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  • La economía popular y solidaria busca mayor posicionamiento

    Redacción Quito y
    Redacción Sierra Centro

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    Pequeñas asociaciones productivas, cooperativas de ahorro y crédito, microempresarios, agricultores, bancos comunales, transportistas, etc. La lista de actores de la economía popular y solidaria (EPS) es extensa, lo que demuestra que en el Ecuador este sector se halla en evolución, en medio de retos y desafíos.

    Las cifras que maneja la Superin­tendencia de Economía Popular y Solidaria muestran el desempeño. En el sector financiero de la EPS los activos se han duplicado entre el 2012 y este año. En cuanto al número de socios, hoy en día ya se cuentan 6,4 millones.

    En el sector real también se registra una evolución favorable. Los activos, por ejemplo, han crecido hasta los 605 millones y el número de organizaciones pasó de
    5 750 en el 2012 a 13 027 hasta abril de este año (ver gráfico).

    El sector financiero de la EPS está integrado por las cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas. Allí están entidades consolidadas y fuertes desde el punto de vista económico. Por eso la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria las clasifica en cinco segmentos. Las más grandes tienen activos por más de USD 80 millones y las más pequeñas no superan el millón de dólares.

    De su parte, el sector real incluye básicamente asociaciones, cooperativas de transporte, cooperativas de vivienda, de servicios y de producción. “El eje es la redistribución de riqueza y la asociación. Sus miembros son dueños y trabajadores a la vez”, explica Lucía Calderón, presidenta de la Confederación Nacional de Cámaras Provinciales de la Economía Popular y Solidaria. Ambos sectores buscan mayor presencia.

    Para la titular de la Superintendencia, Margarita Hernández, las entidades de la EPS hoy en día son ya actores reconocidos y validados, fruto de un trabajo de un supervisor técnico. Las grandes cooperativas, por ejemplo, están obligadas a competir con los bancos. “Tienen que usar la normativa, los procedimientos adecuar su gestión y ser dignos competidores”.

    Hernández añade que en este desarrollo, las cooperativas deben respetar el derecho de los socios, cuidando el vínculo que se ha fortalecido durante años. “El único que puede permitir que la esencia se pierda es el socio”.

    Jardín Azuayo es una de las cooperativas de ahorro y crédito más grandes del Ecuador, con activos por USD 787 millones y 427 000 socios. Su titular, Juan Carlos Urgilés, destaca que la EPS es una realidad, un sistema económico alterno que convive con el sistema privado. Además, cree que se trata de un instrumento poderoso para incluir social y económicamente a las personas.

    Pero también hay debilidades. “Le falta una estructura que permita aprovechar todo el valor que genera. Ese valor extra se pierde, se diluye porque no se integran las cadenas productivas”. Otro punto flaco es la comprensión teórica y práctica sobre el tema. “Es necesario formar a personas con esas competencias, pero es complicado”, dice Urgilés.

    El vocero de Jardín Azuayo también advierte que el rápido crecimiento puede ser contraproducente, si no se lo sabe gestionar de manera técnica. Abrir una nueva oficina no es tan sencillo, dice, porque se requiere capacitar personal. “En nuestro caso recibimos
    3 600 nuevos socios cada mes, pero la formación solo llega a cerca de 4 000 al año. Es un problema de política pública que puede solucionarse con una metodología adecuada”.

    La vocera de la Superintendencia cree que ya es hora de dar mayor visibilidad a la actividad de los actores de la EPS. “El trabajo de regulación y control es el preámbulo para atar al sector financiero con el sector real de la economía popular y solidara”. Una de las acciones planificadas, explica Hernández, es aprovechar la ley económica urgente que está en la Asamblea y dejar claro el peso que tiene la EPS. “Hoy, la salud de la economía popular y solidaria es buena, pero puede ser mejor”.

    13 407 organizaciones, en el sector real

    Dentro del sector real de la economía popular y solidaria se contaban, hasta el 30 de abril pasado, 13 407 organizaciones. El segmento de producción es el que más abarca con el 53% del total.

    Luego están las de servicios (26%), transporte (14%) y vivienda, pesca, consumo y minería, con el 7% restante. Estas organizaciones se reparten, principalmente, en Tungurahua, Chimborazo, Cañar, El Oro y Loja, según un mapa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

    Las asociaciones están categorizadas por su capacidad de entrega de productos a supermercados, estandarización de procesos, manejo de finanzas y crédito. 45 asociaciones están registradas en Pastaza, 85 en Tungurahua, 86 en Chimborazo y 75 en Cotopaxi, dice el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS).

    Diego Hidalgo es socio de la Asociación de Confecciones Hidalgo Hermanos de la parroquia Huambaló, en Tungurahua. Junto con sus ocho hermanos, dos cuñados y padres formó la empresa de confección de ropa en tela jean y deportiva en el 2015. Sus productos son parte del catálogo digital del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

    Hidalgo explica que recibió, de parte del IEPS, asesoramiento técnico y seguimiento durante un año para aprender y evitar desacuerdos entre socios. Luego “no hubo un seguimiento o acompañamiento para saber si estamos haciendo bien las cosas. Nos ofrecieron crédito y maquinaria para la empresa pero no las hubo”.

    Otra asociación es Maki Ruray Kuna. 11 mujeres son las encargadas de elaborar, comercializar y promocionar artesanías elaboradas a base de cáscara de naranja. Inés López es la representante legal y la encargada de gestionar la ayuda del IEPS. La asociación recibió capacitación, asesoramiento técnico y emprendimiento.

    López explica que las debilidades están en temas como exportaciones, licencias de envíos, asesoramiento para créditos y mejoramiento del producto artesanal. “No contamos con un diseñador artesanal que nos explique la iconografía del país”.

    Maki Ruray Kuna busca participar en la VI Feria de Artesanías del Mercosur que se realizará en Puerto Iguazú, Argentina, en octubre del 2018. Para eso necesitan crédito. “Nos indicaron de un asesor de Riobamba para realizar el préstamo en Ambato, pero ­todavía no tenemos respuesta”, se lamenta.

    Juan Pablo Guerra, presidente de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario, resalta que la EPS ha experimentado un período de fortalecimiento desde el 2011, cuando se aprobó la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y posteriormente, cuando se creó la Superintendencia, en el 2012.

    Según Guerra, el crecimiento de la cooperativa ecuatoriana es necesario y debe darse como respuesta a los cambios de la sociedad, por ejemplo, en el ámbito tecnológico y de facilidades para los socios. El cambio, no obstante, debe darse sin que las entidades pierdan su esencia, añade.

    Lucía Calderón, presidenta de la Confederación Nacional de Cámaras Provinciales de la Economía Popular y Solidaria, piensa distinto. “Sentimos que la economía popular y solidaria no es una prioridad mayor en temas como la contratación o compra pública, por ejemplo. Entonces, eso frena de cierto modo la actividad de los actores del sector real. Lo bueno es que estamos agremiados”.

    La Asociación de Confecciones Hidalgo Hermanos opera en la parroquia Huambaló, en Tungurahua. Es parte de la economía popular y solidaria. Foto: Glenda Giacometti / LÍDERES
    La Asociación de Confecciones Hidalgo Hermanos opera en la parroquia Huambaló, en Tungurahua. Es parte de la economía popular y solidaria. Foto: Glenda Giacometti / LÍDERES

  • La economía popular y solidaria suma 10 407 organizaciones

    Redacción Quito

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    Desde el 2012 hasta febrero de este año, las organizaciones que pertenecen a la economía popular y solidaria y están reguladas pasaron de 6 016 a 10 407, entre asociaciones, cooperativas financiera y no financieras.

    Dentro de este sector se hallan asociaciones, cooperativas tanto de ahorro y crédito, como de economía popular y solidaria, cajas comunales, organismos de integración y comunitarios.
    Allí están comunidades campesinas, artesanales y productores, de todas las provincias del país, y con una mayor concentración en Pichincha, Guayas, Manabí, Tungurahua y Azuay. Su objetivo es trabajar en comunidad y cubrir las necesidades de sus socios.

    Según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), el sector cooperativo contó con seis millones de socios a finales de 2016.

    Las cifras de las cooperativas de ahorro y crédito de este sector muestran un crecimiento tanto en activos, como en pasivos y en su patrimonio. En activos el crecimiento fue del 7% al 11,2% entre 2013 y 2016, lo que supone USD 9 897 millones, con una cartera de crédito que suma USD 6 420 millones. Los pasivos crecieron del 7% al 12% alcanzando los USD 8 270 millones. Mientras que el patrimonio subió a USD 1 625,15 millones, según estadísticas de la Superintendencia.

    Datos de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips), señalan que las organizaciones de la economía popular y solidaria generan el 50% de la mano de obra del país. Virgilio Hernández, asambleísta y ponente de la reforma a la ley del sector, asegura que la potencialidad de ingreso de nuevos actores en este sector podría alcanzar a 1,5 millones de trabajadoras no remuneradas del hogar, 25 000 productores artesanales y 777 000 familias productoras campesinas, lo que denota la importancia del sector en la economía del país. “Es un sector con muchísimas potencialidades”, dice Hernández al recordar que este sector produce la mayor cantidad de bienes y servicios que consume directamente la ciudadanía.

    Para la Conafips existe una serie de temas que deben ser tomados en cuenta por parte de las nuevas autoridades que se posesionen en el Gobierno el próximo 24 de mayo, para que el sector siga en crecimiento. La Corporación también anota que es necesaria la creación de políticas y regulaciones que faciliten el desarrollo de la economía popular y solidaria y que la fortalezcan.

    Entre los temas pendientes, anota que es necesario asegurar que los procesos del sector se gestionen con calidad, que se facilite el ingreso de los productos de la economía popular y solidaria con precios favorables y con la menor intermediación posible. También resalta que es importante incentivar a los actores del sector en la producción y comercialización, y en la aplicación de innovación tecnológica.

    Hernández añade que un tema pendiente de revisar es el aseguramiento, ya que los socios de los emprendimientos a la vez son propietarios y trabajadores, lo que complica la afiliación al IESS.

    La búsqueda de nuevos nichos es otra alternativa que se debe plantear, según el legislador, para ofrecer no solo bienes primarios, sino con valor agregado y que la rentabilidad que se genere sea democráticamente repartida entre los actores de la economía popular y solidaria que conformen la iniciativa.

    De su parte, la Corporación enfatiza en que se requiere promover cadenas de valor para lograr el acceso a los mercados internacionales, además de fortalecer el marco legal para el financiamiento del sector.

    El sector cuenta con una normativa desde el 2011. Los actores de la economía popular y solidaria reconocen que la ley implementada ha sido un apoyo para el sector, pero admiten que aún hay temas pendientes por mejorar, como los procesos de compras públicas, entre otros (ver página 13).

    Los actores de la EPS buscan más espacio

    Carolina Enríquez  (I)

    La visibilización de los actores de la economía popular y solidaria se ha logrado a través del apoyo de instituciones públicas y privadas en la última década. Sin embargo, hay posibilidades para reforzar estos procesos.

    Según la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, para consolidar las relaciones comerciales entre proveedores de Mipymes y empresas de la economía popular y solidaria con las grandes cadenas de provisión de alimentos y otros bienes se han realizado 51 rondas de negocios y 263 asambleas productivas.

    Otros procesos también se han llevado a cabo por parte de entidades como el Instituto de la Economía Popular y Solidaria, del Gobierno, que creó un catálogo de productores dentro de las EPS.

    En el lado privado un caso es el de la fundación Heifer. Rosa Rodríguez, su directora, explica que esta entidad detectó que a los productores de la EPS les hace falta reforzar detalles para la comercialización como el etiquetado, mejoramientos de los procesos productivos, entre otros.

    Ella considera que para superar estas barreras es necesario un trabajo mancomunado entre actores públicos y privados. “Hay que reforzar la promoción para el consumo de productos nacionales. También sabemos que hay procedimientos que tienen trabas y que se pudiera acelerar eso”.

    Como parte de las acciones de la fundación Heifer el pasado jueves se inauguró en el museo Mindalae un showroom con 284 productos de 90 emprendedores de la EPS.
    Estos pertenecen a 12 provincias y representan a unas 16 000 familias que se dedican a la producción, la transformación y la comercialización de bienes.

    En este proyecto, que se impulsó junto al apoyo de la fundación Sinchi Sacha, participó Francisco Toaquiza, de la Asociación Cotopaxi. Los 12 artesanos de la misma se dedican al desarrollo de máscaras, cruces, cuadros, bateas, entre otros productos pintados con la técnica del sector de Tigua.

    Toaquiza asegura que se ha reducido la acogida de las artesanías por lo que es necesario visibilizarlas con más fuerza. Actualmente, se muestran en galerías en Quito y en Cotopaxi. Asimismo, han participado esporádicamente en ferias en distintas ciudades.

    Entidades del Municipio de Quito como ConQuito, desarrollan programas de impulso a las EPS como PESI y Emprectec.

    En este último participan los emprendedores de la comunidad Yunguilla, ubicado en el noroccidente de Quito, quienes recibieron capacitación para mejorar e impulsar el desarrollo turístico de esta zona de Distrito.

    La capacitación tuvo una duración de seis días, en los cuales se abordaron temas como búsqueda de oportunidades e iniciativa, cumplimiento de compromisos, exigencias de eficiencia y calidad, toma de riesgos, etc.

    La normativa ayudó, pero aún faltan cambios

    Con avances legales, pero también con pendientes. Así se resume la situación jurídica de la economía popular y solidaria.

    La semana pasada, durante la rendición de cuentas de este año de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el principal de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Icored), Édgar Peñaherrera, señaló que un factor que aportó para el crecimiento del sector cooperativo fue la emisión de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS), con la que fue posible fomentar el desarrollo de las entidades financieras además de dar protección a los socios.

    “Por ese lado se ha avanzado mucho”, dijo Peñaherrera, al explicar que actualmente es necesario esperar que las condiciones económicas del país mejores.

    Sin embargo, si bien la normativa, generada en el 2011, ha sido un apoyo para el sector, se pretendió ajustar la ley para cubrir varios de los temas que podrían ser de ayuda para el desarrollo de la economía popular y solidaria.

    “Las dificultades de este sector inician por una desarticulación” a decir de Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional y ponente de la reforma a la ley. Esto, según el legislador, porque no ha existido la suficiente fuerza para que se consolide el sector cooperativo, que tuvo auge en las décadas de los 1970 y 1980, por lo que es necesaria una consolidación.

    Entre los problemas que identifica Hernández está que si bien hay un avance en el acceso a las compras públicas para los actores de la economía popular y solidaria, también se podría ampliar este acceso en lo público y alcanzar al sector privado. En 2015 este sector logró colocar ventas por USD 125 millones de unos USD 6 800 millones, lo que muestra el potencial al que se podría aspirar.

    Para lograr el acceso a las compras públicas y privadas hay procesos y trámites que se pueden simplificar, como por ejemplo la constitución de una ventanilla única para resolver los temas de registro, del cumplimiento de condiciones sanitarias, etc.

    Sobre el acceso a recursos, además de las facilidades para obtener financiamiento, otra opción que plantea el legislador es el factoring, es decir el canje de facturas.

    Además está la idea de la creación de una caja de compensación, con la que los actores de la economía popular y solidaria que, por ejemplo, le deban al IESS o al SRI y tengan cobros pendientes con el Estado, puedan hacer un cruce de cuentas.

    El establecimiento de fondos concursables para emprendimientos relacionados a la innovación tecnológica podría ser otro mecanismo de financiamiento.

    Estas situaciones se solventaban de cierta manera en el texto que se aprobó la Asamblea el 19 de enero de 2017, luego de cuatro años de tratamiento, pero la misma fue vetada en su totalidad por el Ejecutivo. Dentro de un año se podrá volver a considerar la reforma a la ley

    La semana pasad se cumplió en Quito el showroom Artesanías y Alimentos. Actores de la economía popular y solidaria de doce provincias exhibieron sus productos. Foto: Vicente Costales / LÍDERES
    La semana pasad se cumplió en Quito el showroom Artesanías y Alimentos. Actores de la economía popular y solidaria de doce provincias exhibieron sus productos. Foto: Vicente Costales / LÍDERES

  • El banco comunal, clave de la economía popular

    Modesto Moreta

    Los bancos comunales son el puntal de la economía popular de unas 6 000 familias de los nueve cantones de Tungurahua.

    Al menos 230 de estos grupos de finanzas funcionan en la provincia. El manejo está a cargo de la Pastoral Social de la Diócesis de Ambato. La esencia del trabajo es prestar dinero para invertir en actividades productivas, que ayudan a mejorar la calidad de vida de la gente de la zona rural y urbana donde trabajan estas pequeñas entidades financieras, integradas por entre 25 y 30 socios.

    Israel Moya, responsable de las asesoras de crédito de la Pastoral Social, cuenta que la metodología de los bancos comunales se aplica hace 20 años en la provincia. Busca ayudar a las amas de casa para que desarrollen su propio proyecto productivo, es por eso que más del 85% de los bancos está integrado por mujeres, mientras el 15% restante son hombres.

    El objetivo es cubrir las necesidades de las personas que no tienen acceso al sistema financiero y a través de los créditos; y que de esa manera inviertan en proyectos productivos dirigidos a la agricultura, comercio, la agroindustria y la crianza de animales…

    Moya explica que los montos de crédito van desde los USD 50, en el ciclo inicial, hasta 5 000 en el octavo ciclo. Antes de la integración de un banco comunal, la asesora de crédito de la Pastoral se reúne en tres ocasiones con los grupos interesados. Allí también se fomenta la palabra de Dios y en desarrollar los principios de solidaridad, ayuda mutua, el trabajo en equipo y el apoyo para conseguir objetivos comunes dentro de las comunidades.

    Posteriormente la directiva se convierte en la responsable en el manejo del crédito a través del banco comunal. Las garantías se manejan entre socias, es decir, cada una es garante de su vecino, familiar o amigo.

    Moya asegura que más del 95% de las personas que consiguieron un crédito tiene su pequeño negocio. Eso les permite tener ingresos extras o mejorar su condición de vida pasando de USD 1 a 2,50 diarios. “Eso es positivo porque aprendieron a manejar sus emprendimientos y sus finanzas”.

    ¿Cómo arrancó el proyecto? Se inició con 20 grupos y un capital de USD 24 000 reembolsables (préstamo) como apoyo del Plan de Obispos de Estados Unidos agrupados en el Servicio Católico y la Agencia Internacional para el Desarrollo (Usaid). Ahora tiene 230 en la zona urbana con una cartera total que alcanza los USD 4,2 millones. La morosidad o cartera vencida es del 3%.

    Una vez que se entrega el crédito, los asesores y los directivos realizan el seguimiento a cada uno de los socios para que sean invertidos en los proyectos planteados y puedan cancelar la deuda y obtengan ganancias. Los créditos se extienden al 24% sobre saldos y una tasa real del 16 y 17%. “En el mercado estamos menor al promedio que se maneja”.
    Fausto Guana, de la parroquia San José de Poaló, es parte de los 31 socios del banco comunal de este sector del cantón Píllaro. Hace seis meses, recibió un crédito de USD 1 000. Con el dinero compró una vaca y 200 pollos. El miércoles pasado canceló la totalidad de la deuda. “Me fue bien, vendí todos los pollos y con ese dinero pagué; las ganancias las invertiré en más pollitos, tengo la vaca como ganancia. Eso mejoró el ingreso familiar por eso estoy alegre, porque solo requerí entregar la copia de la cédula y que un vecino me ayude con la garantía”.

    Carolina Garzón, asesora de créditos de los bancos comunales en Píllaro, cuenta que en el cantón funcionan 29 grupos. Todos trabajan en proyectos productivos.

    Carolina Garzón, asesora de créditos de los bancos comunales en Píllaro. En este cantón funcionan 29 grupos. Foto: Modesto Moreta /LÍDERES
    Carolina Garzón, asesora de créditos de los bancos comunales en Píllaro. En este cantón funcionan 29 grupos. Foto: Modesto Moreta /LÍDERES

  • Economía popular y solidaria de Ecuador creó 100 000 empleos en 2016

    Agencia EFE

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    El sector de la Economía Popular y Solidaria de Ecuador generó en 2016 unos 100 000 empleos en áreas como asociaciones y emprendimientos familiares y productivos, informó el pasado miércoles el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

    La Economía Popular y Solidaria recibió el año pasado adjudicaciones públicas por valor de 120 millones de dólares por medio de los Catálogos Dinámicos Inclusivos (CDI), una herramienta de contratación que da prioridad a este sector económico, así como a las micro y pequeñas empresas y a los artesanos.

    En Ecuador existen en la actualidad 18 CDI en los que están recogidos 531 productos «que son la primera y única opción de compra para las instituciones públicas», señaló el portal gubernamental El Ciudadano.

    Según el Sercop «las compras públicas se convirtieron en el motor de la economía nacional, dinamizando los sectores productivos a través de las preferencias otorgadas a los emprendedores locales».

    Junto a estos catálogos, el programa IngeniaTEC permite otorgar exclusividad de mercado a las industrias ecuatorianas innovadoras que están produciendo bienes que históricamente eran importados.

    Ello evita la dependencia tecnológica con otros países y la salida de divisas, fomenta la sustitución de importaciones, fortalece los procesos de transferencia tecnológica y asegura fuentes de empleo en la industria, agregó la fuente.

    Foto: Tomada de la cuenta Flickr de la Sercop.
    Foto: Tomada de la cuenta Flickr de la Sercop.

  • La economía popular y solidaria se apoya en la academia

    Redacción Quito

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    Fortalecer proyectos comunitarios con consigna de cooperativismo y apoyo es la misión que las universidades tienen para incentivar los conceptos de la Economía Popular y Solidaria (EPS).

    Este último se legitimó con la Constitución del 2008. Tras ello el Gobierno ha buscado, a través de varios mecanismos, que se reconozcan las prácticas y experiencias de la EPS en el sistema económico actual.

    En el caso de la academia, estudiantes y docentes se unen a proyectos en sus territorios, para formar redes productivas con miras al desarrollo local.

    Por ejemplo, la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) desarrolló desde el 2007 programas enfocados en proyectos de comercio justo. Además, ajustó la malla curricular con este componente, señala Nelson Cerda, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas.

    Para esto, en todas las sedes de la institución, ubicadas en Quito, Santo Domingo y Salinas, en las carreras de Comercio Exterior, Integración y Aduanas, Empresas y Negocios, Finanzas y Auditoría CPA, Administración de Talento Humano y Marketing se aplican los conocimientos de economía popular y solidaria.

    Aunque Cerda sostiene que, eventualmente, también lo manejan en otras carreras.
    Los principales proyectos que ha emprendido la UTE en el marco de la economía popular y solidaria son la creación del Observatorio de Economía Solidaria y Comercio Justo -con la que trabajan con otras universidades-, cursos de capacitación para formadores en EPS y cursos para los directivos de cooperativas.

    Adicional a esto, han realizado estudios socioeconómicos para promover estas prácticas con la nacionalidad Tsáchila, la Administración Zonal de Calderón y Conocoto en Quito, entre otros.

    Para el siguiente semestre, entre septiembre y octubre, la UTE ya planificó la ejecución de algunos proyectos como el desarrollo de artículos de investigación, redacción de dos boletines de opinión, capacitaciones y la elaboración de un manual para el buen cooperativista.

    En el Observatorio de Economía Solidaria y Comercio Justo también está involucrada la Universidad Andina Simón Bolívar.

    Wilson Araque, director del Área de Gestión de esta entidad de educación superior, detalla que desde esta red se trata de analizar la situación de los productores que forman parte de la economía popular solidaria, las dificultades que estos actores viven al momento de obtener precios justos…

    Otros lineamientos en la red son el involucramiento de los estudiantes en el proyecto.
    De manera paralela, en la Universidad Andina, también se direccionan investigaciones o propuestas de tesis con estos temas.

    Esto permite canalizar de mejor manera los aspectos a considerar en la economía popular y solidaria. Por ejemplo, uno de los estudiantes de esta universidad envió una propuesta que consiste en la creación de un espacio de financiamiento para más de 2 000 pequeños productores en la confección textil, sostiene Araque.

    Otras universidades como la Politécnica Salesiana (UPS) trabajan por fomentar la “Economía Social y Solidaria (ESS)”. Anita Castro, docente investigadora de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible, detalla que hace más de 30 años la comunidad salesiana trabaja en comunidades bajo los principios de reciprocidad, solidaridad y complementariedad.

    Con base en estos principios, la UPS articuló estrategias enfocadas en la investigación, de manera teórica y práctica. Una de las acciones fue formar un grupo de investigadores para desarrollar estudios en campo, pero con temáticas sobre legislación, normativas,
    determinación de los actores que se encuentran en la economía popular y solidaria, procesos, entre otros.

    En cuanto a los estudiantes, la UPS en carreras como Gestión para el Desarrollo Local Sostenible, durante tres semestres, elaboran proyectos en los territorios de los estudiantes.
    La idea es que los jóvenes planteen estrategias para aplicar la economía social y solidaria en el lugar que viven.

    La segunda estrategia es ofrecer capacitación a través de los cursos de formación continúa, con la consigna de abordar esta corriente con la sociedad, dice Castro.

    Grupo de docentes investigadores en el tema de la economía social y solidaria, de la Universidad Politécnica Salesiana.Foto: Cortesía UPS
    Grupo de docentes investigadores en el tema de la economía social y solidaria, de la Universidad Politécnica Salesiana.Foto: Cortesía UPS

  • La economía popular y solidaria se desacelera

    Redacciones Quito, Cuenca, Sierra Centro y Sierra Norte (F- Contenido Intercultural)

    El sector de la economía popular y solidaria siente los efectos de la desaceleración económica que viven distintos sectores de la economía nacional. Para actores y voceros de entidades de este segmento, el 2015 fue un año similar al 2014.

    Según Javier Vaca, director ejecutivo de la Red Financiera Rural (RFR), se percibe una desaceleración que llevó a cerrar con niveles similares entre los años mencionados. “No existe un crecimiento neto año a año, a diferencia de los bancos que tuvieron una contracción”.
    Vaca aclara que hubo entidades que crecieron y otras que no lo hicieron, pero en promedio el sector se mantuvo igual al 2014.

    No obstante, al comparar enero del 2015 con el mismo mes de este año, las estadísticas de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS) muestran un crecimiento de la cartera y de los depósitos en las cooperativas agrupadas en los segmentos 1 y 2, que suman el 67% de socios y el 83% de la cartera total del sistema popular y solidario.

    Los depósitos en esos segmentos pasaron de USD 5 167 millones en enero del 2015 a 5 310 millones en enero de este año; es decir, crecieron 2,7%. Por su parte, la cartera bruta evolucionó de USD 5 093 millones a 5 397 millones, en el mismo período, con un crecimiento de casi 6%.

    Según el director de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur), Juan Pablo Guerra, estas entidades no son ajenas a las circunstancias por las que atraviesa el país, pero debido a las estrategias de cada una, “las cooperativas han tenido un crecimiento el 2015, que se está viendo reforzado durante este año, porque hay un incremento en las captaciones”, dice Guerra.

    En años anteriores, agrega, se mantenían crecimientos que oscilaban entre el 15 y 20% en activos y el año pasado, el aumento fue del 3 al 5% en las cooperativas de todo el país. Esa desaceleración se dio principalmente por la situación del país que generó incertidumbre. Según el ejecutivo, hubo socios que usaron sus ahorros para consumo primario.

    Vaca aclara que al analizar a este segmento es necesario hacer una distinción por la heterogeneidad bastante grande de sus actores (ver página 13). “El hecho de estar divididas en segmentos según sus activos es muestra de que existen diferente tamaños y niveles de preparación” .

    Las cooperativas del segmento 1, que tienen activos por más de USD 80 millones, están mejor preparadas, según Vaca. “Antes de ser controladas por la SEPS estaban reguladas por la Superintendencia de Bancos y tienen otro nivel de avances en aplicación de normas, por ejemplo”.

    Las cooperativas del segmento 2 ya tienen normativa de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, y por su tamaño pueden manejar temas como administración de riesgos o aportes al fondo de liquidez. “Pero las más pequeñas tienen algo de dificultad al no haber tenido mayor supervisión y deben cumplir temas técnicos como manuales o procesos para combatir el lavado de activos. Entonces deben invertir en procesos y se limita la posibilidad de expandir sus servicios”.

    Ante la desaceleración económica, el sector enfrenta una serie de desafíos para este año. Entre los retos que señalan los expertos se encuentran la revisión de metodologías, mayor cautela al diversificar productos o al pensar en abrir nuevas oficinas, priorizar gastos e inversiones y controlar los índices de morosidad.

    El director de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur), Juan Pablo Guerra, comenta que el trabajo para este año se enfoca en ser muy responsables con los socios, “con el ajuste de las metodologías, nuevos productos, manejo presupuestario y planificación, porque la idea es garantizar que las cooperativas sigan creciendo a pesar de la crisis”.

    Para Guerra, todo problema en la economía de un país afecta a la capacidad de pago de las personas y por eso en el sector cooperativo hubo un aumento de morosidad. Él dice que cualquier aumento preocupa para mejorar las estrategias; sin embargo, no hay un despunte importante.

    Según Javier Vaca, de la Red Financiera Rural, la morosidad del sector oscila entre el 3 y el 8% en las cooperativa de la Red. “Es una cifra mayor a las de años pasados. Antes no superaban el 7%, pero si se llegara a dos dígitos sería más preocupante”.

    Vaca sostiene que el incremento de la morosidad es un efecto de la desaceleración que atraviesa la economía nacional y del crecimiento agresivo de algunas cooperativas que abrieron más oficinas y que priorizaron colocar más créditos en el mercado.

    La recesión económica comenzó a sentirse. En el taller de Margoth Albán dedicada a la fabricación de cajones de madera para transportar fruta, las ventas bajaron en un 40%. Eso complica reunir el dinero para cancelar las mensualidades en el grupo de mujeres que integran el banco comunal del caserío La Merced, ubicado en el cantón Baños, en Tungurahua.

    Sus 16 integrantes recibieron créditos de entre USD 100 y 5 000. Este es uno de los 250 bancos comunales que benefician a más de 16 000 habitantes del sector campesino e indígena, de los nueve cantones de la provincia.

    La iniciativa es impulsada por el proyecto de Promoción de la Mujer de la Diócesis de Ambato, que también implica programas de salud, nutrición y capacitación dirigida a las madres de familia, hijos menores de 6 años.

    Óscar Vargas, asesor de microfinanzas del banco comunal, dice que por la crisis los clientes bajaron los montos de los créditos. Eso ocurre, porque las ventas de los productos bajaron, aunque el número de socias se mantiene.

    Con los recursos económicos se financian pequeños emprendimientos, como talleres de costura o criaderos de pollos o de animales menores (cuyes y conejos). También, lo emplean para la adquisición de ganado ovino, fertilizantes y semillas para la agroproducción, y que genera buenos resultados.

    Ángel Rodríguez, director de Proyectos de la Pastoral Social, explica que el 95% de las personas que consiguieron un crédito tiene su pequeño negocio. Eso les permite tener ingresos extras o mejoraron su condición de vida, en los nueve cantones de la provincia.

    También cuenta que pese a la recesión económica, los bancos continúan trabajando con normalidad. “No se ha sentido una disminución en el número de socios y de grupos. Los montos se mantienen hasta USD 5 000. La estrategia que aplican es que se escoja bien a las personas que van a recibir el crédito, que no tengan antecedentes de morosidad”. La cartera vencida es del 3%.

    En Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Bolívar, 350 cooperativas de ahorro y crédito están en funcionamiento. No hay un número preciso de los bancos o cajas comunales.
    Carmen Ubidia, intendenta de la Zonal 3 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, asegura que las cooperativas y financieras son controladas para evitar problemas económicos. El año pasado, cinco cooperativas quebraron. “Fue por el mal manejo de los administradores. Al momento, el sector cooperativo es confiable”.

    Según Ubidia, el sector financiero (el año pasado), en el total de activos creció en un 5,36% a escala nacional. Asimismo, se capacitó a más de 1 200 organizaciones y esos conocimientos fueron replicados a más personas.

    El gerente de la Cooperativa Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, asegura que al haber menos circulante por la crisis, la economía se deprime y eso se siente. En diciembre del año pasado de la entidad financiera se retiraron USD 5 millones, pero en enero de este año se recuperó ese monto en depósitos. Además, la cooperativa capitalizó las utilidades. Para el 2017 se proyectaron utilidades de unos USD 10 millones. “Nos mantendremos en una estabilidad, pero optimizando los gastos. La gente debe confiar en las cooperativas”.

    En el norte del país, existe confianza en el sector. Así lo asegura Rommel Alarcón, gerente de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Norte, que abarca a 44 instituciones de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos.

    El dirigente del sector añade que para enfrentar la desaceleración se están tomando acciones. “Como una estrategia de estabilidad, las cooperativas de la Unión trabajan para fidelizar a sus clientes, antes de ampliar su mercado para colocar los productos”.

    El analista económico Rubén Santacruz comenta que las micro, pequeñas y medianas empresas -principales clientes de estas instituciones- enfrentan una disminución en las ventas por la situación económica del país. “Eso provoca que no tengan para pagar los créditos”.
    Pero según Alarcón, la morosidad de las entidades de la Unión se mantiene bajo el 5%, lo que es una cifra adecuada.

    Óscar Vargas, de la Diócesis de Ambato, recauda dinero para bancos comunales en Baños. Foto: Glenda Giacometti/ LÍDERES.
    Óscar Vargas, de la Diócesis de Ambato, recauda dinero para bancos comunales en Baños. Foto: Glenda Giacometti/ LÍDERES.

  • La economía popular y solidaria gana mercados

    Redacción Quito (I)

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    redaccion@revistalideres.ec

    Las exportaciones de la economía popular y solidaria (EPS) han tenido un importante crecimiento los últimos cinco años. Desde el 2010, según el anuario de exportaciones de Sector Asociativo y Comercio Justo de ProEcuador, la tasa de crecimiento anual fue de 35%. Y entre 2013 y 2014 las ventas en este segmento crecieron un total de 53% en valor, según estadísticas de Pro Ecuador.

    La cifra pasó de USD 127 millones a USD 195 millones entre los años mencionados.
    La economía popular y solidaria se entiende como las prácticas económicas, individuales o colectivas, autogestionadas. “Orientadas al buen vivir, privilegiando al ser humano, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro, etc.”.

    Entre estos colectivos pueden estar unidades socioeconómicas populares, organizaciones familiares, agrupaciones étnicas, fundaciones, cooperativas, corporaciones civiles, entre otras.
    El Gobierno, a través de ProEcuador, se ha encargado del impulso de este sector con mecanismos como promoción de los productos y capacitación para los exportadores. El año pasado, por ejemplo, creó la Coordinación de Comercio Inclusivo, mediante la cual se ofrece asesorías técnicas y diferentes proyectos.

    El año pasado la entidad logró identificar 200 actores de la EPS , de los cuales 68 hicieron actividades de exportación.

    El banano fue el principal producto de exportación de las EPS, según ProEcuador. Esta fruta, en su variedad Cavendish Valery, representó el 75,86% de las ventas del país. Otros productos de exportación son cacao en grano, coco, abacá, fibras en bruto, rosas frescas, azúcar de caña, café, cereales, alcohol, entre otros.

    El principal destino de las ventas de las EPS es Turquía con el 34,56% del total, seguida de EE.UU. con el 24,22%. Sin embargo, la mayoría de los demás destinos son países de la Unión Europea (UE).

    Daniel Legarda, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), señala que la demanda en estos destinos se debe a que tienen la capacidad para pagar por productos, materias primas e industrializados, que suelen tener un costo mayor. Muchos de estos, por ejemplo, cuentan con certificaciones, que les agregan un valor extra.

    Entre estas certificaciones están las de comercio justo o de producción orgánica. Conseguirlas implica un esfuerzo de los entes para que su producto muestre que tiene la calidad que ofrece. Además, el valor de estos documentos es alto.

    El financiamiento para esto y para otros rubros necesarios en el proceso de exportación es uno de los problemas que deben enfrentar las agrupaciones de la EPS. Asimismo, en el camino encuentran diferentes barreras como las medidas paraarancelarias de diferentes países, las complicaciones para conformarse como exportadores, entre otros.

    Con el fin de superar estos obstáculos, hace un mes ProEcuador y el Instituto de la Economía Popular y Solidaria (IEPS) firmaron un convenio para impulsar las exportaciones de este segmento. Como parte de este proceso se inició, en junio, una capacitación a 270 organizaciones de la economía popular y solidaria.

    Las autoridades indicaron en ese momento que cada vez hay más negocios que buscan internacionalizarse. Durante ese encuentro, la ministra de Inclusión Económica y Social, Betty Tola, destacó la importancia de los negocios de la economía popular y solidaria, que generan cinco de cada 10 empleos en el país.

    Víctor Jurado, director ejecutivo de ProEcuador, señala en el anuario que la entidad ha impulsado, además, otros programas para el desarrollo de las exportaciones de las EPS, como el proyecto Exporta País, “que permite el acceso a certificaciones y otros servicios, asesorías técnicas individualizadas y especializadas, capacitaciones específicas, programas y proyectos enfocados a fortalecer lasa capa­cidades de comercialización”.

    Para los representantes de organizaciones que mueven estas exportaciones existen desafíos entre los que se mencionan los precios, la apertura de nuevos mercados, falta de financiamiento y la situación económica del continente euopeo, uno de los principales destinos de los artículos que encajan en la economía popular y solidaria y el comercio justo (ver página 13).

    Algunos detalles
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    Las ventas no petroleras del país en el 2014 fueron de USD 13 302 millones.
    De este total las exportaciones de la EPS representaron el 1,5% .

    La totalidad del sector EPS, según ProEcuador, tiene problemas relacionados al sector rural ecuatoriano. Problemas productivos en el acceso a insumos agropecuarios, necesidad de mejorar técnicas de producción, bajos índices de acceso a la educación, necesidad de riego, entre otros aspectos.

    El Instituto Nacional     de la Economía Popular y Solidaria cuenta con un catálogo de productos de este segmento entre los que se encuentran artesanías, accesorios, comestibles, confites, textiles, calzado y servicios.

    El comercio justo abre puertas en los mercados

    José Lanche es miembro de la Unión de Productores de Mazapán de Calderón. Sus figuras llegan al exterior. Archivo / LÍDERES.
    José Lanche es miembro de la Unión de Productores de Mazapán de Calderón. Sus figuras llegan al exterior. Archivo / LÍDERES.


    Redacción Quito (I)
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    En el norte de Quito, en el sector de Calderón, se encuentra la Unión de Productores de Mazapán. Esta organización surgió hace 25 años y desde hace 23 realiza envíos hacia el extranjero.

    El año pasado sus 20 artesanos elaboraron cerca de 35 000 figuras, lo que constituyó un récord para estos pequeños productores. Pero la cifra ya está siendo superada: los miembros de esta asociación trabajan estos días en un pedido de 40 figuras de mazapán.

    José Lanche es uno de los directivos de este grupo de artesanos. Él cuenta que para llegar a mercados extranjeros el trabajo es permanente. “El primer envío fue a EE.UU. Hoy llegamos a otros mercados como Canadá y Holanda”.

    Estos artesanos tienen una estrategia: trabajan con representantes de clientes asentados en esos países. Este modelo se aplica luego de sufrir un engaño hace varios años, cuando enviaron un pedido de manera directa, pero nunca recibieron el pago.

    Esta organización cuenta con el apoyo de Camari (el sistema de comercialización del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio) y uno de sus principios es promover el comercio justo.
    Sagrario Angulo, coordinadora de Camari, indica que para apuntalar la tendencia se creó hace cinco años el Consorcio Ecuatoriano de Comercio Justo “con la finalidad de tomar fuerza, trabajar unidos y crecer entre todos”.

    El consorcio está integrado por El Salinerito, Camari, la Fundación MCCH Maquita Cushunchic, Sinchi Sacha y Chancuap. El impacto social y económico llega a cerca de 500 000 personas.

    Angulo explica que entre los principios del comercio justo se encuentran el cuidado del ambiente, la equidad de género, la transparencia en la comercialización, la lucha contra el trabajo infantil, etc. Ella reconoce un incremento de los envíos que hacen los integrantes del consorcio.

    Las exportaciones van a Europa, en especial a España, Italia, Alemania… Según Angulo, existen dos líneas principales: alimentos y artesanías. En la primera la demanda se concentra en panela granulada orgánica, cebada, arroz, maíz, fréjol… En lo artesanal destacan la bisutería de tagua y tejidos. “El mercado europeo exige que sean artículos utilitarios”.

    Jambi Kiwa, con base en Riobamba, es otra organización que trabaja con los conceptos de comercio justo y que es parte de la economía popular y solidaria.

    Rosa Guamán es una de las principales directivas de esta asociación de 142 mujeres campesinas que cultiva, procesa y vende plantas medicinales. Sus productos se comercializan en Ecuador en locales de economía solidaria y cadenas de supermercados; también se exportan a Francia.

    Guamán indica que desde el 2013 sus envíos al exterior disminuyeron por situaciones internas de algunas de las familias que son parte de la asociación. “Ya nos retiramos del mercado de Canadá”.

    Ahora su meta es ganar espacio en las estanterías de supermercados nacionales, con la aplicación de la nueva normativa que promueve la producción nacional.

    La representante de la asociación detecta al menos tres desafíos para el desarrollo del comercio justo en el país: la falta de financiamiento, la escasez de recursos económicos y la dificultad para encontrar empresas certificadoras en la materia.

    La Asociación Jambi Kiwa, en Riobamba, exporta plantas medicinales a Francia. Archivo / LÍDERES.
    La Asociación Jambi Kiwa, en Riobamba, exporta plantas medicinales a Francia. Archivo / LÍDERES.

  • La economía popular y solidaria gana participación

    Reds. Quito, Ccuenca y Ambato  (F) redaccion@revistalideres.ec

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    En el Ecuador se cuentan 5,3 millones de socios de 8 154 organizaciones como cooperativas, asociaciones, cajas comunales, etc.

    La economía popular y solidaria es un sector amplio e importante pese a estar diversificado y fragmentado. En el Ecuador se contabilizaban hasta mayo pasado 8 154 organizaciones en este segmento. 7 237 están enmarcadas en lo que se conoce como el sector real: asociaciones, cooperativas de economía popular y solidaria, organismos de integración y comunitarios.

    Allí se encuentran comunidades campesinas, grupos de artesanos y pequeños productores que se reparten principalmente en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Tungurahua y Azuay según estadísticas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

    Las 917 organizaciones restantes corresponden al sector financiero y son las cooperativas de ahorro y crédito. Estas conforman un segmento en crecimiento: sus depósitos a la vista y a plazo pasaron de USD 3 473,5 millones en marzo del año pasado a 3 880,5 millones en el mismo mes del 2015, de acuerdo con datos de la SEPS.

    La tarea de las organizaciones de la economía popular y solidaria se caracteriza por el trabajo comunitario y su objetivo primordial es cubrir y garantizar las necesidades de los socios e integrantes de cooperativas, asociaciones, cajas comunales…

    Esta actividad tiene un peso creciente en el sector financiero nacional y en la economía nacional en general. En términos de activos, la economía popular y solidaria se lleva el 25% del total de activos. En captaciones, los datos muestran una evolución: en el 2008 el segmento sumaba USD 1 449 millones en depósitos, lo que representaba el 9,5% del total de captaciones del sistema financiero. Para el 2014 cerró con USD 4 722 millones, lo que equivalió al 13,23% del mercado, según datos de la SEPS y de la Superintendencia de Bancos.

    El número de personas vinculadas también es importante. Las cifras oficiales hablan de 5,3 millones de socios, aunque una persona puede ser socia de más de una cooperativa. Hugo Jácome, superintendente de la Economía Popular y Solidaria, calcula que al menos tres millones de personas están vinculadas al segmento. “Cuando ampliamos el rango hacia unidades económicas populares y sectores artesanales, hay estimaciones que señalan que la economía popular genera más del 60% del trabajo en el país”, dice Jácome y agrega que se encuentran organizaciones muy grandes y unidades muy pequeñas, lo que muestra la importancia del sector.

    ¿Se puede establecer el peso del segmento en el Producto Interno Bruto nacional? Jácome señala que no existen cifras oficiales y que la entidad encargada de establecerlo sería el Banco Central. De todos modos, Jácome indica que solo los activos de las organizaciones de la economía popular y solidaria superan los USD 8 000 millones, poco menos del 10% del PIB total, “aunque no se toman en cuenta otras dinámicas que sirven para calcular el aporte al PIB”.

    Para José Tonelo, representante del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, hoy en día existe mayor conciencia sobre el valor de la economía solidaria, porque “es un elemento para generar y mantener la paz social y para abrir caminos en la solución de problemas de las comunidades”.

    El representante de esta organización añade que la economía popular y solidaria permite la multiplicación de emprendimientos que, a su vez, tienen un impacto en sectores como las exportaciones. “Es un trabajo de mucho esfuerzo y es necesario que otros actores de la economía entiendan el trabajo de la economía solidaria”.

    Más datos del sector

    Hasta mayo pasado, la SEPS contabilizó 4 728 asociaciones, 2 451 cooperativas de economía popular y solidaria y 58 organismos de integración y comunitarios.

    Por sectores, las cooperativas de servicios (transporte y otros) tenían en el 2014 el 54% de participación en la economía popular y solidaria, según estadísticas de la SEPS.

    Luego se ubicaban las cooperativas de ahorro y crédito (28%); las cooperativas de producción tenían el 10% y las de vivienda y de consumo un 8%.

    El capital humano  también se mide en las organizaciones de la economía popular y solidaria. El 75% son hombres y el 25%, mujeres. En cuanto a socios, el 79% corresponde a hombres y el 21% a mujeres, según datos de la SEPS.

    El crédito productivo es el de mayor demanda

    Los más de 300 socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chola Cuencana acceden a microcréditos, que oscilan entre USD 300 y 500, para dinamizar sus negocios de frutas y legumbres que están vinculados con el mercado 10 de Agosto, en el centro de la capital azuaya.

    Esta entidad funciona desde hace tres años y el 2014 cerró con USD 80 000 en activos y 50 000 en créditos. De acuerdo con su gerente, Omar Yaguachi, estas personas buscan pequeños créditos para adquirir su mercadería o productos y con las ventas pagan los préstamos.

    Existen otras organizaciones como Santa Ana, Jadán, Ahorrista Solidaria y Carmen que centralizaron su trabajo en sus zonas aledañas; sus socios solicitan recursos para los cultivos agrícolas, crianza de animales y comercio en los mercados. Estas instituciones pertenecen a la Red de Organizaciones Financieras y Solidarias del Austro, que agrupa a 12 pequeñas cooperativas de ahorro y crédito de Azuay y Cañar.

    Yaguachi, quien es presidente de esta Red, dice luego del cierre de Coopera en el 2013 las pequeñas cooperativas tuvieron que brindar una mayor credibilidad y de forma paralela ajustarse a los mayores controles que impuso la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

    Lo que va del 2015 ha sido complicado debido a la situación del país y los socios toman precauciones, añade Yaguachi. Según él, con la colaboración de estas 12 organizaciones, que en total tienen más de 20 000 socios, se buscará un equipo técnico para posicionar la imagen de estas entidades, seguimiento del avance de las cooperativas y atraer más socios y recursos en el país y en el exterior. “Esperamos que en el 2016 la situación mejore”.

    Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, hasta mayo pasado se contaban 916 cooperativas de ahorro y crédito y una caja central. Pichincha y Tungurahua concentran cerca de la tercera parte.

    En la segunda provincia mencionada, el movimiento comercial es el imán para la creación de nuevas cooperativas de ahorro y crédito. Con la apertura de una cuenta de ahorros, los beneficiarios pueden obtener un microcrédito o de consumo, aunque todo dependerá de la capacidad de pago.

    Al menos 150 de estas entidades financieras funcionan en los nueve cantones de esta provincia. La mayoría, en Ambato.

    Locales comerciales y pequeños talleres son los que más utilizan los microcréditos que van desde USD 100 hasta 20 000, según representantes de cooperativas como Chibuleo. En esta región del país, el modelo que aplican los socios de las organizaciones es simple: los recursos se invierten en la compra de mercadería o maquinaria. Con el crecimiento del negocio se cancelan los créditos, mientras que el de consumo se usa para la compra de vehículos, casas…

    Otro dato: cerca del 70% de los préstamos que otorgan cooperativas como Chibuleo son para microcréditos y el 30% restante va para consumo. Los microcréditos se invierten en actividades productivas, agricultura o para incrementar el negocio.

    El banco comunitario impulsa a las familias

    En Tungurahua, los bancos comunales trabajan en la entrega de créditos para financiar pequeños emprendimientos como talleres de costura o criaderos de pollos o de animales menores (cuyes y conejos). También, ayudan para la compra de ganado ovino, fertilizantes y semillas para producir con buenos resultados.

    Aníbal Montesdeoca se levanta temprano todos los días para alimentar dos cabezas de ganado que cría en su terreno. El hombre, de 45 años, los compró con un crédito de USD 1 500 que lo obtuvo en el banco comunal que funciona en su comunidad San Carlos, de la parroquia Pilahuín a 30 minutos de Ambato. Él es uno de las 23 integrantes de la Asociación Cruz de Mayo fundada en el 2011.

    Este programa se extendió en Tungurahua. En la actualidad 150 bancos comunales funcionan en la zona rural y 100 en la zona urbana, con una cartera total que alcanza los USD 4,3 millones.

    Más de 6 000 habitantes del sector campesino de los nueve cantones de Tungurahua se benefician por un plan impulsado por el programa Promoción de la Mujer de la Diócesis de Ambato. Israel Moya, coordinador de Microfinanzas de la Pastoral Social Caritas Ambato, explica que al ser parte de la Red Financiera Rural (RFR) y de la Unión Católica Desarrollo Comunitario están enmarcados dentro de la Ley de Economía Popular y Solidaria.  “Caritas Ambato se maneja como una dependencia religiosa sin fines de lucro, sino de servicio a la comunidad”, indica Moya.

    En la zona, más del 95% de las personas que consiguieron un crédito tienen su pequeño negocio. Ángel Rodríguez, director de Proyectos de la Pastoral Social, contó que eso permite tener ingresos extras o mejoraron su condición de vida que pasaron de ganar menos de USD 1 a 2,50 diarios.

    En la parroquia Yanahurco, en Mocha, también funcionan los bancos comunitarios. Allí, 23 mujeres recibieron créditos de entre USD 200 y 1 500 en lo que va del año. Doris Rodríguez, una de las beneficiarias, obtuvo un crédito de USD 700. “Con el dinero compré cuyes y gallinas. Eso ayuda en nuestra economía familiar, pues ahora no solo mi esposo aporta, sino yo también”.

    En Cuenca, la Cooperativa de Producción Artesanal San Isidro produce cada mes de 800 a 1 000 pares de zapatos para mujer, que se comercializan en Cuenca, Quito y la Sierra Norte. Esta asociación, constituida en 1999, está integrada por 11 artesanos de la zona baja de la parroquia cuencana de Turi.

    Según su representante Cecilia Matailo, con el impulso que ha tenido la economía popular y solidaria en los últimos años han recibido capacitación en el manejo de la cooperativa y en la apertura de mercados.

    En la actualidad, un limitante que enfrentan es el incremento del costo de producción en un 30% por la aplicación de salvaguardias. Esta Cooperativa, que comercializa la marca Pasos Si, utiliza plantillas, tacos y cierres que llegan desde Colombia con un recargo desde marzo. Pese a ello, lanzaron una nueva colección con 12 modelos para competir en el mercado.

    Miguel Fárez es parte de la cooperativa de producción artesanal San Isidro, que elabora entre 800 y 1 000 pares de zapatos al mes, en Cuenca. Foto: Foto: Xavier Caivinagua / LÍDERES
    Miguel Fárez es parte de la cooperativa de producción artesanal San Isidro, que elabora entre 800 y 1 000 pares de zapatos al mes, en Cuenca. Foto: Foto: Xavier Caivinagua / LÍDERES

  • ¿Basta con ser popular?

    Marcela Mendoza. El Comercio de Perú (GDA)

    Facebook es un fenómeno social y, como tal, es lógico que todos puedan ser, en parte, dueños de la red y, además de tener un muro lleno de fotos. Pero eso no significa que el azulino sitio sea un excelente negocio que encandile a todos.

    La jornada bursátil de la semana anterior sirvió para comprobar que Mark Zuckerberg tiene muchos más amigos que en sus épocas universitarias, pero no tantos como para evitar que los analistas financieros se queden con un sinsabor de boca.

    Los temores, sin embargo, van más allá de su inicial popularidad en Wall Street y sus 900 millones de usuarios. El problema parte de que estamos en medio de tiempos difíciles -la recesión sigue ahí- y algunos millonarios buscan empresas exitosas donde invertir. Ellos están dispuestos a pagar lo que haga falta, así no lo valga en realidad y exista el riesgo de otra burbuja.

    ¿Alguien recuerda el revuelo que se originó con las punto com? Muchos creyeron que los sitios en Internet eran un gran negocio e invirtieron mucho, pero bajaron los precios y terminaron quebrados.

    Algunos analistas no están seguros de si será buen negocio. El temor tiene lógica cuando vemos a gigantes como Nokia, Sony o Yahoo, luchando por sobrevivir más allá de la década de apogeo que suele ofrecer el evolutivo entorno tecnológico. Y es en ese futuro en el que le toca pensar a Mark.

  • La economía popular y solidaria suma clientes y cartera

    Redacciones Quito, Guayaquil y Cuenca

    Las cooperativas y demás organizaciones populares y solidarias vienen ganando peso en el sistema financiero nacional. Y este año se prevé igual de positivo que el año pasado, señala Javier Vaca, director ejecutivo de la Red Financiera Rural (RFR).

    Estas entidades tienen activos por más de USD 4 000 millones, que representa alrededor del 15% del sistema financiero nacional. Además, tienen medio millón de clientes que han accedido a créditos, mientras que el número de ahorristas suma 1,6 millones, según una reciente publicación de la RFR que aglutina a unas 224 instituciones.

    Este sector ha venido creciendo luego de la crisis bancaria de 1999, producto de la desconfianza en la banca, el mayor flujo de remesas y la mayor liquidez en la economía ecuatoriana. El número de cooperativas se multiplicó durante la década pasada y actualmente se encuentran en un proceso de consolidación. En plena crisis se calculaban unas 150 cooperativas y actualmente se calcula cerca de 1 000, con gran crecimiento en Tungurahua y Azuay. En esta última provincia se encuentran las cooperativas más grandes del país: Jardín Azuayo y Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP).

    Según Vaca, el crédito global de las cooperativas suma USD 3 300 millones, monto que puede aumentar por las positivas perspectivas para este año, debido a la liquidez en la economía. Sin embargo, ese escenario no está libre de riesgos, ya que existe una alta competencia que se está traduciendo en mayores tasas para captar fondos y que incluso llegan al 10 y 11% en algunas zonas.

    Otro riesgo es la sobreoferta de créditos, lo cual se traduce en una flexibilización de las condiciones para los préstamos y que puede traducirse en una mayor tasa de morosidad. Este último riesgo puede aumentar por los efectos de las inundaciones en algunas zonas de la Costa ecuatoriana, que puede afectar a los agricultores.

    Para Héctor Fajardo, presidente de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur) que agremia 21 entidades de Azuay, Loja, Morona Santiago, Cañar, El Oro y Zamora, este año continuará el desarrollo de este sector. Ucacsur calcula que sus activos y socios aumentarán un 30% en este año.

    Ucacsur atiende a los segmentos poblacionales de ingresos bajos y medios en el área urbana y rural. Allí se encuentran emprendedores de sectores como la agricultura, la metalmecánica, entre otros. «La economía popular y solidaria ha sido clave para que los campesinos desarrollen emprendimientos».

    Fajardo añade otro empujón que recibió el sector. Dic que con la Constitución del 2008 se comprendió el papel fundamental de estas entidades y por eso se instaló el papel regulatorio con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

    Más sobre la economía popular y solidaria:

    – Los microempresarios sacan el jugo a los créditos

    – Las cooperativas tendrán más control