Nicolás Abrew (O) Ejecutivo principal de Comunicación en CAF
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Tener un empleo estable y formal en el campo, sí es posible. Vivir dignamente de la agricultura familiar y tener un negocio rentable a partir de las abejas, también. Así lo demuestra el encadenamiento empresarial rural en el Chaco Boliviano, región en la que 40% de la población en el campo es extremadamente pobre y que hoy cuenta con casos de éxito con productos de valor agregado derivados de la apicultura.
Un total de 342 productores apícolas de seis asociaciones han aprovechado el Centro de Innovación Productiva Apícola Promiel Monteagudo, para vender miel, propóleo, polen y cera; que se han convertido en productos de valor agregado como champú, jabón y velas bajo la marca Promiel.
“Trabajamos en encadenamiento con la empresa y eso nos ha fortalecido para que nosotros podamos producir de forma segura y también tenemos un mercado seguro”, indicó Óscar Méndez, apicultor de la asociación Cadema.
El beneficio de este encadenamiento también contempla formación técnica, administración y apoyo continuo a los apicultores, lo cual ha sido un incentivo para que aumenten su producción.
Así como lo relata Primitiva García, apicultora de la asociación Cadema: “antes sabíamos sembrar maíz, maní, hasta a los chanchos nos sabíamos dedicar, sin embargo, no teníamos rentabilidad. Mientras que ahora con la apicultura sí la tenemos porque ya tenemos 20 cajas, 30 cajas, y ya da como para dedicarse”.
“Este proyecto demuestra que las oportunidades que brinda tener una empresa ancla comprometida en el trabajo con pequeños productores, con condiciones para asegurar un mercado estable, es una virtud que permite consolidar cadenas que generan valor compartido”, dijo Andrés Oneto, ejecutivo principal del Sector Productivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina-, quien ha liderado la consolidación de esta iniciativa junto con el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV Bolivia).
Ejemplos como este son los que se quieren replicar en toda la región. En Colombia la academia ha tomado la bandera de esta iniciativa con la propuesta de un “Gran acuerdo para el desarrollo integral del sector rural”, con el objetivo de impulsar la productividad, la competitividad, la generación de ingresos y la empleabilidad.
Para esto se ha llevado a cabo un trabajo con sectores públicos y privados, encabezado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), que ya cuenta con el compromiso del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “Este acuerdo busca propiciar una política de Estado para fomentar el desarrollo del sector rural a largo plazo de forma sostenible y competitiva; que impulse la producción agropecuaria tanto para el consumo familiar como para la comercialización, con miras a consolidar un mercado nacional competitivo y a permitir encadenamientos productivos para insertar al país en las cadenas de valor global, definiendo el desarrollo integral del sector rural como un asunto de interés nacional”, se manifiesta en el documento de acuerdo para el desarrollo integral del sector rural.
Encadenamientos de exportación
Los avances del sector agroexportador del Perú son otro ejemplo que Colombia y los demás países de la región pueden replicar para impulsar la reactivación económica y la creación de fuentes de empleo para reducir la pobreza e informalidad, además del acceso a la seguridad social.
En 2005, el 33% de la población económicamente activa (PEA) de Perú se encontraba en el sector agrícola, y en 2018 este porcentaje se situó en 25%; sin embargo, el crecimiento de la productividad laboral fue de 76%. Actualmente, hay un millón de puestos de trabajo en la agroexportación entre directos e indirectos, sin contar los empleos inducidos.
La pandemia del covid-19 no solo es crisis, también representa oportunidades. Una de ellas será la reconfiguración de algunas cadenas de valor a nivel global y América Latina puede aprovechar este proceso de mayor regionalización de las cadenas de valor.
Para lograrlo es fundamental abordar un proceso de integración decidido y definido, que tiene que partir de un diálogo público-privado mucho más potente para mejorar las instituciones políticas, las capacidades públicas y la integración regional; casos como el de Primitiva García en Bolivia, las alianzas público privadas en Colombia y los avances del sector rural en Perú son el mejor ejemplo de la hoja de ruta que se puede seguir.
