita decidir si es necesario tomar medidas a escala comunitaria y de qué tipo, indicó también el portavoz.

    «Realizaremos esta evaluación cuando hayamos completado nuestro análisis de las quejas», añadió. Bruselas ya dijo a finales del año pasado que en 2015 decidirá si considera a Uber como un servicio de transporte o como uno tecnológico, una cuestión que resulta clave para decidir qué legislación nacional y comunitaria debe aplicarse a este servicio.

    Uber, que está presente en más de 250 ciudades de 54 países, 19 de los cuáles son comunitarios, mantiene litigios en España, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda a raíz de las protestas del sector del taxi, que denuncia que la empresa ejerce una competencia desleal al ofrecer un servicio remunerado de transporte con conductor privado sin tener licencia. 

    Uber. Foto: Archivo
    Uber. Foto: Archivo
  • Código de relaciones laborales

    El memo de la semana

    Los ministerios de la Producción y de Relaciones Laborales impulsan la reforma al Código del Trabajo, que data de 1938, a través de un nuevo proyecto de Código de Relaciones Laborales. El documento actualmente se analiza en el ámbito empresarial y laboral, para sus respectivas observaciones.

    Entre las principales reformas que se proponen aplicar están el reconocimiento de los trabajos sin relación de dependencia. Es decir, se refiere a las trabajadoras no remuneradas del hogar, trabajo voluntario y trabajo autónomo. Además, se aborda la mensualización voluntaria de la decimatercera y cuarta remuneraciones.

    Asimismo, se busca la equiparación de las indemnizaciones de los trabajadores (sea por desvinculación y/o despido); elecciones de los sindicatos a través del voto secreto; sindicalización y contratación colectiva por rama de actividad; juicio ejecutivo laboral durante 90 días; creación de una bonificación por terminación de contratos; la repartición equitativa de utilidades a los trabajadores de empresas de actividades complementarias; equiparación de los derechos y beneficios de los operarios y aprendices artesanales, entre otros temas.

    El Gobierno sostiene que esta propuesta fue revisada por la Organización Internacional del Trabajo, además de expertos en asuntos laborales. Si bien la actualización de una norma legal es importante, por la propia evolución del mercado laboral, lo importante es lograr acuerdos mutuos en la relación de empleados y empleadores.

  • El gasto aumenta en las empresas con las nuevas normas

    Redacción Quito y Guayaquil

    Las normativas legales implementadas en los campos de la seguridad ocupacional, el seguro social, los manejos contables y tributarios, entre otros, aprobadas los últimos años, pusieron a correr a empresas ecuatorianas.

    Los temas tributario y laboral han sido los más complejos de cumplir, por los costos operativos que implican, en especial para las micros, pequeñas y medianas empresas. Sus representantes consideran que el resto de normas (aseguramiento, seguridad ocupacional, etc.) han tenido un impacto positivo. Sin embargo, señalan que la dificultad está en cumplir con todas a la vez. Así lo considera Santiago Peralta, gerente de Pacari, empresa que elabora chocolates.

    Cumplir con estos reglamentos demandó a algunas empresas ajustar sus procesos, realizar inversiones adicionales e incluso contratar personal y asesorías.

    La situación fue más difícil para las pequeñas y medianas empresas. En este segmento, las firmas tuvieron que hacer inversiones que van desde USD 20 000 hasta más de USD 200 000.

    Estos costos incluyen los gastos para capacitar a su personal en temas contables, tributarios, aduaneros, etc. Aunque las entidades públicas organizaron talleres de capacitación, para algunos temas, como los contables, las medianas y grandes firmas tuvieron que recurrir a asesorías para adaptar sus sistemas.

    Los costos también incluyen gastos en contratación de consultorías o personal de planta especializado para poder cumplir con las normativas.

    La empresa que fabrica mobiliario hospitalario Ferromédica, por ejemplo, tuvo que contratar a un experto en comercio exterior para poder manejar el nuevo sistema aduanero (Ecuapass), que permite a todos los operadores de comercio exterior realizar sus operaciones aduaneras de importación y exportación.

    Los procesos más costosos fueron los de seguridad industrial y las licencias y permisos de operación -estos últimos exigidos por algunos municipios- que obligaron a realizar obras adicionales, asesorías, etc.

    La normativa de seguridad y salud ocupacional, emitida en el 2012, obligó a las empresas, según su tamaño y enfoque de negocio, a contar con un centro médico. «Contratar al personal especializado fue lo más complejo, hay muy pocos médicos ocupacionales en el país», explica William Jácome, coordinador de talento humano de Ferromédica. Agrega que la certificación ISO 9001 obtenida en el 2011 obligó a la empresa a implementar algunos procesos y permitió que el proceso no sea tan traumático.

    Alejandra Troya, sénior de responsabilidad corporativa de Deloitte, explica que el tema de seguridad y salud ocupacional era llevado solo por empresas nacionales que querían estar a la vanguardia o transnacionales que debían aplicar normas internacionales. Estas firmas tuvieron que certificarse y pasaron la auditoría. «Pero otras tuvieron que correr y empezar a contratar médico, jefe en seguridad ocupacional; formar comités, etc.», dice Troya.

    Para la experta, un plan de gestión de responsabilidad corporativa permite a las empresas ser proactivas; esto es, implementar paulatinamente este proceso para evitar «apuros» cuando estos se convierten en obligación.

    Con esto concuerda Sandra Aráuz, gerenta de The Natural Nutrition Foods, que elabora confitería fina. La ejecutiva explica que desde que arrancaron operaciones la empresa buscó que sus procesos sean ordenados. Gracias a ello, el cumplimiento de algunas normas no ha sido traumático, explica la representante de esta compañía.

    La presión tributaria cambió la rutina diaria

    Los tres últimos años han sido especialmente agitados para las actividades empresariales en el ámbito tributario. A la par de una serie de regulaciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) han tenido que adaptar sus esquemas a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y dejar atrás las normas NEC.

    «Esto constituyó un desafío para los departamentos de auditoría y contabilidad. Tuvimos que destinar amplios recursos para capacitar a la gente y destinar mucho tiempo para ajustar los procesos», explica María Inés Terán, contadora de la empresa productora Tangua.

    A ello se han sumado una serie de exigencias de la autoridad tributaria en cuanto a la presentación de documentación. «Hoy, funcionarios del SRI hacen control en las empresas. Entonces se tiene que destinar por varios meses un espacio físico, y a personal que se encargue de cumplir los pedidos del SRI», explica Daniela Ramos, ejecutiva del área laboral de una empresa exportadora.

    Y la principal carga en los dos últimos años ha sido el del Anticipo al Impuesto a la Renta, que obligó a las empresas a ajustar sus presupuestos para cancelar las dos cuotas anuales. Gabriela Alvarado, gerente de Ferromédica, reconoce que la firma sufrió complicaciones hace dos años, cuando arrancó el pago del Anticipo. «Haya o no utilidades, debíamos pagar, nos parecía algo ilógico. Tuvimos que ver recursos adicionales y más planificación para hacer frente a esta norma».

    Las afiliaciones obligaron a reestructurar

    Todo empleador tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores. Aunque no es una ley nueva, desde mayo del 2011 la normativa se endureció, y aquellos empleadores que no cumplan con esta obligación, además del pago de intereses y multas, pueden afrontar procesos penales y de coactiva. Ello obligó, especialmente, a las micro, pequeñas y medianas empresas a  regularizar a su plantilla. El impacto depende de las ventas y el tipo de empresa.

    Para Ferromédica, una empresa mediana que oferta equipos médicos, el cambio no afectó, pues ya venían cumpliendo con esta normativa.
    Pero empresas de servicios especializados tuvieron que reestructurar su negocio. Es el caso de Itelsys, que oferta servicios informáticos. «Como empresa de tecnología, tener personal permanente nos afecta los costos, pues antes requeríamos personal especializado según el proyecto».

    Itelsys tuvo que contratar personal de planta. «Una consultoría nos ayudó a poner en orden el tema laboral».

    Para a la pequeña fábrica y comercializadora de zapatos Lady Rose le significó reducir su personal en un 40% en los últimos tres años. Optó por quedarse con el personal que consideraba eficiente, subió los sueldos a estos empleados y liquidó al resto. «Nos ha tocado bajar mano de obra para sobrevivir y bajar costos».

    La preocupación de estas firmas son las empresas informales que ofrecen precios más bajos porque no incurren en estos costos. «Debe haber más control estatal para competir en iguales condiciones», dice William Jácome, coordinador de talento humano de Ferromedica.

    Normas laborales implican más costos

    Un informe presentado  por la consultora Deloitte a fines del 2012 revela que las empresas han tenido que aplicar cambios internos e incurrir en gastos debido a la serie de normativas laborales que ha puesto en marcha el Gobierno en los últimos siete años.

    Entre estas constan la ampliación del periodo de maternidad, la inclusión de guarderías, el salario digno, los aumentos de sueldo, las normativas de salud ocupacional, seguridad industrial, etc.

    Estas últimas han impactado fuertemente en sectores como el de Benito Jaramillo, floricultor y presidente del directorio de Expoflores. Él asegura que la mano de obra representa en los costos de producción entre el 45% y el 55%, y que estos se han incrementado como producto de las reglamentaciones y aspectos salariales. Estos, aunque no especifica un monto, han sufrido frente a otros años.

    Una situación similar se enfrenta en la construcción. Allí, el impacto de la mano de obra y el costo de producción en obras inmobiliarias es del 25% y el 30%. Creció en los últimos siete años, en 3% o 4%.

    Los dueños de firmas en el  área textil, metalmecánica y de hotelería, como Carlos Rivadeneira, quien tiene 340 empleados, aseguran que han tenido que hacer gastos por temas de seguridad industrial, y sus costos de producción han subido. Pese a ello, indicó que cumple con todas las reglas y paga a sus empleados, incluso más de lo que establecen las tablas sectoriales de cada uno.

    Las NIIF removieron al Departamento Contable

    Ecuador adoptó el uso de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el 2006. Pero no fue sino hasta el 2008 cuando se establecieron los nuevos plazos para que la vida contable de los negocios migren del modelo NEC (Normas Ecuatorianas de Contabilidad) a las NIIF.

    Según Santiago Sánchez, experto de Deloitte, esto implicó que las empresas tengan que efectuar inversiones en capacitación profunda, para todos los niveles de la organización y asesorías de expertos en esta normativa.

    En muchos casos fue necesario efectuar modificaciones o cambios a sistemas contables. Ese fue el caso de la empresa Ideal Alambrec Bekaert. Alexandre Caldeira, gerente de Operaciones de la firma, explica que una auditora externa apoyó el proceso. Cree que reportar bajo normas internacionales es algo positivo, «al ser una empresa global es mejor reportar con normas internacionales». Las NIIF se aplican también en Perú, Brasil y Paraguay por nombrar algunos países.

    En criterio de Sánchez, en las empresas pequeñas, en general, la dificultad fue menor, debido a que sus operaciones son más sencillas y, por lo tanto, la aplicación de las normas contables no representan complicaciones excesivas.

    Jorge Pérez, gerente de Lady Rose, una firma ambateña dedicada a la fabricación y comercialización de zapatos, dice que el tema no fue complicado, pues él y su esposa son contadores. «Eso facilitó adaptarnos a los procesos».

    Gabriela Alvarado, gerente de Ferromédica, una firma que fabrica equipos médicos, dice que destinó cerca de USD 13 000 en asesorías para adaptar su sistema contable. «Es complicado el cambio, pero es cuestión de adaptarse. La ventaja es que en temas normativos ya veníamos trabajando y no fue tan complejo».

    Aduanas y permisos, con otras exigencias

    Además de normas laborales, tributarias y contables, las empresas han tenido que cumplir con reglamentos relacionados con permisos municipales, normas sanitarias, Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura y adaptarse a nuevos sistemas aduaneros y de normalización de productos.

    Para cumplir con estos procesos, las empresas han tenido que contratar personal especializado, realizar talleres de capacitación para el personal e, incluso, asesorías externas. Sandra Arauz, gerenta de The Natural Nutrition Foods, relata que dentro del proceso de aplicación del Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura tuvieron que realizar talleres. «Pero desarrollar procesos previos, que veníamos cumpliendo en temas de limpieza, seguridad ocupacional, nos facilitó el proceso de cumplimiento», recuerda.

    Los cambios en el sector sanitario se dan constantemente dentro de los sectores comerciales, asegura Diego Vizcaíno, director ejecutivo de Agrocalidad. Es por ese motivo, explica, que en los últimos cuatro años se han realizado ajustes normativos en el sector agrícola, para mantener y aumentar las ventas de los productos nacionales.

    «No hubo un cambio programado, sino un ajuste a las reglas ya existentes, como la normativa para la introducción de protocolos para la certificación de vacunas, programas de control de plagas en flores y frutas… Todo esto enfocado en la depuración de normativas para elevar los niveles de exportación», asegura.

    Uno de los cambios más significativos, asegura Vizcaíno, es la ley derogatoria de la ley de creación de la Comisión Nacional de a Erradicación de la Fiebre Aftosa (Conefa). «La eliminación de la Conefa significó devolver a la autoridad sanitaria la potestad de control que siempre tubo a través de la Ley de Sanidad Animal», segura.

    José Valdivieso, productor de leche en el noroccidente de Quito, considera que este cambio fue positivo, porque con la eliminación de la Conefa también se iniciaron iniciativas como las campañas de vacunación contra la fiebre aftosa.

    En el INEN además se realizaron modificaciones legales dentro del Sistema Nacional de Calidad. Así, en el 2012, en el INEN se hicieron ajustes a 1 094 documentos normativos que está previsto vayan este año al Registro Oficial.

    Estas normativas son utilizadas por los productores para el control de calidad de sus productos, pero las mejoras requieren de inversión adicional. «Si la empresa va a invertir para mejorar la calidad de sus productos, antes es necesario tener claro qué es lo que quiere mejorar, de lo contrario no les va a servir de mucho. Ese es el sentido de estos ajustes en la normalización: definir los parámetros de calidad», indica Héctor Marcial, director de Normalización del INEN .

  • Las empresas tienen en el 2014 cuatro desafíos cruciales

    Mónica Orozco y Pedro Maldonado O.

    Con un año entero por delante, el sector empresarial ecuatoriano afronta cuatro grandes desafíos: las nuevas leyes que tramitará la Asamblea Nacional, el cambio de la matriz productiva, el Código Orgánico Penal Integral y el déficit de la balanza comercial.

    De los cuatro puntos en mención, los tres primeros tienen el sello del Gobierno y sus autoridades, e implican un nuevo marco de acción para los sectores productivos. Pero a diferencia de otros años, el 2014 inicia con un diálogo entre Gobierno y empresarios, que evoluciona favorablemente. A finales de noviembre pasado, en un acto público, el ministro de Industrias, Ramiro González, y el titular de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Dávila, intercambiaban halagos.

    El funcionario estatal señalaba que sin los empresarios no puede haber un cambio de la matriz productiva. «Ellos saben lo que se requiere para desarrollar una política industrial eficiente». Dávila añadía que los industriales confían en el Ministerio de Industrias y que están dispuestos a seguir trabajando con las autoridades.

    La mirada del empresariado ecuatoriano también estará atenta de lo que ocurra en la Asamblea Nacional. Allí están pendientes, por ejemplo, la reforma a la Ley de Mercado de Valores que se encuentra en segundo debate y lista para ser tratada por el Pleno; también están a la espera las reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria, de Recursos Hídricos, entre otras.

    Para María Rosa Fabara, presidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, algunos de estos cambios pueden ser positivos, pero no dejan de generar incertidumbre. «Los cambios legales, sean buenos o malos, generan una inseguridad y estos son mal valorados en el momento de invertir».

    La preocupación inmediata para el sector empresarial es el Código Orgánico Integral Penal (COIP), tras su aprobación en segundo debate en la Asamblea el pasado 17 de diciembre.

    El Ejecutivo tiene que pronunciarse hasta mediados de enero y nuevamente el texto regresará al Pleno del Legislativo, para su aprobación definitiva.

    Los temas que más inquietan tienen que ver con las secciones llamadas Delitos contra el derecho al trabajo y a la Seguridad Social, y contra el Régimen de Desarrollo. El documento endurece los delitos tributarios al establecer hasta 10 años de pena privativa de la libertad. Hoy, el Código Orgánico Tributario establece penas de hasta seis años. También plantea hasta siete días de prisión a los empleadores que no afilien a sus trabajadores.

    Sobre los cambios al tema laboral, Xavier Sisa, director jurídico de la Cámara de Industrias y la Producción (CIP), señala que deben definirse temas como los derechos de los trabajadores, las obligaciones de empleadores y las modificaciones a figuras como la jubilación patronal o la sindicalización por ramas de actividad. En los otros temas, como leyes de Tierras y Aguas, deben definirse -dice- derechos de propiedad privada, fortalecimiento de actividades productivas y los permisos de aprovechamiento de los recursos.

    La balanza comercial es otro de los desafíos. La paralización de la Refinería de Esmeraldas, prevista para abril, obligará al país a importar más combustibles y lubricantes; además, la previsión del crecimiento de las exportaciones no supera el 5%, según Fedexpor.

    El mismo Gobierno reconoció hace un par de semanas que se está llegando a una situación difícil por el déficit de la balanza comercial y la de pagos. El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, señaló días atrás que el déficit de la balanza comercial es la principal debilidad de la economía del Ecuador.

    En general, la economía ecuatoriana, si no hay cambios abruptos en los precios del petróleo y de las materias primas agrícolas, podría presentar un crecimiento similar al del 2013, es decir, alrededor del 4% anual. Así lo asegura Santiago García, docente de la Universidad Central del Ecuador.

    En un análisis, este investigador sostiene que el crecimiento previsto obedecería a que la inversión pública mantendría similares niveles al año precedente; además, el precio del barril de petróleo podría ser menor a los USD 86,4 presupuestado en la Pro forma presentada para este año; porque la balanza comercial continuará siendo deficitaria; y porque la inversión extranjera directa no variará mayormente manteniéndose en niveles muy modestos.

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