La modernización del mercado bursátil en el Ecuador es una vieja aspiración de los actores del mercado de valores. A partir de la dolarización de la economía (año 2000), la posibilidad de tener un sector más activo y que atraiga nuevas inversiones ha sido un desafío permanente.
Hace un par de años y en el contexto de la aprobación de otras reformas legales, que buscan generar incentivos para atraer capitales privados, están sobre la mesa iniciativas que buscan reformar la normativa vigente y optimizar el mercado de valores.
Los objetivos de las reformas están claros: fomentar el desarrollo del sector, atraer inversión financiera extranjera directa en títulos del sector público y privado para fortalecer la dolarización y la competitividad, promover el ahorro nacional, proveer mecanismos de financiamiento al sector público y privado, impulsar prácticas de gobierno corporativo (recién se aprobaron estas normas) y, ante todo, dotar de seguridad y transparencia.
Ante el escándalo registrado con las inversiones del Isspol, ahora más que nunca el sector financiero ve en estas reformas un camino para evitar que casos como estos se repitan en el país.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, expresó su optimismo sobre el futuro de Ecuador a raíz de sus reformas estructurales y acercamiento a organismos internacionales desde que el presidente Lenín Moreno encabeza el gobierno.
Lo hizo en una conferencia de prensa de apertura de la Asamblea Anual de Gobernadores del BID, que se desarrolla desde hoy, 15 de julio del 2019, hasta el miércoles 17 en Guayaquil.
«No hay duda de que Ecuador está trazando un camino que busca superar algunos de los desequilibrios macroeconómicos, transitar de esta forma a un modelo de crecimiento en el que la sector privado tenga un mayor protagonismo y profundizar los avances sociales», manifestó el colombiano Moreno en la inauguración de la cita.
El presidente de la entidad continental subrayó que el programa de reformas estructurales que lleva adelante el Gobierno del presidente ecuatoriano «quiere ayudar a la estabilidad fiscal, fomentar la inversión y dinamizar la economía».
Además, indicó que el país se encuentra «en la buena dirección» tras varios hitos en el ámbito internacional como el Acuerdo Comercial suscrito con la Unión Europea, su reciente adhesión al Centro de Desarrollo de la OCDE, o su cada vez más cercana incorporación a la Alianza del Pacífico.
«Por todas estas razones -dijo- estamos llenos de optimismo sobre el futuro de este país».
«En el BID estamos orgullosos de ser socios del Ecuador y apoyar al país en esta coyuntura compleja en la cual vive toda nuestra región», comentó el presidente del organismo antes de asegurar que este país tiene la cartera activa de proyectos más grande de la región andina, siendo la entidad bancaria su principal fuente como organismo multilateral.
El BID aprobó solo en 2018 cerca de USD 900 millones en préstamos para el sector público en algunos programas inéditos de la institución, apostilló Moreno.
En el acto protocolario intervino el ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Richard Martínez, quien suscribió junto al directivo del BID convenios que ascienden a USD 737 millones para obras de vivienda, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, optimización de recursos energéticos, buenas prácticas ambientales, entre otros.
Martínez señaló que Ecuador «ha dejado el aislamiento para volver a jugar en las grandes ligas» y que «el resultado ha sido el mejor» al recuperar la confianza crediticia y obtener un respaldo financiero inédito de organismos multilaterales en su conjunto por 10.200 millones hasta el 2021, según un comunicado de su Cartera.
El ministro de Finanzas indicó que los créditos se reflejarán en obras de infraestructura que se realizarán con las líneas aprobadas, como en el caso de Quito, donde se invertirán 40 millones para mejorar el acceso al agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
En el evento está previsto que se presente la estrategia institucional del Grupo BID y una edición actualizada del informe macroeconómico anual sobre América Latina y el Caribe.
La cita representa un fuerte espaldarazo para las políticas en el ámbito financiero internacional del presidente de Ecuador.
La Asamblea Anual de Gobernadores del BID se desarrolla desde este 15 de julio del 2019, hasta el miércoles 17 en Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
La socialista Michelle Bachelet llegó a la presidencia de Chile hace cuatro años con un programa de reformas sociales, pero el domingo 17 de diciembre del 2017 los chilenos se decantaron por el conservador Sebastián Piñera privilegiando el argumento económico frente al social.
Piñera ganó con un 54% de los votos, obteniendo la mejor votación de la derecha desde 1993 y más votos que la propia Bachelet cuatro años antes.
Entre la primera y segunda vuelta, el magnate logró casi 1,4 millones de votos más.
“El pueblo chileno nos desconcertó a todos”, reconoció este lunes el candidato derrotado Alejandro Guillier, que la misma noche de la votación aseguró que la centro-izquierda había sufrido una “ derrota dura ” .
Aunque Piñera siempre fue favorito en esta elección, la menor votación que obtuvo en la primera vuelta (36,6%) y el avance de la izquierda radical, cuya candidata, Beatriz Sánchez, concentró el 20% de los sufragios, habían sembrado la esperanza de una victoria del oficialismo.
Pero “al final, el orden y la idea de mejorar las cosas en un ambiente de crecimiento económico determinó la elección” , explicó a la AFP Arturo Alegría, economista y director de Visión Consultores.
El mercado celebró de inmediato la elección de Piñera, quien prometió doblar el crecimiento del país, atraer nuevamente las inversiones y rebajar del 27 al 25% la tasa de impuestos a las empresas.
Al cierre, el IPSA, principal indicador de la Bolsa de Comercio de Santiago, alcanzó un 6,9%, impulsado por las empresas de construcción, retail y la banca.
“Nuestro gobierno va a favorecer la inversión, la productividad, la innovación, el emprendimiento (…),y eso refleja la reacción muy favorable que han tenido los mercados”, dijo el presidente electo este lunes a la prensa extranjera.
Salir del túnel
Además del crecimiento económico (Chile crecerá un 1,4% este año, su peor resultado en los últimos ocho años) , el ejecutivo de Bachelet ha tenido problemas con la implementación de algunas de sus reformas emblemáticas, como la tributaria, la educativa y la laboral.
“Piñera advirtió antes que nadie que había que salir del túnel, bajar el volumen y corregir los extravíos”, dice el analista Héctor Soto, en una columna este lunes en el diario La Tercera.
“La votación de Piñera lo que refleja es la expectativa de un gobierno que sea más eficiente, pero que también tiene dentro de su programa elementos sociales que son importantes”, complementa Arturo Alegría.
La desunión de la coalición gobernante -que en primera vuelta compitió fragmentada en seis candidaturas- y el tono más radical que adquirió la campaña oficialista en la segunda vuelta terminaron también asustando a los chilenos, en una “campaña del terror” que se libró sobre todo en las redes sociales.
La comparación que hizo el propio Piñera de Guillier con el presidente venezolano Nicolás Maduro alimentó los temores de polarización en un país que aprecia el orden y la estabilidad.
Pero también los guiños que a última hora hizo Piñera a favor a los cambios sociales impulsados por Bachelet, como dar pie atrás a su postura inicial de terminar con la política de gratuidad universitaria, habrían seducido a un electorado menos ideologizado y a favor de un tono más pausado de los cambios.
A la luz de los resultados, en la segunda vuelta Piñera necesariamente sumó nuevos votantes y adicionó parte del tradicional voto de izquierda.
“La democracia es la democracia. Me parece muy bueno que muchos de los contenidos, de los programas, de las temáticas, que nosotros hemos planteado (…) hayan sido tomados por la oposición”, dijo Bachelet tras reunirse esta mañana con Piñera para hablar sobre el traspaso de gobierno.
“Es un triunfo que las grandes banderas que van hacia que los chilenos y chilenas puedan vivir mejor, como la gratuidad, por ejemplo y otros, si esas van a continuar me parece una gran noticia”, agregó Bachelet, quien como hace ocho años le volverá a entregar en marzo la banda presidencial a Piñera
El presidente electo Sebastián Piñera hace un gesto durante una conferencia de prensa luego de una reunión con la presidenta chilena Michelle Bachelet (no en el marco) en su residencia en Santiago el 18 de diciembre de 2017. Foto: AFP
Los cambios al Código de la Producción y sus incentivos todavía no generan masivas inversiones en minería e industrias básicas.
Ocho meses han transcurrido desde que entraron en vigencia los cambios al Código de la Producción, a través de la Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, y el sector privado no tiene una buena evaluación sobre las modificaciones.
El cuerpo legal introdujo seis artículos a través de los cuales se definen incentivos de carácter tributario para las empresas que buscan el cambio de la matriz productiva. También promueven el desarrollo de industrias básicas y el impulso de las inversiones mineras.
El Código de la Producción original, según los empresarios, no cumplió con los objetivos debido a que los incentivos tributarios que proponía estaban orientados a inversiones en zonas deprimidas o a inversiones nuevas. Además, las empresas que ya estaban en marcha o que se asentaban en Quito y Guayaquil, donde se concentra la mayor cantidad de negocios, quedaban fuera.
Esta y otras situaciones llevaron a que surjan críticas al interior del mismo Gobierno. Funcionarios de diferentes entidades, a finales del 2014, indicaron que los lineamientos dentro de la Ley habían sido insuficientes para la transformación productiva del país.
Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), indicó que hasta donde conoce los incentivos planteados no han generado resultados. “El sector minero está esperando una reforma a la Ley Minera, que mejore las condiciones en términos de participación de la inversión privada frente a las regalías y los beneficios que recibe el Estado. Pero no se ha dado”.
Ante ello, dice Aspiazu, no existen los atractivos suficientes para lograr que incrementen el número de proyectos mineros en el país.
En cuanto a las industrias básicas el catálogo de inversiones del Ministerio de Sectores Estratégicos (2015-2017) muestra la posibilidad de proyectos en este sector por USD 11 955 millones. Entre los proyectos se encuentran plantas de petroquímica, de acero plano, plantas de pulpa, astilleros, entre otros.
Allí se establece que Ecuador está buscando socios estratégicos, nacionales o extranjeros, para participar en el desarrollo de distintas industrias consideradas estratégicas. Precisamente, como incentivos establecen las exoneraciones tributarias en la normativa. Aspiazu asegura que desde que inició el Gobierno se viene hablando sobre estos proyectos y que en las condiciones económicas actuales es complicado. Explica que dichas inversiones requieren importantes montos y, los empresarios al buscar créditos tendrán que enfrentar altas tasas de interés debido al riesgo que representan los proyectos.
La ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, respeta las posiciones críticas con relación a la inversión, pero asegura que sí hay interesados en hacerlo y que las cifras lo muestran.
Según Cely, entre el 2012 y el 2015 se firmaron 44 contratos de inversiones por USD 4 565 millones. La funcionaria no detalló cuánto se ha ejecutado del total a la fecha. También indicó que la inversión de firmas ecuatorianas el año pasado, sin contar petróleo y minas, fue de USD 5 180 millones.
¿Por qué no fue suficiente el Código con los incentivos iniciales? Según el Ministerio Coordinador de la Producción, los incentivos del Código siempre fueron y son atractivos. La decisión de crear nuevos beneficios no fue tomada por alguna insuficiencia, sino que fueron resultado de un diálogo abierto con cámaras industriales, grupos empresariales y representantes del sector privado. “Siempre encontraremos nuevas maneras de apoyar a la industria nacional y de fomentar la nueva inversión. Estas reformas son una muestra de nuestro compromiso como Estado de seguir mejorando nuestras políticas a favor del crecimiento de la industria”.
La inversión destinada a promoción disminuyó
La Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, aprobada en diciembre del 2014, tiene como objetivo generar inversiones por unos USD 200 millones en el sector de la producción. Pero el sector empresarial y exportador considera que la medida tuvo, sobre todo, fines recaudatorios.
Entre las medidas tributarias que más ingresos generaron al Fisco está la no deducibilidad de los gastos en publicidad de productos hiperprocesados para la declaración del Impuesto a la Renta. Como consecuencia de esto los recursos para promocionar marcas, productos y servicios, tuvieron una caída en su crecimiento; pasando del 10% al 5% anual, indica un estudio de Infomedia Ibopetime del 2015.
El gasto en medios de comunicación pasó de USD 346 millones en el 2014 a USD 173 millones en el período comprendido entre enero y junio de cada año. Carolina Arcos, analista económica de la Universidad Andina, señala que esto se debe principalmente por la falta de ingresos que percibe el mercado.
Así también la tarifa para el consumo de cigarrillos y licores se modificó. El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de cigarrillos aumentó de USD 0,0925 a 0,1310 por unidad. El crecimiento en la recaudación fue del 15,7% en comparación con el 2014 .
Para el segmento de licores, en cambio, se modificó el método del cálculo del ICE. Como consecuencia, por consumo de cerveza nacional, este impuesto tuvo un crecimiento del 12,9% desde el año pasado.
Para los licores como vodka, whisky, ron, entre otros, se registró una caída del 8,3% al comparar el primer semestre del 2014 con el del 2015. “Esto es por el incremento del contrabando desde Colombia y Perú”, asegura Jorge Tálbot, de la Asociación de Productores de Licores.
Sectores productivos siguen a la espera de los beneficios ofrecidos
La Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal pretende beneficiar a las firmas que inviertan en proyectos que aporten al cambio de la matriz productiva. Estas inversiones deben sobrepasar los USD 100 millones por proyecto.
El Ministerio Coordinador de la Producción señala que en la reforma realizada al Código de la Producción en diciembre del 2014, se creó un beneficio adicional para las empresas existentes antes de la puesta en vigencia del Código: la doble deducibilidad del gasto de depreciación de los activos productivos por cinco años. “El efecto de este incentivo, es una reducción del pago del impuesto a la renta”.
Esto permitiría a las empresas lograr una estabilidad tributaria. Según el artículo 28 de la Ley, el impuesto a la renta se fijará en un 22% para las empresas que desarrollen proyectos de minería a gran escala, mientras que en otras inversiones para sectores productivos el impuesto queda en 25%.
Pero esta iniciativa no ha tomado mayor impulso en el sector minero. Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Azuay, menciona que las 40 empresas afiliadas al gremio todavía no tienen proyectos a gran escala que les permita beneficiarse. Las reformas han sido insuficientes, dice, debido a que el país no atrae a la inversión extranjera.
Además, agrega Vargas, otros aspectos, como la demora en la obtención de licencias ambientales, permisos para el uso y reuso de agua, son trámites que complican el desarrollo de proyectos mineros que debieran atraer inversión.
Vargas también menciona que los cinco proyectos impulsados por el Gobierno (Fruta del Norte, Mirador, Loma Larga, Río Blanco y Panantza-San Carlos) tampoco se están materializando debido a que las condiciones técnicas y financieras no son atractivas.
La Cámara de Minería de Azuay considera necesaria una nueva revisión a esta ley, para así dinamizar la inversión nacional y para que en materia de competitividad, el país pueda ubicarse frente a países como Colombia y Perú.
La empresa china Ecuacorriente indicó que sí tiene un contrato de inversiones con el Gobierno ecuatoriano, pero no ofreció mayores detalles. De igual manera, se consultó a la Cámara de Minería del Ecuador pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. Un sector que impulsa el cambio de la matriz productiva, sin acogerse necesariamente a la Ley de Incentivos, es el de cosméticos. La empresa René Chardon, con presencia de 40 años en el mercado ecuatoriano, elabora productos para el cabello y cosméticos.
Christian Donoso, CEO de la compañía, afirma que acogerse al cambio de la matriz productiva no ha significado una masiva apertura en cadenas de distribución del producto nacional. Asimismo, esta firma ecuatoriana tiene otros beneficios en importación de maquinaria, por ejemplo. Aunque el crecimiento registrado de esta firma en este año del 18% está bajo el esquema gubernamental, Donoso dice que no ha sido un beneficio directo del Gobierno.
Según el Ministerio Coordinador de la Producción, entre enero y agosto de este año se aprobaron 29 contratos de inversión por un monto total USD 1 949 millones; de este capital más del 75% proviene del extranjero.
Asimismo, de estos 29 contratos, USD 749 millones (el 38% del total registrado en los contratos de inversión) se ubica en los sectores productivos no petroleros del país como turismo, alimentos industrializados, metalmecánica, petroquímica, energías renovables y fabricación de cemento.
Clasificación general de la Ley de Incentivos.
Los incentivos de orden tributario son de tres clases: generales, que aplica a las inversiones que se ejecutan en cualquier parte del territorio nacional; los sectoriales y para el desarrollo regional equitativo, que se refieren al cambio de la matriz energética, sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones. Otra categoría es la exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas.
Sectores. Las industrias que intervienen en este código son: producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; la cadena forestal y agroforestal (con productos elaborados); la metalmecánica; petroquímica; farmacéutica; turismo; energías renovables (incluida la bioenergía o energía de biomasa); servicios logísticos de comercio exterior; biotecnología y software aplicado, entre otros.
Infracciones y sanciones. La ley establecería sanciones, en caso de comprobarse incumplimiento por parte de los inversionistas en caso de que no se ejecuten las condiciones mínimas de la inversión autorizadas, en los plazos previstos.
Objetivos. La iniciativa del Gobierno con esta ley es establecer incentivos para viabilizar y ofrecer sustentabilidad a sectores estratégicos e industrias básicas, en tema de políticas e infraestructura.
Incentivos. Para la inversión pública y privada tienen que cumplir los roles de complementación directa en los Sectores Estratégicos. Para esto también se requiere el fomento y promoción de los proyectos. Además de los beneficios tributarios que otorga la ley.
Los astilleros son una industria básica contemplada en el catálogo de inversiones del gobierno.Foto: Enrique Pesantes / LÍDERES
El Gobierno chino anunció este martes 21 de abril nuevas medidas para promover la iniciativa empresarial en el país asiático, entre ellas ventajas fiscales, ante la «creciente presión sobre el empleo». El Consejo de Estado (Gobierno) anunció las medidas en un comunicado, después de una reunión de su comité ejecutivo presidida por el primer ministro, Li Keqiang.
El comunicado, recogido por la agencia oficial Xinhua, señala que el Gobierno «debe poner en marcha más medidas proactivas» ante este panorama y que la iniciativa empresarial y la innovación «son la forma para que la gente se enriquezca y el país continúe fuerte».
Entre esas medidas, está la aplicación de políticas fiscales preferentes para las empresas que contraten a personas que hayan estado sin empleo durante más de seis meses, y también acuerdos especiales impositivos para los universitarios y desempleados que abran empresas propias.
Los subsidios de la seguridad social a pequeñas y microempresas que empleen a recién licenciados continuarán «durante un largo tiempo», si bien se esperaba que la normativa expirara este año de forma indefinida. Se ofrecerán subsidios a determinadas inversiones privadas en las áreas de infraestructura y servicios públicos.
Además, se flexibilizan las normas para registrar empresas y sociedades. El Gobierno aumentará los préstamos de negocios a este tipo de empresas un 3 por ciento por encima de la tasa base, hasta los USD 6.320, agrega el comunicado.
Por otro lado, se pondrán en marcha políticas para animar a los emigrantes laborales a empezar negocios, tanto físicos como online, y se permitirá que el personal técnico de institutos y universidades pueda combinar su puesto con emprender su negocio y tomarse un periodo sabático de hasta tres años.
Uno de los objetivos es que al menos un miembro de cada familia tenga una nómina, si bien el Gobierno chino es aún opaco con las cifras de desempleo y no hay datos completos al respecto.
Estas medidas se anuncian menos de una semana después de que la Oficina Nacional de Estadísticas de la potencia asiática revelara que el PIB de China creció un 7 % interanual en el primer trimestre de 2015, su menor ritmo desde principios de 2009, lo que muestra una acentuación en el freno de la segunda economía mundial.
El Gobierno chino define esta ralentización como «nueva normalidad», y aboga por impulsar la demanda interna y vertebrar una clase media autosuficiente para dejar atrás un modelo de crecimiento centrado en las pasadas tres décadas en la industria y las exportaciones.
Una mujer se toma una foto en una instalación de ovejas multicolor que aparece en un centro comercial en Hong Kong. Foto: AFP
América Latina debe impulsar un programa de reformas para crecer más porque la era de las ‘vacas gordas’ para las materias primas acabó con la desaceleración de China, aseguró la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, a la prensa peruana.
«Es importante que todo el mundo entienda que se acabaron los tiempos de las vacas gordas para las materias primas, que tantos impulsos favorables proporcionó al crecimiento en la región», señaló Lagarde en una entrevista publicada el domingo por el diario peruano El Comercio.
Según Lagarde «la desaceleración de China ha tenido efectos negativos sobre los precios de las materias primas en todo el mundo y, a su vez, ha afectado a las perspectivas económicas de países exportadores de América Latina, como Chile y Perú».
«Teniendo esto en cuenta, y para evitar que se prolongue el período de poco crecimiento, las autoridades de América Latina, deberían impulsar un ambicioso programa de reformas estructurales», recomendó la responsable del FMI sin profundizar. Las declaraciones de Lagarde se producen cuando faltan seis meses para que Lima acoja en octubre a la asamblea conjunta del FMI y el Banco Mundial (BM), en un evento que marcará el retorno a América Latina, 48 años después de que estas reuniones se realizaran en Rio de Janeiro en 1967.
En diciembre pasado, el FMI advirtió que a América Latina le esperaba una tibia recuperación en 2015, como consecuencia de una caída de las inversiones y el fin del ciclo de altos precios de las materias primas. Según las proyecciones más recientes del FMI, América Latina habría crecido a un ritmo de 1,3% en 2014 y lo haría en 2,2% en 2015.
La responsable del FMI recomendó a las autoridades de Perú, considerada por entidades financieras multilaterales una de las economías estrella de la región, que «aceleren las reformas estructurales para impulsar el potencial de crecimiento y sigan reforzando la inclusión social». «Una ejecución resuelta -también de las reformas de los mercados de trabajo- mejorará la productividad, la inversión, el capital humano y el empleo formal», acotó Lagarde.
En el caso de Perú, la número uno del FMI asoció la recuperación en 2015 y a mediano plazo, entre otras cosas, «a que la producción de las nuevas minas crezca hasta la plena capacidad», superando en base al consenso el malestar social que genera entre grupos ambientalistas la minería.
Perú, uno de los mayores exportadores mundiales de metales preciosos, sufrió en 2014 una notoria desaceleración en su Producto Interno Bruto (PIB) que creció apenas 2,35% en 2014, su tasa más baja en cinco años tras acumular tasas promedio de 5%. En abril el gobierno peruano corrigió a la baja las proyecciones para 2015 por debajo del 4,0% tras haber iniciado el año con estimaciones optimistas por encima del 4,0%.
La directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, aseguró que América Latina debe impulsar un programa de reformas para crecer. Foto: Saul Loeb/ AFP.
El entorno legal que acompaña al desempeño empresarial del país está permanentemente sujeto a cambios y eso altera los planes corporativos de un momento a otro. Lo más reciente: desde el pasado 3 de julio, en la Asamblea se analiza un proyecto enviado por el Ejecutivo con el carácter de económico-urgente, llamado Ley para la Defensa de los Derechos Laborales.
Uno de los principales motivos que llevó al Régimen a proponer esta normativa tiene que ver con el propósito de asegurar el pago de las indemnizaciones a los ex trabajadores de casinos del país que perdieron su empleo. Sin embargo, el texto de la propuesta contiene disposiciones de otra índole y con un alcance mucho más amplio.
Entre esas consideraciones se determina una ampliación en el rol del Estado, para enfrentar los supuestos abusos de empleadores. Se amplían sus atribuciones para identificar y recaudar obligaciones patronales. Incluso, se extiende la jurisdicción coactiva de cualquier institución del Estado, para efectivizar el cobro de acreencias. Además, las medidas se podrán dirigir contra bienes de terceros.
En el proyecto oficial, también se propone limitar la jornada laboral de las madres lactantes a seis horas durante los nueve meses posteriores al parto, lo que incrementará el costo laboral de las mujeres en edad de maternidad.
El análisis de esta normativa está en manos de la Comisión de lo Económico y Tributario. De cara a su tratamiento se debe buscar un equilibrio que garantice los derechos de los trabajadores y que no debilite el desempeño empresarial. El proyecto llega en momentos en los cuales su aprobación, sin un profundo análisis, puede generar réditos electorales.
La Asamblea Nacional tiene previsto aprobar en el transcurso de esta semana, la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales. Este proyecto fue enviado por el Ejecutivo, con el carácter de urgente en materia económica, con el objetivo de atender a los trabajadores que perdieron su empleo en los casinos.
Si se aprueba la propuesta, el Ministerio de Relaciones Laborales podrá emprender juicios coactivos para embargar los bienes de esos negocios y de las salas de juego, e iniciar en el menor tiempo posible un proceso de remate, para atender las indemnizaciones de los ex empleados.
Pero el proyecto también incluye reformas en otros ámbitos. Se refiere a la situación de mora patronal con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), procesos pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI), ampliación de los períodos para la madre lactante, cambios en el trabajo doméstico, entre las más importantes.
Con base en esta propuesta, el Ejecutivo pretende mejorar las condiciones laborales de aquellos sectores que han mostrado observaciones a la norma laboral vigente. Las opiniones a favor de estas reformas se han multiplicado.
En donde no hay un respaldo mayoritario tiene que ver con la discrecionalidad que puede haber en la aplicación de la ley. Por ejemplo, en el art. 2 se establecen cobros de haberes, por entidades públicas con capacidad coactiva, para los representantes principales de una empresa y herederos.
De cara a la aprobación del proyecto es indispensable definir con precisión la aplicación de la ley. De lo que se trata es garantizar el cumplimiento de los derechos laborales e impulsar la productividad y el desarrollo empresarial.
El afán reformista del Gobierno contrarió al arraigado hábito del régimen escolar trimestral, al cambiarlo por el quimestral. Frente a esto habrá que esperar por los resultados. Sin embargo, la decisión, de trascendencia, se sustenta en tesis de discutible solidez.
Los argumentos técnicos no siempre justifican cambios que desacomodan rutinas, entendidas como ritmos sociales de hacer ciertas cosas. Desde luego, no se trata de dejarlo todo intacto, con la convicción de que nada es perfectible; simplemente los cambios deben justificarse. En el presente caso, la pregunta obligatoria es: ¿qué se mejora con esta decisión?
Es ilusorio pensar que las modificaciones de forma mejorarán el fondo, que los cambios pensados desde los escritorios darán un vuelco al sistema educativo.
De otra parte, los planteamientos pedagógicos utilizados son bastante relativos y débiles. Concretamente, no hay estadísticas comparativas sobre el rendimiento de los estudiantes de uno y otro régimen. No hay evidencias cuantitativas y cualitativas que demuestren que el cambio realizado era imprescindible.
Si la idea es la uniformidad, que no exista un sistema dual, también se pudo adoptar en la modalidad por trimestres de forma general. En suma, es una moneda lanzada al aire, con la esperanza de que caiga al lado deseado.
Mientras tanto, se comprometen asuntos prácticos, que alterarán la rutina familiar, que modificarán, con toda seguridad, el comercio, el tráfico turístico. Obligará a cambiar los calendarios de vacaciones establecidos por las empresas, pues muchísimos trabajadores sincronizaban su periodo de descanso con el de sus hijos.
Las leyes, normas, reglamentos, deben armonizar con el contexto, con la realidad, para que tengan arraigo y validez, para que los colectivos se sientan incluidos, responsables de su cumplimiento y no entes pasivos, que sufren las leyes.
Si las decisiones de los tecnócratas se basan estrictamente en divagaciones teóricas, si lo que quieren reinstituirlo todo, por el hecho de cambiar por cambiar, el fracaso está anunciado.
Los desacomodos que provocan los cambios resultan a veces positivos, pero también pueden generar impactos sustanciales en la población.
Toda acción orientada a apuntalar la fachada de una estructura seriamente comprometida, como en el caso de la educación ecuatoriana, solo aplaza lo inevitable: el colapso educativo.
Con los cambios al régimen escolar solo se alborotará la comarca; lo de fondo quedará tal cual.
El impacto de la Ley de Redistribución del Gasto Social (Reforma Tributaria) en el sector financiero llega a USD 214 millones, según cálculos de Marcos López, ex director del Banco Central (BCE). López hizo un análisis de los impactos del proyecto de ley, en el marco de un taller organizado por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, en Quito.
Las recaudaciones del sector bancario servirían para sostener el incremento del Bono de Desarrollo Humano (BDH) de USD 35 a 50 desde enero. Precisamente, el Gobierno requiere USD 240 millones para el caso.
El presidente Rafael Correa indicó que el financiamiento del BDH saldría de las utilidades de la banca, pese a que el sector pagó impuestos por (USD 309 millones, según la ABPE.
Pero, López dijo que esto resultaría peligroso. “Si se retiran las utilidades se vuelve difícil el negocio… Las utilidades sirven para que el patrimonio de un negocio en marcha crezca. Si un negocio no es capaz de crecer de esa forma algo pasa con las operaciones de este”.
Con las utilidades aumenta el patrimonio y se facilita la entrega de créditos (por cada crédito que se entrega se debe tener patrimonio y una provisión que sustente la entrega del dinero).
César Robalino, presidente de la ABPE, aseguró que para este año se prevé que las utilidades sean de USD 300 millones y, si las medidas oficiales pasan en la Asamblea Nacional, la rentabilidad pudiera caer al 5%.
De no contar con utilidades que capitalicen el patrimonio, el efecto inmediato será frenar la entrega de créditos. El impacto sería para los clientes y para el país, ya que habría menos préstamos que financien el desarrollo del país.
Con ello coincide Wilson Araque, director del Área de Gestión de la Universidad Andina. Lo que le queda a las entidades, dijo, es mejorar su productividad reduciendo costos de funcionamiento. Eso compensaría la disminución de las utilidades de las entidades y se evitaría la reducción de los créditos en el país.
