La erradicación progresiva de la mendicidad en la provincia del Guayas es parte de la iniciativa que impulsa la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), con su sede en Guayaquil, y la Asociación de Mujeres Afroecuatorianas Valle del Futuro.
El proyecto busca beneficiar a 100 madres de familia en situación de pobreza de los sectores Monte Sinaí, Flor de Bastión, Socio Vivienda, Nueva Prosperina, Bastión Popular y la Ladrillera, ubicados en el norte de Guayaquil. Uno de los ejes es la inclusión de las familias al mercado laboral a través de emprendimientos.
El docente y coordinador de Vinculación de la carrera de Ingeniería Industrial, Hugo Iñiguez, señaló que, como universidad, se trabaja en proyectos de investigación para definir líneas de negocio que permitan que las personas en situación de mendicidad puedan acceder a un empleo adecuado. “Se está fortaleciendo las herramientas metodológicas que permitan la creación de emprendimientos relacionados con la elaboración de productos químicos utilizados para la limpieza doméstica”, indicó.
Ángela Ramírez, directora de la Asociación de Mujeres Afroecuatorianas, destacó que este tipo de iniciativas permiten llegar a acuerdos y compromisos para atender las problemáticas sociales que afronta la población guayasense, especialmente en la zona ocho que corresponde al Puerto Principal.
Por esta razón, el pasado 25 de noviembre, la UPS y el colectivo social, participaron de la firma de un convenio interinstitucional. Además, compartieron una mesa de trabajo intersectorial para conocer los resultados alcanzados en torno al proyecto que desarrollan en el Guayas. En la mesa también estuvieron presentes representantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Policía Nacional y Ministerio de Salud Pública (MSP).
El pasado 25 de noviembre la universidad suscribió un convenio con la Asociación de Mujeres Valle del Futuro. Foto: cortesía de UPS
El Gobierno mexicano inició la primera etapa del “histórico” nuevo modelo laboral, que le permitirá cumplir con el Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC).
Los tres pilares del sistema son una nueva justicia laboral, fortalecer la democracia sindical y garantizar la negociación colectiva, expuso Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en un evento en el Palacio Nacional.
“Estos cambios consolidan la visión del proyecto de nación de garantizar la democracia en todos sus ámbitos, muestra el compromiso firme asumido frente a nuestros socios comerciales, EE.UU. y Canadá, plasmados en el T-MEC, y dan respuesta a una deuda histórica”, afirmó Alcalde.
Las condiciones laboralesen México eran uno de los principales reclamos de los sindicatos en EE.UU. y Canadá, para avalar el T-MEC, que en julio sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).
Bajo el T-MEC, las empresas de otros países pueden interponer controversias laborales ante los paneles comerciales que podrían derivar en aranceles o restricciones al comercio.
La presentación del plan significa el primer paso de la reforma laboral aprobada por el Congreso mexicano el año pasado, pero también de un longevo reclamo de los trabajadores mexicanos, recordó la titular de la STPS.
“Hoy inicia un proceso histórico, después de años de espera y décadas de lucha, vemos implementada la primera etapa del nuevo modelo laboral, un modelo que rompe con paradigmas y vicios del pasado”, enfatizó.
El principal cambio consiste en reemplazar las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje, que dependen del poder Ejecutivo, por tribunales laborales a cargo del poder Judicial, para erradicar la corrupción e ineficacia en la resolución de conflictos laborales.
La reforma también exige un voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores en la elección de sindicatos, proporcionalidad de género en las directivas sindicales, transparencia y verificación de procesos democráticos.
Además, demanda que los contratos colectivos tengan el apoyo de al menos 30% de los trabajadores, con revisiones cada dos años.
“Inicia una transformación, quizá la más importante en las últimas décadas, haciendo realidad la libertad, la democracia y el acceso a la justicia en el mundo del trabajo”, subrayó la Secretaria del Trabajo. Por ahora, el nuevo modelo arrancará en ocho estados: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió que no quedará en ‘letra muerta’. “Poco a poco vamos a cubrir todo el país. Se va a aplicar la reforma en todo México y vamos a dejar las bases para una relación nueva en esta materia de justicia laboral”.
Personas que buscan trabajo se congregan para postularse en fábricas de ensamblaje en México, en medio de los efectos de covid-19. Foto: José Luis González / Reuters
Durante tres semanas, 20 ideas de negocios y emprendimientos en marcha fueron parte de la tercera edición del Bootcamp. Se trata de un programa de desarrollo emprendedor en el que se fortalecen las iniciativas, mediante capacitación en temas de finanzas, modelos de negocios innovadores, comunicación estratégica, marketing digital, etc.
Con la simulación de la presentación de los proyectos ante un foro de inversionistas concluyó esta tercera edición. La ceremonia se cumplió el 31 de marzo, en las instalaciones de EDES Business School de la UTPL, en Quito.
El director de esta institución, Camilo Pinzón, destaca que este ‘campamento’ de emprendedores permite desarrollar una experiencia vivencial, para quienes quieren poner en marcha sus ideas de negocios. “Se trata de una formación integral que permite aumentar las posibilidades de éxito de los emprendimientos”.
Juan Montero, Eduardo Jaramillo, Guillermo Poveda, Maximiliano Krause, Olga Cavalucci, fueron los encargados de transmitir sus conocimientos durante tres semanas, en las cuales se plantearon situaciones reales de los negocios y los desafíos que se presentan a la hora de encaminar a un emprendimiento hacia la sustentabilidad. Ideas clave, como la de Juan Montero, que resumen el desarrollo de un negocio: “Solo hay dos maneras para que la empresa gane dinero: vende más o gasta menos”.
Entre las iniciativas que se presentaron estuvieron ideas de negocios relacionadas con robótica, embutidos artesanales, abono orgánico, aplicaciones para optimizar la gestión de ventas, plataforma de inversión en el sector inmobiliario, snacks saludables, fideos con chocho, mistelas, asesoría en agroindustria, etc.
Uno de esos proyectos es el de MBot. Se trata de un kit de robótica dirigido para niños mayores de seis años. Su creador, Marcelo Monteros, explica que mediante este material se promueve el acercamiento hacia el desarrollo del ensamblaje. El kit es un producto educativo que está ingresando en el mercado en escuelas y colegios.
Otro de los proyectos que se presentaron ante representantes de Corporación Favorita, Crisfe, Startup & Ventures y EDES fue el emprendimiento agroindustrial de Gaby Zoke, que desarrolla productos para quienes mantienen un estilo de vida saludable, mediante el aprovechamiento de frutas como el coco, frutilla, naranjilla, uvilla, entre otros. El objetivo de este emprendimiento es llegar a otros mercados mediante las barras de frutas saludables.
Francisco Gordillo, con Gana al paso, ofrece una plataforma que busca integrar a las empresas de consumo masivo con las personas (clientes), que tengan un ‘smartphone’, para generar información directa sobre las preferencias de los consumidores. “Espero en un par de años llegar a los países vecinos, Colombia y Perú, y en cinco años estar en Argentina, Brasil y México”, dice Gordillo.
Camilo Pinzón asegura que con esta formación integral cada vez hay más empresas interesadas en apoyar el desarrollo y nacimiento de nuevos emprendimientos.
La presentación de los emprendimientos se cumplió el 31 de marzo. Delegados de Corporación Favorita, Startup&Ventures y Crisfe asistieron. Foto cortesía de EDES
Redacciones Quito, Guayaquil y Cuenca (I) redaccion@revistalideres.ec
La reforma al Código del Trabajo, que está en etapa de elaboración, es parte de las acciones o medidas que se tienen en cuenta para facilitar el desempeño de la empresa privada, en medio de la situación económica complicada.
Un paquete de cinco reformas laborales tiene previsto enviar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, en los próximos días. El objetivo es ‘mantener’ los puestos de trabajo durante un año complejo.
Esta propuesta y otras acciones ya enrumbadas llegan en medio de una desaceleración que se manifiesta con un desplome del precio del petróleo en el mercado internacional; caída en el crecimiento del Producto Interno Bruto (0,4% es la previsión del Régimen para el 2015); desempleo en alza (4,77% el 2015); retrasos en los pagos a proveedores del Estado. Estos hechos preocupan al Gobierno y los empresarios.
Para enfrentar la situación, autoridades del Estado y representantes de la empresa privada mantienen en los últimos meses reuniones constantes para buscar propuestas y soluciones. Consejos consultivos, mesas de atención al sector productivo, foros y seminarios son espacios en los que representantes de las carteras de la producción y voceros de gremios industriales se acercan para buscar oportunidades. Y allí se analizan las medidas que ya se aplican o decisiones en marcha.
Una de las más recientes acciones implementadas fue la Ley de Alianzas Público Privadas, vigente desde finales del 2015. El objetivo es posibilitar que el Estado pueda encomendar a los inversionistas, la ejecución y financiamiento (total o parcial) de una obra.
Con esto, los empresarios podrán intervenir en obras nuevas, trabajar en las existentes, etc. y contar con beneficios tributarios. 94 proyectos en áreas vinculadas a minería, electricidad, petróleo e industrias básicas son parte de las posibles inversiones privadas que busca el Gobierno.
A propósito de esta Ley, la semana pasada se cumplió en Quito el seminario Alianzas Público Privadas y su aplicación como alternativa de desarrollo, organizado por el Comité Empresarial Ecuatoriano. Para Francisco Alarcón, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, “se debe estructurar un marco regulatorio estable que garantice las inversiones de los sectores involucrados en los convenios”.
Otra medida reciente, adoptada el año pasado, permitió que la banca privada quede exenta del pago el impuesto a salida de divisas (ISD). En este caso, una resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera determinó que los pagos de créditos directos, líneas de crédito o depósitos que realicen las entidades del sistema financiero nacional al exterior quedaban exentos del ISD, tributo implementado en el 2008.
La liquidez es otra de las preocupaciones de las empresas. Ante esta situación la Corporación Financiera Nacional maneja desde septiembre del 2015 el programa de ‘factoring’, que permite que los proveedores del segmento empresarial y corporativo obtengan liquidez inmediata por las facturas que tienen por cobrar.
Hasta la semana pasada, las aprobaciones de este servicio financiero llegaron a USD 42 millones. Firmas como Atu, Edesa, El Ordeño y sus proveedores están entre los que accedieron a esta medida de la banca pública.
Otra acción, que se derivó de la Ley de Alianzas Público privadas, es la sustitución del registro sanitario por una notificación sanitaria; la medida involucra directamente al sector de los alimentos.
Antes, obtener un registro sanitario para alimentos procesados tomaba meses o años, pero ahora, con la nueva normativa el trámite se reduce a días, en determinados casos. Christian Wahli, presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, reconoce que el proceso era un vía crucis. “Era válido para un mercado de 10 empresas, pero colapsó cuando creció el tejido empresarial del sector de alimentos. Ahora se aliviana”.
Otras medidas pensadas para dar una mano al sector privado en la actual coyuntura son, por ejemplo, la del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que permite a los empleadores acceder a descuentos en multas y recargos, una vez que cancelen el capital adeudado a la entidad estatal. Y una reciente resolución tomada por el Ministerio de Industrias, que permite a los importadores etiquetar y reetiquetar sus productos en el país.
Un mecanismo para buscar inversiones
Con el fin de atraer inversiones, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Asociaciones Público Privadas. El objetivo es posibilitar que el Estado pueda encomendar a los inversionistas la ejecución y financiamiento de una obra.
Con esto, los empresarios podrán intervenir en obras nuevas, trabajar en las existentes, etc., y contarán con beneficios tributarios. Se puede invertir en vialidad, puertos, aeropuertos, construcción de viviendas de interés social, entre otros.
La ley permite que se puedan aplicar las asociaciones público privadas. El Estado, de hecho, busca capitales por USD 37 153 millones para 94 proyectos en áreas vinculadas con minería, electricidad, petróleo e industrias básicas.
Los empresarios desarrollan acciones para impulsar esta ley. Uno de esos encuentros fue la semana pasada: el seminario con autoridades del Gobierno, analistas, banqueros, para analizar riesgos, beneficios y oportunidades.
Resoluciones para el sector financiero
La Junta de Regulación Monetaria y Financiera determinó, mediante una resolución, que los pagos de créditos directos, líneas de crédito o depósitos que realicen las entidades del sistema financiero nacional al exterior quedaban exentos del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).
Las entidades del sistema financiero nacional pueden acogerse al beneficio, cuando los recursos provengan de entidades internacionales que otorguen financiamiento siempre que cumplan los requisitos fijados por las autoridades.
Andrés Vergara, analista económico, comenta que la idea de que la banca pueda levantar patrimonio desde el exterior sin el costo el ISD es una muy buena idea y nadie dirá lo contrario.
Pero agrega que se necesitan certezas de que será una medida de largo plazo que genere confianza en el sector. “Antes de la crisis había resoluciones constantes y cambios permanentes en las reglas del juego. Ojalá eso no se repita”.
Modificaciones en la jornada de trabajo
Un paquete de al menos cinco reformas laborales está en camino a la Asamblea Nacional. Su objetivo es mantener los puestos de trabajo durante un año económicamente complejo. La figura del ‘paro parcial’ es parte de la reforma planteada y permitiría reducir la jornada laboral. Entre las empresas existe expectativa ante la falta de liquidez que sienten, según explica Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano.
Pero Fernando Ibarra, del Parlamento Laboral Ecuatoriano, asegura que esto representa un impacto para los trabajadores, debido a que con menos horas de trabajo habrá menos sueldo. De ahí que esta y otras organizaciones sindicales enviarían a las autoridades propuestas para reducir esta afectación.
Otras reformas que se proponen están vinculadas al no pago por pasantías y la creación de un seguro de desempleo, para todos los trabajadores y no solo a los afiliados al IESS.
El 22 de diciembre pasado se cumplió un consejo consultivo, entre autoridades del Gobierno y empresarios privados. Allí se analizaron opciones para la industria local. Foto: cortesía del Ministerio Coordinador de la Producción
