REDACCIÓN AGENCIAS
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, provocó un sacudón histórico. En una cadena nacional anunció que tomó una «decisión trascendental para acelerar el desarrollo del país». Para ello, propone una reforma constitucional.
Uno de los puntos críticos de esta reforma es modernizar la petrolera estatal Pemex, que ha atravesado una fuerte caída de su producción en los últimos años.
Con la reforma se prevé una modificación del artículo 27 de la Constitución para que la compañía pueda celebrar «contratos de utilidad compartida» con empresas privadas.
La iniciativa de reforma energética impulsará un crecimiento adicional del Producto Interno Bruto (PIB) de un punto porcentual y generará 500 000 empleos en el 2018, aseguró el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
Mientras que en las proyecciones para el 2025, el PIB aumentará dos puntos porcentuales gracias a la iniciativa y los empleos generados alcanzarán los 2,5 millones, precisó el ministro.
Sobre la fórmula de contratos de utilidad compartida escogida para aumentar la participación del capital privado en las áreas de exploración y extracción de crudo, explicó que se trata de la más apropiada dado que permite al Estado mantener la propiedad de los hidrocarburos.
Señaló que los únicos países que manejan esta figura en exclusiva son Ecuador, Bolivia e Irán. Otras naciones como Irak y Malasia permiten esa fórmula, pero la combinan con contratos de producción compartida, mientras Chile y Angola lo hacen con las concesiones.
La decisión del actual Gobierno contempló las experiencias positivas registradas en los países que ya utilizan los contratos de utilidad compartida, que han permitido aumentar la producción y la renta petrolera, afirmó.
Sin embargo, también existen voces en contra de este proyecto. Por ejemplo, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, aseguró que la iniciativa «no es suficientemente ambiciosa y ni audaz».
«Tengo la impresión de que se están quedando en los mínimos para que ya no haga más agua el sector energético, pero no tanto para que se convierta en un verdadero motor» del crecimiento sostenido de la economía, señaló Madero.
El líder se mostró en desacuerdo con que Petróleos Mexicanos (Pemex) siga siendo «una paraestatal monopólica», algo que ya no existe «en ninguno de los doscientos países del mundo».
Además, explicó que en Brasil, Noruega y Colombia había «parestatales dominantes» como Petrobras, Statoil y Ecopetrol, respectivamente, pero «no monopolios ya».
La reforma también contempla la apertura de la industria de la electricidad. Peña Nieto declaró que el proyecto permitirá que particulares produzcan energía eléctrica. El Mandatario indicó, que con una mayor flexibilidad para la Comisión Federal de Electricidad y la reducción de sus costos de operación, se permitirá que la factura de la luz de los mexicanos sea más barata (ahora es un 25% más cara que en EE UU).
Gracias a ello, empresas como la colombiana Ecopetrol y las estadounidenses General Electric y Chevron tuvieron «contactos informales» con funcionarios mexicanos en las últimas semanas, en el marco de esta reforma.
Estas firmas analizan la posibilidad de participar en el sector energético mexicano si el sector petrolero se abre a la inversión externa, señaló el diario mexicano 24 horas.
General Electric, a través de su división Oil & Gas, indicó que cuenta con la tecnología necesaria para ir a esos lugares a los que Pemex «no puede hacerlo con facilidad, por falta de recursos y tecnología», señaló el matutino.
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