Santiago Ayala Sarmiento. Redacción Quito / LÍDERES
El Servicio de Rentas Internas (SRI), en los últimos meses, ha sacado a la luz pública litigios tributarios con varios «pesos pesados» del sector privado: la Bananera Exportadora Noboa, la operadora celular Claro y, recientemente, el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), donde cinco petroleras son socias.
El director de la autoridad tributaria, Carlos Marx Carrasco, se ha abanderado de estos procesos, detrás de los cuales hay millonarias sumas de dinero en juego. El funcionario defiende la «cruzada» que realiza para cobrar a los supuestos evasores.
¿Por qué la repentina estrategia del SRI de impulsar que los juicios tributarios se decidan cuanto antes? ¿Por qué no se hizo antes?
Nosotros respondemos por nuestras acciones. De lo que habría pasado antes no me corresponde responder. Lo que hemos estado haciendo todo este tiempo es dar un seguimiento día a día, permanente, a los juicios que reposan en sede judicial, ya sea en los tribunales fiscales o en la Corte Nacional y, eventualmente, en otras instancias como la Corte Constitucional.
Hay alrededor de 7 000 juicios en los tribunales, así como también hay procesos en sede administrativa, ya sea en reclamo, o en recursos de revisión, aquí mismo en el SRI, lo que genera una deuda suspendida que bordea los USD 3 000 millones. Pero mientras en el 2006 se había generado glosas tributarias por USD 131 millones, en el 2012 se generaron USD 882 millones; esto es casi siete veces más, gracias a que hemos redoblado los esfuerzos y las acciones de control.
Y de esos montos determinados, ¿cuánto se podría llegar a cobrar efectivamente?
Aproximadamente, a nivel de Corte Nacional, se da la razón a la administración tributaria, más o menos, en un 60 o 70% de los casos. Si perdemos en buena lid una causa, la perdemos; pero no creemos que debamos hablar de seguridad jurídica cuando la administración tributaria pierde un juicio de manera indebida. Tenemos que actuar como corresponde, en defensa de la Constitución, de la ley, de la ética y de los intereses de la sociedad.
Por lo ocurrido en el reciente fallo del caso OCP, parece que es más un capricho de la autoridad tributaria por salirse con la suya…
No, no, no. Cuando se pierde un juicio de forma indebida, porque los jueces no aplicaron a cabalidad la Ley o porque, a pesar de haber tenido reiterados pronunciamientos en otro sentido, tuercen su criterio, bueno eso es inseguridad jurídica, aquí y en cualquier parte del mundo.
En el caso OCP hubo cinco fallos anteriores de otros contribuyentes sobre el tema de subcapitalización, el criterio estaba clarísimo pero se lo torció. La sociedad nos reclamaría si es que nos quedamos en silencio.
OCP tiene sus propios argumentos que también parecen ser sólidos. ¿A quién creer?
Aquí no es cuestión de a quién creer, es cuestión de mirar, analizar, sopesar y ponderar las dos cosas. El argumento de la compañía es que el Estado, en el contrato, le obligó a que subcapitalice. Eso es falso, de falsedad absoluta. Nunca en el contrato de más de 200 hojas se le autoriza el autopréstamo. Nadie le puede avalar para que cometa un acto ilícito.
Pero anunciar una demanda penal para los jueces que fallaron contra el SRI en este caso puede verse como un acto intimidatorio.
¿Por qué intimidación? Lo que hemos dicho es que nos reservamos la posibilidad de instaurar un juicio por la presunción -todavía- de la comisión del delito tipificado como prevaricato. No me voy a quedar callado, estoy para defender los legítimos derechos de la sociedad, sin pisotear los derechos ciudadanos, con el máximo respeto a los derechos de la ciudadanía y, por supuesto, de los jueces.
El SRI llevó el caso OCP el pasado miércoles ante la Corte Constitucional. ¿Qué pasará si el fallo también es en contra? ¿El riesgo es que quede mal parada la institución?
Quedarían mal parados los intereses del país. Si el fallo es adverso no acudiremos a cortes internacionales o algo por el estilo. No sabemos lo que hará la Corte Constitucional, probablemente corra traslado y el caso vuelva a la Corte Nacional para que se emita el fallo correspondiente.
Hay casos en los que el SRI no se puede dar el lujo de perder, como este, por ejemplo, o el de Claro, o incluso el de Bananera Noboa.
Es que no es darse el lujo de perder. El caso Noboa ya es tema cerrado; con el remate ojalá se complete lo que debe y se acabe. En el proceso de Claro fueron los directivos de la empresa quienes se acercaron a pagar y, la parte que no reconocieron, está en litigio.
Y el de OCP es un caso de ingeniería tributaria casi perfecta. Quisiera en algún momento explicarle con papel y lápiz en la mano a la ciudadanía lo que hicieron y, seguro que con un poquito de sentido común y nada más, la gente va a decir «pero por Dios, cómo puede ser posible» (…).
Dado este escenario, ¿es correcto prever que en el 2014 habrá una mayor presión para recuperar toda esa cantidad de dinero en litigio?
No sé si la palabra sea presión. Es responsabilidad. Lo que pasa es que, incluso, con todo respeto, algunos medios de comunicación creían que el Estado estaba llamado a perder todos los juicios. Pues ese oficio de perdedores de juicios no le queda bien a este Gobierno. Los juicios que corresponda, conforme a derecho, a la justicia, a la Constitución, no hay por qué perderlos.
El Estado se había especializado en perder el 99,9% de los juicios. ¿Por qué?, porque a nadie le importaba el Estado, porque esto era de cualquiera menos del pueblo ecuatoriano. Hoy, el Estado, el patrimonio nacional, le corresponde, le pertenece, al pueblo ecuatoriano, a todos los 14 y medio millones de ecuatorianos que estamos acá y también a quienes están afuera.
Y el nuevo Código Tributario ¿cuándo se presentará y qué novedades traerá?
Hoy (el pasado jueves) estuvimos precisamente analizándolo y vimos que no hay ninguna urgencia por presentarlo. Este año no, porque además en el Código Orgánico Penal están temas del Libro 4 del Código, capítulo sancionatorio. Son una media docena de normas que tienen que ver con la materia tributaria que aspiramos que por fin se apruebe.
Hoja de vida
Estudios. Se graduó de economista en la Universidad de Cuenca en 1975. Tiene una Maestría en Planificación y Financiamiento del Desarrollo en Italia (1984- 1987).
Experiencia. Fue catedrático de la Universidad de Cuenca. Ex gerente comercial de Etapa. Director del SRI desde enero del 2007.