Etiqueta: regulaciones

  • Más exigencias para vehículos en seguridad y medioambiente

    Redacción Quito

    (I)

    El sector automotor, tanto en lo que es autos importados como en los ensamblados en el país, se prepara para cumplir nuevas regulaciones en el futuro. Esto porque el Gobierno Nacional anunció una serie de exigencias en temas ambientales y de seguridad.

    Los movimientos empezaron el 6 de octubre pasado, cuando el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, anunció que los cupos de importaciones para vehículos en Ecuador finalizarán el 31 de diciembre del 2016.

    Dos días después, el Presidente de la República, Rafael Correa, explicó que se tomó la decisión como parte del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE). La restricción de cupos para importar vehículos era uno de los denominados temas “irritantes” que el bloque europeo pedía analizar en el país, para avanzar en la firma del acuerdo multipartes.

    Correa aclaró que el levantamiento de las cuotas no significa que se va a poder importar cualquier vehículo. “Esto es parte del acuerdo con la Unión Europea. Vamos a poner los estándares europeos en temas de seguridad y ambiente”.

    En lo que tiene que ver con nuevas exigencias de seguridad, que serán de aplicación para autos importados y ensamblados, se pondrán en marcha normas de las Naciones Unidas y no se aceptarán autocertificaciones de los fabricantes.

    Solo se permitirá la venta de vehículos tres estrellas o su equivalente en la prueba de choque del vehículo, también llamado ‘crash test’. Cassinelli explica que la idea es que los vehículos garanticen niveles de seguridad mínimos.

    En el país existe -desde el 2014- el Reglamento Técnico INEN 034, que establece elementos mínimos de seguridad en vehículos automotores. Entre las regulaciones que contiene están los ganchos de seguridad para sillas de bebés, frenos ABS, control electrónico para evitar volcamientos, etc.

    En el país, según el Mandatario, todavía existen vehículos de una sola estrella. “Vamos a exigir un nivel intermedio, pero vamos a mejorar los niveles”.

    Según Correa los estándares que se aplicarán serán nivel tres, lo que implicaría un riesgo moderado de sufrir lesiones graves o morir, en un accidente. Sin embargo, aún no se sabe más detalles sobre si estas exigencias implican una nueva regulación, aparte de la ya existente, y detalles de las mismas.

    Otra regulación tiene que ver con normas ambientales. El Gobierno planteó que los vehículos importados y ensamblados en el país deberán cumplir en el futuro la norma Euro 3.

    Hoy en día, en Ecuador circulan vehículos con norma Euro 1, Euro 2 y Euro 3, pero se desconoce la cifra de automotores encasillados en cada norma. Para David Molina, director de la Cámara de la Industria Automotriz, la clave para avanzar con la norma Euro 3 será una transición ordenada y planificada, que no afecte las inversiones de la industria.

    Los representantes de la industria automotriz estaban, hasta el cierre de esta edición, a la espera de explicaciones detalladas por parte del Ministerio de Industrias. Previamente en el Mipro se informó que el cambio de norma implica reformar un reglamento vigente.

    Según Molina, en Ecuador circulan unidades con los estándares de seguridad que determinan la reglamentación técnica del INEN. Esto permite garantizar la seguridad de los ciudades que se movilizan en ellos.

    Dudas entre quienes venden autos usados

    Entre los comercializadores de vehículos usados todavía no existe claridad sobre las nuevas exigencias.

    Nelson Viteri, presidente de la Asociación de Comerciantes de Vehículos Usados del Distrito Metropolitano, señala que no conoce sobre cómo funcionarán las normas ambientales. Mientras que con relación a las de seguridad sabe que ya existen controles a través del reglamento 034.

    Cree que si bien las exigencias harán de los autos artefactos más seguros y con mejores condiciones para el medioambiente, sí se volverán más costosos que ahora.

    Esta situación, dice, se presentará tanto para autos nacionales como importados. En el caso de los primeros, por ejemplo, el equipamiento con accesorios como refuerzos de seguridad en la carrocería, airbags para evitar impactos, tecnología para evitar distracción con teléfonos, etc., podría llevar a que el costo aumente sobre USD 1 000, en relación a los precios actuales.
    Viteri señala que es importante contar con información sobre las garantías de protección que genere la aplicación de nuevas exigencias de seguridad.

    Alexis Ortiz, experto en seguridad automotriz, señala que es bastante compleja la explicación sobre exigencias de seguridad porque implica una serie de pruebas. Una de ellas, por ejemplo, es el análisis de los impactos frontales. “Una mide el desplazamiento del tórax que no supere los cinco centímetros en un accidente”, explica.

    Dentro de las pruebas de choque se encuentran aquellas de carácter frontal, en las que un objeto golpea una sola parte de los vehículos, o la de impacto lateral en la que un auto golpea contra un objeto como un poste o un árbol, las que miden la capacidad de una unidad para soportar su propio desplazamiento en el caso de accidente, etc.

    Ortiz explica que existen organizaciones no gubernamentales que son las que realizan ensayos con normas, incluso, más exigentes que las de Naciones Unidas.

    La norma Euro 3 es una apuesta para reducir los niveles de emisiones

    Redacción Quito (I)

    La nueva normativa ambiental propuesta por el Ejecutivo busca mejorar el actual marco regulatorio. Desde el 2002, los reglamentos que rigen los límites permitidos de emisiones contaminantes producidas por vehículos son la INEN 2204 para modelos a gasolina e INEN 2207, para diésel.

    La primera se encuentra en el nivel más bajo de la región (ver gráfico 2). Por esta razón, el presidente Rafael Correa señaló durante el Enlace Ciudadano 495 que la situación es “una vergüenza para un gobierno como el nuestro, así que vamos a elevar las exigencias de cuidado ambiental para los vehículos que se importen o que se fabriquen en el país”.

    Con el objetivo de elevar los requerimientos del parque automotor y dentro del marco del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, el país se regirá bajo normativa de dicho bloque. En cuanto al cuidado ambiental únicamente se permitirá importar vehículos que cumplan la norma Euro 3, que limita las emisiones y promueve el uso de tecnologías más limpias, agregó el Mandatario.

    La normativa Euro, sobre emisiones contaminantes, es un conjunto de requisitos que regulan los límites aceptables para las emisiones de gases de combustión interna de los vehículos.

    Estas se definen en una serie de regulaciones con implantación progresiva con mayores restricciones cada cinco años, aproximadamente. Entre más alto es el nivel de Euro, menor contaminación.

    La clasificación Euro 3 fue expedida en 2000 y derogada por la Euro 4 en 2005. En la actualidad, en Europa se rige bajo la norma Euro 6. Desde 1992, en Ecuador, los requisitos ambientales son equivalentes a una Euro 1, por esta razón se busca incrementar las exigencias.

    David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (Cinae), explica que parte de los vehículos ensamblados en Ecuador tienen la norma Euro 2 y Euro 3 y los importados también. Marcas de lujo como Porsche, BMW, entre otras ya comercializan autos con normas sobre la Euro 4. Por lo tanto, lo que este proyecto busca es elevar la normativa actual.

    Los gremios del sector automotor expresaron su total apoyo para el cambio de estas normativos. Aunque como explica Genaro Baldeón, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), la aplicación de la misma debe ser consecuente con la realidad del país.

    Los motores con Euro 3 requieren otro nivel de combustible por lo que “si este no es apto el vehículo igual tendrá un alto nivel de contaminación”.

    Según el Worldwide Fuel Charter, publicado en 2013, los motores con regulación Euro 3 requieren un combustible categoría 2. Esto significa que la medida del octanaje para un motor Euro 3 debe sobre pasar los 91 octanos.

    En Ecuador, en abril del 2014, la estatal Petroecuador, encargada del transporte y refinamiento de crudo, solicitó al Instituto Ecuatoriano de Normalización (Inen) que autorice la variación de hasta dos octanos en las gasolinas extra y súper. Es decir, se aprobó que la gasolina súper disminuyera su calidad de 92 a 90 octanos y la extra, de 87 a 85 octanos.

    En febrero de este año se conoció que la medida se amplió por un período de 18 meses, desde el 1 de diciembre del 2015.

    Con un octanaje bajo “los carros pueden funcionar, pero sus daños son más recurrentes, su durabilidad es menor y por ende los efectos ambientales y económicos son mayores”, dice Alexis Ortiz, experto en seguridad de automotores y ex miembro del comité técnico de combustibles de las normas Inen.

    Baldeón agrega que los motores requieren catalizadores especiales para no generar estos daños; estas piezas extras pueden originar un precio más alto. Para evitar tantos daños en el motor como una baja en la eficiencia, se requiere un mejor combustible, coinciden los consultados por este semanario.

    Con la reducción de octanos solicitada en diciembre del 2015 se podrá seguir comercializando gasolinas, hasta mediados del 2017, en los niveles que rigen actualmente. Una vez el octanaje vuelva a los niveles anteriores, el combustible nacional ofrecerá el rendimiento óptimo para los motores Euro 3.

    Sobre la implementación de esta medida, el titular de la Cinae, expresa que “la industria tiene una plataforma de inversión hecha. Por lo tanto, hay que darle un tiempo para que se puedan actualizar las tecnologías”.

    En Europa existe un período de transición de casi cinco años entre normas. Hasta el momento no existe una presentación formal del proyecto. Según Cinae, se espera una explicación de este.

    Regulaciones

    Cupos. Hasta el 2015 la cuota para los autos importados era de USD 300 millones anuales, que se repartían entre 46 importadores. Para este 2016, según la Resolución 050 del Comité de Comercio Exterior (Comex), el cupo bajó a USD 280 millones.

    Documentación. El documento que los importadores deben presentar al ingresar los autos al país es para cumplir con el Reglamento Técnico Ecuatoriano 034 del INEN. Los ensambladores, por su parte, además del Reglamento deben presentar el Registro de importador del Ministerio de Industrias.

    Detalles. “Las personas jurídicas que tengan Registro Único del Contribuyente (RUC) registrado con la actividad comercial de venta de vehículos nuevos y usados; y, vayan a realizar la importación de vehículos deberán solicitar a Aduana su incorporación al registro como importador en Ecuapass”, según Seane.

    Exenciones. Se exceptúa de esta medida las importaciones de vehículos para personas con discapacidad, diplomáticos, vehículos que forman parte de programas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas como parte de incentivos a la producción, donaciones y vehículos que formen parte del menaje de casa.

    Tributos. En el plano fiscal la contaminación vehicular también se grava. El impuesto verde, establecido en 2011, cobra una tasa a los vehículos de acuerdo a su cilindraje.

    Seguridad. La Inen 034, establecida en 2014 presentó requisitos más rigurosos para los carros importados y ensamblados localmente.

    Una empleada de Importadora Tomebamba  muestra  el motor de un vehículo Toyota. Foto: Xavier Caivinagua para LÍDERES
    Una empleada de Importadora Tomebamba muestra el motor de un vehículo Toyota. Foto: Xavier Caivinagua para LÍDERES
  • Las cooperativas crecen y se adaptan a nuevas regulaciones

    Redacciones Quito, Cuenca y Ambato (I)
    redaccion@revistalideres.ec

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    La nueva normativa fue elaborada por la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera; establece una segmentación de las entidades según sus activos, una tipificación de los créditos, la creación de un seguro de depósitos y de un fondo de liquidez, etc.

    El sector de las cooperativas mantiene buenos indicadores, al tiempo que se acomoda a una serie de nuevas regulaciones establecidas por las autoridades económicas del Ecuador.
    La nueva normativa, vigente desde abril pasado, fue elaborada por la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera, y establece, por ejemplo, una segmentación de estas entidades según sus activos, así como una tipificación de los créditos. Además, determina la creación de un seguro de depósitos y de un fondo de liquidez; también, exige presentar el balance social.

    Con el nuevo marco regulatorio, se establecieron cinco segmentos para agrupar a las 917 organizaciones del sector financiero popular y solidario. En el primero están las cooperativas que superan los USD 80 millones en activos, que representan el 2,51% del mercado. En el segmento 2 están las que tienen un patrimonio entre USD 20 millones y 80 millones (3,93%); en el segmento 3, se encuentran las que suman un patrimonio entre USD 5 millones y 20 millones (8,4%), según estadísticas de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS).

    El grueso de estas organizaciones -764 entidades que se llevan el 83,32% del mercado- se encuentra en los segmentos cuatro y cinco. En el primero están cooperativas de ahorro y crédito, con activos que oscilan entre USD 1 millón y 5 millones y en el segmento cinco están cooperativas, cajas de ahorro, bancos y cajas comunales con activos menores a USD 1 millón.
    La segmentación de crédito también es parte de la normativa. En total, son 10 tipos: crédito productivo; comercial ordinario; comercial prioritario; consumo ordinario; consumo prioritario; educativo; de vivienda de interés público; inmobiliario; microcrédito; y de inversión pública.
    Otra de las normas es la creación de un seguro de depósitos. En el segmento 1, por ejemplo, el seguro cubre un monto de USD 32 000 por depositante.

    Las normas mencionadas son resultado del Código Orgánico Monetario y Financiero, que rige desde el año pasado y que reemplazó a la Ley de Economía Popular y Solidaria en el aspecto específico del control de las organizaciones del sector económico popular y solidario.
    Eso permitió que el sector cooperativo esté vinculado con todo el sector financiero. Con ello, el control sigue a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pero la emisión normativa pasó a cargo de la Junta de la Política y Regulación.

    Para Juan Pablo Guerra, gerente de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur), la segmentación es positiva porque no es lo mismo establecer una norma de prevención y riesgos para una cooperativa grande que para una pequeña. “Es un sector tan amplio y diverso que tiene fortalezas y debilidades”.

    Además, añade, que al tener tipos de crédito se fortalecen los procedimientos crediticios. “De esta manera, tenemos un mayor orden y una mejor información”.

    Geovanny Cardoso, director de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, cree que la regulación debe ser entendida como un mecanismo de fomento, no como un control persecutorio. El funcionario asegura que los controles se cumplen según el tamaño de la cooperativa. “El control implica el desempeño social, la capacidad de manejar los recursos y las relaciones con los socios y los indicadores de prudencia financiera”.

    En la Cooperativa 29 de Octubre, con 380 000 clientes y socios, se están haciendo los ajustes para cumplir las regulaciones. Así lo asegura su gerente Gonzalo Vivero. Este ejecutivo piensa que con la nueva regulación lo que se quiere es tener un sistema de medición más adecuado, para saber cuánto tiene cada entidad invertido en cada segmento. “La regulación es positiva, porque se genera mayor confianza entre los actores del cooperativismo”.

    Los depósitos y los créditos crecieron en este segmento

    El crecimiento del sector cooperativo persiste. Los depósitos a la vista y a plazo pasaron de USD 3 473,5 millones en marzo del año pasado a USD 3 880,5 millones en el mismo mes del 2015, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

    Lo mismo ocurrió con la cartera de créditos, que subió de USD 3 526,9 millones a 3 924,4 millones en el mismo período. Según el gerente de la Cooperativa Jardín Azuayo, Juan Carlos Urgilés, en el primer trimestre de este año hubo más demanda de préstamos en relación con el mismo período de años pasados. “Pensamos que el sistema bancario tuvo una contracción y la gente recurrió a las cooperativas”. Él calcula que estas entidades dan acceso a préstamos a por lo menos tres millones de habitantes del Ecuador. Urgilés dice que antes del despunte del sector, esas personas no tenían acceso a servicios financieros, porque no eran rentables.

    Jardín Azuayo, que tiene su matriz en Cuenca, es la segunda más grande del país en activos; luego de Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP), que también funciona en esa urbe. El gerente de la JEP, Floresmilo Alvear, señala que en los últimos 15 años la entidad creció en un promedio de un 50% anual, en activos.

    Según Alvear, hay un incremento en la demanda de microcrédito, porque la gente tiene necesidad de producir por falta de empleo. Pero en el caso de vivienda y comercial no hay mucha acogida, porque no todos los socios reúnen las condiciones para acceder a estas opciones.

    Juan Pablo Guerra, gerente general de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur), hace un análisis global del sector. Según él, con el crecimiento logrado desde la crisis bancaria de 1999, su sector pasó de tener menos del 1% de participación del sistema financiero nacional a bordear el 20%.

    El 2015 es atípico por las condiciones económicas del país, por ello, Guerra considera que las instituciones del sector buscarán consolidarse y no habrá crecimientos tan grandes como en años anteriores.

    El gerente de la Cooperativa 29 de Octubre, Gonzalo Vivero, señala que la expansión del sector es superior al de la banca. “Es un crecimiento anual de casi un 17%, frente a un 6% de la banca privada”. La causa, dice, es una mayor confianza que se logró con regulaciones y controles.

    Según Vivero, también están involucrados en innovaciones como la banca electrónica, que funciona desde hace un año, y los sistemas de ‘cash management’ para empresas y personas naturales desde hace dos meses.

    Pero tiene una preocupación y es la estabilidad laboral de los socios y clientes. La posibilidad de que pierdan su trabajo eleva el riesgo de morosidad. “Tenemos sistemas para medir ese riesgo y predecir técnicamente lo que puede pasar”, dice el Gerente.

    El movimiento comercial y económico en Tungurahua impulsó la creación de cooperativas de ahorro y crédito. En esa provincia funcionan 150. La entrega inmediata de créditos atrae al socio. Carlos Cambo es asesor de crédito de la Cooperativa Chibuleo. Según él, los dueños de tiendas, comercios o pequeños talleres son quienes usan más los microcréditos.

    Los recursos los invierten en la compra de mercadería, maquinaria, entre otros. Mientras que el de consumo se usa para la compra de vehículos… La ambateña América Vinueza llegó el miércoles pasado a la cooperativa Chibuleo, para pedir USD 7 000 para comprar un terreno para la producción agrícola. “No hay trabas como en los bancos. Voy a sembrar, y con lo que obtenga cancelaré esta deuda”.

    Un grupo de clientes espera por atención en las oficinas de la Cooperativa Jardín Azuayo, en Cuenca. Esta organización es la segunda más grande del país en activos. Foto: Xavier Caivinagua / LÍDERES
    Un grupo de clientes espera por atención en las oficinas de la Cooperativa Jardín Azuayo, en Cuenca. Esta organización es la segunda más grande del país en activos. Foto: Xavier Caivinagua / LÍDERES
  • Productores americanos de tabaco piden que regulaciones no afecten al sector

    Agencia EFE

    Buenos Aires

    Productores de tabaco de América se reunieron hoy, 30 de marzo, en Argentina para analizar la problemática del sector y resolvieron solicitar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que las «restrictivas» regulaciones que pesan sobre la industria no perjudiquen la producción.

    El jefe ejecutivo de la Asociación Mundial de Productores de Tabaco (ITGA, por su sigla en inglés), António Abrunhosa, dijo a Efe que «la reglamentación internacional del consumo del tabaco está cada vez mas restrictiva».

    Añadió que dicha reglamentación «está intentando pasarse para campos que ya no tienen nada que ver con el consumo, como es la producción de tabaco» y sostuvo que «la producción de tabaco debe ser reglamentada como cualquier otra producción agrícola».

    «Lo que nos parece fuera de sentido es que se haga una reglamentación especial, no tiene nada de diferente de la producción de otros productos agrícolas» agregó Abrunhosa, quien participó de la reunión del sector realizada en la ciudad de Misiones, en la norteña provincia argentina de Misiones.

    Los productores también expresaron su preocupación porque la OMS aún no cumplió con las directrices aprobadas en el ámbito de la última Conferencia de las Partes (COP6), según la cual los gobiernos de los países productores se comprometieron a proporcionar ayuda al sector, en la búsqueda de la diversificación de la producción.

    Abrunhosa opinó que «los gobiernos deberían buscar diversificación para que los productores no dependan solo de la producción de tabaco, estamos muy interesados en diversificar».

    Y enfatizó en que «ningún productor quiere depender solo de un cultivo, pero no hemos visto ninguna medida concreta en la búsqueda y en la investigación de producciones complementarias».

    En la declaración final, los productores alertaron «la necesidad de una política de precios que asegure la estabilidad y prosperidad de los productores, característica esencial para satisfacer las condiciones de la reglamentación internacional cada vez más exigente en las condiciones ambientales y sociales en la producción».

    La reunión, congregó a productores de tabaco de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y República Dominicana.

    Tabaco
    Foto: Archivo Líderes
  • Las regulaciones a la Banca generan temores

    Redacciones Quito y Guayaquil

    En los últimos cinco años, la banca privada ha sido afectada por alrededor de 40 medidas, entre leyes, reformas, resoluciones y regulaciones tomadas desde instituciones estatales. Como ejemplo se pueden citar la reforma al número y segmentos de crédito, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, la Constitución de la República del 2008, la reforma a las reservas mínimas de liquidez, entre otras.

    Para Pedro Delgado, presidente del directorio del Banco Central del Ecuador (BCE), todas las regulaciones que se han hecho y que se siguen tomando son para fortalecer al sector financiero. “Si alguien pide un préstamo el costo de ese préstamo debe estar reflejado en la tasa. No puede seguir sucediendo que el banco decía una tasa de 8% y que el costo efectivo era más”.

    Delgado señala que el sector financiero se ha fortalecido y es rentable. “Lo que hacemos es propender a un sistema financiero fuerte, sólido y transparente protegiendo al cliente bancario. Los indicadores muestran un sistema financiero saludable”.

    Según cifras de la Superintendencia de Bancos, los depósitos en la banca privada fueron por USD 16 900 millones en junio del 2011; en el mismo mes de este año la cifra trepó a USD 19 539 millones.

    Otras cifras indican que la cartera de crédito bruta pasó de 12 204 millones a 14 800 millones, en el mismo período.

    No obstante, en el sector de la banca privada existe preocupación y temor. César Robalino, director de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, sostiene que existe una hostilidad creciente por parte del Gobierno y el Presidente. “Uno se pregunta qué pasa. Los banqueros están desorientados porque no saben qué va a pasar, adónde conducen a la banca”.

    El reclamo de Robalino viene por el número de medidas. Según el dirigente, las acciones están afectando la rentabilidad de la banca que este año calcula cerrar en11%. “No digo que no debe haber supervisión de parte del Estado, pero sí tiene que haber buena calidad de supervisión”.

    Robalino añade que ya hay bancos que para evitar que la rentabilidad caiga están tomando medidas. “Están utilizando más tecnología que reemplaza personal, analizan los movimientos de las cuentas de ahorro que generan más costos que ingresos y se revisa las agencias que rinden menos”.

    Para Mario Burbano de Lara, representante de Mutualista Pichincha, algunas disposiciones oficiales se encuadran dentro de una lógica regulatoria que busca mitigar ciertos riesgos de coyuntura, como por ejemplo frenar el consumo vía crédito excesivo, o mitigar el riesgo potencial de una burbuja inmobiliaria.

    Sin embargo, también considera que en algunos casos las reformas tomadas afectarán los resultados de las entidades en mayor o menor grado. “Las medidas que no estuvieron acompañadas de un proceso de preparación previa para que las instituciones financieras puedan compensar los efectos normativos, siempre va a causar algún grado de malestar”.

    Lea más del informe:

  • Memo de la semana: Las regulaciones a la banca

    Son ya cerca de 40 resoluciones y regulaciones que afectan a las instituciones financieras privadas ecuatorianas desde mediados del 2007. Estas medidas van desde reformas a leyes, regulaciones a tarifas, creaciones de impuestos como el de la Salida de Divisas (ISD), controles a los ingresos de divisas, entre otras.

    En los últimos días, las miradas se dirigieron hacia el Banco Central del Ecuador (BCE), específicamente a la resolución 029. La norma establece, en sus principios generales, que las instituciones financieras nacionales están obligadas a ingresar al país todas las divisas (dólares, euros, yenes, etc.) que sus clientes les entregan en el extranjero. El Central llevará el control y registro de estos movimientos.

    Los analistas mencionaron el concepto de incautación o retención de divisas. No obstante, las autoridades del Banco negaron esa posibilidad y hablan de que sus resoluciones apuntan a fortalecer y proteger la dolarización, un sistema que fue adoptado hace 12 años, tras el traumático ‘crack’ financiero que vivió el Ecuador entre 1998 y 1999.

    Los indicadores del sistema financiero privado son sólidos. Los depósitos y las utilidades, por ejemplo, muestran un crecimiento sostenido en los últimos años, con excepción del 2009, año en el que la economía sintió los coletazos de la crisis internacional. Sin embargo, los recuerdos del colapso financiero que sufrió el país a finales del siglo XX no se borran de la memoria de los ecuatorianos.

    Es una obligación, entonces, contar con señales claras de parte de las autoridades económicas del Gobierno. Estas ofrecerán tranquilidad tanto a la banca privada como a la economía ecuatoriana en general.

  • Las regulaciones son otro factor que incide

    Un elemento importante que ha obligado a las empresas locales a aceptar capital externo son los cambios regulatorios y las decisiones gubernamentales. Los bancos privados debían vender negocios no relacionados con su línea directa hasta julio del 2012, entre ellos las aseguradoras Producto de esta exigencia legal, Banco Pichincha tuvo que vender su participación en Seguros Pichincha y en AIG Metropolitana, Produbanco vendió Produseguros y Banco de Guayaquil se deshizo de Río Guayas.

    Esta última fue adquirida por la firmas multinacional ACE de Estados Unidos, por USD 55 millones.

    Asimismo, Mapfre, de capital español, compró el año pasado Atlas; QBE, que tiene capitales australianos y europeos, adquirió Colonial; los seguros Bolívar, del Grupo Davivienda de Colombia, se hizo de Colvida. Y, a finales del año pasado, la estadounidense Liberty compró Cervantes, que pertenecía al Banco Internacional, además de Panamericana.

    Decisiones gubernamentales también pueden impactar en las empresas locales. La firma azucarera EQ2 le pertenecía a los hermanos Isaías, exaccionistas de Filanbanco, pero en 2008 el Estado incautó la firma para cubrir unas deudas con el propio Estado y otros acreedores.

    Tres años después el Estado decidió que no quería administrar estos bienes, por lo que EQ2 fue vendida en un concurso internacional en el que se adjudicó el 70% a Grupo Gloria, de Perú, en un proceso que no ha estado exenta de cuestionamientos y críticas