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Agencia EFE

La riqueza de recursos naturales que puede albergar la Luna ha despertado el interés de compañías como la estadounidense Bigelow Aerospace, que está dispuesta a invertir en misiones lunares pero al mismo tiempo busca que el Gobierno le garantice que sus actividades sean aprobadas y protegidas.

Ante la falta de una autoridad federal que regule los viajes privados a la Luna ha recurrido a la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense, responsable de la regulación y concesión de licencias a las compañías privadas e individuos involucrados en el transporte espacial comercial. Bigelow Aerospace «quiere hacer posible que personas, empresas y países puedan transformar la Luna en un escenario dinámico para una imaginación y la innovación», explicó a Efe Michael Gold, director de operaciones y negocio de la compañía en Washington DC.

La compañía del magnate hotelero Robert Bigelow, pionero en el diseño de módulos espaciales expandibles que podrían utilizarse en futuras colonias, pondrá a prueba este año uno de esos habitáculos en la Estación Espacial Internacional (EEI).

No obstante, considera que antes de que se logre este objetivo es necesario que se establezca algún tipo de marco legal que dé a los inversores «al menos un mínimo de garantía por parte del Gobierno de Estados Unidos de que sus actividades serán aprobadas y protegidas».

Aunque la FAA no tiene autoridad sobre la Luna, la empresa considera que cualquier actividad lunar debería empezar con la licencia para transportar personas y equipos, igual que se hace con el resto de misiones espaciales comerciales.

En diciembre de 2013 Bigelow Aerospace envió una carta a la FAA que, tras consultar con otras agencias federales, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y la NASA, contestó más de un año después de forma «pragmática» pero significativa para la empresa.

La FAA indicó que haría uso del sistema de licencias que competen a su autoridad, «lo mejor posible, para proteger los activos y el personal del sector privado en la Luna y promover un ambiente seguro para las compañías que realicen actividades comerciales pacíficas sin interferencia de otras licencias» concedidas a otras empresas. No obstante, la FAA no garantiza el derecho a reclamar el territorio, aclara la compañía.

«Esforzarse por garantizar la seguridad de los equipos, del personal y las operaciones no deben y no pueden ser malinterpretadas como una apropiación nacional» del territorio, ya que las actividades en la Luna se regulan, en parte, por el Tratado del Espacio Exterior de Naciones Unidas firmado en 1967.

La compañía ve esta respuesta de la FAA como un paso inicial «modesto» pero «importante» para «la creación de un ambiente que anime a los empresarios de hoy y del mañana a centrar sus recursos en la Luna». Un lugar de relativamente accesible, comparado con otros planetas o los asteroides, en el que ven «potencial de oportunidades a corto plazo para el crecimiento económico«.

«Como es el caso con cualquier nueva frontera, las perspectivas siguen siendo inciertas», señaló Gold, «pero la Luna ofrece una variedad de minerales y recursos que podrían apoyar minería y otras formas de operaciones comerciales».

La FAA analiza cuestiones de seguridad pública, como el contenido de la carga útil; el impacto ambiental de la actividad; la seguridad nacional o intereses en política exterior; y los requisitos de seguridad para el operador de lanzamiento, para conceder las licencias a las compañías aeroespaciales privadas.

Si bien todavía no hay una normativa internacional unificada sobre las actividad espacial privada, «regular las operaciones comerciales y prevenir conflictos entre el sector privado es una estrategia que esperamos otros países sigan», concluyó Gold.