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Patricia González

Para el 2021 el Gobierno tiene como meta alcanzar el 98% de conectividad en el país. ¿Qué tan factible ve usted que se alcance esa meta? 

La extensión de cobertura y la penetración del uso de Internet depende de muchas variables. Una es la capacidad de inversión que tenga la industria, que no solo pasa por una voluntad de las empresas de invertir, sino que efectivamente estén ante un entorno normativo donde haya seguridad jurídica. Otro tema importante son los incentivos: buena parte de los ingresos de la industria en Ecuador se van hacia contribuciones fiscales y tasas específicas, como la tasa de uso del espectro, que le significa a los operadores una muy fuerte erogación anual y todos esos recursos podrían estar siendo usados para el desarrollo de las redes. La tasa de uso del espectro en Ecuador únicamente es comparable con la mexicana y supera tres veces la tasa colombiana, por ejemplo. Ahí hay distorsiones que no son consistentes con esa política pública de mejorar la penetración de mercado.

¿Qué actualizaciones harían falta en el marco regulatorio ecuatoriano para incentivar la inversión?

Uno de los temas es el fiscal, debe ser revisado. El aporte fiscal representa el 30% de los ingresos de la industria. La seguridad jurídica también es importante, que haya certeza sobre cómo se aplican las normas, que el concepto regulatorio pase de un esquema tradicional, de comando y control, a conceptos modernos de autorregulación e innovación, como los areneros regulatorios, donde se hacen pruebas de regulación de ciertos servicios para ver cómo se comporta el mercado. Esto corta transversalmente a toda América Latina. No es un problema único del Ecuador.

En 2019 se aprobó el cobro de un Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) del 10% para planes pospago de telefonía móvil en personas naturales.

¿Cómo evalúa esta medida tomando en cuenta que la Constitución del Ecuador cataloga a las telecomunicaciones como servicio público, por tanto debe garantizarse su universalidad y accesibilidad?

Se ve un contrasentido. Tenemos una política pública de extensión de cobertura y penetración de uso de Internet y, por otro lado, estamos tasando incluso al usuario final. Aún y cuando es un impuesto que cubre el usuario final, también es un problema para las empresas, porque muchos usuarios finales pueden considerar que esto se sale de su presupuesto y decidir bajar el plan o pasarse a planes prepago, y eso afecta el ingreso de los operadores. Sabemos las dificultades fiscales de los países de la región, pero también es cierto que conforme la banda ancha sube, también existe la posibilidad de que suba el PIB; hay incluso estadísticas al respecto que dicen que el 10% de aumento en la penetración de banda ancha aumenta el PIB en más de un punto porcentual.

¿Cómo evalúa el avance de las tecnologías de banda ancha móvil en Ecuador?

Definitivamente requiere más impulso, pero veamos la contradicción: si cada vez más las operadoras tienen que pagar por infraestructura que por desarrollo, qué va a pasar con la 5G, cuando esta red densifica la infraestructura hasta 10 veces la que tenemos actualmente.

¿Cómo se va a aplicar esta lógica fiscal en este nuevo paradigma tecnológico?. ¿Qué tan vulnerables están las telecomunicaciones en Ecuador a la piratería digital?

La ciberseguridad de las empresas es su negocio, tiene que ser muy buena. Pero qué pasa con la ciberseguridad de los usuarios, que depende de cada uno. En ese sentido hay que hacer campañas de concientización sobre por qué no se debe hacer uso de ese contenido ilegal, que además tiene un impacto directo en los ingresos y en la economía en general. Ecuador podría estar perdiendo en promedio entre USD 2,6 millones y 4,2 millones al mes en ingresos por el acceso a contenido ilegal. Al mes ingresan 321 000 usuarios únicos a estas páginas. En TV por suscripción, la tasa de piratería es superior al 10% y el porcentaje de subreporte es de alrededor del 25%.

¿Cómo se puede combatir la piratería digital?

Debemos reconocer que es un proceso que se inicia en la región. Acá hay elementos importantes. Por un lado, la alianza público-privada, donde los operadores legales puedan identificar las fuentes de entregas de contenidos ilegales y pasarlas a las autoridades públicas, que son las que tienen capacidad de acción en contra de estos proveedores. Luego, una coordinación interinstitucional, entre el regulador de telecomunicaciones, los tribunales de justicia, la Fiscalía, la Policía, comercio exterior… La otra parte es la formación de capacidades en la población sobre cómo usar la tecnología productivamente y cómo no exponernos a la hora de navegar digitalmente. Esto se debe enseñar desde las escuelas.

Ecuador es uno de los pocos países que no cuenta con una ley de protección de datos. ¿Qué impacto tiene esto para los usuarios?

Las leyes de protección de datos en América Latina se vienen desarrollando, en muchos casos siguiendo el modelo europeo. Es importante dimensionar apropiadamente de quién es la responsabilidad y sobre todo dimensionar el marco punitivo o las multas que eventualmente se puedan imponer por esa materia. En gran medida la protección de datos empieza por el usuario final. Yo diría que el 80% de la tarea está en manos de cada una de las personas porque sus datos los está entregando por voluntad propia, sin ningún reparo.

¿Cómo puede impactar la piratería en el negocio de Big Data?

Hoy por hoy los negocios se planifican en función de datos. La necesidad de tener datos sobre mis clientes es esencial. La profundidad y capacidad del análisis de datos es enorme. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Que cada empresa debe proteger muy bien esos datos. La tecnología no es buena ni mala, depende de cómo se use.