Agencia EFE
El aumento de los impuestos a las rentas más altas para reducir la desigualdad en Latinoamérica es la receta que recomendaron el miércoles 29 de abril de 2015 expertos internacionales en un seminario en Lima sobre cómo impulsar «la justicia fiscal a través de los derechos humanos».
En el encuentro, organizado por Oxfam junto a otras cinco organizaciones británicas y estadounidenses, se reveló que «los más ricos captan casi el 50% de los ingresos de Latinoamérica, mientras que los más pobres solo reciben el 5%».
El relator especial de las Naciones Unidas para la pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, intervino en la inauguración del seminario a través de un vídeo proyectado en el que aseguró que «la política fiscal y los presupuestos nacionales reflejan las verdaderas prioridades de los gobiernos».
«Si un gobierno tiene una política fiscal desigual y no recauda impuestos a la elite, lo que ocurre a menudo, y además da enormes subsidios a los ricos y no hace transferencias sociales a los pobres, hay un problema de derechos humanos, aunque generalmente no sea reconocido como tal», alertó Alston.
El relator de la ONU destacó la necesidad de «trabajar en una cumbre internacional sobre política fiscal, pero también en el establecimiento de algún tipo de órgano especializado, dentro de la ONU, centrado en asuntos fiscales».
«Si no tienes dinero, no puedes pagar (derechos sociales como) la alimentación, la salud y la educación y esto es igual con derechos civiles y políticos: si no tienes dinero, no tienes una policía eficaz ni sistemas judiciales decentes», explicó Alston.
Entre los ponentes figuraron el exministro guatemalteco de Finanzas Públicas Juan Alberto Fuentes Knight, y la abogada del Instituto de Derechos Humanos del Colegio Internacional de Abogados (IBAHRI) Shirley Pouget.
El encuentro se inició con una conferencia titulada «Estableciendo el vínculo. Los derechos humanos en la política fiscal», en la que el guatemalteco Fuentes Knight sugirió un «pacto fiscal mundial».
El exministro de Guatemala reconoció a Efe que antes es necesaria una «mayor participación ciudadana y un mejor conocimiento de los ciudadanos sobre los impuestos y el gasto», para lograr el entendimiento entre los dos ámbitos.
«Lo fundamental es conseguir una convergencia entre el enfoque basado en los derechos humanos y la perspectiva de la política fiscal, con políticas fiscales sólidas que apoyen los derechos humanos de manera conjunta», indicó Fuentes Knight.
El guatemalteco consideró que existe una oportunidad de sentar unas bases para esa convergencia en la próxima conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo. «Quizás para crear algún mecanismo internacional de seguimiento y monitoreo, ya que el ámbito fiscal es el único de todas las áreas económicas que no tiene un órgano para ocuparse de eso», señaló Fuentes.
Por su parte, Shirley Pouget explicó que el IBAHRI realizó una investigación de dieciocho meses donde comprobó que la política fiscal afecta indirectamente a los derechos humanos, pero «el abuso fiscal no constituye una violación de los derechos porque las bases impositivas no están reflejadas en los tratados mundiales».
Durante el seminario, que finalizará este jueves (30 de abril) , también se debatirán las propuestas para revertir las desigualdades económicas y de género, aplicar los derechos humanos en herramientas específicas de política e invocar la prevalencia de los derechos humanos en situaciones clave para la incidencia regional y global.
