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  • Diego Martínez: ‘El Estado no se va a meter a decidir a quien dará créditos’

    Xavier Basantes (I) Editor del Semanario LÍDERES

    El Ejecutivo se encuentra en plena revisión del texto que la semana pasada, con ajustes de última hora, aprobó la Asamblea. El Presidente del Directorio del Banco Central conversó con LÍDERES a las 08:00, del viernes 25 de julio.

    Aprobado el Código Monetario en la Asamblea, ¿qué le dice a la banca privada que, antes y durante el debate legislativo, expresó preocupación sobre su contenido?
    Este momento resta la revisión del documento; el Presidente (Correa) tendrá que analizarlo y decidir si cabe o no un veto y, para que entre en vigencia, resta su publicación en el Registro Oficial. El mensaje no es distinto al que dimos en la discusión del proyecto: este Código busca que la banca sea un actor importante en el proceso de desarrollo del país.

    ¿A qué se refiere con eso?
    Me refiero a que ya es hora de que la banca empiece a apostar por todo lo que el resto de ecuatorianos está apostando. Es decir, aportar en el desarrollo del aparato productivo y de los emprendimientos. La banca tiene que salir de la zona de confort en la que ha estado, en donde ha centrado su actividad con el crédito mal llamado productivo, que no es otro que un crédito comercial de corto plazo, y con el crédito de consumo.

    A través de los instrumentos que le va a proveer el propio BCE, se busca que la banca empiece a jugar un rol más activo en el financiamiento de mediano y largo plazos. Eso es lo que necesita la economía.

    De lo que conoce, ¿cabe un veto?
    El documento recién se aprobó ayer (jueves 24 de julio). En el Ejecutivo nos tomaremos el tiempo que sea necesario para revisarlo. No obstante, sí puedo mencionar que el Código contiene las cosas que eran el objetivo del Ejecutivo: incrementar la seguridad para los depositantes y establecer instrumentos que a través de un manejo adecuado de liquidez, fortalecer aquello que los bancos han venido reclamando (documentos líquidos), e impulsar el financiamiento de mediano y largo plazos.

    ¿Qué instrumentos financieros se ofrecen con el Código a la banca privada?
    Por ejemplo, títulos del BCE, ventanilla de descuento, la inversión de excedentes de liquidez, el manejo adecuado del coeficiente de liquidez doméstica, etc. Si este fuera un Código, como ciertos analistas han dicho que busca ‘estatizar’, no abriríamos el mecanismo de excedentes de liquidez para la banca privada y demás entidades financieras.

    También se cuestiona que lo que busca el Gobierno es manejar la liquidez, para cumplir los objetivos de su modelo…
    Indudable. ¿A qué se refiere, ‘manejar la liquidez’? Lastimosamente algunos analistas desviaron el punto central del tema. El manejo de liquidez lo hacen todos los ciudadanos, es la toma de decisiones de las familias, las empresas, el sector público, la banca privada…

    ¿Cuál fue el error de los analistas?
    Muchos interpretaron que el manejo de liquidez significaba que el Estado se va a coger el dinero que está en los bancos privados. No hay ninguna sola norma en todo el Código, que permita al Estado tomar depósitos de lo que tienen los ecuatorianos en los bancos o en las cooperativas. De hecho, se ha fortalecido el control sobre el delito de congelamiento.

    Pero en las amplias potestades de la Junta especial que crea el Código para direccionar los créditos, podrá destinar recursos privados para proyectos públicos.
    Bajo ningún punto de vista.

    ¿La Junta podría tener esa potestad?
    No, porque sería ineficiente. Explico a qué se refiere el direccionamiento del crédito: es la posibilidad de establecer medidas, instrumentos e incentivos que permitan que la banca asigne una parte de los recursos con los que cuenta, a través del crédito, a ciertos sectores que como economía queremos fortalecer.

    El aparato público se financia por sí mismo. Esas afirmaciones de que el Gobierno ha buscado este Código, porque ya no le alcanza el dinero para pagar los salarios es la cosa menos analizada, más desinformada y es la desfachatez más grande que he escuchado.

    ¿Por qué?
    Porque los datos están ahí. Los ingresos permanentes del Gobierno cubren los gastos permanentes. ¿Qué pasa con la inversión pública? Está cubierta con los ingresos petroleros, con el endeudamiento externo, etc. El dinero que está en la banca privada, que está en las cooperativas, sigue estando allí.

    Entonces, el direccionamiento del crédito se trata de incentivos, de fondeo desde el Banco Central, para que a su vez se pueda prestar al sector productivo. El Estado no se va a meter a decidir a quien da los créditos o no. No hay ninguna norma que le faculte al Estado a decidir a quien entregará esos créditos.

    En la aplicación práctica del Código, ¿cómo va actuar la Junta?
    Habrá momentos en los que sea más útil y esto es algo que como autoridad económica tenemos que hacerlo luego de un análisis responsable, establecer tasas diferenciadas para ciertos sectores económicos. Habrá momentos en los que sea más útil, desde el Banco Central, proveer liquidez a los bancos, para que estos a su vez, con esa liquidez adicional, no es la liquidez con la que ya cuentan, direccionen crédito a los sectores que están, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, industrias básicas, manufactura, industrias ligadas a la tecnología, básicamente.

    ¿Cómo operará la Junta, para cumplir el objetivo de canalizar recursos a los sectores que se alinean con el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo?
    El Gobierno, a través de la Junta, define los sectores en donde es deseable que haya más crédito y la Junta dice a los bancos: «señores, es deseable que vaya más crédito a esto. Pongo a su disposición esta cantidad que no tienen. Quien quiera sumarse, venga al BCE», y entra a través de los mecanismos de ventanilla o inversión de excedentes; recibe financiamiento adicional, y empieza a prestar a ese sector. Pero la Junta bajo ningún punto de vista puede decir preste a este u otro proyecto.

    Sea público o privado, ¿por qué?
    Porque el análisis de riesgo de las operaciones crediticias lo tiene que seguir haciendo el banquero. No decide el Gobierno a qué proyecto va. Eso bajo ningún punto de vista, porque el Estado no puede meterse a tomar decisiones que están en la esfera de rentabilidad de los negocios privados.

    ¿Cómo se fortalece la dolarización?
    Antes, es importante indicar datos que los analistas han desinformado. Han dicho que el Estado está ilíquido y que no tiene reservas para respaldar sus operaciones internacionales. Eso es falso. Tenemos las cifras de los agregados monetarios más altos en dolarización: el 38% del PIB; la cuenta del Ministerio de Finanzas está sobre los 2 000 millones de dólares; y la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad está en 6 000 millones.

    ¿Y la dolarización con el Código?
    Estamos diseñando mecanismos para que la liquidez recircule en la economía, porque en una economía que no puede emitir moneda, el peor negocio es tener el dinero afuera. Segundo, estamos implementando mecanismos para que sea más rentable para la banca invertir los recursos aquí. Y, tercero, estamos elevando los estándares de solvencia y seguridad del sistema financiero.

    Resumen de la gestión del titular del BCE

    La formación. Economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene una maestría en Economía del Desarrollo otorgado por el Institute of Social Studies (ISS) de los Países Bajos.

    En el sector público. Se desempeñó como Subsecretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la Senescyt; Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir; Secretario del Consejo Nacional de Planificación; Subsecretario General de la Senplades, etc.

  • Patricio Rivera: ‘La Junta tendrá que establecer 300 regulaciones en el Código’

    Xavier Basantes. Editor del Semanario LÍDERES

    El Ministro recibió a LÍDERES en su nuevo despacho, el 9 de septiembre, a las 12:10. Este sitio luce impecable, se destaca la imagen de un cucurucho en una de las mesas y a través de sus amplios ventanales, se puede mirar el césped aún amarillo del Parque La Carolina (norte de Quito). Sobre sus hombros recae la compleja tarea de presidir una Junta especial de amplios poderes, que regulará a todo el sistema financiero.

    ¿Usted es el ‘Superministro’ del Gobierno?

    Soy un servidor público más y lo importante detrás de esto es que tenemos un conjunto de personas y que la gente confía en lo que hacemos.

    ¿Además de la aprobación del Código Monetario, en la agenda del Ejecutivo hay otras leyes orientadas a ensamblar su política económica?

    Es importante destacar que nosotros trabajamos en red y eso significa que entendemos a la política económica articulada con otras políticas. El objetivo del Ecuador es lograr un crecimiento sostenido de corto plazo, con redistribución. Entonces, cuando me pregunta si se requieren más cuerpos legales para articular esa política pública, la respuesta es sí.

    ¿Cuáles son esos proyectos?

    El Código Laboral es una piedra angular en un proceso de este tipo; otro tema es pensar en actualizar la normativa de seguridad social; otro asunto importante tiene que ver con el uso del suelo, para la vivienda por ejemplo, y la plusvalía.

    ¿Ese es el orden de las prioridades de cuerpos legales del Ejecutivo en materia económica?

    Son temas esenciales. No podría decir que una sea más importante que la otra. Lo indudable es que el ser humano está ante todo, por lo que uno de esos temas prioritarios es el Código Laboral y el de la seguridad social; por lo que ambos van de la mano.

    Por ahora, el nuevo Código Monetario genera una intensa agenda de trabajo. ¿Cuáles serán las primeras decisiones que tomará la Junta?

    Una vez que se publique el Código en el Registro Oficial (12 de septiembre), el Presidente deberá designar a su delegado e iniciaremos el trabajo. ¿Qué es lo importante en las acciones que debe tomar la Junta? Que el crédito, al ser un instrumento tan poderoso, sirva para conseguir los objetivos de política pública, que sirva para incentivar comportamientos y desincentivar otros. Si uno quiere que haya más empleo, por ejemplo, debe establecer incentivos y regulaciones, que impulsen el crédito productivo.

    ¿Cuáles serán esos incentivos?

    Hay que buscar que el costo, los plazos, para ese crédito sean los adecuados. ¿Cómo se sostiene la dolarización? En sencillo: se sostiene porque entran más dólares de los que salen. Entonces, el Ecuador si quiere sostener un sistema como el de la dolarización tiene que garantizar que el crédito sea un instrumento para que entren más dólares.

    ¿Cuándo estarán listas esas herramientas?

    Este es un esfuerzo muy grande y desarrollar esos instrumentos puede tomar algunos meses.

    ¿Cuáles son los prioritarios?

    Aparte del manejo del crédito como un instrumento de desarrollo, hay instrumentos del mercado de valores que tenemos que comenzar a desarrollar, por ejemplo, la negociación de las facturas; tenemos que regular el seguro y el reaseguro dentro de la economía. Ecuador tiene una tasa de reaseguro en vehículos y vida de las más altas de toda la región.

    ¿Cuántas regulaciones deberá establecer la Junta para estar acorde con el Código?

    El listado de regulaciones que tiene que sacar la Junta supera las 300. Conforme estemos listos para ir expidiéndolas, conversaremos con los involucrados. Algo importante del Código es tener un Consejo Consultivo, para escuchar a la gente, aunque anticipo que no estaremos de acuerdo con todo lo que allí se mencione, y ahí pueden participar las entidades financieras. A la banca le conviene que la economía crezca, que haya más demanda de crédito, porque hace más negocios. El Gobierno quiere que exista crecimiento con redistribución y ahí podemos hacer una alianza estratégica, para remar al mismo lado. Pero no solo se escuchará a los bancos, hay que escuchar al usuario, al aparato productivo, porque son quienes demandan el crédito.

    ¿Cómo se va a manejar el Fondo de Liquidez, en qué se va a invertir y qué pasó con los compromisos alcanzados con los banqueros?

    Somos un Gobierno que escucha, por eso nos reunimos con la banca; les explicamos cómo funcionan estos temas y se quedaron tranquilos. Hicieron tres o cuatro sugerencias que las recogimos; una de ellas, el Fondo de Liquidez. La normativa decía que debíamos tener mecanismos para garantizar las inversiones, pero con criterios tradicionales. Nosotros hicimos ver a la banca nuestra preocupación por los criterios que ellos utilizan, porque a nuestro criterio eso no nos garantizaba nada. ¿Cuáles eran esos criterios? Invertir en bancos AA o AAA en el exterior. ¿Cuál fue nuestra respuesta? Veamos a esos bancos, que tenían calificaciones AA y AAA: Bearn Stearns, Lehman Brothers, AIG, Wachovia -¿sabía que en Wachovia gobiernos anteriores tenían la reserva?-, esos bancos quebraron o fueron rescatados.

    Ese es un tema de otro debate, en donde las críticas apuntaron a las calificadoras de riesgo.

    ¿Se da cuenta que la mera calificación AA no nos garantiza mucho? ¿Qué es lo que queremos decir? Que los mecanismos para garantizar la seguridad sobre esos depósitos son más complejos que los de una calificación. La manera en la que se invierta el Fondo tiene que garantizar: seguridad, liquidez y rentabilidad (…). Se retiró del texto la opción de que se destinen recursos del Fondo a bonos del Estado, porque no pensábamos hacerlo y porque eso le dejaba más tranquila a la banca. Pero eso no quiere decir que uno no pueda tener un portafolio mucho más dinámico: uno puede invertir en multilaterales, puede invertir parte del dinero en instrumentos de alta liquidez y seguridad dentro del Ecuador para financiar crédito, se pueden hacer muchas cosas.

    ¿Pueden entrar allí los papeles de la CFN?

    Está más pensado en un enfoque de inversión de altísima liquidez, con un enfoque más del sector privado o multilateral. En ese segmento pensamos.

    UN BREVE RESUMEN DE SU GESTIÓN PÚBLICA

    La formación. Economista graduado en la PUCE, Quito; maestría en Economía del Desarrollo de la Flacso, de 34 años.

    Los cargos. Exministro de Finanzas, Exsubsecretario de Inversión Pública, Exsubsecretario de Gestión Corporativa en la Senplades.

    La frase. «Si se quiere sostener un sistema como el de la dolarización se tiene que garantizar que el crédito sea un instrumento para que entren más dólares a la economía».

  • El uniforme, entre la moda y la equidad

    Carolina enríquez Redacción Quito / LÍDERES

    En Ecuador y América Latina el uso de uniformes, tanto en las empresas públicas como en las privadas, es una costumbre que se ha mantenido con los años.

    En ello concuerdan representantes de compañías de talento humano en el país, entre los que se encuentra Eddy Troya, propietario de la firma Human Plus. «Apenas el 15% de las empresas del país no usa uniforme. Las organizaciones prefieren dotar a su personal de un vestido de trabajo, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, para generar un sentido de pertenencia y de orgullo por el lugar de labor».

    Corporación Favorita, por ejemplo, que entrega uniformes gratuitos, cada uno o dos años, comparte este criterio y es parte de los beneficios que otorga. «Al momento de confeccionarlos buscamos confort, presencia y calidad, recurriendo a expertos en el tema (…). Los últimos uniformes entregados, por ejemplo, fueron elaborados por el diseñador ecuatoriano Gustavo Moscoso«, explicaron autoridades de la compañía.

    Corporación Favorita tiene 8 119 colaboradores, de los cuales 7 722 tienen uniforme. No los usan los gerentes, vicepresidentes y administradores.

    Según los fabricantes de uniformes, esto es una tendencia. El uso de estas prendas tiene más presencia en el área administrativa. Para otras actividades se usa ropa industrial, para la protección.

    La Favorita tiene alrededor de 12 tipos de uniformes, a los cuales se añaden, en determinados casos, otros artículos de seguridad industrial, como botas.

    La dotación de vestido de trabajo no es el único aporte que entrega la institución a sus empleados; con relación a la ropa. La empresa tiene una filial llamada Favimatic, para lavado, secado y planchado de los uniformes de los trabajadores (excepto para cajeros, vendedores, administrativos y personal de seguridad).

    En muchas microempresas, pese a que cada trabajador se encarga del cuidado de sus prendas, también se aplica la entrega de uniformes de manera gratuita. Este es el caso del restaurante Papi Gallo, ubicado en el norte de Quito.

    Édison Báez, propietario del establecimiento, indica que en los dos años de existencia del negocio entregó una vez uniformes de manera gratuita. Para ello realizó una inversión de USD 200.

    «Tengo tres empleados. Para mí es importante que tengan uniforme, porque estoy en el sector de servicios y la vestimenta ayuda a posicionar la marca de la empresa». Sostiene que es importante que los trabajadores muestren orden y limpieza, lo cual se observa en la ropa apropiada para la labor que cumplen.

    La Organización Internacional de Trabajo (OIT) en un informe sobre cómo mejorar las condiciones para laborar, destaca la importancia de dotar de uniformes a los trabajadores para realzar la imagen de las empresas y mejorar el compromiso en sus sitios de trabajo.

    Sin embargo, la OIT resalta que debe ser ropa cómoda, acorde con la actividad. Destaca que para ciertos trabajos es necesario contar con sitios adecuados para cambiarse, en caso de ser necesario.

    Pero no toda la gente, por la naturaleza de su actividad laboral, lleva uniforme. Fernando Ayala, quien trabaja en el área de construcción, asegura que él escoge qué ropa usar para estar más cómodo al recorrer las obras.

    Mientras que empleados administrativos como Jesús Paredes explican que usar uniforme es importante, porque no tienen que gastar en ropa del diario.

    Las compañías de recursos humanos aseguran que el no uso de uniformes puede darse en el caso de trabajadores que no tengan que vender, posicionar una marca, etc. Cuando sí sucede, es necesario el uniforme porque, además de que es una herramienta de marketing, genera un sentimiento de equidad.

    Las regulaciones Código laboral.  

    El documento actual y el nuevo proyecto de ley establecen la entrega gratuita, al menos una vez al año, de uniformes por parte de las empresas. Richard Espinosa, ministro coordinador de la Producción, asegura que este tema se encuentra en debate.

    • Los fabricantes.  Los empresarios textiles y los comercializadores de uniformes aseguran que, al menos, el 80% de las empresas prefiere los uniformes.
    • Los sectores.  Las personas que más uniformes utilizan son los cajeros de las instituciones financieras, los empleados de correos, de las aerolíneas, agencias de turismo, hospitales, empresas gastronómicas, entre otros sectores.

  • Resultados austeros del Código de la Producción

    Redacciónes Quito, Cuenca y Guayaquil (I)

    Con cuatro años de vigencia, el Código de la Producción no ha traído los resultados esperados. Así lo reconocen funcionarios del Gobierno y empresarios del sector privado. Ahora está en marcha una reforma a esta Ley, que se enfoca en áreas como la producción, el empleo, la regulación, el comercio exterior…

    El pasado 28 de noviembre, el presidente de la República, Rafael Correa, remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Incentivos Productivos y Prevención del Fraude Fiscal.

    El documento quiere reformar 11 leyes, entre las que se incluye el Código de la Producción. Los cambios propuestos se dan, principalmente, en los aspectos vinculados con los incentivos tributarios.

    El texto, según el sector privado, no estaría cumpliendo su objetivo original; es decir, promover el desarrollo de las industrias ya que, en su mayoría, los incentivos están orientados para las inversiones nuevas o en aquellas ubicadas en zonas ‘deprimidas’.

    El Código de la Producción se elaboró entre el 2009 y el 2010, cuando Nathalie Cely, hoy embajadora de Ecuador en EE.UU., era ministra Coordinadora de la Producción. En su momento, ella indicó que el documento tenía como finalidad promover y atraer inversiones, ofrecer seguridad jurídica, impulsar el desarrollo de la matriz productiva, etc.

    Sin embargo, dos años después de la vigencia de la Ley, las críticas comenzaron en el interior del mismo Gobierno. En noviembre del 2012 se indicó desde Senplades que el Código no había sido suficiente para la transformación productiva pensada por las autoridades.

    El ministro de Industrias, Ramiro González, indicó la semana pasada en una entrevista en Ecuadoradio, que el Código no cubrió las expectativas que se tenían. «Ha habido errores, errores de buena fe. Es un Código muy dado a la empresa, pero con temas que no son muy prácticos y eso se está solucionando».

    Un estudio de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) con estadística del Banco Central del Ecuador muestra que en el 2013 la inversión pública alcanzó un 55% y la privada 44%, superándola por primera ocasión.

    El director ejecutivo de Fedexpor, Felipe Ribadeneira, considera que el Código no funcionó por cuatro razones: los incentivos no estuvieron bien estructurados; firmar los contratos de inversión no marcaban una diferencia; en el 2010 se vivía un cambio de legislación muy fuerte; y no existía una buena visión sobre el comercio exterior.

    El dirigente aclara que esto no quiere decir que el sector productivo o el exportador no hayan crecido. Tampoco significa que la economía no haya crecido. «Es una herramienta, pero para tener inversión se necesitan más herramientas. Falta coordinación entre las autoridades para fomentar la producción».

    Desde EE.UU., Cely reconoce la disminución de la inversión privada en el 2013. Sin embargo, explica, vía correo, que el Código ha mejorado la inversión y que eso se muestra en que en el 2012 se alcanzó la cifra más alta de inversión frente al Producto Interno Bruto (PIB).

    La Embajadora sostiene que durante la redacción del Código hubo una reacción positiva de los empresarios. Pero también admite que sí se dieron quejas con relación a la exclusión de determinados incentivos en las empresas ya existentes y las ubicadas en Quito y Guayaquil.

    Precisamente, el sector privado pide que se realicen reformas con relación a estos últimos planteamientos. Para Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, el Código no arrojó los resultados que esperaban.

    «Estamos proponiendo que las reformas, que ya se señalaron en el proyecto de Ley del Ejecutivo, sean ajustadas porque sí hay algunos temas que podrían no incentivar la producción», indicó.

    Cely asegura que las reformas planteadas por el Presidente no sustituyen los incentivos productivos que existen, actualmente, sino que los amplían.

    Para Cristian Cisneros, director de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (Capeipi), en las reformas deben constar la creación de parques industriales o dar más agilidad en los trámites para la instalación de compañías.

    Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zedes) constituyen otro tema pendiente. Hasta la fecha solo se conoce de dos: la Refinería Eloy Alfaro, en Manabí, y la ciudad del conocimiento Yachay, en Imbabura; ambas están en proceso. El ministro González sostiene que es complejo manejar el tema. «Es un trámite, hay que dotarles de la infraestructura necesaria».

    Cisneros agrega que el concepto es innovador, pero no funciona porque es necesario primero fortalecer el tema de desarrollo local endógeno.

    BALANCE

    Cuatro indicadores que plantea el código

    El Código de la Producción gira alrededor de cuatro ejes: producción, empleo, comercio exterior y regulación. Cada uno de estos abarca temas como productividad, inversión, innovación, emprendimiento, investigación, generación de empleo, control estatal, política comercial, etc.

    Actores de la economía ecuatoriana revisan lo alcanzado por el Código de la Producción en estos cuatro años y establecen cuáles son los temas pendientes. La mayoría reconoce las buenas intenciones de la ley, pero también existen voces que reclaman mayor articulación entre las propias autoridades del Gobierno.

    La atracción de inversiones extranjeras es uno de los puntos flacos, al igual que la generación de empleo de calidad.

    La regulación estatal también genera debate. En lo que es comercio exterior existen avances, así como desafíos. En lo que la mayoría coincide es en que la productividad no mejora por una ley.

    APOYO A LA INDUSTRIA

    La ley todavía no atrae más a los inversionistas

    Transformar la matriz productiva, democratizar el acceso a los factores de producción, incentivar toda forma de inversión privada son algunos de los fines que persigue el vigente Código de la Producción.

    Para el vicepresidente técnico de la Cámara de Industrias de Cuenca, Andrés Robalino, su gremio hizo recomendaciones al Gobierno sobre el Código que está en vigencia, pero no todas fueron incluidas. «Siempre dijimos que el Código podría ser inaplicable, por los grandes y largos procesos que deben seguir las industrias para obtener los diferentes beneficios o apoyos».

    Según Robalino, hay empresarios que han buscando beneficiarse de incentivos impositivos, pero «han tenido que pasar de Ministerio en Ministerio» antes de llegar al Servicio de Rentas Internas, en un trámite que ha durado dos años.

    Tampoco existe articulación en las instancias públicas, «porque una cosa es lo que le diga el Ministerio de la Producción y otra lo que responda el Servicio de Rentas Internas». Si el Código de la Producción hubiese sido efectivo, Robalino se pregunta: «¿por qué al país llegó mucho menos inversión extranjera directa que a Colombia o Perú?».

    Richard Martínez, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, coincide con Robalino. El dirigente sostiene que en términos de atracción de inversiones, tanto local como extranjera, entre el 2013 y lo que va del año se firmaron 10 contratos de inversión por un total de USD 2 533 millones, cuyo 80% corresponde a una sola empresa. «El proyecto de reformas a este cuerpo legal requiere de más precisiones para neutralizar la complejidad con la que se viene en el 2015».

    EMPLEO Y COMPETENCIAS

    Formalidad y calidad son asuntos pendientes

    El Código de la Producción también apunta a la generación de trabajo y empleo de calidad y la promoción profesional basada en competencias.

    Hace cuatro años, cuando surgió la ley, el desempleo en Ecuador cerró en el 2010 con 6,1%. En la actualidad la tasa se ubica en 3,9%, lo que deja ver que una reducción del desempleo de 2,2 puntos en cuatro años. Pero la tasa de lo que hoy se conoce como empleo inadecuado se ubica hoy en el 48%.

    Andrés Robalino, de la Cámara de Industrias de Cuenca, dice que en los últimos años se ha reducido el desempleo en porcentajes importantes, pero paralelamente ha aumentado el subempleo y no el empleo formal que genera impuestos, estabilidad, seguridad social. «Hay que preocuparse en buscar la forma de cómo pasar la parte informal a la formal».

    Para Pedro Romero, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), se suponía que el empleo aumentaría en cantidad y en calidad, pero esto no ha ocurrido. «Las cifras de subempleo han crecido en estos cuatro años y eso significa que la calidad de los empleos no ha mejorado».

    Romero añade que no basta con tener muchas pequeñas empresas, sino lograr un salto cualitativo en la productividad. «Eso genera empleo de calidad».

    Otra opinión la tiene Cristian Cisneros, director de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. «Tener más y mejor empleo no se logra con una Ley».

    También reconoce que en este año, por lo menos, creció el empleo en sectores como el de alimentos y el gráfico por la sustitución de importaciones. «Pero hay pendientes en la capacitación sobre temas del cambio de matriz productiva».

    REGULACIÓN DEL MERCADO

    La producción nacional es un objetivo prioritario

    El Código de la Producción busca la regulación de todas las formas de inversión privada en actividades productivas y de servicios. En ese sentido, el documento plantea que el cambio de la matriz productiva se desarrollará bajo un modelo orientado hacia la producción, consumo doméstico, empleo y la diversificación de exportaciones.

    Otro objetivo era el fortalecimiento del control estatal, para asegurar que las actividades productivas no se afecten por prácticas de abuso del poder del mercado. En el ámbito de la regulación al consumo, en noviembre pasado la Superintendencia de Control de Poder de Mercado emitió el Manual de Buenas Prácticas entre Supermercados y Proveedores, que persigue sancionar acciones monopólicas y aplica normas de etiquetado y calidad de productos.

    Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), considera que se requieren reglas más claras que faciliten su cumplimiento. «Reglas aplicables para todos para estimular un crecimiento sostenible de todos los sectores, sin favoritismos o discriminación».

    El dirigente empresarial también cree que los incentivos a la producción, para que funcionen, deben atraer a todos los inversionistas sin discriminar su actividad económica.

    La regulación también se materializó en el control de las importaciones. Con base en la Resolución 116 del Consejo de Comercio Exterior se establecieron nuevos requisitos para el ingreso de productos, lo que en la práctica llevó a una restricción. Eso dio paso a que las empresas locales canalicen su producción al mercado interno. Unas 550 empresas se sumaron a esa iniciativa.

    COMERCIO EXTERIOR

    El país importó menos productos en este año

    Otro de los fines de Código es potenciar la sustitución de las importaciones, fomentar la diversificación de las exportaciones y facilitar las operaciones de comercio exterior. También busca impulsar los mecanismos para alcanzar «un comercio justo y un mercado transparente». El Gobierno considera que esa meta se cumplió.

    Según el Ministerio de Industrias y Producción, entre enero y octubre del 2014 se sustituyeron importaciones por USD 900 millones. La cifra supera la meta proyectada por para el 2014, que era de USD 840 millones.

    La banca pública jugó un papel protagónico, con la entrega de créditos destinados principalmente a la adquisición de maquinaria para la manufactura local de materia prima. Jorge Areiza, gerente general de Industrial Papelera Ecuatoriana, menciona que un préstamo de la CFN les permitió instalar su fábrica de elaboración de papel tisú de aseo personal en Babahoyo. «Somos un buen ejemplo de lo que persigue el Gobierno: la sustitución de las importaciones. Nosotros ahora podemos entregar localmente 8 400 toneladas , que equivale a USD 25 millones en reducción de importaciones», señala.

    El sector exportador, por su lado, considera necesario un mayor apoyo a la apertura de nuevos mercados. El camaronero, un sector que compite este año en volúmenes de ventas con las exportaciones de banano, espera abarcar más mercados fuera de Europa y Estados Unidos, sus principales compradores. «Nuestro valor agregado está, más que en el valor agregado del producto, en la mejora del uso de recursos, y desarrollo de la investigación», indica José Antonio Camposano, presidente del gremio acuícola.

  • ¿Y el código de la producción?

    Han transcurrido cuatro años desde que el Gobierno puso en marcha el Código Orgánico de la Producción e Inversiones, pero sus resultados aún son modestos y las propias autoridades reconocen que los objetivos que se trazaron en su momento no se han cumplido. Esta ley busca atraer inversiones, dar seguridad jurídica, impulsar el cambio de la matriz productiva, generar empleo de calidad, desarrollar incentivos tributarios, promover una mayor oferta exportable con valor agregado, etc.

    Si bien en el Código se establecen tres grupos de incentivos fiscales (generales, sectoriales y para zonas deprimidas) sus resultados aún no reflejan datos que permitan valorar como plenamente efectiva esta normativa, para consolidar a la industria ecuatoriana.

    A lo largo de estos cuatro años también se han identificado limitaciones relacionadas con los sectores prioritarios y las exoneraciones en el Impuesto a la Renta; asimismo, pasa desapercibida la relación que debiera existir para incentivar el desarrollo de las TIC y también no contempla una mayor participación del sector privado en la definición de políticas, aunque se crean los espacios para los denominados consejos consultivos, entre otras.

    Ahora el Gobierno envía un nuevo proyecto con esencia tributaria que quiere promover los estímulos para el sector privado, pero aún son insuficientes. De cara a escenarios económicos complejos el próximo año, ya es hora de afianzar la relación pública y privada.

    La frase: «Si sos joven tienes que saber esto: la vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado a comprar vida. Entonces lucha por vivirla». José Mujica / Presidente de Uruguay