La banca privada muestra resultados alentadores en el rubro que corresponde a la entrega de créditos. Según las cifras publicadas por el Banco Central, en el tercer trimestre del 2020 el volumen de crédito otorgado por la banca refleja una recuperación. En septiembre, el monto de crédito colocado fue de USD 2 152 millones, lo que significó un aumento mensual de 2,4% (51 millones adicionales). Además, las operaciones crediticias aumentaron 8,3% en comparación con el mes anterior, alcanzando un total de 534 000 operaciones.
De acuerdo con la banca, esas cifras son positivas, considerando que más de las dos terceras partes de esos recursos se han destinado al sector productivo. Pero mientras este sector destaca el comportamiento de la oferta de crédito, desde las pymes hay críticas al programa oficial Reactívate Ecuador, porque no habría cumplido el objetivo de ayudarlas a superar los problemas económicos y de financiamiento, por la crisis del covid-19.
Las pymes son claves en la recuperación económica, tanto por la generación de empleo como por su aporte tributario. Si ya se perfila una reactivación del país, no hay que dejarlas de lado.
El Gobierno quiere dar más estímulos para atraer nuevas inversiones al Ecuador, como parte de su política de Estado. Con ese objetivo, el Ejecutivo emitió el Decreto 1 130 que extiende por dos años más los incentivos que ofrece la Ley Orgánica de Fomento Productivo. Esos beneficios se reflejan en la exoneración de los impuestos a la renta y a la salida de divisas, para las nuevas inversiones productivas.
Sin duda estos incentivos atraen a las empresas que ven en el Ecuador un destino para invertir y sobre todo se enmarcan en el propósito de ir hacia la reactivación económica, afectada por las incidencias de la pandemia en el aparato productivo. Pero además, los incentivos contribuyen a que las empresas destinen esos recursos a la generación de empleo y a capital de trabajo.
La decisión del Ejecutivo de otorgar estos beneficios tributarios también se alinea con el nuevo momento que vive el país con la firma de acuerdos comerciales. El más reciente se lo hizo con Chile que, además de afianzar la presencia de productos no tradicionales ecuatorianos en ese mercado, contribuye a dar un paso más en el objetivo de ser parte de la Alianza del Pacífico.
El Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria y Minería (CIMA) busca generar desarrollo productivo. Esta iniciativa de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) empezó en el 2013 y se centró inicialmente en el ámbito minero, pero al año siguiente amplió su campo de acción.
Desde entonces tiene tres ejes estratégicos. El primero se centra en el entrenamiento y formación con la implementación de programas de capacitación certificados, que contribuyan a generar capacidades para el sector productivo.
El segundo, en cambio, se relaciona con el emprendimiento y el desarrollo. La idea es lograr la expansión de los negocios no solo industriales y mineros, sino también prosperidad comunitaria.
El tercero es la gobernanza con un trabajo con municipios y gobiernos parroquiales o provinciales, señala el director del CIMA, Leonardo Benavides. En este caso, el objetivo es mejorar las competencias técnicas para que administren de mejor manera los recursos de sus jurisdicciones.
En la práctica, por ejemplo, este centro realizó el año pasado la capacitación técnica para ayudantes de la construcción, que tuvo el apoyo de la minera Lundingold y la Fundación Lundin.
Formaron a 170 ayudantes en construcción, soldadura, electricidad y metalmecánica. La intención fue que las personas, que viven en zonas cercanas al proyecto minero Fruta del Norte como son los Encuentros, El Zarza y otras comunidades, puedan acceder y aprender estas capacidades.
Según Benavides, la meta es que ellos creen sus emprendimientos o accedan a un empleo en la mina. El programa empezó en septiembre de 2017 y acabó en marzo.
Fue una capacitación dual. El 40% fue teórico y el resto práctico y se dio énfasis a la seguridad y salud ocupacional. Por ejemplo, los ayudantes de soldadura aprendieron sobre instalaciones de un circuito eléctrico, tipos de corrientes y soldaduras y sus aplicaciones. En la práctica, los estudiantes elaboraron estructuras metálicas y pequeños muebles.
El año pasado también se realizó el programa de formación de auditores técnicos mineros, que estuvo dirigido a ingenieros geólogos, mineros y metalúrgicos, que están dedicados a consultorías o asesoramientos de los pequeños proyectos mineros o artesanales. Fue avalado por la Agencia de Regulación y Control Minero. Tuvo 85 participantes en los cursos realizados en Loja y Quito. Luego se replicará Cuenca y Guayaquil.
Otra iniciativa de CIMA es la escuela de operadores de maquinaria pesada, que es parte del proyecto Escop y está acreditada por la Agencia de Nacional de Tránsito. Según Benavides, es la primera universidad ecuatoriana acreditada para formar este tipo de operadores. A finales del 2016 empezó la primera formación y hubo 88 graduados.
En septiembre del 2017 arrancó la segunda con 76 alumnos y en abril pasado inició la tercera con 80 asistentes. Benavides destaca que cuentan con simuladores. Allí, se realizan las prácticas de manejo y cumplimiento de tareas como una fase previa a tomar una maquinaria pesada. Esa tecnología está instalada en el campus de la UTPL en la ciudad de Zamora. También, tienen la maquinaria y un patio de maniobras y operaciones para las prácticas. “Primero aprenden la teoría, luego van a los simuladores y, finalmente, a la maquinaria”, dice Benavides
En el área de capacitación también trabajan dentro de las empresas como las compañías mineras y construcción, sobre todo, en seguridad y salud ocupación.
Según Benavides, el ámbito de acción de CIMA es nacional, aunque iniciaron en Loja y Zamora Chinchipe. También, tuvieron requerimientos en Chimborazo, Azuay, Guayas y El Oro. Para este año buscan una proyección más nacional y para ello tienen la infraestructura de UTPL con 84 centros.
En emprendimiento y desarrollo brindan consultorías técnicas y administrativas y tienen el programa Nexo Conexión Empresarial, que cuenta con el apoyo de la Fundación Lundin. La idea es fortalecer la eficiencia de proveedores locales y mejorar su competitividad. Han realizado talleres en administración de tiendas, panadería, cocina, contabilidad, agricultura, ganadería y lácteos.
Otros detalles
Administración.
El CIMA es administrado por la Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social de la UTPL. No tiene fines de lucro.
El personal.
Tienen siete empleados en Loja, seis en Zamora y 15 instructores. En Los Encuentros (Zamora Ch.), otros cuatro y en Guayaquil, uno.
Otro curso.
Promueve la certificación en prevención de riesgos laborales. Son tres días de curso y uno de evaluación.
Los estudiantes, como Anahí Mora, utilizan la maquinaria en el patio de maniobras de la UTPL, en la ciudad de Zamora. Foto: Giovanni Astudillo/LÍDERES
La gestión ambiental de Corporación Favorita se maneja con un programa estratégico. Este grupo económico, que maneja cadenas como Megamaxi, Supermaxi, Akí, Juguetón, entre otras, implementa un plan con un enfoque de desarrollo sustentable.
En este programa la meta es lograr el equilibrio entre el desarrollo económico, productivo y ambiental. La clave, según Corporación Favorita, es el manejo adecuado de los recursos naturales y la prevención y control de posibles impactos de las actividades en el entorno natural y social.
Es una tarea retadora y para lograrlo el grupo desarrolla cuatro ejes: el primero es una política ambiental, en la que se enmarcan principios y acciones, el cumplimiento de la normativa y el apoyo a la construcción de políticas públicas. El segundo eje es el del manejo de residuos, reduciendo cantidad y aumentando la recuperación de desechos.
El tercer lineamiento es la gestión de recursos, como agua y energía, “buscando alternativas para su optimización en las actividades productivas”. Y el último eje es el manejo de la huella ecológica, que implica acciones permanentes y sistemáticas para reducir la demanda e impacto de las actividades de la empresa.
El programa de gestión ambiental se aplica a escala nacional en locales de supermercados y Juguetón. También se brinda apoyo a las filiales del grupo, como Agropesa, Enermax, en la certificación de puntos verdes, el reconocimiento otorgado por el Ministerio del Ambiente.
Los beneficiados de este programa, según Corporación Favorita, son los ciudadanos en general ya que los ejes estratégicos se enmarcan en políticas nacionales e internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se enfocan en puntos como educación de calidad, salud y bienestar, saneamiento, energías no contaminantes, entre otros.
Como casos puntuales del programa de gestión ambiental, la empresa menciona la implementación de fundas oxo-biodegradables, en el 2008; una campaña de uso de fundas reusables, que se cumplió en 2013 y 2015; la utilización de iluminación LED y sistemas de refrigeración y aire acondicionado ecológico en sus locales desde el 2013; la implementación, un año después, de estaciones de reciclaje en locales para reciclar envases de Tetra Pak, papel, cartón, fundas plásticas y botellas pet.
Todas las acciones se han desarrollado con el objetivo de minimizar el impacto ambiental. ¿Cuánto se ha invertido en el programa? “Una suma importante, siempre pensando en el beneficio de nuestros colaboradores, clientes, comunidad en general y país”, dice este grupo empresarial ecuatoriano.
Andrés Gómez de la Torre (derecha), subgerente de Desarrollo Sustentable Corporación Favorita. Foto: Cortesía Corporación Favorita
El financiamiento y la capacitación son las funciones principales que cumplen las cooperativas de ahorro y crédito (COAC), dentro de la economía popular y solidaria; además, de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
En el reporte de Rendición de Cuentas de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria 2015, la entidad informa que a diciembre del 2015 se registraron 848 organizaciones financieras activas, incluida la Corporación Nacional de Finanzas Populares. Más del 82% correspondía a los segmentos 4 y 5; es decir, a organizaciones con menos de USD 5 millones en activos. Este volumen de cooperativas tenía, hasta diciembre del 2015, el 16% de los 5,1 millones de socios. Mientras que las COAC con más de USD 20 millones en activos, de los segmentos 1 y 2, representaban menos del 7% del total de organizaciones.
Hasta febrero pasado, las 59 cooperativas de ahorro y crédito más grandes del Ecuador concedieron USD 4 938 millones en préstamos comerciales, microcréditos, vivienda, consumo, etc.
Para el director de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur), Juan Pablo Guerra, el sector financiero popular y solidario, que agrupa a cooperativas, bancos comunales y cajas de ahorro, entrega el 65% de los microcréditos en el Ecuador. Es decir, con menos recursos se alcanza una mayor diversificación de préstamos para financiar las actividades productivas, que generan ingresos y empleos.
Él asegura que cerca de siete millones de ecuatorianos pertenecen a 200 000 organizaciones vinculadas con la economía popular y solidaria. De esa cantidad, más de 5,2 millones de personas están asociadas a las 848 cooperativas de ahorro y crédito, que funcionan en el país.
En el ámbito de la capacitación, estas entidades promueven permanentes programas de formación en el manejo de sus finanzas, tanto a socios como a los clientes.
Andrés Freire, jefe comercial de la Red Financiera Rural (RFR), explica que la educación financiera en tiempos de crisis promueve una mayor cultura para el ahorro.
Con este fin, la RFR apoya a estas entidades financieras con asesoramiento para desarrollar programas educativos: “Tienen que ser institucionales y deben trabajarse de acuerdo con su ubicación, las temáticas específicas”.
Promover el ahorro es una de las principales características de las cooperativas. Para ello, hay entidades que desarrollan productos y servicios para los niños. Esa es una cultura que se trata de consolidar en los menores de edad y hay ejemplos interesantes.
La responsabilidad social es un valor innato de las cooperativas, según lo detallan entidades vinculadas con este sector a nivel nacional e internacional.
Las cooperativas no solo están dedicadas a captar los ahorros de ciertos sectores de la población sino, según un informe de la Alianza de Cooperativas para las Américas, a contribuir con el desarrollo sostenible, impactar positivamente en la comunidad, satisfacer las necesidades de los asociados y mejorar las condiciones de vida donde se desarrolla.
En los últimos tres años, la incorporación de los dispositivos móviles y la aplicación del sistema de dinero electrónico plantean nuevos desafíos a las COAC, que indudablemente requieren de inversiones para optimizar sus servicios tecnológicos y atender las demandas de sus clientes, cada vez más conectados a las TIC.
El ahorro se incentiva desde temprana edad
En tiempos de ajustes económicos, los niños lideran espacios para definir sus estrategias de ahorro para su futuro. En respuesta a ello, las cooperativas de ahorro y crédito incentivan el crecimiento de la alcancía de los menores, acompañados de sus padres.
Angélica Arcos, jefa de marketing de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda., explica que la entidad registra al momento un promedio de 15 000 niños, en los últimos 10 años, que abrieron una cuenta infantil.
Niños que tienen hasta 13 años ahorran un promedio máximo de USD 250 por año. En el último trimestre, se evidencia que los padres promueven un alcance mayor de ahorro para sus hijos.
“Los pequeños ahorran por el estímulo económico que le dan sus padres en temporadas de cumpleaños, mesadas y recreos. Los niños ahora prefieren ir a guardar este valor pensando en su futuro”, refiere Arcos.
Aunque se supera la meta de ahorro anual por niños, es decir USD 150, Lorena Alvear, titular de marketing de la Cooperativa 23 de Julio, afirma que se debe dar continuidad a una campaña dentro del núcleo familiar.
Es decir, enfatizar en una educación financiera permanente y paralela en la economía del grupo. La vocera explica que “hoy los niños hacen ahorrar a los padres y viceversa. Así se inculca una cultura de ahorro constante con el ejemplo”.
La Cooperativa 23 de Julio cuenta con 13 oficinas en escala nacional y promueven la ‘cuenta mágica’. Esta cuenta se inicia con el depósito de USD 25 y se enfoca en que el niño pueda ahorrar para el futuro, ganando interés ‘mágicamente’ e incluye seguro de vida y accidentes, si el representante lo decide. “Desde pequeños son grandes socios de la cooperativa”, menciona la ejecutiva Alvear.
Los niños reflejan nuevos hábitos de ahorro. En el caso de la Cooperativa Textil 14 de Marzo, que alcanza 48 000 socios, 6% son liderados por menores de edad. En esta institución, los pequeños muestran un interés por abrir una cuenta para ellos.
En cuanto a las estrategias que emplean las cooperativas para motivar a los menores hacia una cultura de ahorro, la Cooperativa Textil 14 de Marzo, por ejemplo, realiza, dos veces al mes, cursos de cooperativismo que se imparten a los padres de los niños, puntualiza Jonathan Espinosa, jefe de marketing de la institución.
En este ámbito, también capacitan a niños de cinco años en adelante sobre manejo responsable del dinero, desde temprana edad. Cerca de 300 niños se instruyen cada año. Esta entidad tiene una Comisión de Responsabilidad Social y de Educación que se encarga de formar a los ‘pequeños’ socios del sistema cooperativo. “Se implanta la semilla del ahorro responsable”, refiere Espinosa.
La educación financiera es una prioridad en su gestión
En épocas de ‘vacas flacas’, la educación financiera permite tener una realidad más consciente de cómo se debiera aplicar el ahorro y el pago de deudas, con la consigna de tener un ‘colchón’ para diversas eventualidades.
Andrés Freire, jefe comercial de la Red Financiera Rural (RFR), que agrupa a unas 31 cooperativas de ahorro y crédito a escala nacional, explica que la educación financiera en tiempos de crisis promueve una mayor cultura para el ahorro. Para esto, la RFR apoya a estas entidades financieras con asesoramiento para desarrollar programas educativos: “Tienen que ser institucionales y deben trabajarse de acuerdo con su ubicación, las temáticas específicas”. Aunque Freire indica que no son partidarios de que las cooperativas ejecuten programas masivos, sino de acuerdo con su público meta y con su realidad.
Las 31 cooperativas que forman parte de esta RFR ya cuentan con un programa de educación financiera como misión social; y la demanda de estos programas creció en un 10% desde el 2015.
Una de las razones para que exista una aceptación en educación financiera es la recesión económica que vive el país.
Grace Herrera, oficial de Responsabilidad Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio, afirma que desde el 2014 la entidad mantiene un programa que capacita a socios y público en general, sobre el ahorro, pago de deudas, finanzas personales y otros aspectos. El año pasado, a través de sus capacitadores internos, se impartieron talleres a unas 1 500 personas, cada mes, en sus 13 sucursales. En su programación de capacitación financiera para el 2016, también se incluyen empresas. En este ámbito se capacita sobre el manejo de sueldos, la proyección de gastos, y sobre temas de endeudamiento.
Luego de los talleres, los asistentes elaboran presupuestos familiares, y la cooperativa evalúa la recepción del mensaje de manera periódica. Las personas que asistieron a los talleres gratuitos aumentaron su capacidad de ahorro en un 10%, dice Herrera.
El emprendedor recibe asesoría para salir adelante
Las cooperativas de ahorro y crédito juegan un rol especial en el crecimiento y expansión de emprendimientos. Su papel no se limita a ser una entidad que financia sus proyectos; estas organizaciones escuchan, asesoran, guían y acompañan a los emprendedores.
La Cooperativa Mushuc Runa, por ejemplo, cuenta con un departamento que se especializa en desarrollar proyectos de microempresarios. Luis Chango, titular de Mushuc Runa, explica que en los sectores rurales, donde se concentra el 70% de sus clientes, la mayoría de emprendedores no tiene desarrollados sus productos. “Lo que hacemos es asesorarles y dar seguimiento permanente a su proyecto. Así, con el tiempo, se puede renegociar o ampliar los créditos”.
Chango indica que, al ser Mushuc Runa producto de un emprendimiento, conocen los desafíos que tiene un microempresario. “Les ayudamos a que crezcan poco a poco”. El trabajo de estas entidades de la economía popular y solidaria no se concentra en una agencia. “Las cooperativas que tienen metodologías adecuadas de microcrédito realizan visitas al sitio en donde el emprendedor desarrolla su negocio levantando información para establecer un correcto análisis de capacidad de endeudamiento”, explica Javier Vaca, director de la Red Financiera Rural (RFR).
Este experto detalla que el oficial de crédito levanta la información y capacita al emprendedor en conceptos como manejo de inventarios, gastos, patrimonio, activos productivos, etc. De esta manera se garantiza la entrega del monto necesario.
En cuanto a los tipos de emprendimientos que más apoyan las cooperativas se encuentran negocios en agricultura, pesca y comercio, según Marín Bautista, gerente de la caja central Financoop, organización que trabaja con 115 cooperativas a escala nacional Y sobre los montos señala que van desde USD 500 en adelante, según el tipo de emprendimiento. Un dato más de Bautista: la tasa de microcrédito en el sector oscila entre el 22% hasta el 30%.
Viviendas con presupuestos menores a USD 1 000, al mes
La capacidad de pago, relacionada con el ingreso mensual, es el límite que un cliente tiene dentro de una cooperativa de ahorro y crédito para acceder a una vivienda. Según sus ingresos pueden aspirar a una casa prefabricada, de ladrillo u hormigón. Las cooperativas no promueven planes de vivienda, por impedimento legal, pero sí facilitan créditos. Por eso intentan financiar los requerimientos de sus clientes, según el segmento poblacional al que están dirigidos.
En el país, las cooperativas pertenecen al sector financiero popular y solidario, están controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y clasificadas en cinco segmentos para llegar a un público específico.
Las cajas de ahorro, bancos y cajas comunales, más aquellas cooperativas cuyos activos alcanzan el USD 1 millón, se ubican en el segmento 5, y llegan a un público alejado de las ciudades.
En tanto que las de mayor activo (más de USD 80 millones) pertenecientes al segmento 1 y atienden en áreas urbanas.
La mayoría de los clientes de una cooperativa no tienen grandes recursos ahorrados y sus ingresos mensuales no superan los USD 1 000, explica Hermel Flores, ex presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción de Quito.
Eso pasa porque los cuentahabientes pertenecen al estrato económico medio, medio bajo y bajo, detalla la Cooperativa 29 de Octubre, que está en el segmento 1, y que constituye una de las nueve entidades con cartera de vivienda, registrada en la Superintendencia. De acuerdo con cifras de esa entidad, solo en ese segmento existe un saldo de USD 270 millones en préstamos para vivienda hasta febrero pasado.
Flores indica que ese grupo poblacional, donde está la gran demanda nacional, puede acceder a un crédito de vivienda de hasta USD 45 000 y a ese monto sumarle, además, el bono de la vivienda de unos 6 000.
Algunas cooperativas entregan créditos con un tope de entre USD 80 000 y 150 000. Sin embargo, el límite para lograr ese monto lo determina la capacidad de pago del socio. Lo que no deja de lado que el solicitante debe tener un ahorro mínimo del 30% del valor total del inmueble, y eso frenó, por ejemplo, el sueño de Jorge Chunchir, obrero de vitrales. Cuando quiso acceder a una vivienda de hormigón, de dos pisos, en el sur de Quito; postergó sus planes no solo porque no tenía ahorrada la entrada, sino porque su salario sumado al de su esposa no le alcanzaba.
La posibilidad de acceder a una vivienda de más de USD 45 000 salió de sus planes y ahora se enfoca en una de hasta 35 000.
Flores dice que el problema para atender a esa población es el valor de los terrenos; representa el 15% del costo total de la casa.
Los acabados también hacen la diferencia en el precio final. En una construcción nueva el rubro importante es el material de construcción; representa el 85% del total de la inversión, que se considera desde el levantamiento de la obra gris hasta los acabados, según la cooperativa 29 de Octubre.
Las cooperativas apuntan a un segmento de ingresos medio bajo y bajo para intentar satisfacer una necesidad, comenta Enrique Pita, presidente de la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción.
Y es en el segmento 5 en donde la Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias intenta entrar. Entre julio y agosto presentará a organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un proyecto para construir viviendas de hasta USD 40 000 en la Costa y Amazonía y 60 000 en la Sierra, con ingresos mensuales de USD 400.
Ante los riesgos se necesita un plan bien estructurado
Las cooperativas de ahorro y crédito, al igual que otras instituciones del sector financiero, son vulnerables a una serie de factores de riesgo que pueden mermar sus niveles de eficiencia y eficacia a corto, mediano y largo plazo. Problemas de morosidad, dificultad en acceder a fuentes de financiamiento, el cambio en la normativa y la informalidad son los principales desafíos que enfrenta este sector.
El analista económico Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, señala que cuando disminuye la capacidad de pago de los socios se genera morosidad. En la Red Financiera Rural, por ejemplo, el índice de morosidad oscila en la actualidad entre el 3% y el 8%. Para Acosta Burneo es importante cuidar el nivel de morosidad porque de ello depende la salud de estas entidades financieras. “Una cartera con niveles demasiado elevados de morosidad puede afectar a la cantidad de dinero que se pueda recuperar y esto puede implicar mayores pérdidas”.
La morosidad es un tema que no solo preocupa al sector bancario. Según Acosta Burneo, el nivel de cartera en mora de las cooperativas subió desde diciembre de 2015, cuando se empezaron a notar restricciones en la economía del país. Pero a pesar de esto, dice el analista, se encuentra en estándares normales, lo que les ha permitido crecer.
Otro de los factores de riesgos es la normativa que emiten las autoridades. Para Carlos Cifuentes, profesor de economía política de la Universidad de Guayaquil, las disposiciones normativas, como leyes y decretos, benefician a un mejor desempeño de cualquier entidad financiera.
Cifuentes añade que es necesaria una regulación, pero que esta debe estar determinada con reglas claras y que la misma debe perdurar en el tiempo sin cambios constantes que compliquen el funcionamiento de la institución.
El catedrático señala que otro de los factores de riesgo a tener en cuenta es la competencia entre cooperativas y que para esto es muy importante el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para evitar el “juego” desleal. Esta entidad controla ahora a las cooperativas de ahorro y crédito, facultad que antes estaba repartida entre la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. “Lo más importante aquí es el control que se realice sobre el cumplimiento de los indicadores y ese es un desafío que tiene que realizar la Superintendencia”, sostiene Cifuentes.
Para remediar los factores como morosidad, ilegalidad y competencia desleal, es necesario seguir varias recomendaciones. Cifuentes indica que uno de los primeros pasos es el diagnóstico donde se detallan los riesgos detectados por cada área; luego se realiza la evaluación para delimitar las responsabilidades. Esto, a su vez, puede generar determinados impactos. Un golpe leve puede ser una pérdida económica, o un daño del servicio o de imagen de la cooperativa con efectos mínimos; un impacto moderado se da cuando los efectos sean significativos con repetidas infracciones; y el impacto grave ocurre con infracciones prolongadas, daños generalizados o masivos con daños severos persistentes. La elaboración de un plan de prevención de riesgos de la cooperativa de ahorro y crédito se estructurará en áreas o actividades, riesgos posibles, manifestaciones negativas, medidas a aplicar, el responsable ejecutante, y finalmente la fecha de cumplimiento de las medidas.
Para Acosta Burneo lo relevante aquí es contar con toda la información oportuna para que pueda identificar los riesgos potenciales y solicitar medidas correctivas a tiempo. “Eso es lo más importante actualmente, el llegar a esos esquemas de reporte, que tienen que ser rápidos y eficientes”.
El trabajo con la comunidad es clave para las cooperativas La responsabilidad social es un valor innato de las cooperativas, según lo detallan entidades vinculadas con este sector a nivel nacional e internacional.
Las cooperativas no solo están dedicadas a captar los ahorros de ciertos sectores de la población sino, según un informe de la Alianza de Cooperativas para las Américas, a contribuir con el desarrollo sostenible, impactar en la comunidad, satisfacer las necesidades de los asociados y mejorar las condiciones de vida donde se desarrolla.
En el país las cooperativas se han centrado en diferentes gestiones de responsabilidad social como parte de sus políticas.
La Cooperativa 29 de Octubre, por ejemplo, se enfoca en tres áreas : entorno social, económico y ambiental.“Buscamos la inclusión, promover la educación financiera y afianzar nuestras alianzas, brindando a nuestros socios y a la comunidad calidad de servicio”, se indicó desde la entidad.
Entre los proyectos de responsabilidad social de la Cooperativa están las capacitaciones a mujeres emprendedoras en materia de educación, el proyecto educación financiera para niños de escasos recursos, reciclaje de basura en el sur de Quito y apoyo a jóvenes de la Costa para que terminen su bachillerato.
La Cooperativa, además, participa en diversos proyectos públicos y privados como la Red contra el trabajo infantil, Operación Sonrisa y Olimpiadas Especiales.
Las mediciones de los resultados se van haciendo a través de balances anuales. La Ley de Economía Popular y Solidaria establece que como parte de los informes de gestión, las cooperativas deberán presentar también sus balances sociales.
La Superintendencia de la Economía Popular y Solidario (SEPS), en el estudio del Balance Social en el Ecuador, de José Ramón Páez, revela que en el 2014 se hizo una encuesta para obtener resultados sobre el balance social de unas 3 367 cooperativas a escala nacional. 1 106 entidades completaron la encuesta.
En esa época se determinó que el 80,20% de las cooperativas nunca había aplicado una metodología de balance social y que del 19,80% restante que afirma realizar el balance, el 13,28% no hacía públicos los resultados obtenidos.
Las organizaciones también tienen otras formas de presentar su información de responsabilidad social como las memorias anuales. Cacpeco, cooperativa con matriz en Latacunga, es una de las que así lo realiza.
El documento incluye indicadores económicos, sociales y ambientales.
Entre las gestiones de responsabilidad social que lleva a cabo esta firma se encuentra el mejoramiento del servicio de transporte en la Cooperativa Bellavista de Quito, con el que se beneficiaron 5 800 personas, mejoramiento de las condiciones para 45 personas de la tercera edad de Moraspungo (Cotopaxi), implementación de un programa de buenas prácticas de elaboración de alimentos en el parque Ignacio Flores de Latacunga, mejoramiento de la imagen turística de la ciudad.
Evangelina Gómez, directora del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (Ceres), considera que no se debe entender como responsabilidad social las acciones filantrópicas o donaciones, sino desarrollar modelos de gestión social responsables por las entidades.
Ella cree que las instituciones financieras deben convertirse en agentes de cambio a través de un manejo responsable en su operación administrativa, logística, de recursos humanos, etc. Por otro lado, deben crear productos financieros de responsabilidad social y ambiente, inclusión de sectores marginados, desarrollo de educación económica y financiera, etc.
Los medios electrónicos de pago se han tornado masivos
El ingreso de las cooperativas de ahorro y crédito a los medios de pago electrónicos, como tarjetas de débito, crédito y transferencias por la Internet, es cada vez más intensivo y gana más terreno.
De acuerdo con datos de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (Seps), el uso de medios de pago electrónico por parte de los socios de las cooperativas de ahorro y crédito, han tenido un crecimiento sostenido, “lo que refleja la confianza que tienen los usuarios en estos medios”. En los últimos tres años, las transferencias de dinero realizadas vía Internet por parte de los socios de las cooperativas, registraron un crecimiento anual superior al 20%. En el 2015, a través de cooperativas de ahorro y crédito, se efectuaron más de 13 millones de transferencias electrónicas de dinero. Por otra parte, se han emitido alrededor de 7 000 nuevas tarjetas de crédito para los socios, los cuales han realizado aproximadamente unas 20 000 transacciones el año anterior.
Actualmente 361 cooperativas de ahorro y crédito, de más de 800 entidades activas, ofrecen el servicio de transferencias electrónicas a sus socios. Unas 84 cooperativas operan con tarjetas de débito y están integradas a las principales redes de cajeros automáticos del país; además, una cooperativa ya emite tarjetas de crédito.
La tarjeta de crédito es un medio de pago que está empezando a desarrollarse en el sector de cooperativas, según la SEPS y se espera un crecimiento importante para este año. “La expedición de regulaciones especializadas, relacionadas con la operación de tarjetas de crédito, débito, pago y prepago para el sector financiero popular y solidario, por parte de la Junta de Política y Regulación Monetaria en diciembre de 2015, permite incluirse de modo seguro a esta nueva forma de transacciones financieras”, indicó la entidad.
De acuerdo con representantes de asociaciones de cooperativas en la Sierra norte y centro, estos medios de pago electrónicos ya se utilizan en más de un 80% de las estas entidades.
Rommel Alarcón, gerente de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Norte (Ucacnor), organización que aglutina a 15 cooperativas socias y aliadas de las provincias de Imbabura y Carchi, destaca que cada vez más entidades utilizan este tipo de medios de pago, con el fin de brindar mayores facilidades y mejores servicios a sus clientes.
El primer medio electrónico de pago que la mayoría de cooperativas ya maneja es la tarjeta de débito a través de la cual el cliente puede acercarse a un cajero y retirar su dinero o hacer un consumo con esa tarjeta, para que el valor sea debitado de su cuenta.
Este medio es el más común y su mayor expansión tuvo en los últimos cinco años, de acuerdo con el análisis de Alarcón.
Como en la mayoría de entidades financieras, este tipo de tarjetas no solo se puede utilizar en los cajeros de las cooperativas sino en aquellos de los bancos a través de redes específicas.
Pero adicionalmente, las cooperativas de los segmentos 1, 2 y 3 -las que tienen activos de más de USD 5 millones- también están accediendo a tarjetas de crédito para sus clientes, indica Alarcón, a través de convenios con bancos privados, y desde estos a las grandes compañías de tarjetas como Visa o MasterCard.
Otro sistema de pagos son las transferencias interbancarias a través de los portales web de las propias cooperativas. Esto se realiza a través del Sistema de Pagos Interbancario del Banco Central. Aunque no es tan masivo como el sistema de pagos a través de las tarjetas de débito, Alarcón detalla que un 40% de las cooperativas socias y aliadas a la Ucacnor ya manejan este tipo de transferencias de dinero a otras cooperativas y bancos.
Los créditos para las pymes se diversifican en el mercado
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son uno de los segmentos fuertes que atienden las cooperativas de ahorro y crédito. Por ello, para atender a este segmento comercial, las cooperativas han ideado una serie de productos que compiten con menores intereses, más plazos de pago y mayores montos de crédito.
Para Freddy Gallegos, gerente general de la Cooperativa Oscus, que tiene 11 oficinas en el país, las pymes son primordiales en el esquema cooperativo. “Es allí donde buscamos brindar un mayor apoyo”. Esta cooperativa posee unos 170 000 socios, de los cuales 6 500 están en Guayaquil. Oscus ofrece hasta USD 150 000 en préstamos para las pymes.
En el caso de esta cooperativa, el perfil de las pymes que recurren a sus servicios en Guayaquil es el de pequeños comercios, que demandan los préstamos para agrandar el negocio, generar capital de trabajo o comprar nueva maquinaria y más mercadería. “Nuestra tasa de interés para el microempresario es muy competitiva, en crédito para pymes es del 11,20%”, explica Bolívar Jarrín, gerente en Guayaquil.
“El cliente de las cooperativas de ahorro y crédito, al menos en el caso de Guayaquil, una urbe netamente comercial, requiere préstamos principalmente para rotación de mercadería o adquisición de materia prima”, sostiene el experto en finanzas personales Carlos Hurtado, quien gerencia una firma de asesoramiento crediticio.
Las cooperativas ofertan sus productos financieros con nombres atractivos, aunque las condiciones de los créditos son similares. La Cooperativa JEP, que manejaba hasta febrero pasado una cartera de crédito de USD 668,7 millones, según información de su portal web, oferta los productos MicroJEP, y CrediPymes, con montos de crédito de hasta USD 20 000 y USD 200 000, respectivamente.
En el caso de la Cooperativa Cooprogreso, esta también oferta dos productos dirigidos a los segmentos de los microempresarios y las pymes. El primero está orientado, según la cooperativa, al crédito para actividades de producción artesanal, industrial y de comercio, para financiar capital de trabajo y compra de activos. Su otro producto, llamado Comunal, está destinado a capital de trabajo de las pequeñas actividades productivas, comerciales o de servicios.
Las cooperativas son el pilar de la economía popular
El financiamiento y la capacitación son las funciones principales que cumplen las cooperativas de ahorro y crédito dentro de la economía popular y solidaria. Los recursos de estas entidades son canalizados a través de créditos para impulsar actividades productivas de este segmento de la población.
Hasta febrero pasado, las 59 cooperativas de ahorro y crédito más grandes del Ecuador concedieron USD 4 938 millones en préstamos comerciales, microcréditos, vivienda, consumo…, según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Para el director de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur, Juan Pablo Guerra, el sector financiero popular y solidario, que agrupa a cooperativas, bancos comunales y cajas de ahorro, entrega el 65% de los microcréditos en el Ecuador. Es decir, con menores recursos económicos se alcanza una mayor diversificación de préstamos para financiar las actividades productivas, que generan ingresos y empleos.
Él asegura que cerca de siete millones de ecuatorianos pertenecen a 200 000 organizaciones vinculadas con la economía popular y solidaria. De esa cantidad, más de 5,2 millones de personas están asociadas a las 848 cooperativas de ahorro y crédito, que funcionan en el país.
“Pese a la situación del país, no se dejó de otorgar crédito ni los socios han regresado a sus casas sin obtener un préstamo, cuando se habla de actividades productivas”. Entre febrero del 2015 y febrero pasado, la cartera subió en USD 251,5 millones, en las 59 cooperativas más grandes.
Estas entidades no solo entregan préstamos sino dan capacitación para que los beneficiarios inviertan de forma adecuada los recursos, dice Guerra. Además, se capacita a los socios para que asuman labores de dirección y control en las cooperativas. “Prepararle y formarle constantemente para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones”.
Según Guerra, la economía popular y solidaria privilegia a la persona sobre el capital. Es decir, que juntos puedan crear una fortaleza en busca de un objetivo común, que es alcanzar el bienestar. “Ese concepto es muy similar al que por décadas ha manejado el sector cooperativo, con base en valores y principios en los que el ser humano es el centro o eje del desarrollo económico, político y social”.
En las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus en Guayaquil. Esta entidad financiera posee unos 170 000 socios, de los cuales 6 500 están en el Puerto Principal. Foto: Enrique Pesantes / LÍDERES
El primer trimestre del 2016 terminó con una evaluación negativa en sectores productivos como los exportadores, la industria textil, la pequeña industria, el sector de la construcción, la agricultura, el turismo, entre otros.
La contracción económica del país, que se inició el año pasado, se mantuvo en los primeros tres meses, según voceros de gremios productivos. Una muestra del frenazo económico al que se refieren los empresarios es el crecimiento el PIB que en el 2014 fue de 3,8% y el año pasado cayó a 0,3%, según informó la semana pasada el gerente del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez.
Daniel Legarda, vicepresidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), señala que solo en el primer mes de año las exportaciones no petroleras cayeron un 12,6% frente a enero del 2015. En cuanto a las exportaciones no tradicionales, la caída fue de 24,7%, añade el representante de los exportadores.
Para Legarda, se trata de una caída fuerte con valores importantes. “Los datos son solo de enero, pero muestran que se mantiene la tendencia que se tenía en los últimos meses del 2015, con la reducción de las exportaciones”.
Según este vocero, en Ecuador las empresas en general tienen un problema de competitividad que se afecta por la apreciación del dólar, pero fundamentalmente porque la productividad está más baja que en países con los que competimos como Colombia, Perú, Chile y países de Asia.
El dirigente señala que hay brechas muy grandes por cerrar en competitividad. Como ejemplos menciona temas laborales o tributarios, así como los costos de energía que se vuelven un lastre para las empresas. Pero también destaca que existen oportunidades con empresas que han mejorado procesos, incorporado tecnología y conseguido socios. “Hay mucho espacio por trabajar en pequeñas y medianas exportadoras, que tienen un músculo financiero más restringido que las grandes”.
En el sector textil, la situación se agravó en el primer trimestre del año. Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), señala que “lastimosamente, el primer trimestre del año fue la continuidad de lo que pasó en el 2015”.
Díaz calcula que el año pasado las ventas cayeron un 25% en este sector y que en el primer trimestre del 2016 la caída va por el 30%. “Somos uno más de los actores afectados por los problemas macroeconómicos que tiene el país”.
Al hablar de oportunidades, el representante del sector textil se muestra escéptico. Díaz sostiene que no es tan simple que una industria como la textil pueda reinventarse y encontrar oportunidades. “Hay empresas que tienen un comportamiento diferente y por eso son líderes, pero no es una generalidad para el sector, son empresas contadas; algunas han tenido que achicarse para hallar oportunidades”.
Sobre las fortalezas, Díaz indica que la más importante es la experiencia. “Las grandes empresas textileras con experiencia podrán enfrentar de mejor manera la contracción económica”.
En la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi), gremio que agrupa a unas 1 200 empresas, hay preocupación porque las ventas del primer trimestre bajaron un 15% entre enero y marzo.
La Capeipi aglutina a empresarios de ocho sectores entre estos de la construcción, alimenticio, textil, manufactura, maderero. Muchos han dejado de invertir y crecer, porque “de lo que se trata, ahora, es de mantener el trabajo”, según su titular, Marco Carrión.
En esta coyuntura los negocios tienen una fortaleza en la creatividad. Así, para enfrentar la caída de las ventas, la firma de alimentos Proteinsa apuesta por elaborar alimentos a base de chocho, para incluir en su portafolio de la marca Green Product.
La restricción perjudicó a los medianos empresarios
El primer trimestre del año no dejó muy satisfechos a los representantes de la pequeña empresa. La restricción en las compras, debido a las dificultades económicas del país, fue la peor amenaza que enfrentaron. Además, los clientes limitaron el consumo y eso también les afectó.
Una muestra de ello es la empresa Proteinsa, dueña de la marca Green Product que expende productos alimenticios. Paola Molina, gerenta de Mercadeo, cuenta que por el nivel de ventas registrado en estos meses, dedujo que la gente está ahorrando. “Si bien hubo afectación, esta no ha sido mayor”, refiere Molina, porque “cuando se trata de alimentos saludables la gente gasta un poco más”.
Proteinsa oferta embutidos, fritada, hamburguesas, pescado o pollo hecho a base de soya o trigo. En esta empresa enero fue, por tradición, de los mejores meses porque la gente entra a dieta, tras las fiestas de diciembre. En el primer mes del año, dice Molina, el consumidor se inclina por una alternativa dietética. “Allí calzan nuestros productos”.
Sin embargo, este año no fue tan provechoso. En el primer trimestre del 2016 las ventas bajaron en un 5% frente a igual trimestre del 2015. En ese mismo lapso del año pasado, el crecimiento fue del 10% en comparación con el 2014.
Marco Carrión, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi), gremio que agrupa a 1 200 firmas, es tajante al afirmar que las ventas de los afiliados al gremio han bajado un 15% entre enero y marzo. “De lo que se trata, ahora, es de mantener el trabajo”, dice el dirigente.
Carrión indica que con ese panorama la mayor oportunidad que miran para sostenerse en el mercado es ofrecer nuevos productos. En ese camino, por ejemplo, está Proteinsa que apuesta ahora por crear alimentos elaborados a base de chochos.
David Maldonado, propietario de Incaburger, en cambio, ha sentido que su negocio ha permanecido estable en estos primeros meses del año. Él se apegó a la publicidad en redes sociales, en especial el Facebook, para atraer clientes.
Con su negocio rodante, que emplea a 17 personas, cree que la mayor traba está en las disposiciones legales; no existe incentivo para ese tipo de emprendimientos alternativos y, al contrario, se ponen trabas burocráticas, comentó.
Al igual que un negocio con local, él paga impuestos, tiene afiliados a sus empleados, cuenta con una planta de producción, pero no paga arriendo ni se mantiene fijo. Para Carrión las amenazas están en lo jurídico y en lo tributario. “A los medianos empresarios nos tienen pensando en los cambios y no nos concentramos en trabajar”.
La demanda disminuye en los hoteles y agencias de viajes
La actividad turística se movió en el inicio del año entre una caída de la demanda y la activación de estrategias, para cubrir la menor ocupación de hoteles, y la baja demanda de pasajes aéreos, según detallan voceros de este sector productivo.
José Ochoa, presidente de la Federación Hotelera del Ecuador, asegura que entre el 2014 y el 2015 los ingresos en estos sitios bajaron un 6%. “Lo grave es que en los dos primeros meses de este año, el bajón fue de 20%, frente al mismo período del año pasado”.
Este empresario indica que una de las debilidades del país, en materia turística es que ante la apreciación del dólar y la devaluación de las monedas en destinos como Perú y Colombia, Ecuador se vuelve un destino costoso.
Entre las amenazas que Ochoa detecta se encuentra la tendencia del alojamiento bajo la modalidad de AirBnB, en la que los viajeros deciden hospedarse en hogares de los países que visitan, en lugar de acudir a los hoteles.
El vocero de los hoteleros señala que esta modalidad de alojamiento se sintió en el país desde el año pasado y calcula que existen al menos 500 puntos de hospedaje que funcionan en Ecuador bajo esa modalidad. “Es un tema que debe regularse tal como ha pasado en otros países como Japón”.
Otra amenaza está en el proyecto de reforma tributaria que elevaría los costos de las bebidas alcohólicas. “Eso encarece a Ecuador como destino turístico”.
En las agencias de viajes también se acusa la contracción de la economía. José Luis Egas, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, sostiene que por la crisis se redujo la venta de pasajes en especial en el mercado doméstico. También, dice que la ocupación de hoteles ha bajado de dos o tres noches, a una o a ninguna en determinados casos, en especial con el cliente corporativo.
Los viajes de ocio también han disminuido agrega Egas. “Eso se sintió claramente en los feriados de Carnaval y Semana Santa”.
En Atacames, por ejemplo, en los días de descanso por Semana Santa se esperaban 20 000 visitantes, pero no llegaron ni 3 000, según reportes de empresarios turísticos de ese balneario de Esmeraldas.
Ochoa y Egas coinciden en que existen oportunidades. Ambos señalan que por la misma crisis económica, los hoteles bajaron los precios y eso abre oportunidades para que los viajeros se hospeden con menores precios.
Como fortalezas, el representante del sector hotelero destaca la capacidad instalada en hoteles dedos hasta cinco estrellas. También, mejoraron la calidad del servicio y las instalaciones de los establecimientos turísticos.
La venta de cemento cayó un 24% en los dos primeros meses
El sector de la construcción también sintió un arranque complicado en el 2016. El cemento es el principal indicador de este segmento y la comercialización de este insumo cayó un 24% al comparar los dos primeros meses del 2015 con el mismo período de este año. Según el Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón, entre enero y febrero del año pasado la venta de cemento llegó a 922 790 toneladas métricas; y en el mismo período de este año la cifra bajó a 740 787 toneladas métricas.
Entre los constructores existe incertidumbre. Joan Proaño, gerente de la Inmobiliaria Proaño, menciona que no hay certeza de cómo enfrentar la situación, puesto que constantemente se generan nuevas normativas gubernamentales que desestabilizan al sector. “Mientras no haya claridad, los compradores no van a invertir como antes”, sostiene este constructor que trabaja en Quito.
Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, agrega que la falta de liquidez es una debilidad para el mercado en la actual coyuntura. Para este dirigente del sector, las oportunidades para crecer en este nicho están en las alianzas y en la llegada de nueva inversión extranjera para proyectos.
Para Durán otra oportunidad fue el monto que destinó el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) para los créditos hipotecarios. Esto significó, según indica, una alternativa para los compradores de bienes inmuebles.
Otra oportunidad que percibieron los constructores en el primer trimestre fue la opción de invertir, antes que depositar el dinero en la banca. “Los ecuatorianos prefieren invertir en inmuebles en lugar de guardar en la banca”.
Con esto coincide Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción del Ecuador. Además, añade que a pesar de que la construcción de vivienda cayó en un 50%, “el sector está sobreviviendo debido a las construcciones iniciadas el año anterior”.
El diseño de estrategias también ayudó. Para hacer frente a la situación, el sector de la construcción optó por reducir el costo de entrada de una vivienda en un 10%, en relación con el año pasado, y generar propuestas con más beneficios para el bolsillo del comprador.
Algunos constructores optaron por ser diferenciadores en ese sentido para ganar compradores. La Inmobiliaria Proaño, por ejemplo, optó por renovar sus políticas de comercialización. “Renovamos nuestras estrategias de venta, además de entregar equipadas las casas. Así nos hemos fortalecido este año”, concluye el titular de la firma.
Entre los ‘commodities’, el atún es uno de los ganadores
El sector agropecuario del país arrastra una racha de bajos precios, que en algunos casos, como el banano y el camarón vienen desde principios del 2015, y en otros, empezaron a sentirse desde este año, como en el caso del maíz. En el pesquero, la exportación de atún por el contrario evidencia un incremento del precio, pero por factores climáticos.
A la contracción de los precios mundiales de estos ‘commodities’ se suma el problema del contrabando de productos agrícolas, que solo entre enero y febrero de este 2016 dejaron USD 704 120 en decomisos, de acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). En el mismo período del 2015, los decomisos de productos agropecuarios no sobrepasó los USD 175 000.
En febrero pasado, el sector ganadero ya alertó de la baja en las ventas de leche y de carga de res, desde octubre del año pasado, en el rango del 35 y 30%, respectivamente. Rubén Párraga, presidente de la Federación de Ganaderos del Ecuador, sostiene que la reducción se deriva de un bajo consumo de lácteos, del etiquetado conocido de semáforo y por el contrabando desde Colombia y Perú.
El ingreso ilegal de animales se constata con los recientes decomisos de la Aduana, principalmente en la frontera con Colombia. En febrero pasado, la Senae decomisó 10 reses que intentaban ser ingresadas por Carchi (norte del país).
La producción maicera sufre otro problema, relacionado con la presencia de plagas. Según la Federación Nacional de Maiceros, la cosecha de invierno de este año se reducirá en un 40% debido a la presencia de un hongo que ataca al tallo. José Herrera, presidente del gremio, es pesimista con respecto al sector. “El precio que pagan en las piladoras está en alrededor de USD 9,50, muy por debajo del precio oficial”.
El sector pesquero, por el contrario, evidencia un incremento en el precio del atún. No obstante, ese aumento del precio es considerado por la industria atunera como temporal. “El fenómeno de El Niño calentó las aguas y provocó que el pez migre hacia aguas más frías, esto hace más costosas las capturas y que se incremente la demanda, lo que ha elevado el precio”, indica Roberto Aguirre, presidente de la exportadora Nirsa.
Actualmente se paga alrededor de USD 1 600 la tonelada de atún, mientras que hasta diciembre no superaba los USD 900 la tonelada. En el caso del atún su fortaleza ha sido incrementar la inversión en el mejoramiento de las instalaciones, para competir en nuevos mercados, menciona Aguirre.
La empresa Proteinsa elabora alimentos en base a soya. En el primer trimestre del año sus ventas disminuyeron un 5% en comparación con el mismo período del 2015. Foto: Vicente Costales / LÍDERES
Nathalie Cely, la Ministra Coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad explica cómo avanzan los 37 temas propuestos por el sector privado al Gobierno. Además, destaca la nueva agenda que quiere poner en marcha el Ejecutivo, con la meta hacia el año 2025.
¿Cómo avanzan los temas tratados entre Gobierno y empresarios el 2 de marzo, en el que se definieron 37 ejes?
Los empresarios plantearon al Presidente (Correa) elementos para fomentar la inversión, el emprendimiento, etc. Todas esas 37 ideas son muy valiosas, pero creo que no sería adecuado llamarlo una agenda público-privada; son buenas iniciativas y estamos trabajando con el sector privado. ¿Qué pasa con los 37 temas?
Los hemos agrupado en siete ejes. Muchas de las ideas de los empresarios ya se han resuelto, porque son temas que estaban en la coyuntura. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo en tener un plan que cambie el país; una agenda que nos una. Que no importe cuál sea el Gobierno que esté sino que todos estemos arrimando el hombro hacia esa agenda.
Estamos en un momento distinto de la relación público-privado; hay un terreno muy fértil para este plan Ecuador Productivo 2025, en donde estos siete ejes se articulan pero como ejes transversales.
¿De qué se trata este plan Ecuador Productivo 2025?
Hemos trabajado con la consultora internacional Bain para definir este plan, en donde el Mipro interviene como un gran impulsador de la inversión privada. Estamos contribuyendo con el sector privado en este plan que incluye a las industrias básicas, industrias intermedias, un plan de agroindustria y un plan agrícola que se articula muy bien en esta visión.
¿En estos ocho años de Gobierno ha habido una especie de ‘guerra fría’ con el sector empresarial en Ecuador?
Nunca hubo guerra fría, jamás. Creo que existían incertidumbres del rol del sector privado en el modelo económico social del Gobierno, pero esas dudas se disiparon en el 2010 cuando empezamos a discutir la agenda productiva y cuando en el Código de la Producción se estableció con claridad ese rol.
El Gobierno cree que la inversión privada es el gran motor del desarrollo y que la gran inversión pública ha sido para facilitar y generar una competitividad sistémica, para que la inversión productiva pueda tener más largo aliento, más espacio para crecer e insertarnos en el mundo.
¿Cuáles son los aspectos clave que se definen en ese Plan Ecuador Productivo 2025?
El plan en el sector primario (chocolate y cacao, derivados de palma, café procesado, tableros de madera, derivados de pesca y acuicultura, flores, lácteos, etc.) tiene un impacto esperado en 10 años de 13 500 millones de dólares en incremento en ventas; un aporte positivo de 5 000 millones en la balanza comercial y de la generación de 50 000 empleos.
En cuanto a las industrias intermedias se tiene previsto que hasta el 2025 se generen ingresos por 6 000 millones y se creen 12 000 empleos. En total, con este plan se espera después de 10 años tener ingresos por 31 000 millones de dólares; generar 312 000 empleos y alcanzar inversiones por 10 500 millones de dólares.
¿Cuál ha sido la respuesta empresarial ante este plan?
Es importante tener claro a dónde vamos, cuáles son los sectores donde tenemos mayor potencial competitivo. Que no lo diga el Ministro de la Producción que no lo diga el sector privado sino que lo diga un externo, en este caso una empresa de talla mundial como es Bain. Los empresarios se quedaron muy contentos al ver el estudio. Esto ha sido importante para tener claridad hacia dónde vamos, en qué sectores, subsectores, en qué producto, hasta ese nivel de detalle está establecido.
Sin embargo, las últimas reformas laborales generan críticas desde el sector empresarial, como las brechas salariales, eliminación de los contratos de plazo fijo…
En las brechas salariales, el Presidente ha indicado la necesidad de tener elementos para fomentar la equidad. Obviamente entendemos a cada sector empresarial y lo que hemos puesto en la ley es que el Ministerio de Trabajo podrá establecer estas brechas, en consideración de los factores que allí se describen.
El Estado está queriendo fomentar que no existan grandes diferencias. En sectores donde hay especialidad, mayor tecnología, sabemos que podrían tener mayores brechas que otros.
¿Estas diferencias en el tema laboral pueden afectar el diálogo con el sector privado?
Para nada. La ciudadanía debe entender que no en todo vamos a acordar. Los empresarios están para maximizar sus ganancias, y no estoy criticando que eso sea así, estamos para buscar un máximo social. El Gobierno busca el bien colectivo y no siempre vamos a estar de acuerdo en lo que los empresarios nos pidan. Es normal, lo que debe haber es franqueza y una discusión transparente.
Sobre la eliminación de las aportaciones del Estado al IESS para financiar las pensiones se han pronunciado trabajadores, empresarios…
No es un tema que el sector empresarial haya dialogado conmigo en la agenda productiva. Sé que han tenido reuniones con el Presidente del IESS, el Ministro de la Política Económica. El presidente Correa ha hablado con mucha claridad de una reforma integral de la seguridad social y esa discusión la lidera el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
En materia de comercio exterior y las salvaguardias, ¿qué pasó con la demanda de Perú ante la OMC?
Con el ministro (Diego) Aulestia vamos a revisar el tema. Perú ha tenido sus objeciones; vamos a revisar la relación con Perú y revisar cómo podemos allanar el camino a la negociación con la OMC.
Francisco Borja la reemplaza en la Embajada en EE.UU. ¿Cuáles debieran ser los principales temas de agenda?
No me atrevo a darle consejos al embajador Borja. EE.UU. es un mercado importantísimo para nuestras exportaciones no petroleras. Compartimos la misma moneda, estamos en el mismo hemisferio; en temas logísticos podemos mejorar mucho. Empezamos a fortalecer marcas potentes en EE.UU. y debemos continuar.
Estamos trabajando en abrir acceso para nuevos productos (pitahaya, uvilla, mora, frambuesa, tomate de árbol, pimiento, maracuyá, taxo, granadilla, aguacate).
Otros temas en breve La Comunidad Andina. “Nosotros queremos una Comunidad Andina que funcione, potencie el desarrollo de nuestro país, que permita la complementariedad, que reduzca la tramitología a nivel andino. Queremos una CAN fuerte y sin embargo encontramos que muchas veces las estructuras de esa CAN no actúan a la altura de ese objetivo de la integración”.
El acuerdo con la UE. “El sector productivo está interesado en que se acabe de concretar y se implemente el acuerdo con la Unión Europea (UE). Hay toda una agenda que tenemos que todavía terminar, en cuanto a la implementación ‘per se’ del acuerdo hasta que termine con la aprobación final de ambos congresos. El objetivo es hacerlo en el menor tiempo”.
Nathalie Cely: «El Gobierno busca el bien colectivo y no siempre vamos a estar de acuerdo en lo que los empresarios nos pidan”. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO
La nueva administración municipal de Quito cumplió el 24 de agosto, 100 días de gestión. En la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad, cuya sede se encuentra en el sector de Chimbacalle (sur), la mayoría de sus empleados son jóvenes profesionales. Su titular, Juan Carlos Holguín, de hecho, tiene 31 años. Este funcionario, con trayectoria emprendedora, explica a LÍDERES los proyectos y los objetivos de esta dependencia municipal.
¿Cómo han sido estos primeros 100 días en la Secretaría de Desarrollo Productivo?
Encontramos un momento del sector productivo de Quito con problemas que van desde la tramitología hasta la planificación. Encontramos un sector productivo con 40 000 trámites encolados, un sector industrial con cerca de 400 industrias con obligatoriedad de moverse y reubicarse, con una ciudad que no ofrecía condiciones para atracción de inversiones ni tampoco de espacios de usos de suelo. Esto ha generado el reto de lograr un nuevo modelo de desarrollo productivo, en el que las alianzas público-privadas serán el eje transversal.
¿Cómo se encuentra Quito desde el ángulo de la competitividad?
El balance que hacemos es bastante negativo. Quito, dentro de los rankings regionales de competitividad, está en los puestos del medio hacia abajo. Hay capitales vecinas que están en el ‘top’ de los rankings y la ciudad ha perdido espacio. Además, Ecuador al perder condiciones de competitividad y de atracción de inversiones en los últimos años, generó un efecto grande en la capital, inclusive en la competitividad con Guayaquil o Cuenca que tenían políticas más atrayentes para la inversión y el desarrollo productivo. El reto que nos motiva es ubicar a Quito entre las 10 ciudades con mayores índices de competitividad y desarrollo de la región.
Es un reto bastante grande…
Así es. Es grande, medible y muy específico. Creemos que lo vamos a lograr. Ya hemos conversado con gremios, cámaras, el sector privado y entendemos que el único camino para el desarrollo es la unidad. Cuando uno tiene una coyuntura política que de cierta manera afecta el desarrollo productivo de una ciudad, el único camino es la unidad. Quito tiene altos niveles de desempleo entre los jóvenes y lo que podemos hacer es trabajar en conjunto con alianzas público-privadas.
¿Qué surge de esas reuniones con gremios, sector privado, cámaras de la Producción?
Nosotros sabíamos que las soluciones inmediatas a los problemas, como los de la tramitología, por ejemplo, podían venir de quienes vivían esos problemas. Por eso hemos tenido reuniones eficientes con las cámaras, la Bolsa de Valores y hemos entendido que sentados en una mesa podemos iniciar un proceso de identificación de inconvenientes, de soluciones a esos problemas y de mejoras inmediatas. Las mismas cámaras presentaron su diagnóstico, sugirieron ideas y estamos implementando políticas para salir de los problemas.
¿Qué importancia se le da al emprendimiento desde la Secretaría?
Quito tiene una cultura emprendedora marcada a través de su historia. Un ejemplo son las empresas de base tecnológica de los años 90, que desarrollaron software a escala regional. Lamentablemente, Ecuador no tiene aún una ley de emprendimiento que genere políticas públicas en la materia. Quito, a pesar de la potencialidad y de la iniciativa ciudadana, no ofrece políticas de acompañamiento. Estamos reorientando eso para lograr una política al respecto y generar desarrollos sustentables.
¿En concreto qué están haciendo al respecto?
Nos enfocamos en tres áreas claves. La primera, es el turismo que ha tenido una inercia importante y un crecimiento superior a los índices promedio de la región. Es un eje importante, con proyectos hoy en día de casi USD 400 millones en el sector hotelero. El turismo es una oportunidad para incrementar la inversión en la ciudad y para dinamizar la economía. El segundo punto clave es la posición geográfica de la ciudad. Con la zona franca de Tababela podemos convertir a Quito en un ‘hub’ logístico regional en flores, por ejemplo. Quito tiene potencial para eso. Y la tercera área es la de innovación, allí el gran reto es poder tener una política eficiente de innovación y conocimiento.
¿Qué tan complicado es atraer inversiones para una ciudad?
Quito tiene una problemática importante comparada con otras ciudades del país y la región. A pesar que existía una agencia de inversiones, esta no tenía un impacto de posicionamiento grande a escala local e internacional. Con la Cámara de Industrias y Producción hemos iniciado un proceso para generar una agencia de promoción de inversiones que acompañe a los inversionistas.
¿Se anima a poner fechas para los objetivos?
Para el 2019 la meta es que Quito esté entre las 10 ciudades con mayores índices de competitividad y desarrollo sostenible de la región. Queremos en los 16 meses próximos tener un crecimiento de 20% en las inversiones en la ciudad y queremos llegar al 2019 duplicando la tasa de estadía de los turistas que llegan a Quito. Se podría generar entre 5 000 y 10 000 puestos de empleo solo en turismo.
Empresas, Gobierno y universidades comentan del cambio de la matriz productiva. ¿Cómo miran ustedes este plan gubernamental?
Creemos que el cambio de matriz genera atracción de inversiones y la vemos como una buena oportunidad para el Ecuador, tal como lo es tener un acuerdo con la Unión Europea y que se vea al turismo como un eje de desarrollo. Son coyunturas que vemos con buenos ojos.
¿Qué planes tienen con las zonas industriales del Distrito Metropolitano?
Hay tres zonas identificadas: Calacalí no tiene servicios básicos; Turubamba simboliza una planificación caótica de la ciudad; y en la zona de mayor potencial, la de Itulcachi, el problema es la especulación de precios. En las zonas industriales buscamos un ordenamiento territorial, para que las inversiones que se realicen perduren por más de 50 años. Se necesita planificación y protección.
Un resumen de su hoja de vida: Un resumen de su hoja de vida:
La formación. Estudió Comunicación en la U. San Francisco de Quito. Tiene una maestría en Políticas Públicas en Georgetown University, EE.UU.
Emprendedor. Tiene trayectoria en la creación y manejo de empresas vinculadas con el marketing deportivo.
La Frase. «El gran reto es lograr un nuevo modelo de desarrollo productivo para quito, en el que las alianzas público-privadas sean el eje traNsversal».
