El 35% del monto entregado en crédito por las cooperativas de ahorro y crédito en Azuay fue destinado al desarrollo productivo o emprendimientos, entre enero del 2018 y agosto pasado. Es decir, USD 524,9 millones.
En este período se concedieron USD 1 486, 18 millones en préstamos totales en esa provincia, de acuerdo con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
A finales del 2018, Jenny Matamoros pidió USD 10 000 para adquirir equipos como una máquina para hematología clínica para su laboratorio Pronosticlab, que funciona desde hace dos años en la capital azuaya.
Ella tiene entre ocho y 10 pacientes al día. Su estrategia es cobrar menos por los exámenes para poder ganar clientela. Con sus ingresos cancela los gastos del laboratorio, el crédito que tiene un plazo a cinco años y su manutención. Matamoros compró de oportunidad este laboratorio para pagar en cómodas cuotas. Antes trabajaba en el laboratorio de la Clínica Santa Ana. “El crédito fue fundamental para poder crecer, sino es imposible”. Esta licenciada en Laboratorio Clínico destaca la agilidad con la que le entregaron los recursos porque necesitaba de urgencia porque era un equipo de oportunidad.
Un criterio similar tiene Patricio Loja. Él solicitó hace seis meses a la cooperativa CREA USD 16 000 para adquirir una buseta Hyundai modelo 2013, que costaba 25 000. El resto lo cubrió con sus ahorros.
Él realiza viajes de turismo o paseos familiares y de empresas. “Es un negocio rentable y prácticamente el vehículo se paga solo”. La cuota mensual es de USD 430. Además, Loja tiene un taller de muebles y para adquirir la maquinaria pidió otro préstamo de USD 1 500. “El servicio es bueno porque el trámite no es engorroso”.
Según el gerente general de la Cooperativa CREA, Patricio Barzallo, el emprendedor, artesano, comerciante y agricultor solicita microcréditos, principalmente, para destinarlos a capital de trabajo y requiere los recursos de forma inmediata. “Por ello, esta entidad trabaja con estándares de calidad y nos certificamos con la ISO9000 para crear un proceso ágil y cumplir la necesidad de los socios… Eso está asociado al historial crediticio de cada persona”.
Además, dice Barzallo, en los próximos meses se concretará un trámite de solicitud en línea. Según él, la cartera de microcrédito colocada por su cooperativa en Azuay asciende a USD 32,4 millones, con un incremento de 2,5 millones con relación al 2018.
La mayoría solicita para una ampliación o crecimiento de su negocio relacionado con el comercio, agricultura, ganadería o artesanías. “La expectativa es que el crecimiento se mantenga”, añade Barzallo.
Juan Francisco Herrera es ganadero y pidió USD 20 000 hace más de un mes. Con ese dinero compró abono, una máquina de ordeño y mejora el sistema de riego y reservorios. Tiene una finca desde hace seis años, en la comunidad de Totora-Chilca, ubicada en la parroquia cuencana de Tarqui.
Tiene 23 cabezas de ganado de la raza Holstein y a diario obtiene entre 135 y 140 litros de leche, que vende en USD 0,42 cada libro en un centro de acopio cercano. “El negocio es rentable”.
Su propiedad tiene una extensión de 15 hectáreas, de las cuales 10 son las más productivas. Él trabaja solo y cuando requiere pide ayuda a un familiar.
Jenny Matamoros solicitó un préstamo para adquirir equipos para su laboratorio clínico Pronosticlab. Foto: Xavier Caivinagua para LÍDERES
Una asociación entre la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero (OPIC por sus siglas en ingles), Wells Fargo y Banco Pichincha, permitirá aumentar el rango de préstamos para las mujeres empresarias en Ecuador.
La entidad financiera informó el miércoles 13 de noviembre del 2019, que firmó un acuerdo con la OPIC, para un préstamo de USD 100 millones junto con una financiación adicional de USD 8,5 millones del Banco Wells Fargo.
La «alianza respaldará los préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en Ecuador que son propiedad de, lideradas por, o que apoyan a mujeres», apuntó.
«Cuando las mujeres tienen acceso al capital, hacen crecer negocios prósperos que mantienen a sus familias y pueden transformar sus comunidades», señaló Kristie Pellechia, asesora principal del OPIC, una agencia autosustentable del gobierno de EE.UU. que ayuda a las empresas estadounidenses a invertir en mercadosemergentes.
Para el presidente de Banco Pichincha, Antonio Acosta, el acuerdo entre las entidades «fortalecerá el papel de las clientas en el entorno económico y reforzará nuestro compromiso con la inclusión financiera».
«Nuestro banco fue la primera empresa en Ecuador en convertirse en signataria de los Principios de Empoderamiento de las Mujeres de las Naciones Unidas, y también la primera en unirse a la Alianza Global de Bancos para la Mujer que apoya programas centrados en el crecimiento financiero de las mujeres», añadió.
De su lado, Michael J. Fitzpatrick, embajador de EE.UU. en Ecuador, apunto que «desarrollar el potencial económico de las mujeres ecuatorianas beneficiará a todos los ecuatorianos».
«Los préstamos que resultan de este acuerdo financiero impulsarán la capacidad de las mujeres para mantener a sus familias, mejorar sus comunidades y contribuir al crecimiento económico de Ecuador», dijo el diplomático, según el comunicado.
Se prevé que el proyecto llegue a 53 000 emprendedoras en sus primeros cinco años, señala el escrito que apunta que a pesar de emplear aproximadamente el 40% de la fuerza laboral del país, las Mipyme en Ecuador sufren un déficit estimado en el acceso al crédito de USD 18 mil millones, equivalente al 17% del PIB.
«La brecha crediticia es particularmente amplia para las mujeres, considerando que solo el 14% de las Mipymes del país son de su propiedad», agrega.
Según datos de 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, las mujeres trabajan semanalmente 22,40 horas más que un hombre en Ecuador. La misma institución apuntó en 2012 que a las mujeres se les atribuyen aproximadamente 31 horas semanales de trabajo no remunerado.
Santiago Bayas, gerente general de Banco Pichincha, junto a Kristie Pellecchia. Foto: Galo Paguay / LÍDERES
“Pedí un préstamo, pero no me lo dieron porque estoy en la central de riesgos”. Si alguna vez escuchó o hizo esta aseveración, estaba en un error. Estar dentro de la central de riesgos, que ahora se llama registro de datos crediticios, no es una razón para que una entidad le niegue un crédito.
Marco Rodríguez, asesor legal de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), explica que todos las personas que tienen una deuda en el sistema financiero nacional, ya sea que estén al día o atrasadas en los pagos de sus compromisos, constan en el registro que maneja la Superintendencia de Bancos y Seguros. La central de riesgos se creó en 1994 con la aprobación de la Ley General de Instituciones Financieras para funcionar como una instancia de recopilación de información de los créditos otorgados por bancos, cooperativas y mutualistas. Así, la Superintendencia podía supervisar indicadores como la morosidad de la cartera de las entidades.
En el 2002, en el país comenzaron a operar burós de crédito privados. Estas empresas, además de recopilar información, igual que la central de riesgo, elaboran análisis con los datos que obtienen; con esto, las entidades financieras pueden conocer mejor los perfiles de los clientes.
Además de estos estudios, los burós pueden elaborar modelos de aprobación de crédito, de acuerdo a lo que necesite la entidad que los contrata. De ahí que, añade Rodríguez, cuando una entidad no da un crédito es porque analizó la evaluación del buró.
El crédito se otorga o se niega con base en la evaluación del historial que ha construido la persona desde que se endeudó por primera vez, explica Berta Romero, analista del programa de educación financiera Tus Finanzas. Añade que la revisión se hace mediante puntaje.
Los burós no solo manejan información de los préstamos de entidades financieras, también prestan sus servicios a casas comerciales, de electrodomésticos, operadoras celulares, entre otros.
Romero indica que el principal factor que se toma en cuenta para calificar a un cliente es su puntualidad en los pagos.
Si la persona se atrasa constantemente o tiene deudas acumuladas en mora, su evaluación será deficiente y perderá la oportunidad de ser sujeto de crédito.
Subsanar el historial no es un proceso sencillo.
Juan Carlos Ruiz, jefe de marketing de Equifax, explica que por ley el buró de crédito registra las operaciones de los últimos 36 meses. No existe un proceso para borrar la información crediticia, pero se puede mejorar el puntaje cuando una persona empieza a pagar a tiempo, aclara.
El primer paso para construir un buen historial es consultar el reporte de deudas para tener la certeza de las obligaciones. “Si hay inconsistencias se puede presentar un reclamo y por ley la institución financiera o comercial debe ofrecer una respuesta en el plazo de 15 días”, añade Ruiz.
Una vez que se conocen todas las deudas se puede iniciar un plan de reestructuración haciendo la solicitud en cada entidad financiera o comercial.
Otra recomendación que hace Ruiz es adquirir una deuda pequeña y empezar a pagarla puntualmente para que se registre una mejora en el cumplimiento de los pagos. “Es fundamental no caer en ofertas que prometen limpiar el historial, estas acciones son ilegales y fraudulentas”, acota.
Todas las personas que tienen créditos están en el registro de datos crediticios, antes llamado central de riesgos. Esto no tiene que ver con su historial. Foto: Ingimage
El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) concluyó el 2018 con USD 3 283 millones en préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios.
El anuncio lo hizo la entidad al culminar el año pasado.
Durante todo el 2018 se realizaron 2,2 millones de operacionescrediticias que han beneficiado a afiliados, jubilados, pensionistas y ciudadanía en general.
De enero a diciembre 2018, el préstamo con mayor aceptación fue el Quirografario con 2,07 millones de operaciones otorgadas, por un monto total de USD 2 339,4 millones. Desde octubre del 2018, este producto se redefinió con una nueva línea crediticia de quirografarios productivos, destinado a jóvenes, madres cabezas de hogar, personas de la tercera edad y afiliados que buscan emprender Mipymes.
La inversión destinada a créditos Hipotecarios hasta el 21 de diciembre fue de USD 790 millones en más de 17 277 créditos. El próximo año entrarán en vigencia dos nuevos préstamoshipotecarios, con una tasa de interés que va desde el 5% hasta 30 años plazo.
El BIESS otorgó 2,2 millones de operaciones crediticias el año pasado. Foto: Archivo Líderes
La pobreza, los abusos de los chulqueros y la segregación que vivían los migrantes de las comunidades indígenas en las ciudades marcaron la juventud de Pedro Khipo. Él se propuso desde temprana edad reivindicar a su gente y promover un mecanismo de desarrollo comunitario.
Khipo es el fundador y gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema, una entidad que agrupa a 93 000 socios, la mayoría migrantes. Esta institución tiene una amplia oferta de productos financieros, algunos de ellos, desarrollados especialmente para las personas que trabajan en los mercados.
Según un estudio que realizó la cooperativa, en estos sitios se concentra gran parte de la población que salió de las comunidades. Ellos se convirtieron en presa fácil de los prestamistas ilegales, quienes cobraban sus deudas hasta con un 20% de interés.
Para ellos se desarrolló el Daquimóvil, un servicio que les permite hacer depósitos y pagar sus créditos en sus puestos de trabajo. La idea es ofrecer las facilidades que la gente requiere para ahorrar u obtener microcréditos para impulsar sus emprendimientos.
Ese servicio llegó a más de 20 000 familias y recaudó cerca de USD 81 millones en el 2017. Es la estrategia más eficaz para combatir la presencia de los chulqueros, “Estudiamos cómo actuaban los chulqueros, madrugábamos para ver qué hacían, a qué hora estaban ahí y porqué sus servicios tenían acogida. Notamos que el horario de trabajo de las personas les impedía acudir a una entidad financiera. Además, según los parámetros bancarios, no calificaban para los créditos y eso los volvía vulnerables a los préstamos ilegales”, cuenta Khipo.
Los servicios de la cooperativa se inspiran en la realidad que Khipo conoció en su juventud. La migración dejó vacíos los pequeños poblados de Cacha, parroquia de Chimborazo. De los casi 12 000 habitantes solo quedaban 3 000 para el año 2005, cuando la entidad empezó a operar.
Es que la tierra de esa parroquia ya no era productiva, estaba erosionada y no había agua. La manufactura de prendas de vestir, que era la principal actividad económica, decayó debido a la aparición de industrias textiles. La migración se volvió la única opción para los padres de familia.
Khipo sólo tenía 18 años cuando se involucró en la Federación de Cabildos del Pueblo Puruhá Cacha, donde surgió la idea de asociarse para apoyar el desarrollo conjunto. Pero los primeros intentos de la organización fallaron debido a la falta de conocimiento.
Los confusos estados de cuenta y los conflictos que surgían en las reuniones, cuando no se entendían los informes financieros de la organización, le incentivaron a estudiar contabilidad y auditoría .
Al graduarse tomó las riendas de la iniciativa y con el apoyo de otros jóvenes, fundó la cooperativa. Luego se especializó en ingeniería comercial, en la Universidad Estatal de Bolívar.
“Convencer a la gente de reunir un capital para apoyarnos todos y ser solidarios con los demás, fue la primera tarea. Eso no fue difícil porque en las comunidades hemos sido solidarios siempre, faltaba encaminar esos esfuerzos”.
Luego surgió la necesidad de difundir la educación financieraen las familias, lograr que la gente empezara a ahorrar y que así accediera a microcréditos para emprender. Además, faltaba acompañamiento profesional a los emprendimientos que ya empezaban a surgir en las ciudades.
Un 70% de la población de Cacha pertenece a la Iglesia Cristiana Evangélica, por lo que las capillas y centros de reuniones en las comunidades de la población indígena, se convirtieron en sitios clave para difundir la creación de una nueva cooperativa.
“Las Iglesias se volvieron una fortaleza. Y debido a que nuestra cooperativa se formó con esos valores cristianos, rápidamente nos ganamos la confianza de la gente”.
Uno de los desafíos que enfrentaron fue la falta de recursos humanos capacitados y con experiencia. Es que en esa época acceder a la educación en las comunidades también era complejo, no sólo por la falta de dinero y la distancia, sino también por la discriminación en las ciudades.
Khipo recuerda que, para culminar sus estudios, tenía que caminar cerca de tres horas, todos los días, desde Cacha hasta el Instituto Intercultural Jaime Roldós. Su madre, María Pilco, elaboraba y vendía fajas; su padre Miguel Khipo trabajaba en los mercados como cargador.
El pastor Manuel Huilcarema lo conoce desde su niñez. “Siempre fue una persona responsable y trabajadora. Desde muy joven él creía en la igualdad, en que no hubiera ni ricos ni pobres”.
Los Datos
Formación. Ingeniero en contabilidad y auditoría en la Espoch, e ingeniería comercial en la Universidad Estatal de Bolívar.
Experiencia. Se inició como jefe del Registro Civil en su comunidad. Ha sido gerente de la Cooperativa por 13 años.
Logros por su gestión, la cooperativa ascendió al puesto 27 en el ranking de la SEPS. Recibió varios galardones en el 2017.
La empresa Agroalina abrió su planta de producción de alimentos a base de quinua en Tabacundo. Es una de las firmas que aprovechó los incentivos tributarios por estar fuera de Quito. Foto: Archivo / LÍDERES
Tras el terremoto vienen las cuentas y el sector financiero no escapa a esta tarea. En la banca privada y pública ya se revisa con detenimiento el impacto del sismo del pasado 16 de abril, cuyo epicentro estuvo en Manabí.
Uno de los indicadores que mayor atención merece es el de la cartera de crédito. Según datos de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), la cartera de crédito de Manabí y Esmeraldas, las provincias más afectadas por el sismo, bordeaba hasta marzo de este año los USD 860 millones; esa cifra se reparte principalmente en crédito comercial (cerca de USD 370 millones) y de consumo (alrededor de USD 275 millones); el resto se divide entre créditos para vivienda y microcréditos.
El total de la cartera de crédito de Manabí y Esmeraldas representa el 4,6% de la cartera total nacional, que hasta marzo de este año estaba en USD 18 528 millones, según estadísticas de la Superintendencia de Bancos.
Julio José Prado, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados (ABPE), informa que una de las preocupaciones entre las entidades financieras es el incremento del índice de morosidad, en especial en los segmentos de microcrédito y consumo.
Según cifras de la ABPE, en Manabí el índice de morosidad está en un promedio de 6,6% y en Esmeraldas llega al 11,7%, por encima del promedio nacional que hasta marzo estaba en 4,6%.
Prado detalla que en poblaciones como Pedernales el índice llega al 9% y en Portoviejo se ubica en 10%. “Esos indicadores subirán con revisiones y actualizaciones que se hagan con el tiempo”.
Además, indica que la mayoría de créditos tiene seguro de desgravamen por la muerte del beneficiario del préstamos o ante desastres naturales.
Banco Solidario es una de las entidades que revisa la situación. Esta entidad cuenta con cerca de 35 000 clientes, en Manabí y Esmeraldas. En esas provincias sus créditos están divididos un 56% para microcrédito productivo y un 44% en microcrédito de consumo, según indican sus voceros.
La Superintendencia de Bancos considera que si bien se podría esperar en el corto plazo un incremento en la tasa de morosidad de la cartera colocada, esto dependerá del segmento y la ubicación. “No todos los sectores fueron afectados de la misma forma y muchas empresas tampoco sufrieron grandes daños”, respondió el organismo.
Además, la Superintendencia de Bancos dio a conocer que para mitigar los efectos, se está trabajando en un proyecto de ley que faculte a las entidades financieras el diferimiento de las cuotas de por lo menos 90 días.
Sobre este tema, la ABPE planteó el diferimiento de pagos de créditos. Prado explica que las cuotas de abril, mayo y junio se diferirán tres meses en los créditos para los habitantes que viven en las zonas afectadas por el terremoto. En tarjetas se diferirán cuotas e intereses de consumo por tres meses. Y en crédito se van a analizar casos puntuales para determinar si conviene que los intereses se paguen como una cuota final o si se devengan de manera mensualizada.
La banca pública también activó un plan. La Corporación Financiera Nacional (CFN) tiene en Manabí y Esmeraldas 806 operaciones crediticias, la mayoría están concentradas en Manabí. María Soledad Barrera, presidenta del Directorio de la CFN, indica que la entidad tiene USD 147 millones de exposición en la zona afectada, que incluye a Muisne y la zona turística de la provincia de Esmeraldas. Aproximadamente USD 130 millones corresponden exclusivamente a Manabí.
“Hemos resuelto como medida inmediata, declarar una moratoria de seis meses sin que tengan que pagar sus cuotas de capital ni de intereses”, señala Barrera.
Además, explica que tras los seis meses se podrá decir qué plan de refinanciamiento o de reestructuración aplica para cada empresa, según la afectación. “Esto es importante para ir dando una señal de aliento y de alivio al sector productivo que tiene distintas afectaciones”.
Finanzas
La cartera de crédito de Manabí y Esmeraldas, las provincias más afectadas por el sismo, bordeaba hasta marzo de este año los USD 860 millones; esto representa el 4,6% de la cartera nacional de créditos. Los planes de contingencia para los deudores se activaron.
Los préstamos serán reprogramados
Un total de 298 000 socios de cooperativas de ahorro y crédito se cuentan en Esmeraldas y Manabí, según los últimos datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. El 97,6% está concentrado en esta última provincia.
En Manabí y Esmeraldas, que son las más afectadas por el terremoto del 16 de abril, funcionan 54 instituciones financieras de la economía popular y solidaria, ya sea con carácter local o con oficinas que mantienen entidades de otras regiones del Ecuador.
La afectación que el sismo tuvo en los socios de las cooperativas de ahorro y crédito aún no está definida. Sin embargo, el Comité Técnico del Sector Financiero Popular y Solidario planteó diferir por un período de 90 días el cobro de las cuotas de los préstamos a las personas, que tienen inconvenientes por el terremoto.
También, ofreció la reprogramación de deudas vencidas y por vencer. Según el vocero técnico de este comité del sector financiero popular y solidario, Juan Pablo Guerra, en este aspecto es necesario analizar cada uno de los casos, porque existen personas que están afectadas en gran medida y otras, en menor. “Hay quienes pueden necesitar la reprogramación o, incluso, mayores recursoseconómicos”.
Lo importante, agrega, es ofrecer una ayuda porque en estos momentos su mayor preocupación es recuperarse y reconstruir sus inmuebles o reanudar las actividades de sus negocios.
La semana pasada, los dirigentes del sector cooperativo mantuvieron reuniones con los representantes de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para coordinar la colaboración y “que las acciones se cumplan a la brevedad posible”, dice Guerra.
En la actualidad, cada institución financiera de Esmeraldas y Manabí realiza el levantamiento de la información para coordinar con los socios los procesos de reprogramación de los préstamos.
Aunque es prematuro saber cuáles son las afectaciones, Guerra indica que la mayor concentración de colocaciones está en los segmentos de microcrédito y préstamos de consumo.
“Por el momento, se ofreció una opción de una reprogramación durante los próximos 90 días, es decir, los socios podrán acercarse a las instituciones y reprogramar sus obligaciones”. Él estima que en el transcurso de esta semana se tendrá un panorama más preciso de la situación en ambas provincias. Esto permitirá definir las acciones de apoyo que ejecutará el sector cooperativo.
La semana pasada recopilaron información y trabajaron paralelamente en un proyecto de estas instituciones de todo el país.
Según Guerra, existen varias opciones para aportar, pero lo más importante es generar condiciones favorables. Entre otras rediseñar el esquema de desarrollo de las zonasafectadas creando cooperativas de trabajo y vivienda y para ello se necesita inyectar recursos económicos. Una vez que se tenga este plan de apoyo será anunciado.
Tras el sismo, la primera acción del sector cooperativo fue garantizar el funcionamiento de las oficinas de las instituciones en las zonas afectadas. El objetivo fue reanudar la atención en los locales y que funcione la red de cajeros para que los socios tengan acceso al dinero y a los otros servicios que ofrecen las cooperativas.
Guerra asegura que todo está funcionando y existen las garantías para brindar los servicios. Se revisaron que las oficinas no presenten riesgos estructurales, que haya comunicación y la provisión de recursoseconómicos.
De acuerdo con los últimos datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en las provincias de Manabí y Esmeraldas las cooperativas recibieron depósitos o captaciones por USD 253,8 millones y concedieron colocaciones o préstamos por USD 252,3 millones.
Cooperativas
Otra medida de apoyo es diferir por 90 días el cobro de las cuotas de los créditos.
En el centro de Portoviejo se observa la destrucción causada por el terremoto. En ese sector se concentraban distintos negocios que perdieron sus locales o están cerrados. Foto: Diego Pallero / LÍDERES
La deuda griega, que ha sido reestructurada en tres ocasiones desde 2012, se eleva a unos 312 000 millones de euros (USD 347 000 millones), el 177% del Producto Interno Bruto (PIB), de los que más de tres cuartos están en manos de los Estados o de las instituciones públicas. Este es el desglose de la deuda contraída por el Estado griego, realizado por la AFP sobre la base de informaciones ofrecidas por los principales acreedores de Grecia.
FMI
El Fondo Monetario Internacional cuenta con el 8% de la deuda griega, es decir, unos 21 000 millones de euros, según la tasa de cambio de los Derechos Especiales de Giro (DEG). Grecia tiene que reembolsar esta deuda antes de 2025. Grecia cayó en impago el 30 de junio con el FMI al no abonar un reembolso de 1 500 millones de euros y ha pedido una extensión del plazo. Atenas tiene que abonar 5 400 millones de euros al FMI en 2015. El próximo 13 de julio tiene otro vencimiento de 455 millones de euros.
Bancos centrales
El Eurosistema, que agrupa al Banco Central Europeo (BCE) y a los bancos centrales nacionales (BCN) de los países miembros de la zona euro, ha prestado a Grecia 23 000 millones de euros, debido, principalmente a la compra de títulos griegos en el marco del Securities Market Program (SMP), establecido en 2011-2012.
Esta deuda, que representa una parte importante de los pagos que Atenas tiene que desembolsar en los próximos cinco años, no puede ser reestructurada porque lo impiden los tratados europeos al tratarse de una financiación encubierta, recordó el lunes el gobernador del Banco de Francia Christian Noyer.
FEEF
El mayor acreedor de Grecia es, de lejos, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), creado en mayo de 2010 para ayudar a los países de la zona euro en dificultades, con 130 900 millones de euros en préstamos, cerca del 41% de la deuda del país. Se trata de una deuda con plazos muy largos que no empezará a devolverse hasta 2023 y cuyo vencimiento se prolonga hasta 2055. Alemania es el primer acreedor de Grecia con 41 200 millones, seguido de Francia (28 600 millones), Italia (27 200 millones) y España (18 100 millones). Deudas bilaterales
Además de los préstamos de las instituciones monetarias, Grecia ha contraído deudas bilaterales con sus socios europeos, por un monto de 53 000 millones de euros. Se trata también de deudas de largo plazo, con un periodo de carencia hasta 2021. El país más expuesto es también Alemania, con 15 200 millones de euros en préstamos. Francia está en segunda posición con 11 400 millones, por delante de Italia (10 000 millones), España (6 700 millones), Holanda (3 200) y Bélgica (1 900 millones).
Deuda privada
Desde la reestructuración de 2012, los bancos y otros fondos de inversiones, que sufrieron una quita de entre el 60 y el 75% de sus préstamos, según las estimaciones, tienen el 20% de la deuda griega. Varias decenas de miles de euros de préstamos están en manos de acreedores privados, a través de títulos resultantes de la reestructuración o que no estuvieron sometidos a la misma, o títulos del Tesoro de muy corto plazo, que Atenas sigue emitiendo regularmente.
Un impago de estos títulos privados podría provocar una reacción en cadena particularmente difícil de gestionar. Hasta ahora, Atenas, privada de acceso al mercado de deuda de largo plazo, no ha tenido problemas reales para financiarse a corto plazo y podría refinanciar el viernes una emisión de 2 000 millones de euros en títulos del Tesoro, en manos de los bancos griegos.
La deuda griega se origina en préstamos de organismos internacionales, países y hasta bonos. Foto: AFP
El Banco Internacional obtuvo un préstamo de USD 40 millones otorgado por IFC (Corporación Financiera Internacional, por sus siglas en inglés).
El presidente ejecutivo de Banco Internacional, Francisco Naranjo, señaló que con el apoyo de IFC, la entidad financiera ecuatoriana tendrá la capacidad para aumentar los préstamos a las medianas y pequeñas empresas, en especial a los negocios que son operados por mujeres.
IFC es miembro del Grupo Banco Mundial y se dedica exclusivamente al sector privado. Trabaja con empresas privadas en 100 países y su objetivo es ayudar a eliminar la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida.
Recientes estudios del Grupo Banco Mundial demuestran que en Ecuador solo el 22% de pequeñas y medianas empresas recibieron préstamos en el momento de su establecimiento. Esta inversión de USD 40 millones tendrá un impacto positivo en Ecuador, ya que se estima que alrededor del 57% de empleos formales en el país son generados por pymes.
“El apoyo al Banco Internacional está alineado con nuestra estrategia en Ecuador que busca impulsar la creación de empleos y mejorar los servicios financieros para crear un entorno más incluyente para todos los sectores de la economía,” explicó Carlos Leiria Pinto, responsable de IFC para la región Andina.
El dinero será destinado para préstamos a medianas y pequeñas empresas. Foto: Pixabay
