En Ecuador se podrán denunciar afectaciones al ecosistema del manglar a través de la aplicación Manglar App, que facilitará la comunicación entre comunidades e instituciones involucradas en la gestión del manglar.
Se trata de una iniciativa impulsada por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), con la participación de la Subsecretaría de Gestión de Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente, la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del Ministerio de Producción y Comercio Exterior y organizaciones que trabajan bajo los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de Manglar. La Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) ha colaborado al proyecto con financiación y asistencia técnica para el desarrollo de la ‘app’.
Mediante los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de Manglar se concesiona a comunidades y organizaciones un área determinada de este ecosistema, para su aprovechamiento sustentable. De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, hasta el año pasado, alrededor de 65 000 hectáreas de manglar se encontraban otorgadas bajo este mecanismo.
Las comunidades que poseen dichos ‘acuerdos’ se comprometen a proteger este ecosistema con actividades de pesca sostenible y acuicultura, turismo sustentable o denuncia de actividades que afecten al mismo.
Fabián Reyes, docente investigador de la UTPL involucrado en el proyecto, señala que para las comunidades es difícil custodiar el manglar y realizar los procesos de denuncia. “Al intentar realizar las denuncias se encuentran con varios inconvenientes. El tiempo que invierten en hacer la denuncia, los recursos invertidos, la falta de respuesta y transparencia de entidades de control a las denuncias presentadas, la inseguridad y falta de respaldo de las autoridades a la hora de poner la denuncia”.
Las instituciones encargadas de la gestión del manglar y la atención de denuncias también enfrentan problemas, como el poco personal y la falta de equipamiento, o la deficiente coordinación entre instituciones, asegura el investigador de la UTPL.
Con el objetivo de dar solución a estas problemáticas, surge la idea de desarrollar una aplicación que permita mejorar los procesos de gestión y control del manglar, así como facilitar los procesos de denuncia. “El objetivo del proyecto fue crear una aplicación Android e iOS, para la notificación y monitoreo de problemas ambientales en los manglares custodiados por organizaciones y usuarios tradicionales, y los esteros y mar aledaños a estas áreas”.
Con Manglar App se busca disminuir los tiempos de denuncia y notificación, reducir costos y generar insumos para la gestión del manglar, como datos estadísticos para una mejor planificación de dicha gestión.
Finalmente, se busca fortalecer las relaciones entre los actores involucrados en la gestión del manglar. La descarga Para usar Manglar App será necesario registrarse, para evitar la saturación de la ‘app’ y las denuncias falsas. Una vez registrado, el usuario puede realizar su denuncia según el tipo de anomalía: tala, contaminación, invasiones, delincuencia marítima, técnicas de pesca no permitidas, recolección de cangrejo en época de veda, etc.
Para cada caso, existe un menú con los requerimientos mínimos para realizar la denuncia. Además, la interfaz cuenta con un botón de pánico para contactarse con el 911 y denunciar delitos flagrantes.
Actualmente, el desarrollo de la ‘app’ ha superado la etapa de investigación y prototipado.
Hasta el año pasado, alrededor de 65 000 hectáreas de manglar estaban concesionadas a comunidades. Foto: archivo / LÍDERES
Los depositantes de cualquier entidad financiera pueden estar seguros que recuperarán todo o, al menos, una buena parte de su capital si esta entra en liquidación.
Esto se logra gracias al seguro de depósitos, que administra la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede). Este cubre a clientes de bancos, cooperativas y mutualistas, que tienen cuentas corrientes, de ahorros y depósitos a plazo fijo.
En el país no todas las personas conocen que existe este servicio. Para Fernanda Paredes, quien enfrentó a finales del siglo pasado el cierre del extinto Banco del Progreso, es fundamental que se proteja a los clientes. “Yo logré recuperar USD 1 000 que cobré más adelante, otra gente no pudo hacer nada. No sabía que ahora hay esta alternativa. Es una garantía para los depositantes”.
Existe un monto tope de entrega a los depositantes de una entidad en liquidación. Por ejemplo, los clientes de cooperativas del segmento cinco y mutualistas pueden recuperar hasta USD 32 000, los de cooperativas en el segmento uno hasta USD 1 000; en el caso de los bancos también hasta USD 32 000.
En Ecuador, según la Cosede, el promedio de depósitos en los bancos es de USD 670 y de USD 113 en entidades del sector financiero popular y solidario (SFPS).
El seguro de depósitos se paga en máximo 20 días “contados a partir de la entrega de la base de datos de depositantes proporcionada por el liquidador de la entidad financiera que haya entrado en liquidación forzosa”.
Actualmente, el promedio de entrega de esos dineros es 12 días.
El pago del seguro se realiza según un cronograma establecido por la Cosede. Si el beneficiario no puede acercarse a cobrar en las fechas establecidas podrá hacerlo hasta 10 años después, desde la fecha de liquidación de la entidad.
Actualmente, es posible consultar información en línea sobre en dónde se puede cobrar, el monto a recibir y la situación de la entidad financiera en la web de Cosede (www.cosede.gob.ec)
Lorena Freire, presidenta del Directorio de la institución, dice que el pago a los clientes se hace a través de otra entidad financiera. A los beneficiarios se les informa a través de redes sociales, publicaciones de la propia entidad en liquidación, medios de comunicación o listados públicos.
Para cobrar, lo único que tiene que hacer la persona es presentar su cédula de ciudadanía. El trámite no tiene costo alguno.
Se entrega el 100% del valor, siempre y cuando no exceda el tope establecido por la Ley.
Paola Vinueza es una de las beneficiarias del seguro. En el 2015 tenía USD 5 000 en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ejército Nacional, que entró en liquidación.
Cuando acudió a la entidad conoció la fecha de cobro del seguro. Le dieron USD 200 porque era todo lo que se le podía cancelar en base a los montos límite.
El resto del dinero lo cobró en un período de seis meses una vez que el liquidador comenzó con la recuperación de capital. En tres partes, con montos superiores a USD 1 000, le devolvieron todo.
Datos Cantidades superiores a los valores tope se devuelven conforme se vendan los bienes muebles o inmuebles de las entidades del SFPS o los bancos, se cobren créditos otorgados, se subasten bienes recuperados en garantía, etc.
Según Cosede, la cobertura que se da en Ecuador es una de las más altas en la región; está en cuarto lugar. Es 5,16 veces el Producto Interno Bruto per cápita. Está sobre Colombia, Perú y Argentina.
El tiempo promedio de devolución del seguro de la Cosede es de 12 días. Los beneficiarios son los clientes de cooperativas, mutualistas y entidades bancarias. Foto: Pixabay
Pablo Solines explica los efectos de la aplicación de la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, en vigencia desde mayo pasado. Aclara que es una normativa extraterritorial y que todo el país debe informarse sobre su correcto cumplimiento.
La Ley de Protección de Datos de la Unión Europea (UE) está vigente desde mayo de este año. ¿Qué implicaciones tiene esta normativa?
Se trata de un reglamento de la UE de aplicación inmediata, es decir que no requiere un reglamento de los países miembros del bloque europeo. El 26 de mayo del 2016 se publicó el reglamento de protección de datos y se planteó un tiempo de adaptación de dos años, para que las empresas conozcan la normativa y adapten sus procesos y negocios. Superado ese tiempo empieza aplicarse el reglamento, con todo lo que implica. Es así que a partir del 25 de mayo de este año, las empresas y personas que regula el reglamento deben cumplirlo.
¿Cuál es el objetivo de esta normativa?
La protección de datos de carácter personal a nivel europeo ya tiene varias décadas de regulación. Entonces, el reglamento trae ahora una serie de nuevas disposiciones que buscan identificar nuevas necesidades generadas por los avances tecnológicos, a fin de adaptarlas a la regulación de protección de datos.
¿Qué es la protección de datos de carácter personal?
En Ecuador es un derecho constitucional que plantea una protección para la persona a efectos de que se pueda tener una regulación y control adecuados respecto de los distintos usos que se pueda dar a los datos de una persona. La importancia de este derecho es que no se limita a los datos íntimos, sino que es mucho más amplio. El dato de carácter personal es aquella información que permite identificar a alguien. Allí está la dirección de correo electrónico, el número de cédula, placas de vehículos, fotos. Esta información es objeto de una protección específica. En Ecuador, si bien en la Constitución que nos rige se configuró el derecho a la protección de datos personal, no es menos cierto que no ha sido desarrollado, ni regulado. La consecuencia es que empresas, instituciones públicas y personas utilicen datos de carácter personal como bien consideren, sin seguir ningún tipo de procedimiento u obligación.
El tema del manejo de datos es una preocupación de ciudadanos y de empresas. ¿Todo eso debe ser regulado?
Una persona que recibe la oferta de un producto o servicio de una determinada empresa debe haber dado su consentimiento expreso para que sus datos sean utilizados para esos fines.
Pero eso no pasa siempre…
El reglamento de la UE es de aplicación extraterritorial, es decir que en Ecuador, como país y como personas que podemos tratar datos personales, ya no somos ajenos a esa regulación, en la medida en la que vayamos a utilizar o tratar datos de carácter personal de ciudadanos europeos o que residan en la UE o que tengan como fin la oferta de bienes o servicios o que su fin sea el control del comportamiento. Como ejemplo pensemos en portales web que no están en la UE, pero sí captan información de ciudadanos europeos cuando navegan por la web y reciben publicidad de un portal de e-commerce.
¿En esto ya aparecen el big data y la inteligencia artificial?
Así es. Por eso estas nuevas tecnologías tienen una íntima relación con la protección de datos y de alguna manera el reglamento de protección de datos de la UE busca regular eventos que se dan en la práctica y que la normativa interna de cada país no ha podido controlar porque, obviamente, existe una jurisdicción limitada de cada país.
Siempre se dice que la tecnología avanza mucho más rápido que las leyes. ¿Cómo actuar cuando cada vez estamos más conectados y nuestros datos, más expuestos?
El desarrollo tecnológico siempre va a ser exponencial frente al desarrollo normativo, es una realidad. Esta nueva ley plantea principios de carácter general y busca que el desarrollo normativo no se quede obsoleto. El reglamento de la UE, al ser una norma extraterritorial, señala que la persona, natural o jurídica, se convierte en un sujeto de obligaciones y derechos. En ese sentido si no se cumplen los preceptos del reglamento puede ser objeto de sanciones. Es un asunto delicado porque una persona o una empresa ecuatoriana puede ser sujeto de sanciones si en el giro del negocio trata datos de ciudadanos europeos o residentes.
¿Esto genera nuevas obligaciones para empresas?
Empresas, estudios jurídicos, portales de Internet…están sometidos. Es un sacudón como país porque no hemos estado familiarizados con la regulación de protección de datos. Hay normas incipientes en la ley de comercio electrónico, la ley de telecomunicaciones, en el código penal. Son normas incipientes y plantean principios muy generales, pero no se regula la materia. A raíz del reglamento de la UE ya se está planteando, a nivel de instituciones públicas, trabajar en un proyecto de ley de manera seria.
¿Incide de alguna manera el acuerdo comercial firmado con la Unión Europea?
El reglamento de protección de datos no se limita a países con acuerdos comerciales con el bloque europeo. Es para toda persona que maneje datos de ciudadanos europeos o residentes en la UE.
Entonces, ¿las empresas deben informarse?
Lo más importante es identificar si es que existe manejo de datos de ciudadanos europeos y en qué términos se está haciendo. El problema es que en Ecuador recién estamos pretendiendo reaccionar ante la normativa, cuando ya se tuvo dos años.
¿En esos dos años no se avanzó?
Muy poco. En Ecuador, poco o nada se ha dicho. Ahora se trata el tema luego de que entró en vigencia en mayo pasado. De cara a la autoridad de la UE ya no hay justificación en caso de una infracción. Tenemos que intentar adaptarnos en el menor tiempo posible.
¿Las pymes que exportan a la UE están incluidas en la normativa?
Es probable. No toda empresa que tenga una relación con compañías europeas está dentro de la norma. Solo se aplica en la medida en que traten datos personales de ciudadanos europeos. Si no es así, no tienen de qué preocuparse.
¿Cuál es el mínimo dato que implica estar bajo esta normativa?
Si se ofrecen bienes o servicios o si se generan perfiles. Un desarrollador de software, por ejemplo, que trabaja para una empresa europea necesita correr el programa y utilizar datos, sin que necesariamente ofrezca un bien o servicio.
En caso de una infracción, ¿cuáles son las sanciones?
Primero hay que ver las obligaciones que van por un sinnúmero de situaciones, desde consentimientos expresos, explicar la finalidad del uso de datos, delegados de protección de datos ante la UE, etc. Si se incumplen las obligaciones existen sanciones económicas drásticas, la mínima es de 10 millones de euros.
Hoja de vida
Es abogado–socio de Solines & Asociados desde el 2007. Realizó estudios de postgrado en universidades de España, como la Autónoma y la Carlos III de Madrid, donde obtuvo maestrías en temas relacionados con propiedad intelectual, media & entretenimiento, así como telecomunicaciones y TIC. Además tiene estudios de especialización en Derecho Administrativo.
En su ejercicio se ha destacado atendiendo asuntos relativos a la propiedad intelectual, industrial y nuevas tecnologías, principalmente en aquellos sectores como son el audiovisual, cine, música, editorial, artes, software, entre otros.
Pablo Solines es abogado–socio de Solines & Asociados desde el 2007. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Pichincha Microfinanzas, la unidad de negocios del Banco Pichincha que atiende a los microempresarios, recibió la certificación de Protección al Cliente, otorgada por ‘The Smart Campaign’, informó hoy (9 de agosto) la institución financiera ecuatoriana.
Con el certificado, la unidad de negocios, con 16 años de trayectoria, se convierte en la primera entidad en obtener este aval en Ecuador y en una de las 55 instituciones certificadas a nivel mundial, indicó en un comunicado.
Explicó que «The Smart Campaign» trabaja conjuntamente con los líderes en microfinanzas de todo el mundo y promueve un modelo de banca responsable entre las instituciones que manejan este segmento.
La certificación implica la evaluación de políticas, procedimientos, capacitación, comercialización y operaciones en conjunto, las que son verificadas por certificadores externos. La certificación, que tiene una duración de dos años, amplifica la posibilidad de que Banco Pichincha pueda obtener líneas de crédito de organismos multilaterales internacionales, para fortalecer las microfinanzas en el país.
Pichincha Microfinanzas mantiene como pilares de su gestión, una política de acompañamiento al cliente en todo el proceso y asesoría sobre nuevos créditos en función de la capacidad de pago de cada persona para promover su desarrollo económico de manera sostenible, según el comunicado.
La unidad opera a través de la amplia red de agencias del Banco Pichincha.
La institución indicó en el comunicado que, entre los principios sobre los cuales se basa la Certificación de Protección al Cliente, figuran el diseño y distribución apropiada de productos, la prevención del sobreendeudamiento, la transparencia, precios responsables, trato justo y respetuoso de los clientes, privacidad de los datos de los clientes y mecanismos para resolución de quejas.
Banco Pichincha C.A. es la mayor entidad financiera del Ecuador, con activos de 8.928 millones de dólares a diciembre de 2015 equivalentes al 28,9 % del sistema bancario, informó en el comunicado.
Es la primera entidad financiera de América Latina que opera como banco comercial en España, opera en Perú a través del Banco Financiero del Perú; como Banco Pichincha S.A. en Colombia y Banco Pichincha Miami Agency, en Estados Unidos, añadió la información.
El Banco Pichincha señaló que trabaja en la búsqueda de la eficiencia, reduciendo gastos e incrementando sus ingresos. Foto: Archivo/ LÍDERES
El director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, afirmó este miércoles (27 de mayo) que América Latina demuestra que la protección social que desarrolló la región es un aliado para reducir el hambre mundial.
«Hemos aprendido de América Latina que la protección social ayuda mucho» (para combatir el hambre), dijo Da Silva en la presentación del informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria publicado por la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
El texto revela que en América Latina la prevalencia de la subalimentación cayó del 13,9% en 1990-1992 a menos del 5% en 2014-2016, mientras que el número de personas subalimentadas se redujo desde 58 millones hasta menos de 27 millones.
«América Latina ha superado ampliamente tanto la primera meta de los Objetivos del Milenio como de la Cumbre Mundial sobre Alimentación (CMA)», destaca el informe en referencia a los dos propósitos de la ONU de reducir a la mitad el porcentaje de personas que sufren hambre y de personas desnutridas.
Los avances globales en la región se deben, según la ONU, a «los buenos resultados económicos generales, el crecimiento constante de la producción agrícola y la aplicación satisfactoria de políticas de protección social».
También contribuyeron la combinación de redes de seguridad con programas especiales para agricultores familiares y pequeños productores y el apoyo específico a grupos vulnerables, junto con intervenciones de seguridad alimentaria, entre los que destacó «los programas de alimentación escolar».
Sin embargo, se observan diferencias importantes entre los países y regiones, pues mientras que América del Sur logró reducir la subalimentación en más del 75%, la prevalencia en América Central disminuyó en un 38,2%».
Las tres agencias de Naciones Unidas concluyeron que el objetivo de reducción del hambre se cumplió en Argentina, Brasil, Chile, Guyana, Nicaragua, Perú, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Panamá y Surinam.
Añade que Colombia, Ecuador, Honduras y Paraguay están «en camino» de alcanzar la meta «durante los próximos años si mantienen las tendencias actuales», mientras que Guatemala o El Salvador «no parecen estar en la vía de conseguir las metas internacionales».
Ni América Central ni el Caribe la alcanzaron, aunque «la carga del hambre en casi todos los países del Caribe es menor y, por tanto, resulta más manejable», ya que cayó del 27% en 1990-92 al 19,8% en 2014-16.
Por países, sí lo consiguieron Barbados, Cuba, la República Dominicana y San Vicente y las Granadinas, mientras que Jamaica y Trinidad y Tobago «también están muy próximos a alcanzar la meta de los ODM».
En la región caribeña, es Haití el mayor responsable del atraso, «país afectado por catástrofes naturales recurrentes y caracterizado por el crecimiento aún lento de la disponibilidad de alimentos con respecto al crecimiento de la población».
José Graziano da Silva, director de la FAO, aseguró que la protección social ayuda a combatir el hambre mundial. Foto: FAO
Tenga cuidado con una serie de videos eróticos que circulan en Facebook, se trata de una estrategia para distribuir programas maliciosos (o ‘malware‘ como se conoce en inglés) por medio de esta plataforma social.
Los analistas de la compañía de seguridad informática ESET detectaron la amenaza esta semana. Los videos de carácter sexual se propagan en los muros de los usuarios infectados.
¿Cómo se propaga? Cuando el usuario da clic en alguno de los videos, ingresará a una página web en que se le solicita descargar la última actualización del plug-in de Flash Player.
«Si el usuario accede a descargar la falsa actualización de Flash Player, se bajará un archivo, programado con el lenguaje AutoIT, que contiene cuatro ficheros: wget.exe, dos troyanos y una extensión maliciosa, probablemente de Google Chrome«, señaló Matías Porolli, especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica.
Los archivos dañinos se identifican por los siguientes nombres: Win32/VB.RTN y Win32/ExtenBro.AK
El programa malicioso instala una extensión en el navegador para publicar en Facebook de forma automática y seguir propagando el contenido. Los expertos aseguran que es probable que también robe las claves de acceso de Gmail porque despliega una ventana en el navegador que solicita acceso a la cuenta de correo.
Cuando el programa malicioso toma control de la cuenta de Facebook del usuario, se modifica la barra de herramientas de la parte superior y queda oculta la opción de configuración que permite cerrar sesión y modificar los ajustes de privacidad.
Además, el ‘malware’ procederá a compartir los videos con contenido sexual en el muro del usuario infectado. En cada vínculo se mencionan los nombre de alrededor de 20 contactos de la persona infectada.
Al querer acceder a las extensiones (desde la configuración de Chrome), se cierra inmediatamente la pestaña, de manera que no es posible ver qué se instaló ni deshabilitarlo. Los ‘posts’ con contenido sexual son públicos y se propagan en nombre de la persona infectada.
La semana pasada se detectó una campaña de propagación de ‘malware’ de similares características. En esa ocasión, otra página solicitando la actualización de Adobe Flash logró infectar a más de 100 000 usuarios de Facebook en solo dos días, de acuerdo con los expertos de ESET. Con base en el antecedente referido, se estima que esta amenaza puede infectar a 50 000 usuarios por día.
¿Cómo protegerse?
1. Instale un antivirus en su computador. Existen varias opciones en el mercado, algunas de ellas son gratuitas, como Avast Antivirus. 2. No se apresure a abrir contenidos en Facebook aunque haya sido etiquetado por un amigo en la publicación. Primero pregúntele a su contacto si el ‘post’ fue enviado con su consentimiento. 3. No descargue actualizaciones de Flash u extensiones de páginas desconocidas.
¿Por qué es peligroso el ‘malware’?
Expertos de Kaspersky Labs señalan que los programas maliciosos se instalan con varias finalidades.
En algunos casos, el cibercriminal quiere tomar control del computador de la víctima. El programa malicioso le permite ver todo lo que está ocurriendo en la máquina infectada. También puede tener acceso a información confidencial, como documentos o contraseñas de acceso a portales bancarios.
Antecedentes
No es la primera vez que se apela a contenidos audiovisuales de carácter viral para capturar potenciales víctimas e infectarlas con código maliciosos. Cuando murió el actor Paul Walker, se engañó a los usuarios con supuestos videos inéditos del accidente.
En 2013, un supuesto video íntimo de Rihanna titulado ‘I just hate RIHANNA after watching this video’ también llevaba a un portal con virus.
Antes, en 2011, se usó la muerte de Osama Bin Laden como gancho. Se propagó un supuesto video que mostraba el momento en que el terrorista era dado de baja por la fuerzas especiales americanas.
Se recomienda no abrir ningún video erótico que aparezca en su muro de Facebook. Foto: Pixabay
La riqueza de recursos naturales que puede albergar la Luna ha despertado el interés de compañías como la estadounidense Bigelow Aerospace, que está dispuesta a invertir en misiones lunares pero al mismo tiempo busca que el Gobierno le garantice que sus actividades sean aprobadas y protegidas.
Ante la falta de una autoridad federal que regule los viajes privados a la Luna ha recurrido a la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense, responsable de la regulación y concesión de licencias a las compañías privadas e individuos involucrados en el transporte espacial comercial. Bigelow Aerospace «quiere hacer posible que personas, empresas y países puedan transformar la Luna en un escenario dinámico para una imaginación y la innovación», explicó a Efe Michael Gold, director de operaciones y negocio de la compañía en Washington DC.
La compañía del magnate hotelero Robert Bigelow, pionero en el diseño de módulos espaciales expandibles que podrían utilizarse en futuras colonias, pondrá a prueba este año uno de esos habitáculos en la Estación Espacial Internacional (EEI).
No obstante, considera que antes de que se logre este objetivo es necesario que se establezca algún tipo de marco legal que dé a los inversores «al menos un mínimo de garantía por parte del Gobierno de Estados Unidos de que sus actividades serán aprobadas y protegidas».
Aunque la FAA no tiene autoridad sobre la Luna, la empresa considera que cualquier actividad lunar debería empezar con la licencia para transportar personas y equipos, igual que se hace con el resto de misiones espaciales comerciales.
En diciembre de 2013 Bigelow Aerospace envió una carta a la FAA que, tras consultar con otras agencias federales, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y la NASA, contestó más de un año después de forma «pragmática» pero significativa para la empresa.
La FAA indicó que haría uso del sistema de licencias que competen a su autoridad, «lo mejor posible, para proteger los activos y el personal del sector privado en la Luna y promover un ambiente seguro para las compañías que realicen actividades comerciales pacíficas sin interferencia de otras licencias» concedidas a otras empresas. No obstante, la FAA no garantiza el derecho a reclamar el territorio, aclara la compañía.
«Esforzarse por garantizar la seguridad de los equipos, del personal y las operaciones no deben y no pueden ser malinterpretadas como una apropiación nacional» del territorio, ya que las actividades en la Luna se regulan, en parte, por el Tratado del Espacio Exterior de Naciones Unidas firmado en 1967.
La compañía ve esta respuesta de la FAA como un paso inicial «modesto» pero «importante» para «la creación de un ambiente que anime a los empresarios de hoy y del mañana a centrar sus recursos en la Luna». Un lugar de relativamente accesible, comparado con otros planetas o los asteroides, en el que ven «potencial de oportunidades a corto plazo para el crecimiento económico«.
«Como es el caso con cualquier nueva frontera, las perspectivas siguen siendo inciertas», señaló Gold, «pero la Luna ofrece una variedad de minerales y recursos que podrían apoyar minería y otras formas de operaciones comerciales».
La FAA analiza cuestiones de seguridad pública, como el contenido de la carga útil; el impacto ambiental de la actividad; la seguridad nacional o intereses en política exterior; y los requisitos de seguridad para el operador de lanzamiento, para conceder las licencias a las compañías aeroespaciales privadas.
Si bien todavía no hay una normativa internacional unificada sobre las actividad espacial privada, «regular las operaciones comerciales y prevenir conflictos entre el sector privado es una estrategia que esperamos otros países sigan», concluyó Gold.
Una empresa estadounidense está dispuesta a invertir en misiones lunares. Sin embargo, busca que el gobierno apruebe y proteja esas actividades. Foto: Archivo.
Desde el 2008, el Gobierno ha promovido la eliminación de los tratados bilaterales de protección de inversiones y este año conformó una comisión para auditar estos acuerdos. Pero uno de los principales socios del país como China han mostrado su preocupación al respecto. El especialista en derecho internacional, Álvaro Galindo, explica cómo se han manejado esas herramientas en otros países del continente americano.
¿Cuáles son los sistemas de protección de inversiones utilizados en la región? Los dos típicos mecanismos más utilizados son los contratos de inversión extranjera y los tratados internacionales de carácter bilateral o multilateral en materia de protección de inversión extranjera. Cuando hablo de tratados multilaterales también incluyo los tratados de libre comercio, cuando ellos incorporan un capítulo sobre inversión extranjera.
Hay otro tipo de herramientas que son las propias instituciones de cada país. Si uno se fija en el Tratado de Libre Comercio entre Australia y Estados Unidos, este no cuenta con una disposición de arbitraje internacional para disputas, porque se entiende que los inversionistas estadounidenses en territorio australiano, y viceversa, confían en los sistemas de administración de justicia local donde llevan sus inversiones.
¿Hay otros países que estén revisando sus tratados como Ecuador? Sí, pero hay que diferenciar dos mecanismos. En primer lugar, los de denuncia, que han sido utilizados por el Ecuador, Bolivia, Venezuela o Sudáfrica, países que han denunciado tratados en materia de protección de inversión extranjera.
La ‘denuncia’ es el mecanismo por el cual un Estado decide, de forma soberana, dejar de ser parte de un instrumento internacional que alguna vez ratificó. En la actualidad, en el caso del Ecuador, hay mensajes en el sentido de que la decisión de denunciar los tratados de protección de inversión extranjera con países de donde proviene inversión importante como China, Estados Unidos, así como con países europeos y Canadá, está dando paso a una estrategia de renegociación, para reformar el contenido de estos instrumentos.
Para que esta estrategia se concrete se deberá contar con la voluntad de ambas partes en esos tratados. Una renegociación conlleva, de manera necesaria, a que la otra parte también esté dispuesta a negociar el contenido de las cláusulas de esos tratados.
¿Se necesitan precisar las cláusulas de esos tratados de inversión? Sí, sin duda. En su gran mayoría no tienen contenido alguno y son los tribunales los que han tenido, en cada caso, que dar contenido a esas cláusulas. Como ejemplo, la disposición de «Trato Justo y Equitativo» que se encuentra incorporada en el Tratado de Inversión entre Ecuador y Estados Unidos, fue interpretada en el arbitraje sobre el IVA petrolero con Occidental como un estándar de estabilidad jurídica, lo que varios expertos en la materia han considerado un error.
¿En este grupo se encuentra el estándar de «denegación de justicia»? Es otro buen ejemplo. En el arbitraje Chevron II, relacionado a una supuesta denegación de justicia por unos juicios civiles, se produjo un fallo final en el 2011. Ese Tribunal Arbitral, sin que las partes lo hayan siquiera argumentado, consideró que la cláusula de garantizar el acceso a un medio eficaz para resolver las desavenencias era un estándar en el tratado, distinto al estándar de denegación de justicia.
Esto fue una invención del Tribunal porque ninguna de las partes, ni Chevron ni el Estado ecuatoriano, alegaron que esta cláusula tuviera la categoría distinta al estándar del derecho internacional de la denegación de justicia. Y más aún, sin que las partes hayan tenido la oportunidad de discutir en el proceso la interpretación que finalmente le dio el Tribunal a dicha cláusula.
Este fue el sustento del Tribunal para encontrar responsable al Estado ecuatoriano y fijar una compensación a favor de la compañía, sin perjuicio de que al final, luego de que el reclamo original fuera por USD 1 700 millones, el monto de compensación haya sido disminuido a 96 millones. Estos ejemplos son, entre otras razones, las causas que generan una preocupación legítima del Estado y que sustentan su posición de modificar esos tratados, ya sea a través del mecanismo de la denuncia o la renegociación.
Usted ha indicado que no solo Ecuador estaría interesado en este tipo de procesos sino países como Estados Unidos. En abril del 2012, la administración del presidente Obama publicó un nuevo modelo de tratado de protección de inversión. Los países desarrollados generan un modelo, un instrumento base con el que se sientan a negociar con los estados que les interesa tener un tratado de protección de inversión extranjera.
Estados Unidos lo hacía, originalmente, para proteger a sus inversionistas en el exterior. Sin embargo, a partir de la creación del mecanismo de solución de controversias entre el inversionista y el Estado, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte surgen disputas y reclamos de inversionistas del Canadá en contra de Estados Unidos por violación a sus inversiones en el territorio americano.
Y esto empezó a generar preocupaciones en la administración de Estados Unidos porque entendía que se estaba cuestionando sus políticas de carácter regulatorio soberano, pues un tribunal de tres personas privadas, sin ningún sistema de control democrático ni elegidas por el pueblo americano, podía juzgar decisiones de carácter regulatorio de aplicación general. Con base en esas preocupaciones se fueron generando estos nuevos sistemas.
Si uno revisa el modelo del 2012 existe una serie de exclusiones en cuanto a qué debe entenderse por una expropiación ilegítima. (…) Estos modelos buscan conservar las potestades regulatorias, que estas no sean cuestionadas ante un tribunal internacional y mucho menos que genere al Estado una obligación de compensación económica.
Las principales demandas arbitrales contra el Ecuador se han dado invocando los tratados bilaterales de protección de inversiones. ¿Cómo se ve el desarrollo de estos arbitrajes, sobre todo de Chevron? El tema es de gran atención por parte de la comunidad internacional (…). Una es la versión desde la industria, que tiene preocupaciones por las posibles consecuencias que un precedente de esta naturaleza puede generar en cuanto a potenciales riesgos políticos y jurídicos para sus inversiones en diferentes lugares del mundo.
Por otro lado, a los estados soberanos les preocupa que haya una intervención más allá de lo que originalmente pensaron por parte de tribunales internacionales cuando negociaron estos instrumentos para la protección de inversión extranjera. (…) En el caso Chevron, sin perjuicio de que se siga litigando en las cortes ecuatorianas, ya ha sido objeto de decisiones de un tribunal internacional de manera paralela, cuando por años la tradición jurídica en el derecho internacional ha sido la de permitir que los estados, a través de sus propios mecanismos, puedan corregir los errores que sus cortes inferiores hayan cometido.
Trayectoria profesional
La formación. Es doctor en Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un máster en Derecho de la Universidad de Georgetown, Washington D.C., en Estados Unidos.
Experiencia. Es catedrático de la Escuela de Leyes en la Universidad de Georgetown y es consejero internacional en Dechert LLP, una de las firmas de abogados más importantes a escala mundial. Fue Director de Arbitraje Internacional de la Procuraduría General del Estado.
Supercelulares resistentes a derrames de agua, gaseosa o café. Aparatos que resistan caídas de más de 10 metros de altura, e incluso, hasta martillazos en la pantalla es el sueño de todo usuario que realiza una fuerte inversión cuando decide invertir en un teléfono inteligente.
¿Se imagina que en tan solo 25 minutos su artefacto adquiera estas características de resistencia? Esto es posible gracias a la nanotecnología.
Liquipel es una firma tecnológica que nació en Silicon Valley (EE.UU.), que hace posible que diferentes materiales puedan ser resistentes al agua, aplicando nanotecnología.
«La nanotecnología es bla bla bla… Para una persona común, esta área de la ciencia no influye en su vida cotidiana, hasta que se oferten soluciones que estén al alcance de su mano», afirma Xavier Ponce, CEO de Liquipel en Ecuador.
En dos semanas esta firma ofrecerá la posibilidad para que los dispositivos electrónicos puedan ser resistentes al agua.
Para conseguirlo, Ponce explica que los aparatos se introducen en una máquina parecida a una refrigeradora, que crea un vacío, luego de ello un líquido, que se convierte en gas, penetra por cada uno de los componentes del equipo; ese recubrimiento es imperceptible para el ojo humano y no altera visiblemente la apariencia de los materiales.
El ejecutivo sostiene que esta capa invisible «no convierte al celular en un dispositivo que funciona dentro del agua, pero lo protege de accidentes ocasionales, como la caída en una piscina».
Juan Carlos Narváez, gerente de Happy Phone, taller especializado en reparación de celulares, comenta que los tres tipos de daños más frecuentes que atiende son: roturas de pantalla por caídas, equipos que se han mojado y problemas que tienen que ver con el voltaje, debido al mal uso de los cargadores.
Los costos de las reparaciones están entre los USD 100 y 300, dependiendo de la marca del equipo y del daño.
Pero también, Liquipel ofrecerá sus soluciones para otras industrias, como la textil o la petrolera. Por ejemplo, comenta Ponce, se puede realizar el mismo tratamiento para impermeabilizar prendas que se usan en el ejército o proteger a piezas de maquinaria petrolera que operan en plataformas marítimas.
César Costa, catedrático de la Escuela Politécnica Nacional -especializado en nanotecnología-, comenta que la ciencia puede modificar características físicas o químicas de materiales para volverlos más resistentes y volubles.
La empresa
La creación. La firma nació en el 2009 como Gadget Evolutions, para el 2012 se convirtió en Liquipel.
En la región. Ecuador es el primer país de Latinoamérica en el que opera esta franquicia tecnológica.
Los acuerdos. La compañía está en conversaciones con Yachay, para el desarrollo de nuevas aplicaciones en diferentes ámbitos.
