Giovanni Astudillo. Editor (I)
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La responsabilidad social no debe ser entendida solo como una extensión universitaria o voluntariado estudiantil, su propósito fundamental es la formación de nuevos profesionales éticos y socialmente responsables con todos sus grupos de interés.
Esa es una de las conclusiones del estudio ‘Responsabilidad Social Universitaria en Ecuador’, publicado por Genoveva Espinoza y Marco Guachamín, de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
Según María Beatriz Eguiguren, directora del Departamento de Ciencias Jurídicas y del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Técnica Particular de Loja (UTPL), las universidades no pueden estar alejadas de este tema, porque son instituciones que tienen el propósito de formar profesionales responsables con su entorno, que deben resolver problemas sociales y ambientales.
Con ese criterio coincide el catedrático cuencano Pedro Mora. Él señala que las universidades dentro de su visión y misión forman talento humano para la sociedad priorizando al ser humano, pero que también exista un equilibrio con el ambiente.
Eguiguren explica que, a más de la formación académica, los estudiantes están involucrados en la investigación y vinculación y, por ende, están relacionados con la sociedad.
En una primera fase, los docentes tienen la obligación moral de incluir a los alumnos desde los primeros ciclos en los proyectos de investigación porque es parte de su formación, dice Eguiguren. Cuando los alumnos tienen más competencias y conocimientos acceden a las iniciativas de vinculación con la sociedad.
“Ya no solo recogen las necesidades de la sociedad, sino también dan respuestas y fortalecen sus capacidades para beneficio de la comunidad, centros indígenas o sociedad en general”, comenta la catedrática de la UTPL. Luego, cuando el estudiante está más preparado y tiene una formación en responsabilidad social pasará a una siguiente fase, que son las prácticas pre-profesionales.
En la investigación de Espinoza y Guachamín se señala que la responsabilidad social universitaria debe garantizar la calidad de la educación superior a través del fortalecimiento y adaptación al entorno académico y realidad actual. Por ello, agregan que no puede pasar por alto la formación de profesionales con conocimientos pertinentes a los requerimientos del entorno, sensibles y motivados por valores y orientar la investigación a la solución de problemas sociales.
La teoría y la práctica son parte de una formación social
Redacción Cuenca (I)
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Aunque es optativa, la asignatura de responsabilidad social es una de las más demandadas de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad de Cuenca. Se dicta durante un semestre en el octavo ciclo. Tiene 70 alumnos divididos en dos cursos.
En su pénsum se trata la historia de la responsabilidad social en el país y el mundo y los elementos de responsabilidad de la empresa ante la sociedad y el ambiente, que forman parte del desarrollo sostenible.
Los estudiantes también aprenden sobre las normativas nacionales e internacionales, modelos de gestión de responsabilidad social empresarial y gestión estratégica de las relaciones con los ‘stakeholders’, que son los grupos de interés que son afectados por cualquier decisión que adopte la empresa, dice Francisco Roldán, profesor de Responsabilidad Social Empresarial en Administración de Empresas de la Universidad de Cuenca.
Él destaca que la intención es que los futuros gerentes aprendan que uno de los principales intereses debe ser la responsabilidad social y ambiental y no solo obtener ganancias económicas. “Queremos ir más allá y que el estudiante conozca que existen procesos fijados y que en el ámbito internacional hay certificaciones de calidad”.
Diego Loyola fue profesor de Responsabilidad Social durante cinco años. Él destaca que con esta materia se busca concienciar que el desarrollo sostenible es una parte fundamental de la gestión y que se está desarrollando en el mundo. “Enseñamos qué es lo que un gerente debe realizar, cuál es su posición frente a la realidad de la sociedad y la naturaleza”.
Los estudiantes también deben analizar una empresa y ver qué acciones están tomando frente a los requisitos normativos como la ISO 26000 y otros criterios. Con información de empresas multinacionales y las grandes del país se efectúa esta evaluación, señala Loyola.
En este trabajo, los alumnos conocen la organización, sus actividades y luego analizan en función de los criterios de responsabilidad social y efectúan la evaluación. “Se busca que entiendan que una empresa no solo está para ganar dinero y esa no es su naturaleza inicial sino hacer una labor de distribución de riqueza a sus empleados, accionistas, proveedores, quienes están al lado de la fábrica…”, dice Loyola.
La formación también se complementa en los posgrados. Pedro Mora es director de la Maestría en Administración y Gestión de Empresas en la Universidad de Cuenca. Paralelo al avance académico, los estudiantes deben realizar un proyecto o pasantía y dar asesoría en varios temas como la responsabilidad social empresarial.
El proyecto, explica Mora, será preparado en el primer semestre, se desarrollará en el segundo y los resultados se presentarán en el tercero. El estudiante se acercará a microempresas, emprendimientos, artesanos o mujeres asociadas. “Se escoge a ellos porque se supone que las medianas y grandes empresas tienen conocimientos en responsabilidad social”.
Las asesorías son parte del vínculo entre el estudiante y la sociedad
Redacción Cuenca (I)
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La vinculación con la sociedad forma parte de la formación en responsabilidad social. Allí, por lo general, participan los alumnos universitarios que cursan los últimos años de sus carreras.
Eso ocurre en el Centro de Servicios Empresariales de la Universidad de Cuenca. Están involucrados los estudiantes de los últimos ciclos de Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Economía, Mercadotecnia y Sociología.
Su objetivo es ofertar los servicios gratuitos de asesoría, estudios y acompañamiento para sus emprendimientos. Los alumnos acompañados por docentes apoyan desde la generación de la idea, desarrollo y otras etapas necesarias para la puesta en marcha de un negocio.
Según Juan Fernando Castillo, coordinador de este centro, hay tres beneficiados. Las personas que acceden a una asesoría gratuita; los estudiantes que realizan prácticas preprofesionales y la universidad, que se vincula con la sociedad.
Por su parte, la Universidad Técnica Particular de Loja cuenta, entre otros centros, con el Departamento de Ciencias Jurídicas y del Observatorio de Conflictos Socioambientales. Su directora María Beatriz Eguiguren señala que la formación que ofrecen se enfoca en responder a las necesidades de la sociedad y los estudiantes son preparados para que puedan dar respuestas.
Ella explica que tienen proyectos que dan soluciones en el campo legal a través de brigadas itinerantes que se desarrollan en todo el país. Por allí deben pasar tanto los estudiantes presenciales como los de a distancia. La carrera de Derecho tiene 13 000 estudiantes en esta última modalidad y otros 1 000 en la presencial.
Además, brindan asesorías guiadas por sus profesores en los consultorios jurídicos que tienen en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja.
En Zamora Chinchipe, en cambio, funciona el Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria y Minería que fue creado en el 2013 por la Universidad Técnica Particular de Loja. Su labor se centra en el entrenamiento y formación con programas de capacitación certificados.
Otros campos de acción se relacionan con el emprendimiento y desarrollo y el trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados. Según su director, Leonardo Benavides, como parte de la responsabilidad social capacitaron en primeros auxilios y rescate a 150 mineros artesanales de Nambija.
Además, dan los primeros pasos para traer el programa ‘Oro con Precio Justo’, que premia a los productores que no emplean niños, no contaminan el ambiente y tienen prácticas de seguridad. Este año llegó una delegación de Mongolia y del consejo de la Alianza por la Minería Responsable.
Benavides agrega que también certificaron a pobladores de Los Encuentros y Chicaña, que están cerca del proyecto Fruta del Norte y de la parroquia Lita (Imbabura), que está cerca de Cascabel. La idea es que puedan tener los elementos suficientes para determinar si hay contaminación del agua y sean los primeros cuidadores del recurso.
