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Agencia EFE

La mayoría de los daños ecológicos los causan países ricos, que deben dar a las naciones en desarrollo la posibilidad de ser compensados para garantizar la conservación del planeta, denunció este martes (28 de abril) el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.

«La forma en la que se gestionan la riqueza y el consumo en las sociedades ricas e industrializadas es un factor crucial para determinar quién es responsable de los mayores impactos medioambientales», dijo el mandatario en un foro celebrado en el Vaticano. Agregó que los países más pobres no podrán contribuir a la conservación de los recursos del planeta «si no hay mejoras claras y directas en el nivel de vida de la gente».

Correa intervino este martes como único jefe de Estado en el foro ‘Proteger la Tierra, dignificar a la humanidad’, organizado en el Vaticano y que hoy inauguró el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

El presidente ecuatoriano abogó además por establecer mecanismos de compensación a países por no asumir iniciativas que puedan perjudicar al planeta, como la no explotación de ciertos recursos naturales.

«Lo que importa es el resultado neto y, en términos netos, no contaminar el medio ambiente equivale a limpiarlo», dijo el presidente ecuatoriano, quien puso como ejemplo la iniciativa Yasuní-ITT, para dejar en el subsuelo «las mayores reservas confirmadas de petróleo en Ecuador».

Lamentó sin embargo que la reivindicación de obtener compensación por ello «fracasó porque fue muy incomprendida y por cuestiones de poder».

Correa también aludió a la existencia «indudable» de una «deuda ecológica», como calificó a «las obligaciones acumuladas en el tiempo, consecuencia del saqueo de los recursos naturales, el biopirateo y el cambio climático».

Señaló que el pago de esa deuda «se basa en los derechos humanos, la justicia medioambiental y la responsabilidad histórica» y reconoció que se han hecho diversos cálculos en el mundo académico sobre a cuánto ascendería, pero concluyó que lo importante es «que no crezca más».

Correa reivindicó un mejor acceso a la ciencia y a la tecnología por parte de los países más pobres para poder combatir eficazmente el cambio climático y manifestó que se deben declarar como «bienes públicos globales» las tecnologías que se pueden usar para luchar contra ese fenómeno.

«Esto sería una manera de acabar con la nueva e injusta división internacional del trabajo», agregó. 

Mencionó que la extensión de las licencias obligatorias, que calificó como «medida regulatoria en el ámbito de la propiedad intelectual», tendría como consecuencia evitar «que se retengan derechos monopolísticos al conocimiento crítico» y así se podrían «replicar tecnologías patentadas».

Otra idea que compartió en el foro fue la de establecer una tasa sobre el consumo de barriles de petróleo, que sería administrada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y que tendría como consecuencia, dijo, reducir la demanda de este recurso energético.

Serviría, agregó, para compensar a los países pobres importadores de petróleo mediante la financiación de programas para erradicar la pobreza», así como para «financiar la reducción de gases de efecto invernadero» y dar dinero para que las naciones menos desarrolladas pudieran combatir las consecuencias del cambio climático.

Finalmente, Correa abogó por una «nueva noción del desarrollo», que resumió en «vivir con dignidad, satisfaciendo las necesidades básicas, pero en armonía con uno mismo, con el resto de la humanidad, con diferentes culturas y en armonía con la naturaleza».

Por ello, pidió que se avance hacia la «Declaración de los Derechos de la Naturaleza porque, dijo, «el derecho universal más importante de la naturaleza debería ser que pueda continuar existiendo pero, también, que pueda continuar proporcionando medios para vivir y nuestras sociedades disfruten del Sumak Kawsay (buen vivir).