Llego la hora y el presidente Moreno tomó las medidas que ningún otro presidente, en más de 40 años, no lo había hecho. Sí, tomó la medida más impopular y temida; la eliminación de los subsidios a la gasolina y al diésel. Sabíamos que era muy duro eliminarlos pero también sabíamos que era necesario si lo que se pretende es iniciar la reconstrucción del país luego de 10 años de saqueo.
El gobierno apostó por el país y dejó de lado cualquier cálculo político. Lo hizo con valentía y humildad, preocupándose por el sector indígena al cual se lo compensaría por otras vías.
Sin embargo, hay que tener en claro que las medidas tomadas solo ayudan a reducir el déficit fiscal en el corto plazo y por ello se necesita que éstas vengan acompañadas de otras, más profundas. Haría bien el presidente en liderar el proceso para que se logren recuperar los miles de millones de dólares que se robaron en el gobierno anterior. Haría bien en iniciar un proceso contratando una firma internacional especializada en la recuperación del dinero robado. Señor Presidente, no espere más. Inicie con mano firme el proceso para devolverle al país lo que le pertenece.
La semana pasada el Gobierno Nacional anunció una serie de medidas económicas con el objetivo de cuidar la dolarización, intentar equilibrar el déficit fiscal y reformar los modelos de trabajo, entre otros puntos. La decisión más impactante, y que derivó en una serie de manifestaciones a escala nacional, fue la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y al diésel.
LÍDERES se contactó con Manuel González, catedrático de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol), para analizar las decisiones económicas tomadas por las autoridades.
González hace un repaso de los incrementos del precio de los combustibles y dice que la eliminación de subsidios a los combustibles es un cambio estructural en la economía.
¿Son suficientes las medidas adoptadas por el Gobierno ecuatoriano o habrá que esperar nuevos ajustes? Creo que esto depende del margen de maniobra que tenga el país con los prestamistas internacionales, en particular con el Fondo Monetario en relación al programa de desembolsos. Yo no creo que sean suficientes estas medidas y que se necesitará de más ajustes si la economía no empieza a recuperarse y a generar ingresos tributarios más altos al Fisco.
La eliminación del subsidio a la gasolina extra y al diésel se discutía hace mucho tiempo y ahora es una realidad. ¿Qué efectos traerá esta medida?
El incremento en el precio de los combustibles es significativo, con el diésel incrementándose en alrededor del 120%. Es de esperarse que este incremento provoque un incremento en los precios generales, pero con la economía atravesando un momento de desaceleración profunda, es probable que buena parte de este incremento no sea traspasado a los consumidores que ya están afectados con un nivel de ingresos laborales a la baja en el último año.
¿Se puede decir que es el primer paquetazo en dolarización? ¿Cómo benefician o afectan las medidas al sistema monetario usado en Ecuador?
Ha habido dos incrementos significativos en el precio de los combustibles desde el año 2000, ambos en el marco de acuerdos Standby con el FMI. El primero a finales de 2000 cuando los precios de las gasolinas se incrementaron en alrededor del 25% y el segundo en enero de 2003 cuando los precios aumentaron en alrededor del 35%. El diésel siempre ha sufrido aumentos menos agresivos, entre el 15% y el 30%. Desde el 2003 no habíamos tenido cambios en el precio de los combustibles hasta los cambios hechos durante la administración de Moreno, incluido el más reciente e importante incremento. Fueron 16 años de precios de combustibles estancados, cuando el resto de los precios de la economía se incrementó en alrededor del 70% en promedio.
La dolarización no debería verse afectada por este aumento del precio de los combustibles. Más bien, debería servir para que los precios no se incrementen significativamente.
¿El alto nivel de endeudamiento del Ecuador se frenará con estas medidas? La deuda debería seguir creciendo, pero a un ritmo más lento. Mientras siga existiendo déficit fiscal, la deuda seguirá aumentando. Pero mientras más pequeños sean los déficits, menos crecerá la deuda. Las medidas recientes están dirigidas a conseguir ese fin.
¿Mejorará la imagen del país ante los mercados internacionales y ante los inversionistas?
El ingreso petrolero neto (descontando subsidios) es mayor con la eliminación de subsidios, lo que podría tener un símil con un incremento en el precio del petróleo, que usualmente está inversamente relacionado con el riesgo país. Por lo tanto, es posible que el riesgo país se reduzca.
Hablemos del empleo. ¿Las reformas laborales y los ajustes en la burocracia se ajustan a los nuevos modelos de trabajo que evolucionan en el mundo? Creo que tomará tiempo evaluar el efecto de las medidas en la dinamización del mercado laboral. Con una economía en desaceleración es muy difícil que se pueda generar empleo y estas medidas están diseñadas para el empleo nuevo. Aún el mercado laboral ecuatoriano es bastante rígido. ¿Se puede decir que en el tema laboral ganan los empresarios? No.
¿Cuál será ahora la tarea de las autoridades económicas para lo que le queda de tiempo al actual Gobierno?
Primero, poner en práctica lo más rápido posible las reformas anunciadas. El trabajo con el poder Legislativo es fundamental. Al mismo tiempo, el gobierno no debe descuidar el frente político ya que si existen protestas, la incertidumbre política puede ser contraproducente para la actividad privada que necesita confianza. Creo que debe insistirse en dejar lo más avanzado posible el programa con el Fondo Monetario para corregir los desequilibrios heredados de la administración anterior. ¿Todo esto es un avance o solo una repetición de ciclos económicos del pasado? Creo que la eliminación de subsidios a los combustibles es un cambio estructural en la economía. El siguiente paso es dejar de depender de las fluctuaciones en el precio del petróleo. En gran parte, el problema actual de la economía del Ecuador tiene su génesis en la caída en el precio del petróleo que empezó en la segunda mitad del 2014.
Manuel González, catedrático de la Espol. Foto: cortesía Espol
Marco Naranjo, catedrático, considera que las normas macrofiscales que propone el Gobierno son un buen norte para alcanzar estabilidad. Sin embargo, enfatiza que en relación al recorte de gasto urge focalizar las subvenciones que el Estado destina a los combustibles
El Ministro de Finanzas reconoce que el déficit y el agresivo endeudamiento son graves problemas para el Fisco, por ello plantea reglas macrofiscales en la Ley de Fomento Productivo que se debate esta semana en el Pleno. ¿Son apropiadas estas medidas fiscales o pudieron ser pulidas?
Las normas son adecuadas. El país no puede sostenerse en el tiempo con un déficit de casi ocho puntos del PIB. El planteamiento de ir bajando el déficit hasta llegar al equilibrio fiscal es positivo, pero implica una cantidad importante de medidas de finanzas públicas. Volver al techo razonable de deuda, del 40% del PIB, es necesario, y eso se puede lograr reduciendo la deuda o con un mayor crecimiento del PIB.
Una de las críticas a la Ley es que no plantea metas periódicas de reducción del gasto ni especifica cuáles se reducirán. ¿Dónde cree que quedan espacios para mermar los gastos del Estado?
Debiéramos reducir principalmente el gasto corriente y eso tiene que ver principalmente con los salarios, pero en esa área hay márgenes estrechos, porque no se puede reducir personal en el área de salud, de educación o de seguridad. Por eso es que entra un elemento fundamental, la revisión de los subsidios para reducir los egresos del Estado.
Ahora que la discusión ha vuelto a plantearse. ¿Qué propone la academia en torno a este tema?
Este año, más o menos son USD 3 400 millones que el Estado va a gastar en subsidios y el problema es que los más costosos, el subsidio al gas y a las gasolinas, no están focalizados. Hay estudios que determinan que el quintil más adinerado de la población es el que más se beneficia de estas dos subvenciones y no deberían recibirlas. Una familia rica gasta USD 300 al mes en combustibles y de eso, USD 200 le subsidia el Estado. Eso es totalmente ineficiente. Los subsidios son buenos cuando van a un destinatario claro que lo necesita.
¿Cómo se podría llevar a cabo una focalización?
Supongamos que un ciudadano pertenece al quintil más rico y es fácil saberlo porque el SRI sabe el nivel de ingreso de todos los ecuatorianos y obvio de los que más contribuyen. Si se conoce eso, y que tiene uno o varios autos, al momento de poner gasolina se le puede cobrar, por ejemplo USD 6 por galón, independientemente de la gasolina que pongan. Se puede hacer con una fórmula matemática, con una herramienta tecnológica que puede desarrollar la misma academia.
¿Qué problemas se presentarían si se decide directamente quitar la subvención a la gasolina súper?
No sé cuántos taxistas ponen súper o cuántas personas de clase media tienen un carro al que cuidan y solo le ponen súper. Por eso proponemos diferenciar el subsidio, cruzarlo. Por ejemplo, a los que más ingresos tienen, cobrarles USD 12, a otros USD 8, a otros USD 6, y así de acuerdo con sus ingresos. Se puede generar una diferenciación de precios completa. Con esa diferencia de precios puedo cubrir el subsidio al diésel sin tener que usar el dinero del fisco. Eso es lo que se conoce como cruce de subsidios. A uno le quito y al otro le doy. ¿Eliminar progresivamente en el tiempo el subsidio a los combustibles no sería también una alternativa?
Eso ya se dio en la década de los noventa. El precio de la gasolina variaba cada mes y la gente hacía fila el 31 de cada mes para poner gasolina antes de que suba. El gradualismo en las medidas genera mayor impopularidad al Gobierno. ¿Por qué no generamos un planteamiento en el que le cobramos al ciudadano conforme a su ingreso?
¿Cuál sería el alivio fiscal que se generaría de implementar esta medida?
Si se elimina el subsidio en diésel y gasolina nos evitamos USD 2 000 millones en gastos, eso es el 2% del PIB.
¿Por qué recién ahora vuelve el tema a la mesa de debate si el problema del déficit fiscal y la necesidad de cortar gastos está presente desde hace tiempo?
Trabajé para Naciones Unidas como asesor de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea y ahí propusimos crear una unidad de control de ejecución del presupuesto, pero no se hizo, porque el planteamiento era no tocar cosas sensibles que pudieran perjudicar la popularidad del anterior Gobierno. No se podía hablar de gasolina o gas. Lo que importaba era la popularidad e ir pateando hacia adelante el problema.
En el debate el tema más delicado es el del subsidio al gas. ¿Es intocable?
Sí, el gas es un tema sensible. La gente teme que los almuerzos suban de precio, pero en los restaurantes por ley no se puede usar gas subsidiado, así que no deberían subir los almuerzos. Los académicos podríamos investigar cuánto afectaría a los distintos quintiles de la población una elevación del precio del gas y comprometernos a generar una alternativa para que el gas doméstico para los más pobres sea entregado directamente. Los camiones que van distintas zonas ya pueden ir con precios marcados. Este es un proceso que tomará más tiempo que la gasolina.
Tomando en cuenta las complicaciones del país para cubrir sus necesidades de financiamiento este año. ¿Urge tomar la decisión en torno a las gasolinas antes de que se termine el 2018?
Hay que hacer un estudio y ahí lanzar la propuesta, pero sí, se puede tomar este año la decisión. En la academia solo necesitamos la propuesta del Ministro de Finanzas.
Por el lado de los ingresos en el Presupuesto, ¿qué opciones se deben tomar en cuenta?
La única forma es con crecimiento económico. Es imposible querer más ingresos y tributos si la economía no crece. El crecimiento no se dará sin inversiones. En eso puede contribuir la Ley de Fomento Productivo.
Hoja de vida Estudios. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Tiene un PhD en Economía por la Universidad de Alcalá de Madrid, además cuenta con una maestría por la Universidad de Torcuato Di Tella, de Argentina.
Trayectoria. Fue funcionario de carrera del Banco Central del Ecuador desde 1985 hasta el 2008, en donde ocupó cargos como asesor del Directorio y director general de estudios. También trabajó como consultor para Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras instituciones.
Docencia. Es profesor principal de Economía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y en Escuela Politécnica Nacional.
Entrevista a Marco Naranjo. Él es catedrático en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y en Escuela Politécnica Nacional. Foto: Patricio Terán/LÍDERES
Los países de América Latina y el Caribe siguen prefiriendo la fórmula de los subsidios para apoyar a sus agricultores locales, aunque cada vez más están invirtiendo en otras políticas que no distorsionen el mercado.
Así lo refleja un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentado hoy en Roma y en el que se estima que el 37% de las ayudas a los agricultores latinoamericanos continúan incidiendo en los precios agrícolas, sobre todo a través de subsidios.
El experto del BID Carmine Paolo de Salvo explicó en una conferencia que América Latina y el Caribe ha ido moviéndose del apoyo a los precios de mercado hacia la ayuda directa a los agricultores mediante incentivos fiscales.
Los países analizados en el informe, excepto Argentina, transfirieron de media 26 300 millones de dólares a sus productores entre 2012 y 2014, frente a los 601 000 millones de los países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, la región gastó 5 500 millones de dólares adicionales en servicios generales de apoyo al sector primario (los países de la OCDE destinaron 135 000 millones).
De Salvo consideró que las ayudas agrícolas de América Latina representan el 18% del Producto Interior Bruto agrícola, un porcentaje alto que, sin embargo, es menor si se compara con el conjunto del PIB, en cuyo caso apenas llega al 1,4%.
«La medida de apoyo agrícola más común sigue siendo la protección de los precios en el mercado, lo que lleva a una distorsión de los precios», afirmó el especialista del BID.
Los aranceles y otras medidas para dificultar la importación de productos prevalecen, por ejemplo, en Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Guatemala.
Los subsidios han cobrado importancia en Chile, Brasil y México, mientras que en estos dos últimos también se están promoviendo políticas para facilitar el crédito y asegurar los ingresos agrícolas ante eventuales riesgos.
Chile, Perú y Uruguay también están entre los países que, según el BID, están tratando de mejorar los servicios rurales y el ambiente empresarial para los agricultores. De Salvo precisó que, en general, «los países con una mayor población rural son aquellos que han apostado por niveles más altos de apoyo a la agricultura«.
Latinoamérica se ha convertido en la mayor región exportadora de alimentos del mundo, superando a Norteamérica, y se calcula que para 2024 sus ventas netas en ese ámbito alcanzarán los 60 000 millones de dólares, tres veces más que en 2000, según datos de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
América Latina y el Caribe mantendrán un liderazgo en la expansión de la agricultura global. Foto: Archivo/ LIDERES.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el lunes (18 de mayo) sobre los subsidios a la energía en el mundo, señalando que alcanzarán los USD 5,3 billones este año, más que el monto del gasto público destinado a la salud.
«Estas estimaciones son chocantes», indicó el FMI en un informe, indicando que se trata de uno de los factores negativos más importantes para el crecimiento económico, ya que tiene efectos adversos sobre la eficiencia, el crecimiento y la desigualdad. Según el reporte, la suma representa el 6,5% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial.
El FMI cuestiona desde hace tiempo este tipo de subsidios, definido como la diferencia entre los precios pagados por los consumidores por la energía y su costo «real», que pesaría en las finanzas públicas y aceleraría el calentamiento global.
Según el Fondo, China es de lejos el país que más dinero destina a subsidios energéticos, con USD 2,3 billones por año, seguido por Estados Unidos (USD 699 000 millones) y Rusia (USD 335 000 millones). Globalmente los subsidios se duplicaron desde 2011, indicó el FMI, que atribuyó gran parte de este incremento a que ahora integra en el cálculo las sumas invertidas para encarar los efectos dañinos del consumo de energía sobre la calidad del aire y la salud.
El Fondo recomendó a los países que aplican subsidios que incrementen los precios de la energía gradualmente para reflejar sus precios reales, una acción que estimó podría darle a los gobiernos espacio para reducir algunos impuestos, incrementar el gasto público en infraestructura, salud y educación y financiar las transferencias de dinero a los más pobres.
Recientemente, el FMI condicionó su ayuda a Ucrania a la realización de reformas en el sector energético, incluida una reducción de los subsidios.
La caída de los precios del petróleo registrada en los últimos meses «es una oportunidad para revisar subsidios relacionados con hidrocarburos«, opinó este 12 de marzo el vicepresidente del Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar.
El ejecutivo, que firmó un crédito en La Paz con el Gobierno boliviano, afirmó a los periodistas que la situación actual del mercado del crudo supone un buen momento para que los países revisen las subvenciones a los hidrocarburos «que no benefician a los más pobres sino que son más bien generalizados».
El Ejecutivo también señaló que la situación actual supone un buen momento «para diversificar matrices energéticas en algunos países». Para los países exportadores de crudo o de hidrocarburos cuyos precios están vinculados a los precios del petróleo, «es una llamada de atención para buscar otras opciones que impulsen el crecimiento de las economías», agregó.
Asimismo en Washington, sede del Banco Mundial, Kaushik Basu, economista jefe del organismo internacional, dijo recientemente que «Dado que el petróleo probablemente permanezca barato por algún tiempo, los países importadores deberían reducir o incluso eliminar los subsidios al combustible y reconstruir el espacio fiscal necesitado para llevar a cabo futuros esfuerzos de estímulo».
Bolivia mantiene una subvención a los carburantes líquidos que el propio presidente boliviano, Evo Morales, ha calificado varias veces de «cáncer» para la economía de su país. El Ejecutivo boliviano presupuestó para este año USD 658 millones destinados a dichas subvenciones y a incentivar la producción de petróleo por parte de las empresas de hidrocarburos.
A finales de 2010 el Gobierno de Morales, en una decisión bautizada popularmente como «el gasolinazo«, trató de eliminar el subsidio a los hidrocarburos y aprobó incrementos de hasta un 82% sobre sus precios, pero tuvo que dar marcha atrás ante las fuertes protestas sociales que se desataron por esta medida.
La petrolera Shell anunció que ha cancelado sus planes para explotar un yacimiento petrolífero en la provincia canadiense de Alberta ante la caída de los precios del crudo. Foto: Archivo / AFP
Miguel Gómez Martínez. Portafolio de Colombia (GDA)
Los subsidios son como una droga: no se pueden dejar, y cada vez se requieren en dosis superiores. Por ello, resulta preocupante que hay más programas que buscan falsear el costo de los bienes y servicios públicos. Resulta lógico que un Gobierno como el de Bogotá, de ideología populista, aplique un subsidio para estimular el consumo regalando agua.
Ahora se busca subsidiar el transporte público, luego el consumo de energía, el servicio telefónico y poco a poco, con argumentos demagógicos, se irá comprometiendo la estabilidad financiera de las empresas prestadoras de servicios públicos.
Subsidiar, como volverse adicto, es fácil en la etapa inicial, produce popularidad y permite elogiarse con discursos sobre el impacto popular de las supuestas políticas sociales. Pero la economía es implacable. Cuando se manipula el sistema de costos y precios reales con subsidios, se distorsionan los mecanismos de ajuste y los déficit presupuestales se agravan. Cada vez se requiere más recursos para cubrir faltantes. Hasta el día en que no es sostenible y es necesario desmontar el programa por inviable. Por lo general es un Gobierno diferente al que instituyó el subsidio el que tiene que corregir el desequilibrio y asumir el costo de impopularidad. Sería bueno que alguien recordara a quienes gobiernan que no todos los subsidios son buenos, que no todos los que los reciben los necesitan.
Luego de siete años en el poder, y si los plazos anunciados se cumplen, el Régimen comenzará a modificar la matriz de subsidios en el país, dominada por el gas, la gasolina y el diésel.
En el período 2007-2013, la adquisición internacional de estos tres productos le significó al país alrededor de USD 26 000 millones en importaciones, pues no existe suficiente capacidad en las refinerías del país y es necesario importar estos combustibles, los cuales se venden internamente a un precio menor del valor real.
Al descontar los ingresos obtenidos por la venta interna de derivados, el neto de subsidios llegó a USD 16 442 millones durante estos siete años, casi la mitad del Presupuesto del Estado para el presente año.
Los subsidios a los combustibles han venido creciendo al ritmo del precio del crudo en el mercado internacional, que actualmente ronda los USD 100 por barril. De ahí que no sorprenda que el monto de este beneficio, al cierre del 2013, sea 260% mayor al registrado en el 2007.
En este escenario, el Gobierno promueve un plan de cambio de cocinas a gas por otras eléctricas de inducción, que empezará en agosto próximo. Su objetivo es reducir el subsidio al gas, aumentar el existente para la electricidad y en ese juego de cifras conseguir una reducción neta que se irá definiendo con el tiempo.
En esta tarea también será importante sincerar los números de los subsidios en el sector eléctrico, para lo cual ya se prepara una ley que unificará los existentes.
La desaceleración del sector aéreo doméstico se siente desde el 2012, cuando el tráfico nacional local de pasajeros cayó un 6% frente al año precedente. El principal factor que explica esa evolución fue la eliminación parcial del subsidio al combustible aéreo.
La medida se esperaba desde mediados de diciembre del 2011, cuando el presidente Rafael Correa firmó el Decreto Ejecutivo 968. Este determinó la eliminación del subsidio al combustible de avión (jet fuel o JP1) a partir del 1 de enero del 2012 para las rutas de los aeropuertos que no administra el Estado.
En el caso de que las aerolíneas que usen las rutas de los aeropuertos de Coca, Loja, Manta, Lago Agrio, Esmeraldas y otros estatales se estableció un descuento del 40% en el derivado.
Según el Decreto, en ningún caso, el precio del galón del jet fuel puede bajar del monto de USD 1,25. Como consecuencia de la decisión, las aerolíneas nacionales pagan desde esa fecha el precio internacional del combustible.
Desde el 2008, el Gobierno estableció un retiro paulatino del subsidio a los combustibles de las líneas aéreas nacionales en caso de que no concretasen la renovación de su flota aérea.
Todo ello obligó a las empresas a replantear nuevos precios, lo cual afectó el tráfico doméstico, en especial en los meses de vacaciones.
En el antiguo aeropuerto de Quito, antes de que se inaugure el de Tababela, el tráfico doméstico de pasajeros cayó un 3,5% en el 2012 comparado con el 2011, según datos de Quiport. El dato está medido por salida de pasajeros.
Esto se reflejó desde enero del 2012 cuando este índice cayó un 3,2% frente al 2011. «El cliente dijo: ‘me han subido los precios ahora ya no compro (boletos)», reflexiona Carlos Criado, director de Desarrollo de Negocios de la Corporación Quiport. Pero las mayores caídas se registraron entre los meses de julio a septiembre. Para Criado, esto significa que el retiro del subsidio afectó principalmente al segmento de pasajeros que utilizaban avión por vacaciones.
De ellos, según datos de Quiport, el mes con la mayor caída en el tráfico fue julio del 2012 con (-9%) frente al 2011, seguido de agosto y septiembre con -7,3% y -7% respecto a los mismos meses del 2011.
Para Criado, con el aumento de precios las familias optaron por utilizar transporte terrestre, que es menos costoso que pagar un boleto de avión para cada miembro de la familia.
«La subida del precio del boleto, tras el retiro del subsidio, al que más le afectó no fue al que viaja con la empresa, sino al que viaja con todos los hijos, la abuela, el tío, etc», explica Criado.
Desde febrero del 2013, la tendencia a la baja en el mercado doméstico de aerolíneas se profundizó con la apertura del nuevo aeropuerto de Quito, ubicado en Tababela.
El Gobierno busca centralizar el manejo de la generación, transmisión y distribución eléctrica en una empresa única, además de unificar los subsidios en este sector. El ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, presentó en la Asamblea Nacional, el 2 de abril, los puntos más relevantes del proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, enviado en marzo pasado por el Presidente de la República, para el trámite ordinario.
En su exposición, el funcionario indicó que el proyecto determina el establecimiento de una tarifa única para cada tipo de usuario: residencial, industrial y comercial. Actualmente existen tarifas diferenciadas, de acuerdo con cada empresa de distribución, según su eficiencia, la cantidad de usuarios y redes, entre otros argumentos.
Adicionalmente, el Ministro explicó que se consolidará en uno solo todos los subsidios que existen en el sector eléctrico. Hoy, existen subsidios como la tarifa de la dignidad, el descuento a las personas de la tercera edad, la exoneración del cobro a los afectados del volcán Tungurahua, entre otros. También se busca establecer una sola empresa de generación, transmisión y distribución. Pero esto no se contempla en el proyecto de la Ley sino como una política de Estado.
«El proyecto dice que tengamos empresas públicas para el servicio. Pero como política, consideramos que solo tiene que haber una empresa pública para generación, transmisión y distribución. Pero eso hay que debatir y discutir».
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Juan Carlos Cassinelli, indicó que los criterios vertidos serán analizados por los comisionados y en el caso de haber inquietudes se convocará nuevamente a las autoridades eléctricas.
