Agencia AFP
Relacionadas
Más de seis millones de peruanos pueden solicitar, desde el lunes pasado, el retiro de hasta USD 3 700 de sus fondos de pensiones para paliar la crisis causada por el confinamiento, desde hace dos meses, para combatir covid-19.
El procedimiento, que economistas advierten que tendrá “efectos perniciosos a largo plazo”, es posible por una ley del 30 de abril que autoriza a los afiliados al sistema privado de pensiones a que, de forma “voluntaria y extraordinaria, puedan retirar hasta el 25% del total de sus fondos acumulados”, hasta un máximo de USD 3 700 por persona.
“Se busca resolver transitoriamente un problema de liquidez y caída de los ingresos” , dijo el economista Jorge González Izquierdo, exministro de Trabajo.
“En el corto plazo (…) impulsará el consumo del sector privado y servirá de un pequeño estímulo a la economía” , agregó.
La inscripción, a través de Internet, comenzó el pasado lunes y se extenderá hasta el 18 de julio.
Los pagos empezarán a fines de mayo en dos desembolsos, con un mes de diferencia, por los bancos.
Las autoridades estiman que el monto global a ser retirado bordearía los USD 8 000 millones. En Perú operan cuatro administradoras de fondos de pensiones: Integra, Hábitat, Prima y Profuturo.
La medida era una demanda popular que el Congreso aprobó y convirtió en ley en medio de críticas del gobierno de Martín Vizcarra, temeroso del impacto de la idea en el largo plazo.
El sistema privado de pensiones peruano, copiado del modelo chileno, ha recibido masivas críticas estos últimos meses por parte de sus clientes, que alegan ser perjudicados por cada crisis financiera, sin que ello afecte las utilidades de las compañías.
Perú es el segundo país de la región con más casos de covid-19, después de Brasil. Más de 90 000 personas se han contagiado, de las que han fallecido más de 2 000.
Los críticas a la medida son, principalmente, que favorece a una minoría de los trabajadores que quedaron sin ingresos y que tendrá un efecto nocivo en las futuras jubilaciones.
“El retiro está destinado a una minoría de trabajadores formales dependientes, que son alrededor del 30% de la población económicamente activa (PEA) del país. No hay que olvidar que el 70% de trabajadores son independientes”, destacó González Izquierdo.
“En un balance general, está medida tiene efectos perniciosos a largo plazo, porque reducirá la pensión de los trabajadores cuando se jubilen y convertirá sus ahorros en consumo, afectando la tasa de ahorro nacional”, explicó.
