Daniel Gutman, IPS
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Lo primero que lee quien tome cualquier documento oficial de este año en Argentina es: “2017, año de las energías renovables”. El dato revela la importancia que el Gobierno le da a la cuestión, aunque plasmar la consigna en la realidad no parece tan fácil como colocarla en el encabezado de los papeles de las oficinas públicas.
Las renovables tienen hoy un peso insignificante en la matriz energética argentina y existe una obligación, dispuesta por una ley sancionada el 2015, con consenso de todos los sectores políticos, de revertir ese escenario en los próximos años. El objetivo está fundamentado por las obligaciones de recurrir a fuentes limpias de energía asumidas por Argentina en el marco de los acuerdos globales de lucha contra el cambio climático y por la necesidad de ampliar y diversificar la matriz que impone la economía.
“El principal impulso de estas iniciativas es que Argentina tiene un gran déficit energético y necesita sumar de todas las fuentes: tanto las represas hidroeléctricas como las dos nuevas centrales nucleares proyectadas, aumentar su producción de gas natural y también las renovables”: Javier Cao.
Desde hace años, Argentina destina una fortuna cada año a la importación de hidrocarburos, aunque la cifra viene descendiendo y pasó de USD 7 000 millones en el 2014 a cerca de 3 000 el año pasado. Pero eso no sucedió por una mayor productividad ni por la diversificación de las fuentes locales, sino por la caída del precio internacional del petróleo. “La participación de los combustibles fósiles es absurdamente alta en nuestra matriz. Hay que cambiar esto”, reconoció en julio el secretario de Planeamiento Energético Estratégico, Daniel Redondo. “Vamos a cumplir con la ley de energías renovables, que prevé alcanzar el 20% de energía de fuente limpia antes del 2025”.
De acuerdo con datos oficiales, la matriz de energía primaria de este país está compuesta en 51 por ciento por gas natural y en 33 por ciento por petróleo. En cuanto a generación eléctrica, los hidrocarburos son el combustible de las centrales térmicas que cubren 64 por ciento de la oferta, mientras que 30 por ciento lo proporcionan las centrales hidroeléctricas. Las tres centrales nucleares nacionales aportan cuatro por ciento del total. Desde 2016, el Gobierno firmó con inversores privados 59 contratos para que desarrollen proyectos de energías renovables en todo el país. Los emprendimientos, que deberían comenzar a funcionar el año próximo, totalizan una inversión de unos USD 4 000 millones, según el Ministerio de Energía.
En conjunto esos proyectos sumarán 2 423 megavatios (MW) a la oferta, que el Estado asumió el compromiso de comprar e incorporar a la red nacional, que ahora cuenta con unos 30 000 MW de potencia instalada.
Además de esos proyectos, parte del gubernamental Programa RenovAr, Gerardo Morales, el gobernador de la provincia norteña de Jujuy, anunció que firmó con la compañía Power China un contrato para la construcción y financiación de un parque solar de 300 MW en el Salar de Cauchari, a 4 000 metros sobre el nivel del mar. El acuerdo se suscribió durante el viaje a China del presidente Mauricio Macri, en mayo, en el que Morales fue parte de la comitiva. Según el gobernador, será “el parque solar más grande de Latinoamérica”.
El sueño argentino de desarrollar las energías renovables no es nuevo, pero hasta ahora todos los esfuerzos han fracasado. La primera ley que declaró “de interés nacional” a las renovables fue sancionada por el legislativo Congreso Nacional en 1998. Los incentivos económicos creados por esa norma fueron aplastados por la crisis económica del 2001, que provocó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa.
