El ministro de Industrias, Eduardo Egas, señaló que el Gobierno de Ecuador tiene la disposición de definir un acuerdo comercial con Corea y avanzar lo más rápido posible en este proceso.
Este anuncio lo hizo en el marco de la reunión del Foro Parlamentario de Cooperación Corea – América Latina que se llevó a cabo este jueves 16 de julio del 2015.
Byeong Seug Park, jefe de la delegación del Foro, que está compuesto por un tercio de miembros de la Asamblea Nacional coreana, manifestó que Corea está participando activamente en Ecuador en proyectos de infraestructura, energía y plantas fotovoltaicas, metalurgia, astilleros y, agregó, que su país está preparado para negociar un acuerdo comercial con Ecuador.
Durante el encuentro, el ministro Egas también planteó el interés de Ecuador por contar con asistencia técnica y el acompañamiento para el desarrollo de las industrias básicas, que es uno de los principales objetivos de esta Cartera.
Otro tema abordado en la cita fue el relacionado con el sector farmacéutico. Egas se refirió a las conversaciones mantenidas en los dos últimos años, no únicamente en el ámbito de compra de medicinas, sino en la búsqueda de alianzas entre industrias coreanas y la empresa pública ecuatoriana para la producción de medicamentos.
Otros campos posibles de cooperación expuestos en la reunión de trabajo fueron los de calidad, automotriz y pequeñas y medianas empresas (pymes). Respecto a este último tema Park dijo que en Corea el 99% del sector productivo son pymes y que podrían aportar con su experiencia.
Corea está preparado para negociar un acuerdo comercial con Ecuador, según delegación coreana. Foto: Líderes
El acuerdo sobre el programa nuclear iraní, y el consecuente levantamiento de las sanciones contra ese país, se traducirá en un nuevo flujo de crudo hacia un mercado que ya tiene una abundante oferta, afectando por ello a las cotizaciones.
Irán y las grandes potencias concluyeron formalmente este martes, 14 de julio del 2015, en Viena un histórico acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán, que debe poner fin a doce años de tensiones en torno a este tema. El acuerdo incluye un futuro levantamiento de las sanciones económicas internacionales impuestas a Irán, que abarcan las exportaciones de petróleo, esenciales para la economía del país.
Tras este acuerdo, «el mercado espera que la producción de Irán aumente, lo que se va a añadir a una oferta ya muy abundante» explicó Ole Hansen, analista de Saxo Bank.
Debido a las sanciones, Irán, el cuarto país en reservas mundiales de petróleo, vio su producción caer a menos de 3 millones de barriles diarios (mbd) desde 2012 y sus exportaciones se redujeron a la mitad, a unos 1,3 mbd actualmente contra 2,5 mbd en 2011.
El país podría producir 1 mbd adicionales en los seis meses posteriores al levantamiento de las sanciones, había afirmado a principios de junio el ministro del Petróleo, Bijan Namdar Zanganeh, durante una reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que Irán es destacado miembro.
El petróleo, un sector vital para la economía iraní, pero subdesarrollado desde hace 10 años, necesita urgentemente inversiones.
Abundante oferta de crudo
Pero en un mercado mundial donde el excedente de oferta de petróleo se acerca a entre 1,5 y 2 mbd –pese a una demanda que se recupera– cualquier aumento de la producción es acogida negativamente por los mercados, y ello pese a que el levantamiento de las sanciones contra Irán no sea, ni será, inmediata.
La prueba de ello se produjo este martes, 14 de julio del 2015, poco después del anuncio del pacto nuclear: a las 10:00 GMT, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto valía USD 56,43 en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baja de USD 1,04 respecto al cierre del lunes.
Y en los intercambios electrónicos en el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de ‘light sweet crude’ (WTI) para la misma entrega perdía USD 1,05 a USD 51,15.
Ello se produce además en un contexto en el que la OPEP, que produce poco más de un tercio del crudo mundial, sigue aumentando su producción con el objetivo de preservar y ganar nuevas cuotas de mercado en los últimos meses.
Arabia Saudita, jefe de fila del cartel, e Irak, han aumentado notablemente su producción este años, y parece poco probable, según los analistas, que «dejen sitio» para los barriles de crudo iraní. .»Si Arabia Saudita no reduce su producción para acomodarse al retorno de Irán (a las exportaciones), entonces la batalla por las cuotas de mercado se va a intensificar, y eso será negativo para las cotizaciones del crudo», advierte Olivier Jakob, analista de Petromatrix.
El acuerdo nuclear permitirá a Irán comercializar y exportar crudo. Foto: EFE
Irán pactó hoy, 14 de julio del 2015, con seis grandes potencias, en un histórico acuerdo para poner fin a trece años de disputa sobre su controvertido programa nuclear. Este tratado, con más cien páginas y que entrará en vigor en una vez que cuente con el respaldo de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, limita de forma significativa el programa nuclear iraní durante un periodo de hasta 25 años.
A cambio, Teherán verá levantadas las sanciones internacionales que castigan su economía. Según el acuerdo, durante diez años Irán tendrá limitada su capacidad de enriquecimiento de uranio y de investigación y desarrollo en asuntos nucleares. Durante quince años, Irán se ha comprometido a no construir nuevas instalaciones nucleares y deberá reducir sus reservas de uranio enriquecido y aceptar medidas reforzadas de transparencia.
Finalmente, por un periodo de 25 años se producirán inspecciones de calado en toda la cadena de gestión del uranio, un material sensible con finalidad tanto civil como militar, para evitar desviaciones no declaradas. Los principales puntos del acuerdo son:
Limitaciones en el enriquecimiento de uranio.- Irán se compromete a no enriquecer uranio por encima del 3,67% durante al menos 15 años. El uranio para fines pacíficos solo requiere de un enriquecimiento de hasta el 5%, mientras que para alimentar un arma nuclear se requiere que ese material se purifique hasta el 90 por ciento.
Irán modificará su planta de Fordo de modo que ya no se emplee para enriquecer uranio allí durante al menos 15 años.
Embargo de armas-. La prohibición de importación y exportación de armas se extiende para Irán por cinco años más, mientras que el embargo de compuestos para su programa de misiles balísticos se mantiene durante ocho años.
Alivio de sanciones-. Irán gozará de una limitación a las sanciones internacionales que pesan sobre el país si cumple con sus compromisos. EE.UU. y la Unión Europea suspenderán sus sanciones relacionadas con actividades nucleares después de que el OIEA haya verificado que Irán ha cumplido con lo acordado. Eso durará unos estimados seis meses. Si en algún momento Irán no cumple con lo prometido, existe un mecanismo para que las sanciones vuelan rápidamente a entrar en vigor.
Medidas de transparencia-. El OIEA tendrá acceso regular a todas las instalaciones nucleares de Irán. Los inspectores de la ONU podrán supervisar toda la cadena de suministro que sustenta ese programa nuclear. En el caso de sospecha, los inspectores podrán acceder también a instalaciones militares y una comisión conjunta de las partes analizará casos en disputa. Irán se ha comprometido a aplicar de forma voluntaria el Protocolo Adicional del Tratado de No Proliferación, que otorga mayor acceso e información a los inspectores de la ONU. Remodelación del reactor de Arak-. Irán ha acordado rediseñar y remodelar un reactor de investigación de agua pesada en Arak, para que no produzca plutonio que pueda ser usado para alimentar un arma nuclear. Irán enviará todo el combustible usado del reactor fuera del país durante toda la vida útil de la instalación.
Irán tampoco acumulará agua pesada por encima de las necesidades del reactor de Arak, y venderá ese material sobrante en el mercado internacional.
El secretario de Estado, John Kerry, estrecha la mano al ministro iraní, Javad Zarif, después de alcanzar el histórico acuerdo nuclear. Foto: AFP
La empresa ecuatoriana La Fabril firmó este 1 de julio del 2015 un convenio con la firma española Deoleo, líder en la elaboración de aceite de oliva. El acuerdo entre las dos compañías implica que La Fabril envasará y comercializará en el mercado ecuatoriano el aceite de oliva de la marca Carbonell, que es un producto de Deoleo.
El presidente de la firma española, José María Vilas, y el apoderado de la empresa española, Carlos González-Artigas Loor, firmaron el convenio en la Cámara Oficial Española de Comercio de Quito. Con el acuerdo, La Fabril distribuirá el aceite de oliva Carbonell en cerca de 30 000 puntos a escala nacional. Además otro de los objetivos del convenio es exportar en el corto plazo el producto a Colombia, Perú, Chile, Venezuela, entre otros países de la región.
Carbonell es una marca española fundada en 1866 y con presencia en cerca de 60 países. Vilas indicó que es la primera vez que la empresa Deoleo firma un acuerdo con otra empresa para el envasado y distribución del aceite de oliva, fuera de España. “Es bueno para nosotros por conseguir un socio y bueno para La Fabril porque tiene nuevas posibilidades de expansión”.
Como parte del convenio, La Fabril desarrolló un envase pet durante siete meses y adaptó una línea de producción que ahora se dedica al envasado del aceite de oliva. La empresa tiene como meta triplicar el consumo de aceite de oliva en Ecuador. La meta es pasar de una penetración del 21% en hogares urbanos a 58% en los próximos tres años. El producto ya se encuentra en el mercado ecuatoriano desde hace tres semanas.
La mañana de este miércoles 6 de mayo comenzó en Guayaquil el taller de difusión del Acuerdo Comercial Multipartes entre la Unión Europea (UE) y Ecuador, en el que participaron hasta las 17:00, delegados del Gobierno ecuatoriano, de la UE y representantes de comercio exterior de Chile y Colombia, países en los que ya se han implementado acuerdos.
Myriam García Ferrer, Jefe de la Sección Comercial de la Delegación de la Unión Europea en Colombia y Ecuador, comentó que están pendientes de la decisión que tomen los gobiernos de Perú y Colombia sobre la adhesión de Ecuador al acuerdo multilateral. “Tenemos que discutir con ellos, ahora estamos debatiendo informalmente para explicarles qué se negoció y disipar dudas para que se apruebe el ingreso”.
Estos países deberán examinar si lo que se negoció con Ecuador afecta sus derechos y obligaciones, explicó Ferrer.
“El grueso del acuerdo es el mismo para todos, ha habido algunos ajustes para tener en cuenta el nivel de desarrollo de Ecuador, compromisos bilaterales en términos de ofertas y establecimiento de compras públicas, pero eso no debe afectar a Colombia o Perú”, añadió.
Por otro lado, Mónica Sanzo Gil, jefe de Tecnología de Cooperación Internacional, Dirección de Cooperación Internacional, Aenor, dictó una charla sobre los requisitos técnicos que imponen las normas que deberán seguir los productos exportados a la UE. “El fin es que las autoridades ya conozcan las reglamentaciones, que sepan que en función de cada producto hay unas normas que cumplir”, señaló.
Sanzo añadió que si bien las conversaciones están abiertas en cuanto a sugerencias de Ecuador en términos de requisitos, “los reglamentos técnicos están muy bien definidos en el ámbito europeo desde hace tiempo y son las mismas normas que se están aplicando con otros países de esta región”.
Sobre los requisitos técnicos precisamente se refirió Javier Díaz, presidente de la Asociación de Comercio Exterior de Colombia, quién participó del taller con una intervención en la que detalló la experiencia de su país en el tiempo que lleva implementado el acuerdo.
“Al arrancar, el tema de certificados de origen fue un poco difícil para adaptarnos, porque ahora tienen una nueva estructura, hay que tener un certificado EUR1 y eso ha costado un poco implementar”, mencionó.
Díaz también hizo énfasis en que el acuerdo ha significado un salvavidas para la economía de Colombia este año por la caída del precio del petróleo. En el mercado europeo, el factor determinante en la negociación no es el precio, como suele suceder en Estados Unidos, dijo, sino que por encima del precio el patrón de consumo europeo posiciona el diseño y la calidad del producto.
“El tema de diversificación de mercado ha sido uno de los principales beneficios con este acuerdo, nos habíamos centrado en exportaciones en temas minero-energéticos con Estados Unidos, pero con la caída de los precios del petróleo, se tornó necesario fortalecer otros mercados”, dijo. Sectores como el de las frutas y productos del mar son los que más se han fortalecido, según Díaz.
El pasado 17 de julio de 2014, el exministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, se reunió con el Comisario Europeo de Comercio Karel de Gucht, para finiquitar las negociaciones del Acuerdo Comercial Multipartes. Según la planificación del proceso de implementación, se espera que el acuerdo entre en vigor en el segundo trimestre del 2016.
Colombia y Perú examinarán incorporación de Ecuador al acuerdo con la Unión Europea. Foto: Archivo: Líderes
Entrevista a René Ramírez, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), sobre el avance del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación. Esta normativa se enfoca hacia los emprendimientos.
En los diálogos entre el sector público y el privado se plantea apoyar al emprendimiento. Según el Régimen, el proyecto del Código de la Economía Social de los Conocimientos es clave. ¿Qué se busca con esta normativa?
Al Código lo hemos simplificado como Código Ingenios. Estamos empeñados en que el conocimiento, la innovación, la creatividad se constituyan en el eje de transformación económica, social, productiva. Hemos avanzado en la propuesta de políticas públicas, para construir sistemas que no han existido: el de ciencia y tecnología, y el de innovación.
¿Cómo se articulan la innovación con la tecnología? Cuando decía que estos dos sistemas no estaban construidos, también buscamos que se articulen con otros dos: el productivo y el de cultura. En ese marco, vemos al emprendimiento ligado con la innovación. Aquí es importante decir que toda innovación es un nuevo emprendimiento, pero no todo emprendimiento es innovación. Para el emprendimiento que no es innovación está el Ministerio de la Producción, con sus políticas, su crédito, etc. Pero lo que buscamos es fomentar el emprendimiento innovador, ligado a la producción de conocimiento y desarrollo tecnológico.
¿Este Código Ingenios promueve ese objetivo? Justamente. Tenemos que articular un marco regulatorio, que dé todos los incentivos, que fomente y se articule con la política pública. Este sistema de ciencia y tecnología, y este de innovación van de la mano de otro sistema que estamos fortaleciendo: la educación superior. A través del Código se busca un pacto nacional por una construcción de una sociedad del conocimiento y la innovación y un actor fundamental que articula es la universidad.
¿Pero también se requiere que participen otros actores, las empresas, por ejemplo? Los otros actores que deben articularse son el sector empresarial, tanto el privado como el de la economía popular y solidaria; el Estado, y no solo el Gobierno, aquí juegan un rol fundamental los consejos provinciales, los GAD y la sociedad. El Código busca el engranaje entre los sistemas y entre los actores, para construir un pacto nacional por la innovación.
¿Cómo se articula el sistema educativo? ¿En secundaria, dentro de la enseñanza de emprendimiento, se dictan teorías de administración? Esto no es improvisado; está en la Constitución, a través del principio de integralidad del sistema de educación se debe articular el sistema de educación superior con el sistema de educación general, inclusive con el más importante que es el de desarrollo infantil. De hecho, el Ministerio de Educación está trabajando en esto y el propio Presidente (Correa) ha solicitado que se busque que desde pequeños se genere en ellos ese espíritu innovador, emprendedor.
¿Qué tipo de tecnología queremos desarrollar en el país, cuando los escépticos pueden decir que todo lo han hecho países desarrollados? Hay un libro famoso, ‘Estado emprendedor’, en donde se analiza a Silicon Valley y donde se ve cómo este no hubiese nacido sin una política de Estado. A eso va el Código, a lograr un gran pacto entre lo público, privado y lo social. No es una cuestión de desarrollar algo nuevo, primero tenemos que desarrollar las cosas que ya están desarrolladas y producir televisores, computadoras. Tenemos la capacidad de hacerlo acá y sin embargo, más en dolarización, se van grandes cantidades de divisas en importar estos bienes, que tranquilamente los podemos hacer acá, con la diferencia que el trabajo se genera en Ecuador. A partir del desarrollo de este tipo de bienes, que se llama el ‘emparejamiento tecnológico’, nos permitirá desarrollar y avanzar en nuevos productos tecnológicos.
¿Cómo debiera involucrarse el sector privado? El sector privado tiene que invertir en ciencia, tecnología e innovación. Acá estamos haciendo lo que en economía se llama el ‘gran empujón’, desde el Estado, porque en un primer momento es muy riesgoso para el sector privado, pero si el sector privado no entra, realmente esto fracasa. Por eso es una invitación a que invierta; este momento está invirtiendo apenas el 0,36% de las ventas, en investigación y desarrollo. Con eso no vamos a ningún lugar.
En el discurso empresarial se dice que para promover la inversión se necesitan incentivos. ¿Eso trae este Código? Por supuesto. El Código tiene un capítulo solo de incentivos para el sector privado, que invierta en la innovación. Hay temas de eliminación del Impuesto a la Renta, de crédito, de fomento del talento humano. Se pueden deducir impuestos al sector privado, para quienes busquen articularse con la formación dual de los institutos técnicos y tecnológicos, etc.
Algunas universidades critican que el Gobierno se preocupa solo de Yachay y se sienten desplazadas. Es difícil sostener esto, porque solo para dar cifras, el Gobierno ha subido el presupuesto para las universidades del 1,1% del PIB al 2,1%. Yachay no está en ese presupuesto; y existe este momento una subejecución del sistema universitario de 300 millones de dólares. Entonces, no ha sido por falta de recursos; lo que buscamos es que las universidades participen y ya se han enchufado. Ya están proponiendo incubadoras, proyectos de innovación y se están articulando con el sector privado. Uno de los nodos que empujamos es el Cenaim (Centro de Investigación del Mar de la Espol). Ese es, a mi modo de ver, el Yachay para el mar.
Pero en la ‘vida real’ hay temas que no estimulan al emprendimiento: tramitología, demora en registros sanitarios, propiedad intelectual… Para temas de innovación van a haber ‘trámites exprés’, cuando sea necesario; hay que diferenciar que no buscamos saltarnos pasos sino buscar agilidad. Con este proyecto se busca tener sistemas en los cuales los derechos de propiedad intelectual sirvan como instrumentos de la innovación y del desarrollo tecnológico. Este momento, la ley actual lo último que hace es fomentar la innovación.
Becarios nacionales ¿Qué estudian? “80% se dedica a temas de ciencias fundamentales, producción innovación e ingenierías y un 20% a ciencias sociales y humanidades”.
¿Sus temas de disertación? “Los becarios han publicado unos 700 papers en revistas indexadas, en temas como ciencias de la vida, energía, etc.”.
¿Cuántos son, dónde trabajan y cuánto ganan? “2 500 becarios han regresado al Ecuador de los 10 600 que tenemos. De ellos, el 98% ni bien llega tiene empleo. El otro 2% demora máximo unos tres meses en conseguirlo. Un 40% va a universidades, 25% va al sector público y el restante va al sector privado. En cuanto al tema salarial, en este momento estamos haciendo un levantamiento de esa información”.
René Ramírez, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Fotos: María Isabel Valarezo / LÍDERES.
Los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y Panamá, Juan Carlos Varela, sirvieron el 10 de abril del 2015 de testigos para la firma de un multimillonario acuerdo para la adquisición de 61 aviones de la firma Boeing por parte de la aerolínea panameña Copa.
La orden de compra de las 61 aeronaves, que implica un negocio de USD 6 600 millones, fue firmada en presencia de ambos jefes de Estado, en una ceremonia realizada en el marco de la VII Cumbre de las Américas, que se celebra en Panamá.
Por el lado panameño, firmaron el documento el presidente de la junta directiva de Copa, Stanley Motta, y el presidente ejecutivo de la empresa, Pedro Heilbron, mientras que en representación de Boeing lo hicieron el consejero delegado de la firma, Jim McNerney, y el presidente de GE Aviation, David Joyce.
Los mandatarios saludaron a los ejecutivos de Copa y Boeing y Obama llegó a invitar a todos los presentes a volar ahora hacia Estados Unidos en los aviones que recibirá la empresa panameña. «La mano nunca me había temblado tanto», declaró al momento de estampar su firma en el convenio el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.
Los 61 aviones 737 MAX 8 y 9 servirán para reemplazar en forma progresiva a otros aparatos más antiguos y de la misma familia que ya operan en la flota de Copa Airlines, que recibirá las nuevas aeronaves de Boeing entre los años 2018 y 2024. «Es histórico para Copa y es histórico para Panamá«, pero «es al mismo tiempo una apuesta en el futuro de la empresa, del país y de América Latina«, una región cuyos países constituyen los principales destinos de la aerolínea panameña, indicó Heilbron.
El ejecutivo de Copa manifestó que la empresa tiene una «inmensa fe» en América Latina y que en el mercado regional de la aviación se mantendrá en expansión durante los próximos años. Hielbron destacó además que la compra de los 737 MAX supondrá también un paso más en el proceso de modernización de la empresa, pues se trata de aviones con una moderna tecnología que, entre otros factores, implica un menor consumo de combustibles y con ello unas operaciones más «limpias» en el sentido medioambiental.
El ejecutivo de Copa subrayó en declaraciones a Efe el ‘gran paso’ que supone una inversión de USD 6 600 millones para una empresa de un ‘país pequeño’ como Panamá, pero insistió en que las perspectivas del mercado latinoamericano garantizan la decisión. Hielbron indicó que el negocio ha recibido el aval del Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos y explicó que Copa utilizará diversas fuentes de financiación en esta adquisición, que será cancelada en un plazo de hasta 15 años desde el momento de la entrega de cada aparato. Copa Airlines tiene actualmente 98 aviones, entre los propios y arrendados, y opera en 30 países americanos, en los que atiende un total de 73 destinos.
Según Hielbron, la meta de Copa es continuar creciendo, en forma progresiva, aumentando tanto la oferta de destinos como el número de frecuencias, y seguir haciéndolo por ahora en América Latina, que es «un mercado en un proceso de expansión permanente». La operación suscrita hoy, insistió el ejecutivo de Copa, «es una prueba más del compromiso continuo de la empresa con el futuro y con su función primordial, que es unir a la gente a lo largo de las Américas usando siempre los aviones más modernos«.
Copa Airlines tiene actualmente 98 aviones, entre los propios y arrendados, y opera en 30 países americanos, en los que atiende un total de 73 destinos. Foto: Alejandro Bolívar/ EFE.
La aplicación de la salvaguardia por balanza de pagos no afectará el proceso de firma y aprobación del acuerdo comercial de Ecuador con la Unión Europea (UE). Así lo aseguró el ministro de Industrias, Ramiro González.
El Presidente de la República anunció hace un mes que aplicará, a fines de febrero, una medida general para enfrentar el impacto en la economía por la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar.
La medida, dijo González, es de carácter general y no tiene excepciones. Por lo tanto, la tarifa adicional aplicará para todos los países, incluida la Unión Europea, con la cual Ecuador cerró la negociación de un tratado comercial en julio pasado.
Genaro Baldeón, viceministro de Comercio Exterior, señaló hace dos semanas, en un evento en Ambato, que “el propio acuerdo comercial prevé expresamente que los países se reservan el derecho de aplicar las normas multilaterales de comercio”.
La nueva medida, además, no se contrapone con la Resolución 42 del Comité de Comercio Exterior (Comex), vigente desde el 29 de diciembre del 2014.
En ella se estableció que desde esa fecha en adelante no se introducirán nuevos derechos arancelarios, restricciones cuantitativas o regulaciones que afecten a las importaciones de la UE.
El artículo 1 de la Resolución excluye de esta flexibilización a cualquier medida adoptada en el marco de las normas de la Organización Mundial de Comercio.
La salvaguardia por balanza de pagos es un mecanismo sustentado en esas regulaciones, por lo que pudiera aplicarse en el caso actual.
Este instrumento implica una tarifa adicional a los aranceles ya vigentes, como ya sucedió en el 2009, cuando se puso en marcha una medida similar. Producto de aquello, por ejemplo, los confites, que un año antes pagaban el 20% de aranceles, pasaron a cancelar el 50%.
Daniel Legarda, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), indicó que en el caso de los productos de la UE se cobrará una tarifa extra, como al resto de países. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la resolución 42.
Las modificaciones arancelarias, fijación de cupos, entre otras medidas similares que se establezcan posterior a la emisión de la Resolución 42 del Comex, dijo Legarda, no aplican para las compras a la UE.
Desde Alemania, por ejemplo, se importan máquinas contadoras de dinero que, hasta el año pasado, no pagaban arancel. A partir del pasado 12 de enero se estableció un arancel general del 5%, que no se aplica, según el directivo, a los miembros de la UE.
Todos los países, excepto los de Europa, pagarán el arancel más la salvaguardia. Cuando los aranceles de ciertos productos hayan sido modificados, posterior al 29 de diciembre, se cancelará la tarifa adicional más este nuevo valor. Sin embargo, los productos de los países de la UE no serán impactados por la modificación y al aplicarse la medida general se pagará el porcentaje de la salvaguardia más el arancel vigente hasta el 2014.
Es así que en el ejemplo citado, las máquinas de contar dinero, si la salvaguardia se fijará en 10%, tendrían que pagar 15% de aranceles, mientras que las naciones de la UE pagarán solo 10% porque se cancela la tarifa extra más el arancel del año pasado, que en este caso era cero.
En otro caso, digamos que un producto tenía hasta el año pasado un arancel del 5% y con la reforma pasó a tener 10%. Cuando se aplique la salvaguardia todos los países pagarán ese último valor más la tarifa extra que, por ejemplo, podría fijarse en 10%. En ese caso el valor a pagar para la importación será de 20%. Sin embargo, los países de la UE pagarían solo el 15%, ya que no aplicaría la modificación arancelaria hecha este año, sino que regirían los valores del 2014.
Europa, dijo Legarda, pidió que no se aumenten los aranceles regulares y que se queden en un solo nivel. “Sí se ha cumplido porque ahora, incluso, hay un certificado de origen que se pide a los bienes europeos con el fin que no se apliquen las reformas”.
El Comex publicó ayer en su página web una Resolución adoptada el pasado 3 de febrero. Ahí se establece que para determinar que los productos vienen de ese bloque los importadores deberán presentar dicho certificado.
Esto se aplicará hasta que termine la vigencia de la Resolución 42, es decir, hasta que rija el protocolo de adhesión al acuerdo con la UE o hasta el 31 de diciembre del 2016, lo que ocurra primero.
El proceso de legalización del acuerdo sigue su curso. Actualmente, el documento se está traduciendo a los idiomas de la UE y para mediados de año se espera que se dé la rúbrica. Tras ese paso el texto deberá ser ratificado en los legislativos del país y del bloque regional.
Durante la aplicación de otras medidas de control de importación sí se han presentado quejas desde la UE. Mientras, los empresarios del país comprenden que puede haber observaciones, pero que en materia legal la medida no afecta al acuerdo.
El Ministro de Industrias explicó que la tarifa adicional aplicará para todos los países, incluida la Unión Europea, con la cual Ecuador cerró la negociación de un tratado comercial en julio de 2014. Foto: Mario Faustos/ El Comercio
El equipo de fútbol Barcelona de España oficializó este 18 de febrero un acuerdo de auspicio con Telefónica.
A través del patrocinio la operadora de telecomunicaciones desembolsará 40 millones de euros en los próximos tres años, prorrogables a dos años más, para convertirse en socio regional del club azulgrana en Latinoamérica.
El consejero delegado del grupo Telefónica, José María Alvárez Pallete, y el vicepresidente del área económica del Barcelona, Javier Faus, presentaron esta mañana los detalles de un contrato con el cual el club catalán quiere potenciar su presencia en los países del cono sur y México.
Entre las contraprestaciones del acuerdo, independiente al que hace unos días ambas entidades firmaron en relación con la explotación de derechos televisivos para la temporada 2015-2016, el Barcelona se comprometió a disputar un partido amistoso en la región en los próximos tres años.
«Cuando llegamos hace cinco años, nuestra prioridad fue globalizar mucho más el club, que tiene unas raíces locales. Lo hicimos con Asia y desde hace un año decidimos ampliar nuestra presencia en América«, argumentó Faus para justificar dicho acuerdo de patrocinio.
En ese sentido, José María Alvárez Pallete subrayó que con este acuerdo Telefónica amplía su presencia en el mundo de los contenidos deportivos, sector en el cual, según explicó, la compañía de telecomunicaciones está «muy interesada».
En total, el Barcelona percibirá 13,3 millones de euros anuales, una alianza que puede prorrogarse dos años más siempre y cuando Telefónica ejecute dicha opción.
Con el acuerdo, el Barcelona contempla tener a punto en los próximos meses una red de internet gratuito para los aficionados que visiten el Camp Nou.
Los jugadores del FC Barcelona junto al consejero delegado de Telefónica, José María Álvarez Pallete, durante el acto de firma de patrocinio de la operadora de telefonía como socio regional del club en Latinoamérica. Foto: Alejandro García/ EFE
Que se realice una consulta popular con una sola pregunta: «¿Está usted de acuerdo con la reelección indefinida del Presidente de la República y de otros cargos de elección popular?». Esa es la propuesta que presentó hoy miércoles 11 de febrero la organización Compromiso Ecuador en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La iniciativa es liderada por César Montúfar, de la Concertación, y Guillermo Lasso, de Creo. Los dos, lideraron esta mañana una marcha hacia el CNE.
«Democracia sí, enmienda no», se escuchaba a través de un altavoz, en la manifestación que a las 11:00 se concentraba en las inmediaciones del organismo electoral.
«Queremos consulta, queremos consulta», insistían los ciudadanos, quienes en su mayoría llegaron de provincias como Los Ríos, Esmeraldas y Manabí. En las inmediaciones de la Tribuna de la avenida De los Shyris se estacionaron los buses interprovinciales y escolares, en los cuales fueron transportados desde anoche.Debido a la movilización, desde las 09:30 se interrumpió la circulación vehicular en las avenidas De los Shyris (donde se inició la marcha) y en la Eloy Alfaro.
A esta hora (11:00) está cerrado el paso de automotores por la 6 de Diciembre, de sur a norte, a la altura de la calle Bosmediano, en los exteriores del CNE.
El sistema de transporte metropolitano, Ecovía, opera con normalidad en la 6 de Diciembre.
En las afueras del Consejo hay presencia policial motorizada y a pie, así como personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para dirigir el tránsito.
Marcha de Compromiso Ecuador llega al edificio del CNE, en Quito. Foto: Érika Guarachi / EL COMERCIO.
